Resolución 00264-2011

En su

primer motivo de disconformidad se alega la nulidad de la resolución apelada,

por cuanto estima el apelante que el señor juez debió pronunciarse sobre las

defensas previas de prescripción y cláusula compromisoria que señaló haber interpuesto como

previas, junto con la defensa de falta de competencia en razón del territorio nacional.

Por unanimidad, dicha nulidad se rechaza. Al

interponerse la excepción de incompetencia por razón del territorio nacional, el juzgado únicamente

puede tramitar esa defensa (artículo 38, inciso 3, del Código Procesal Civil). Por ende, solo

podría conocer de las demás defensas indicadas por el apelante en caso de que

se deniegue en firme la incompetencia por razón del territorio

nacional, no existiendo entonces vicio procesal alguno. En

conclusión, por unanimidad se rechaza la nulidad invocada.

En este proceso Tropifoods EIAE, Sociedad Anónima (en lo

sucesivo Tropifoods),  demanda a APL SERVICE CENTER DE COSTA RICA, S.A. (

en adelante APL SERVICE); APL LOGÍSTICA DE COSTA RICA, S.R.L (APL LOGÍSTICA en

futuras referencias); y, AMERICAN PRESIDENT LINES COSTA RICA, S.A. (a la cual

se aludirá de manera abreviada como AMERICAN PRESIDENT LINES).  Según se

sostiene en la demanda, la actora habría colocado un pedido de yuca, malanga,

jengibre, piña y chayote, conforme a factura emitida el 6 de noviembre de 2009, a Tropifoods Growers

LLC, Atlanta, Estado de Georgia. Para el transporte de dichos productos habría

contratado a AMERICAN PRESIDENT LINES y a APL LOGÍSTICA y su subsidiaria APL

SERVICE CENTER,  lo cual se haría utilizando un contenedor desde Las

Delicias de Aguas Zarcas de San Carlos hasta la dirección 314 Summer Dr NE

SNDRY SPRINGS, GA 30328, Atlanta.

La mercadería habría salido del Puerto de Limón el 22 de noviembre de 2009,

pero se alega, en síntesis, sin que por ahora sea necesario referirse a más

detalles, que las encargadas del transporte habrían incumplido su prestación de

entregar el contenedor en su destino final y que debido a faltas atribuibles a

las demandadas la mercadería estaba en malas condiciones en el Puerto de

Savannah, Georgia. Por ello se reclama en la demanda el pago de daños y

perjuicios detallados en el hecho noveno de la demanda, ocasionados por el

incumplimiento de las prestaciones debidas en el contrato de transporte,

específicamente por falta objetivas del deber de cuidado que se alega debió

tenerse para preservar adecuadamente los productos, indemnización que

ascendería la suma de $21.983,

La demanda se radicó en el Juzgado Primero

Civil de San José,

por cuanto las accionadas tienen su domicilio en el Edificio Trilogía,

Carretera Próspero Fernández, Escazú. Como defensa previa, las demandadas

alegan la falta de competencia por razón del territorio nacional, por cuanto al

dorso del conocimiento de embarque APLU 904012182, de 18 de noviembre de 2009,

que documentaría el contrato de transporte de la mercadería al cual se refiere

la actora, se encuentra la cláusula 28, referente a la ley aplicable y a la

jurisdicción competente, en la cual se establece conforme a la única traducción

oficial que consta en autos, en lo que aquí interesa, lo siguiente: “ii) Jurisdicción.

Toda disputa relacionada con este Conocimiento de Embarque se decidirá en los

Tribunales de Singapur, excluyendo la jurisdicción de cualquier otro país,

siempre y cuando la Empresa

de Transporte quiera, a su discreción absoluta y única, invocar o someterse

voluntariamente a la jurisdicción de Tribunales de cualquier otro país los

cuales, con respecto a los términos de este Conocimiento de Embarque, podrían

asumir jurisdicción correspondiente, a fin de conocer y determinar tales

disputas, sin que esto constituya renuncia a los términos de esta disposición

en ninguna otra instancia. - iii) No obstante la Cláusula 28 i) y ii), si

el Transporte incluye hacia y desde, o a través de un puerto de los Estados

Unidos de América, el Comerciante Marítimo puede referir cualquier reclamo o

disputa a la Corte

Distrital de los Estados Unidos del Distrito Sur de New York

de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América.”. Según la

tesis de las demandadas, Tropifoods EIAE no tendría el derecho de acudir a la

jurisdicción costarricense, puesto que había renunciado anticipadamente a ella. En la resolución apelada, se denegó

la defensa invocada.

Contra lo resuelto apelan las demandadas. Además de lo

dispuesto en cuanto a la nulidad que fue rechazada por unanimidad, por los

mismos motivos ahí señalados cabe dejar de lado todos los agravios relativos a

la prescripción,  para referirse únicamente a los atinentes a la

incompetencia por razón del territorio nacional, fundados en una “renuncia” a

nuestros órganos jurisdiccionales contenida en la cláusula 28 ya transcrita.

Las apelantes indican que se debería remitir el presente asunto al lugar

indicado ahí, al parecer a Singapur, para que se apliquen las leyes de ese país. Se aclara en los agravios que nunca se fundamentó

la excepción de la cual se conoce en que las partes estuvieran domiciliadas en

el extranjero o algo similar, pues todas -actora y demandadas- son sociedades

costarricenses radicadas en nuestro país. Lo que pretende es que, sin más, se aplique esa cláusula 28 a la actora por ser ley entre las partes. También se argumenta que en la demanda no se pidió la nulidad de

esa cláusula, por lo que mantendría su vigencia. Se afirma que un único

antecedente de este Tribunal y Sección, en el cual se funda la resolución

apelada, no es jurisprudencia y que en su criterio no es atinente al presente

asunto, en el cual la actora habría renunciado a la competencia de los

tribunales, sin que fuera trascendente para ella su domicilio o el de las

accionadas, si son o no empresas de capital extranjero o fueran filiales de una

empresa no costarricense. Se argumenta que para desaplicar la cláusula 28, la

cual denomina la parte con el término de “compromisoria”, se requeriría un

proceso civil ordinario de nulidad, lo cual no se ha producido.

En criterio de la mayoría de integrantes de este Tribunal, la resolución apelada debe confirmarse. No

hay cuestionamiento alguno en cuanto a que las partes, actora y demandadas, son

todas sociedades costarricenses y que su domicilio se encuentra también en

nuestro país. Tampoco existe duda que el conflicto surge a raíz de un contrato

de transporte intermodal suscrito en Costa Rica  (tierra – mar –tierra utilizando un contenedor), cuyo

origen se dio en la localidad de Aguas Zarcas de San Carlos

y cuyo destino era la ciudad de

Atlanta, Georgia.

De la misma manera, está acreditado que al dorso del “Bill o Lading”, o

conocimiento de embarque, plasmado en un formulario de la empresa

transportista, que dicho sea de paso es un documento preelaborado o

predispuesto en el cual únicamente se llenan los espacios consignados al frente

y todo lo que está impreso en el reverso ya está completo, se encuentra una

cláusula  concerniente a la ley y a la jurisdicción aplicable, en la cual:

Se renuncia a las leyes nacionales y, sin excepción alguna, se remite a la

ley de Singapur para dilucidar los conflictos que puedan surgir entre las

partes.

Se renuncia a los tribunales nacionales ordinarios, para que “toda

disputa” relacionada con ese conocimiento de embarque sea dilucidada únicamente

ante los Tribunales de Singapur; sin embargo, en realidad dicha renuncia no es

aplicable a la empresa marítima, porque podría “... a su discreción absoluta

y única, invocar o someterse voluntariamente a la jurisdicción de Tribunales de

cualquier otro país los cuales, con respecto a los términos de este

Conocimiento de Embarque, podrían asumir jurisdicción correspondiente, a fin de

conocer y determinar tales disputas, sin que esto constituya renuncia a los

términos de esta disposición en ninguna otra instancia...”.

Se faculta

únicamente a la empresa “Comerciante Marítima” para referir cualquier reclamo o

disputa  a una Corte Distrital de los “Estados

Unidos del Distrito Sur de New York”, aplicando en cuanto al fondo las leyes de

los Estados Unidos de América, cuando se trate de un contrato de transporte con

origen o destino en un puerto de ese país conforme a lo que se consigna en la

traducción oficial de ese documento.  Cabe señalar, en primer lugar, que

en este momento no se está discutiendo el punto sobre la ley de fondo

aplicable, ni tampoco se está en presencia de un conflicto o reclamo efectuado

por el “Comerciante Marítimo”, quien es el único facultado para referir a una

Corte de New York un reclamo o el conflicto, pues quien somete el litigio no es

la transportista sino la remitente de la mercadería. De esa forma, queda

circunscrito el problema a dilucidar a lo siguiente: a- ¿Pueden  personas costarricenses prescindir de las normas

procesales nacionales que regulan lo concerniente a la competencia por razón del territorio, para en

su lugar remitir sus conflictos a tribunales ordinarios extranjeros que no

tienen punto de vinculación internacional de competencia alguno? b- ¿Es

necesario que se dilucide en la vía ordinaria la validez de una disposición de

esta naturaleza, para que deje de aplicarse?. En criterio de mayoría, ambos cuestionamientos tienen una respuesta

negativa.

El problema del foro competente en materia de Derecho

Internacional Privado tiene relevancia cuando alguno de los elementos

determinantes para la atribución de la competencia tiene connotación

extranacional y, además, la determinación de una eventual competencia podría

recaer precisamente en los tribunales de un país al cual se vincula de manera

relevante al menos uno de los criterios competenciales objetivos (vg: lugar

donde se produjo el hecho, se realizó el acto o deben cumplirse las

obligaciones o los contratos) o subjetivos (vg: nacionalidad de los sujetos

intervinientes, su domicilio o su residencia), siempre y cuando ello no

contravenga las normas internas respectivas relativas a pretensiones que sean

definidas como competencia exclusiva nacional. Se debe tratar, como señala la

doctrina, de casos o conflictos “multinacionales”, en donde el Tribunal

competente ha de contar con una conexión razonable con el objeto del litigio.

En el presente asunto el contrato que genera el litigio fue realizado en Costa

Rica, las partes intervinientes son costarricenses y su domicilio es la ciudad

de San José; el único aspecto que trasciende parcialmente el carácter nacional

de la relación sustantiva, era la ejecución de parte del transporte fuera de

Costa Rica, pues la mercadería debía ser porteada desde San Carlos de Alajuela

hasta Atlanta, Georgia. Conforme a la regulación procesal interna que determina

la competencia territorial, la cual es de orden público según lo estatuido por

el artículo 5 del Código Procesal Civil, el reclamo de daños y perjuicios

suscitado a raíz de un incumplimiento contractual compete conocerlo al juez del

domicilio del demandado (artículo 24 del citado Código). A su vez, según

dispone el numeral 46 del Código indicado, “Es competente el juez costarricense

en los siguientes casos:

Cuando el demandado, cualquiera que sea su

nacionalidad, estuviera domiciliado en Costa Rica...”.

Sujetándose básicamente a esta normativa procesal

nacional, tratándose de un conflicto entre costarricenses domiciliados en

nuestro país, la parte accionante interpuso su demanda ante el juez civil de

mayor cuantía del

domicilio de las demandadas.  Estas, pese a que han

sido demandadas en el lugar donde tienen su domicilio o centro de actividades,

aducen que para establecer su demanda la parte actora debió sujetarse a lo

indicado por la cláusula predispuesta citada. Si se siguiera su tesis, a la

accionante no le quedaría más opción que demandarlas ante los Tribunales de

Singapur, puesto que ella no tendría la facultad de acudir a otros foros ni a

tribunales del lugar donde debía finalizar la prestación de transporte, pues

fue la parte transportista quien predispuso únicamente a su favor la opción de

acudir a la “Corte Distrital del Distrito Sur de New York” para plantear

cualquier reclamo o disputa, si el lugar de envió o de destino de la mercadería

fuera un puerto de los Estados Unidos de América, tratándose en todo caso de un

Estado que también es ajeno al litigio, pues ningún punto de vinculación se

relaciona con New York, al referirse la prestación únicamente al Estado de

Georgia. Aquí no es ninguna de las demandadas quien plantea un

reclamo o disputa, por lo que esta facultad que concierne al “Comerciante

Marítimo” según la cláusula citada, no es objeto de discusión.  Quedaría

entonces, según la tesis del

apelante,  obligada Tropifoods EIAE a plantear

una demanda ante un Tribunal de un país que no tiene absolutamente ningún punto

de vinculación internacional con el litigio.  Esa solución atenta no solo

contra el carácter de orden público de las normas procesales internas que

determinan la competencia territorial, sino también contra el principio de

jurisdicción razonable, según el cual “... todo conflicto o litigio a que dé

lugar un caso multinacional debe ser confiado a un juez cuyo orden jurídico

tenga razonable conexión con el objeto del litigio” (Eduardo Véscovi. Derecho Procesal Civil Internacional. Ediciones

Idea, Montevideo,

2000, pag. 17). La razonabilidd del

derecho es un principio fundamental reconocido en innumerables sentencias de la Sala Constitucional,  las cuales dejan por sentado que no se pueden tutelar

situaciones jurídicas o normas en las cuales, sin razón práctica o de justicia

alguna, se cercenen derechos fundamentales.  Un derecho básico que tienen

las personas en Costa Rica es el de acudir a la tutela jurisdiccional efectiva

para amparar sus derechos, la cual corresponde impartir en principio al Poder

Judicial (artículos 41 y 153 de la Constitución Política).

La función jurisdiccional es una de las manifestaciones más relevantes del principio de

soberanía, por lo que admitir una renuncia a la jurisdicción nacional sin que

existan motivos razonables,  conllevaría a una

evidente denegación de justicia. En este asunto no se vislumbra, en lo más

mínimo, ningún motivo razonable para que una parte -la actora- deba

necesariamente acudir a la jurisdicción de un lejano país -Singapur- a plantear

un conflicto sin que exista punto de vinculación alguno con dicho foro: no hay

vinculación subjetiva  ni objetiva que se refiera a ese país.  Más

bien, parece que se trata de un supuesto de imposición de foro arbitrario o

abusivo, puesto que las limitaciones son impuestas tan solo unilateralmente a

las partes contrarias a la “Comerciante Marítima”, lo cual está predispuesto en

los formularios utilizados por la transportista en sus conocimientos de

embarque. No cabe duda que de esa forma se restringe a la parte contraria su

derecho a recurrir a los tribunales comunes nacionales,

obligándola a iniciar un litigio en un país lejano, sin que ello se vea

justificado de manera alguna por motivos de lógica o razón, los cuales, dicho

sea, ni siquiera han sido invocados por las sociedades costarricenses que

interpusieron la excepción. Por el contrario, a las demandadas se les emplaza

ante los Tribunales de su domicilio, lo cual les facilita a todas luces su

derecho de defensa en un foro que les resulta

conveniente. No se constata (al no haberse alegado tan siquiera) razón alguna

que justifique la preferencia de las accionadas por el foro de Singapur y su resistencia

a litigar en los juzgados nacionales, por lo que no se encuentra interés

tutelable para su oposición a someter este litigio en el foro de su residencia

y nacionalidad. Se reitera, no hay punto de vinculación internacional alguno en

este litigio que lo relacione con los Tribunales de

Singapur, que justifique la eficacia de esta cláusula y aleje a las partes de

la soberanía y jurisdicción de los tribunales nacionales. Si la parte actora

plantea su demanda ante un juzgado costarricense, el cual es competente por

razón del territorio, conforme a las normas procesales citadas que señalan que

cuando se trata de pretensiones personales conoce el órgano jurisdiccional del

domicilio de la parte demandada –que en este caso corresponde a la ciudad de

San José- y que los jueces costarricenses son competentes si el demandado está domiciliado

en Costa Rica,  no es posible ni legal ni razonablemente declinar la

competencia y exigirle a la parte actora que plantee su demanda en los

tribunales de un país que ninguna vinculación objetiva o subjetiva tiene con el

litigio. Ello lleva a responder la segunda interrogante formulada, sea, si

debería establecerse un proceso ordinario para que se declare la nulidad de la

cláusula que remite a las partes a un lugar que no tiene conexión o vinculación

con el litigio. Al respecto, debe recalcarse que las normas

atinentes a la competencia son de orden público, así como el respeto de los principios

constitucionales de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y de

razonabilidad de las normas jurídicas. Compete a los juzgadores decidir, con

sujeción a las normas de orden público y principios constitucionales citados,

si son competentes para conocer de un litigio y es posible que sujetándose

directamente a las normas y principios citados, asuman el conocimiento de un

litigio, desaplicando cláusulas como la aquí invocada, sin necesidad de acudir

a todo un proceso ordinario para dirimir el problema procedimental de su

competencia territorial nacional. Tan es así, que al estar involucrado un problema de competencia por razón del

territorio nacional, en el propio proceso ordinario se establece la posibilidad

de dilucidar lo que corresponda por medio de la excepción previa respectiva,

según lo indicado por los artículos 298, inciso 1), 299, párrafos segundo y

tercero, 300 y 303 del

Código Procesal Civil. Así, no es procedente que se deba demandar por la vía

ordinaria la nulidad de una cláusula si es precisamente mediante el trámite

establecido para la excepción previa de incompetencia que han

de debatirse todos los aspectos atinentes a ella, llegándose a concluir que es

ineficaz. Por estas razones, en criterio de mayoría, resulta inadmisible que un

litigio entre sociedades domiciliadas en nuestro país deba dilucidarse ante lo

tribunales de Singapur, cuando no existen puntos de conexión internacional

objetivos o subjetivos que se refieran a dicho país y no hay motivos razonables

que justifiquen la renuncia a la jurisdicción costarricense, debiéndose

entonces acatar las disposiciones nacionales que confieren competencia en este

caso al juez del domicilio de las demandadas, sea, a un juzgado civil de mayor

cuantía del Primer Circuito Judicial de San José, como lo es el que dictó la

resolución apelada.”