Resolución 13753-2022 | Sala Constitucional

Apartado III

Sobre la adquisición de la nacionalidad

costarricense . De previo al análisis de fondo del presente asunto, considera

esta Sala, que se debe hacer una breve referencia a las condiciones por medio

de las cuales se obtiene la nacionalidad. La nacionalidad es una relación

jurídica y política que empalma a la persona con un Estado determinado, este

reconocimiento atribuye a los nacionales una serie de derechos y obligaciones

que diferencia a los nacionales de los extranjeros. Por lo general, los

extranjeros no gozan de los mismos derechos que los nacionales, razón por la

cual el Constituyente previó una lista taxativa de las condiciones por medio de

las cuales se puede obtener la nacionalidad. Según la Constitución Política, la

nacionalidad puede ser adquirida de dos formas distintas, la primera de ellas

es la originaria, que consiste en lo que se ha llamado doctrinalmente como ius

sanguinis (derecho de sangre) y ius solis (derecho del suelo). De esta manera

el artículo el inciso 1) del artículo 13 constitucional indica que el hijo de

padre o madre costarricense nacido en el territorio de la república es una

forma de adquirir la nacionalidad de forma originaria por ius sanguinis y ius

solis. El inciso 2) del artículo citado (el hijo de padre o madre costarricense

por nacimiento, que nazca en el extranjero, y se inscriba como tal en el

Registro Civil, por la voluntad del progenitor costarricense, mientras sea

menor de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco años) se refiere la

forma de adquirir la nacionalidad originariamente por ius sanguinis pues

distinto al requerimiento del inciso anterior, no requiere que el nacimiento se

produzca en el territorio nacional pero sí que al menos uno de los progenitores

sea costarricense por nacimiento. Por su parte, el inciso 3) del artículo de

comentario establece que el hijo de padres extranjeros nacido en Costa Rica que

se inscriba como costarricense, por voluntad de cualquiera de sus progenitores

mientras sea menor de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco años,

constituye otra manera de adquirir la nacionalidad originariamente por haber

nacido en el territorio nacional (ius solis). El inciso 4) del mismo artículo

señala que el infante, de padres ignorados, encontrado en Costa Rica adquiere

la nacionalidad, este último inciso contempla en sí mismo la presunción de que

el nacimiento se produjo en el territorio nacional por lo que se presume la

nacionalidad del solicitante. Como se venía señalando, la nacionalidad puede

ser adquirida de dos formas distintas, una de ellas es la originaria (ius

sanguinis y ius solis) ya explicadas y la otra de ellas es la forma de

adquisición sucesiva, esta última consiste en la potestad para adquirir la

nacionalidad por el derecho de elección ( ius electionis) y el derecho de

comunicación (ius communicatio ), en estos casos la nacionalidad se adquiere

por naturalización, que en esencia es la conversión de un extranjero en

nacional. Los incisos 1,2 y 3 del artículo 14 del texto Constitucional se

refiere al otorgamiento explícito de la nacionalidad en virtud de elección

expresa del interesado. La adquisición de la nacionalidad que se indica en los incisos

4 y 5 del artículo 14 se refiere a la nacionalidad que se confiere por el hecho

de que una persona extranjera contraiga matrimonio con una persona nacional.”Las consideraciones anteriores

pueden entenderse complementadas por lo dicho también en la sentencia número

2010-1656 en la cual se señaló que: “De ahí que, en materia de

otorgamiento de la nacionalidad, al estar considerado dentro del fuero de la

soberanía territorial de un Estado y éste debe desenvolverse en el contexto de

la cooperación internacional, el constituyente originario o derivado debe en

todo momento desarrollar un sistema de derecho en armonía con el derecho

internacional. En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos

establece: Artículo

Apartado 20

Derecho a la Nacionalidad Toda persona tiene derecho a una

nacionalidad. Toda persona tiene derecho a la

nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. A nadie se privará arbitrariamente

de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Por su parte la Declaración

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Artículo XIX dice: Toda persona tiene derecho a la

nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea,

por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela. Por su parte, la Declaración

Universal de Derechos Humanos en el artículo 15 reconoce el derecho de todos a

una nacionalidad y el derecho de que nadie pueda ser arbitrariamente privado de

su nacionalidad, así como el derecho de cambiarla. La misma normativa

internacional lleva un implícito reconocimiento del poder reglamentario de los

Estados sobre la nacionalidad de sus súbditos, de manera que debe entenderse

que existe un derecho principalmente a pertenecer a la nacionalidad del

territorio en que se nació, y no puede ser despojado de ella de forma

arbitraria o, de que pueda modificarla si así lo desea el individuo. La

nacionalidad al estar ligada al derecho público de cada uno de los países del

orbe puede ser reglamentada de conformidad con la soberanía legislativa de cada

Nación, siempre que no exista infracción a las obligaciones internacionales.

Por ello, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en su función

consultiva evacuó una opinión consultiva del Gobierno de Costa Rica y resolvió

al conocer de la reforma a la Constitución Política que: “42. Estando la reforma, en

general, orientada a restringir las condiciones para adquirir la nacionalidad

costarricense por naturalización pero no a cancelar esa nacionalidad a ningún

ciudadano que la disfrute en el presente o a prohibir el derecho a cambiarla,

la Corte no encuentra que la misma esté formalmente en contradicción con el

citado artículo 20 de la Convención. Aun cuando frente a hipótesis más

complejas el artículo 20 ofrecería otras posibilidades de desarrollo, en el

presente caso como ningún costarricense perdería su nacionalidad por efecto de

la eventual aprobación de las reformas no hay campo para la infracción del

párrafo

Apartado 2

Los hijos de

padre o madre, legítima o natural, costarricense, nacidos en el extranjero, que

se inscriban como tales en el Registro Civil, por la voluntad del progenitor

costarricense cuando sea menor de dieciocho años, o por la propia hasta ajustar

la edad de veintiún años. Artículo 8º.- La pérdida de la calidad de

costarricense o de ciudadano no trascienden al cónyuge ni a los hijos de quien la

hubiere perdido. La adquisición de la nacionalidad puede trascender a los hijos

menores en casos especialmente designados por la ley. Ni con el matrimonio ni

su disolución modifican la nacionalidad de los cónyuges o de sus hijos.” El

Diputado BAUDRIT GONZALEZ se pronunció por la tesis de la Constitución del

setenta y uno, es decir, que no deben ponerse limitaciones de ninguna clase a

los hijos de costarricenses nacidos en el extranjero, aunque se presenten los

abusos apuntados por varios señores Representantes. Aclaró que la excepción

donde cabe es en el inciso siguiente. El

Diputado JIMÉNEZ QUESADA declaró que la confusión venía -como lo hizo notar don

Fabio- de la supresión del término “natural” de la Constitución del setenta y

uno, que califica al costarricense que ahora se llama por “nacimiento”, natural

obedece siempre al jus-sanguinis. Debe hacerse el distingo entre los hijos de

costarricenses naturalizados, nacidos en el exterior y los hijos de padres

naturales. El Representante FOURNIER defendió la tesis en debate del compañero

Ortiz. Indicó que consideraba un error que la nacionalidad se base

exclusivamente en la sangre. La nacionalidad es algo más que el simple vínculo

de la sangre. Es la identificación material y espiritual con todo aquello que conforma

lo que llamamos Patria. Añadió que se debía cerrar la puerta a aquellos

individuos que juegan con dos nacionalidades. Nada se pierde con cerrarle la

puerta al individuo que a los cincuenta años, por ejemplo, decide hacerse

costarricense, pues si lo hace es por interés, con un propósito bien definido.

Artículo 2º.- El Diputado ORTIZ propuso una nueva fórmula para que el inciso

segundo del artículo sétimo se lea así : “Los hijos de padre o madre

costarricenses por nacimiento, nacidos en el extranjero, que se inscriban como

tales en el Registro Civil, por voluntad del progenitor costarricense cuando

sea menor de edad, o por la propia hasta la edad de veinticinco años”. El

Diputado BAUDRIT SOLERA se refirió a un problema que aparentemente queda sin solución

de aprobarse la fórmula anterior, y es el que se refiere a los hijos de

costarricenses naturalizados nacidos en el exterior. La Carta del setenta y uno

-dijo-, no hace distingo entre costarricenses por nacimiento y naturalizados en

este caso particular; no hace distingo alguno en cuanto a la condición de los

padres, es decir, si su nacionalidad les viene por naturaleza o por adopción.

Agregó que su tesis era que el hijo de costarricenses -sea cual sea la

condición de estos últimos-, nacido en el extranjero, es costarricense. El que

haya adquirido la carta de naturaleza costarricense, es porque está vinculado

al país, a nuestras costumbres, identificado con nuestras tradiciones. De ahí

que se comete una injusticia al negarle al hijo de estos costarricenses nacidos

en el exterior, su condición como tales. El Diputado LEIVA observó que el mismo

problema se había presentado en México, siendo resuelto en la forma propuesta

por el señor Ortiz. Se tomaron en cuenta una serie de circunstancias, porque

realmente el hijo de un naturalizado nacido en el extranjero, no tiene el

vínculo de la nacionalidad costarricense, pero sí la del país donde nace. De

ahí que no se puede alegar que carece de nacionalidad. En este aspecto

-expresó-, estoy con la moción en debate, y con el plazo de los veinticinco

años, a fin de evitar, lo más posible, los casos de individuos con dos

nacionalidades, que tantos perjuicios y dificultades nos traen. El Diputado

ORTIZ brevemente defendió la tesis de su moción. Explicó que todas las convenciones

últimas se han pronunciado de acuerdo con la fijación de un plazo determinado

para que aquellos individuos, con dos nacionalidades, elijan una de ellas.

Agregó que no se podía legislar sobre un individuo que no tiene nuestra sangre,

ni es nacido en el territorio de la República.

El Representante ARIAS BONILLA dio las razones por las cuales votaría la

moción del señor Ortiz. Declaró que era imposible otorgar la ciudadanía

costarricense a un individuo nacido en el exterior, de padres naturalizados costarricenses,

que la mayoría de las veces no tienen ninguna relación o cariño por nuestra

Patria, ya que se naturalizan por interés o porque les conviene. Además, de

acuerdo con la ley, el costarricense naturalizado que abandona el territorio

costarricense pierde su condición como tal. ¿Cómo es posible, entonces, pensar

que el hijo suyo se le considere como costarricense? El Diputado SOLORZANO

manifestó que estaba en un todo de acuerdo con la tesis del señor Baudrit

Solera, por cuanto los extranjeros, para poder adquirir su carta de naturaleza,

necesitan radicar varios años en Costa Rica, ser de buenas costumbres y estar

plenamente identificados con nuestra nacionalidad. Lo natural es que a los

extranjeros que se hacen costarricenses, los mueve un sentimiento de cariño y

amistad hacia nuestro país. De ahí que debemos ser más amplios en esta materia.

Sometida a votación la moción del señor Ortiz, fue aprobada (véase sentencia

No. 2010-9000 de las 10:19 hrs. del 18 de mayo de 2010).

Apartado 17

La adquisición de la

nacionalidad trasciende a los hijos menores de edad, conforme a la

reglamentación establecida en la ley”.En ese orden de ideas, el tema de

la nacionalidad por trascendencia, ha sido desarrollado, específicamente por el

de la Ley de Opciones y Naturalizaciones (No. 1155).“ Artículo 4º.- La pérdida de la

calidad de costarricense no trasciende al cónyuge ni a los hijos, quienes

continuarán gozando de la nacionalidad costarricense, mientras no la pierdan de

acuerdo con el de la Constitución Política; la adquisición de la

calidad de costarricense no trasciende al cónyuge, quien conservará su

nacionalidad, a menos que solicite su naturalización de acuerdo con esta ley.

La adquisición de la calidad de costarricense por parte del padre o de la

madre, trasciende a los hijos menores de edad que estuvieren domiciliados en

Costa Rica en el momento de adquirirse la calidad de costarricense y, para ese

efecto, en el acta o con posterioridad a ella, y en todo caso antes de la

mayoridad de los hijos, deberá hacerse constar ante el Registro Civil los

nombres y apellidos de los hijos, el lugar y fecha de nacimiento de los mismos

y su domicilio. Cumplida la mayoridad y hasta cumplir veinticinco años de edad,

los hijos tendrán derecho de comparecer ante el Registro Civil y renunciar a la

nacionalidad costarricense.Llegados a esa edad sin que hayan

hecho la renuncia referida, continuarán siendo costarricenses naturalizados”.Asimismo, en cuanto al artículo 17

de la Constitución Política, la Sala Constitucional resolvió en la sentencia

No. 2010-9000 de las 10:19 hrs. del 18 de mayo de 2010:“ IV.-REFERENTE AL ARTÍCULO 17 DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Dicho artículo dispone: “La adquisición de la

nacionalidad trasciende a los hijos menores de edad conforme a la

reglamentación establecida en la ley.”. Tal como se indicó en el considerando

II de esta sentencia la Ley de Opciones y Naturalizaciones dispone en el

Artículo 1º.- Son costarricenses por nacimiento:

Apartado 2

El hijo de padre o madre

costarricense por nacimiento, que nazca en el extranjero, y se inscriba como

tal en el Registro Civil, por la voluntad del progenitor costarricense,

mientras sea menor de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco años. Al

respecto la Sala reitera que es costarricense por nacimiento el hijo de padre o

madre costarricense por nacimiento que nazca en el extranjero y se inscriba

como tal en el Registro Civil, por la voluntad del progenitor costarricense,

mientras sea menor de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco años; y

no el hijo de padre o madre costarricense por naturalización, primero porque

así lo definió el Constituyente y segundo porque la Ley de Opciones y

Naturalizaciones, responde a la voluntad del constituyente y confirma que es

costarricense por nacimiento el hijo de padres costarricenses por nacimiento y

no por naturalización”. Aunado a lo anterior, por medio de la

sentencia No. 2010-01656 de las 15:00 del 27 de enero de 2010 consideró que el

de la Ley de Opciones y Naturalizaciones, Ley No. 1155 del 29 de

abril de 1950, sometió al control de constitucionalidad -a la propia

Constitución Política y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos- la frase que regula la trascendencia de la

nacionalidad costarricense por parte del padre o de la madre a los hijos

menores de edad que “(…) estuvieran domiciliados en Costa Rica al momento de

adquirirse la calidad de costarricenses(...)”. En cuanto a ello, la Sala

Constitucional por unanimidad resolvió:“(…) La Sala estima que la

disposición contenida en el artículo trascrito no establece esa diferenciación

que hace la accionante, por el contrario se constituye en la autorización para

regular tanto aspectos de fondo como de forma, compatibles con los puntos de

contacto o vínculos permanentes que se exigen en el derecho internacional,

discutidos en los considerandos anteriores, como sería exigir ligámenes

especiales con el país, entre ellos el geográfico e histórico que se encuentra

regulado en el de la Constitución Política y que legitiman la

regulación del otorgamiento de la nacionalidad precisamente para salvaguardar

la colisión con otras soberanías legislativas, o para no imponerla por sobre la

voluntad de un individuo. Pero además refiriéndose al contenido de lo que se

refiere un nacional, en el caso Nottebohm resuelto por la Corte Internacional

de Justicia, manifestó que: “Puede decirse que constituye la expresión jurídica

del hecho de que el individuo a quién se confiere, ya sea directamente por la

ley o como resultado de un acto de las autoridad, está de hecho más

estrechamente vinculado con la población del Estado que confiere la

nacionalidad que con la de cualquier otro Estado”. El ciudadano naturalizado

debe entre otros requisitos prometer que residirá en el territorio nacional de

modo regular, de manera que, la condición de naturalizado no sería capaz de

transmitir la nacionalidad, como si la tiene cuando estuviere domiciliado en el

país o si fuere hijo de costarricense cuya nacionalidad ostenta de forma

originaria. Consecuentemente, no es inconstitucional la frase que dice: “…

estuvieran domiciliados en Costa Rica al momento de adquirirse la calidad de

costarricenses…”, en el tanto el Constituyente autoriza al legislador a crear

disposiciones incluyendo el territorio como un parámetro válido para fijar un

vínculo permanente con el país. Con la nacionalidad se abre un haz variable de

derechos y obligaciones mutuas, de ahí que sería posible afirmar que en casos

como la doble nacionalidad, es posible permitir el predominio del poder estatal

efectivo, que quedaría marcado claramente por el lugar de residencia

permanente, lo cual es una manifestación territorial (domicilio) con

importantes consecuencias para los ciudadanos naturalizados en nuestro

país. En el caso del nacimiento de hijos

de ciudadanos costarricenses naturalizados radicados en otros país como sucede

en el caso que nos ocupa, el vínculo territorial costarricense no existe para

la adquisición de la nacionalidad si el menor nace en el exterior, y en el

tanto que el principio ius solis y ius sanguinis se encuentran ampliamente

difundidos entre los distintos ordenamientos jurídicos como medio para adquirir

la nacionalidad (así como lo regula el artículo 20 inciso 2 de la Convención

Americana de Derechos Humanos)”.

Apartado 2

A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a

cambiar de nacionalidad.34. El derecho a la nacionalidad

del ser humano está reconocido como tal por el derecho internacional. Así lo

recoge la Convención en su artículo 20, en un doble aspecto: el derecho a tener

una nacionalidad significa dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico

en las relaciones internacionales, al establecer a través de su nacionalidad su

vinculación con un Estado determinado; y el de protegerlo contra la privación

de su nacionalidad en forma arbitraria, porque de ese modo se le estaría

privando de la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos derechos

civiles que se sustentan en la nacionalidad del individuo.35. La nacionalidad puede ser

considerada como el vínculo jurídico político que liga a una persona con un

Estado determinado por medio del cual se obliga con él con relaciones de

lealtad y fidelidad y se hace acreedor a su protección diplomática. Con

distintas modalidades, la mayoría de los Estados han establecido la posibilidad

de que personas que no tenían originalmente su nacionalidad puedan adquirirla

posteriormente, en general, mediante una declaración de voluntad manifestada

previo cumplimiento de ciertas condiciones. La nacionalidad, en estos casos, no

depende ya del hecho fortuito de haber nacido en un territorio determinado o de

nacer de unos progenitores que la tenían, sino de un hecho voluntario que

persigue vincular a quien lo exprese con una determinada sociedad política, su

cultura, su manera de vivir y su sistema de valores.36. Siendo el Estado el que

establece la posibilidad de adquirir la nacionalidad a quien originariamente

era extranjero, es natural que las condiciones y procedimientos para esa

adquisición sean materia que dependa predominantemente del derecho interno.

Siempre que en tales regulaciones no se vulneren otros principios superiores,

es el Estado que otorga la nacionalidad, el que ha de apreciar en qué medida

existen y cómo se deben valorar las condiciones que garanticen que el aspirante

a obtener la nacionalidad esté efectivamente vinculado con el sistema de

valores e intereses de la sociedad a la que pretende pertenecer plenamente. Es

igualmente lógico que sean las conveniencias del Estado, dentro de los mismos límites,

las que determinen la mayor o menor facilidad para obtener la nacionalidad; y

como esas conveniencias son generalmente contingentes, es también normal que

las mismas varíen, sea para ampliarlas, sea para restringirlas, según las

circunstancias. De ahí que no sea sorprendente que en un momento dado, se

exijan nuevas condiciones, enderezadas a evitar que el cambio de nacionalidad

sea utilizado como medio para solucionar problemas transitorios sin que se

establezcan vínculos efectivos reales y perdurables que justifiquen el acto

grave y trascendente del cambio de nacionalidad.(…)38. De lo expuesto anteriormente se

desprende que para una adecuada interpretación del derecho a la nacionalidad,

materia del artículo 20 de la Convención, es necesario conjugar armoniosamente,

por un lado, la consideración de que la determinación y regulaciones de la

nacionalidad son competencia de cada Estado, esto es, materia de derecho

interno y, por el otro, que las disposiciones de derecho internacional limitan,

en alguna forma, esta facultad de los Estados en razón de exigencias de la

protección internacional de los derechos humanos”.Por otro lado, en el caso Corte

IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú (1999), el Tribunal Interamericano

sostuvo: “99. Este Tribunal ha definido el

concepto de nacionalidad como "el vínculo jurídico político que liga a una

persona con un Estado determinado por medio del cual se obliga con él con

relaciones de lealtad y fidelidad y se hace acreedor a su protección

diplomática". La adquisición de

este vínculo por parte de un extranjero, supone que éste cumpla las condiciones

que el Estado ha establecido con el propósito de asegurarse de que el aspirante

esté efectivamente vinculado con el sistema de valores e intereses de la

sociedad a la que pretende pertenecer; lo dicho supone que las

"condiciones y procedimientos para esa adquisición [son] predominantemente

del derecho interno"[82].En el caso Ivcher Bronstein Vs.

Perú (2001):“91. Sobre este particular, la

Corte ha dicho que [l]a nacionalidad puede ser considerada como el vínculo

jurídico político que liga a una persona con un Estado determinado por medio

del cual se obliga con él con relaciones de lealtad y fidelidad y se hace

acreedor a su protección diplomática.

Con distintas modalidades, la mayoría de los Estados han establecido la

posibilidad de que personas que no tenían originalmente su nacionalidad puedan

adquirirla posteriormente, en general, mediante una declaración de voluntad

manifestada previo cumplimiento de ciertas condiciones. La nacionalidad, en

estos casos, no depende ya del hecho fortuito de habernacido en un territorio

determinado o de nacer de unos progenitores que la tenían, sino de un hecho

voluntario que persigue vincular a quien lo exprese con una determinada sociedad

política, su cultura, su manera de vivir y su sistema de valores[80]”En el caso de las Niñas Yean y

Bosico Vs. República Dominicana (2005):“137. La importancia de la

nacionalidad reside en que ella, como vínculo jurídico político que liga una persona

a un Estado determinado[91], permite que el individuo adquiera y ejerza los

derechos y responsabilidades propias de la pertenencia a una comunidad

política. Como tal, la nacionalidad es

un prerrequisito para el ejercicio de determinados derechos”.“139. La Convención Americana

recoge el derecho a la nacionalidad en un doble aspecto: el derecho a tener una

nacionalidad desde la perspectiva de dotar al individuo de un mínimo de amparo

jurídico en el conjunto de relaciones, al establecer su vinculación con un

Estado determinado, y el de proteger al individuo contra la privación de su

nacionalidad en forma arbitraria, porque de ese modo se le estaría privando de

la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos derechos civiles que se

sustentan en la nacionalidad del individuo[93]”.Asimismo, en Gelman vs. Uruguay

(2011):“128. Por otra parte, el derecho a

la nacionalidad, consagrado en el artículo 20 de la Convención, en tanto

vínculo jurídico entre una persona y un Estado, es un prerrequisito para que

puedan ejercerse determinados derechos[145]y es también un derecho de carácter

inderogable reconocido en la Convención Americana[146]. En consecuencia, el

derecho a la nacionalidad conlleva el deber del Estado con el que se establece

tal vinculación, tanto de dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico en

el conjunto de relaciones, como de protegerlo contra la privación en forma

arbitraria de su nacionalidad y, por tanto, de la totalidad de sus derechos

políticos y de aquellos derechos civiles que se sustentan en ésta[147].

Igualmente, importa, cuando se trate de niños y niñas, tener en cuenta la

protección específica que les corresponde, por ejemplo, que no se les prive

arbitrariamente del medio familiar[148] y que no sean retenidos y trasladados ilícitamente

a otro Estado[149]”Por último, en el Caso de personas

dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana (2014):“ 256. En este sentido, la Corte

considera que la determinación de quienes son nacionales sigue siendo

competencia interna de los Estados. Sin perjuicio de ello, resulta necesario

que dicha atribución estatal se ejerza en concordancia con los parámetros

emanados de normas obligatorias del derecho internacional a las que los propios

Estados, en ejercicio de su soberanía, se hayan sometido. Así, de acuerdo al

desarrollo actual del derecho internacional de los derechos humanos, es

necesario que los Estados, al regular el otorgamiento de la nacionalidad,

tengan en cuenta: a) su deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia y b)

su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de

la ley y sin discriminación”.

Apartado X

Sobre el principio general a la

igualdad y su excepción. Este Tribunal Constitucional, en las consideraciones

de fondo de lo resuelto en la sentencia No. 2010-1656 de las 15:00 hrs. del 27

de enero de 2010, analizó el requisito exigido por el artículo 4 de la Ley de

Opciones y Naturalizaciones, a la luz del principio general a la igualdad, en

los siguientes términos: “El fundamento principal de la accionante para

impugnar el de la Ley de Opciones y Naturalizaciones radica en

considerar que la norma infringe el principio general a la igualdad. Se debe

recordar que el principio de igualdad admite que no en todos los casos se debe

recibir un trato igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores

de relevancia jurídica, de manera tal que no toda desigualdad constituye una

discriminación. Así las cosas, la igualdad solo es violentada cuando la

desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable. En

múltiples ocasiones, esta Sala ha sostenido que este principio pretende

garantizar que quienes se encuentren en iguales condiciones reciban un mismo

tratamiento jurídico. De esta manera, para demandar un trato igual debe

demostrarse que se está ante una misma situación jurídica y que por razones de

justicia, se obliga a que todo trato diferenciado se encuentre justificado.

Ciertamente, la Constitución Política como instrumento jurídico por excelencia

regula el principio a la igualdad y de él emana la obligación de no

discriminar, salvo que existan elementos que permitan un tratamiento distinto.

Para los efectos de ilustrar la aplicación de este principio en la

jurisprudencia de esta Sala, se cita la sentencia No. 2008-07228, en cuanto

establece lo siguiente: “VIII.- Sobre el DERECHO A LA

IGUALDAD en general .- Como tesis de principio, la noción de igualdad, en el

sentido que es utilizada por el de la Constitución Política y que

ha sido examinado por abundante jurisprudencia de este Tribunal, implica que

todas las personas tienen derecho a ser sometidos a las mismas normas y obtener

el mismo trato (igualdad en la ley y ante la ley); mejor aún, que no se pueden

establecer diferencias de trato que no estén fundamentadas en condiciones

objetivas y relevantes de desigualdad, o que no sean necesarias, razonables o

proporcionales a la finalidad que se persigue al establecer la diferencia de

trato. Este principio general, lo que significa, es que la desigualdad debe

surgir de un acto legislativo (reserva de ley) por tratarse del desarrollo de

un derecho fundamental y sus fines, ser conformes con los principios y valores

de la Constitución Política, lo que supone, también, que la diferencia de trato

deba fundarse en supuestos de hecho que sean válidos y diferentes. […] Por otra parte, la igualdad es también una

obligación constitucionalmente impuesta a los poderes públicos, la cual

consiste en tratar de igual forma a los que se encuentren en iguales

condiciones de hecho, constituyéndose, al mismo tiempo, en un límite a la

actuación del poder público. No obstante ello y que, en tesis de principio,

todos son iguales ante la ley, en la realidad se pueden dar situaciones de

desigualdad.IX.- Sobre la DISCRIMINACIÓN y la DIFERENCIACIÓN.-

Es importante indicar que existen dos conceptos básicos que suelen confundirse

al hablar del tema de la igualdad ante la Ley, como lo son la discriminación y

la diferenciación. La Constitución prohíbe la discriminación, pero no excluye

la posibilidad de que el poder público pueda otorgar tratamientos diferenciados

a situaciones distintas, siempre y cuando se funde en una base objetiva,

razonable y proporcionada. Resulta legítima una diferenciación de trato cuando

exista una desigualdad en los supuestos de hecho, lo que haría que el principio

de igualdad sólo se viole cuando se trata desigualmente a los iguales y, por

ende, es inconstitucional el trato desigual para situaciones idénticas. En el

caso de examen es menester hablar sobre la igualdad en la ley, y no en la

aplicación de la ley, que es otra de las facetas del principio de igualdad

constitucional. La igualdad en la ley

impide establecer una norma de forma tal que se otorgue un trato diferente a personas

o situaciones que, desde puntos de vista legítimamente adoptables, se

encuentran en la misma situación de hecho. Por ello, la Administración -en su

función reglamentaria- y el legislador, tienen la obligación de no establecer

distinciones arbitrarias entre situaciones de hecho cuyas diferencias reales,

en caso de existir, carecen de relevancia, así como de no atribuir

consecuencias jurídicas arbitrarias o irrazonables a los supuestos de hecho

legítimamente diferenciados. De esta forma, no se puede hablar de

discriminación o de trato desigual, cuando quienes lo alegan se encuentran en

una situación de desigualdad de circunstancias, y tampoco puede hablarse de

derecho de equiparación cuando existen situaciones legítimamente diferenciadas

por la ley, que merecen un trato especial en razón de sus características.”

(Ver en igual sentido las sentencias número 0337-91 y 0831-98). La accionante reclama el quebranto

del principio general a la igualdad por cuanto considera que el legislador no

esta autorizado por la Constitución Política para excederse en el trato

diferenciado de quienes transmiten la nacionalidad a los hijos por parte de

costarricenses naturalizados. El problema radica en determinar si existe

efectivamente una discriminación en el tratamiento por parte de la Ley. La Sala

debe partir de la premisa de que el derecho a la igualdad es fundamental en

todo orden jurídico, especialmente como garantía en el tratamiento jurídico de

los extranjeros frente a los nacionales (dado que el reclamo se interpone a

favor de una extranjera), de modo que no pueden considerarse válidas las

discriminaciones con fundamento en la simple condición de “ser extranjero” y la

restricción de los derechos fundamentales debe interpretarse restrictivamente.

Como extranjera hija de costarricenses naturalizados ejerciendo una acción para

el reconocimiento del derecho a la nacionalidad, le alcanzaría el precepto

dispuesto en el artículo 19 párrafo 1° cuando establece que “Los extranjeros

tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los

costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las

leyes establecen.”, disposición que según ha interpretado esta Sala, admite que

las excepciones y limitaciones establecidas en las leyes ordinarias no sean de

tal entidad y envergadura que impliquen de forma eventual la

desconstitucionalización de los derechos de los extranjeros consagrados en la

Constitución Política. Esta Sala también ha establecido que cualquier

limitación a la equiparación de los derechos de los nacionales y extranjeros debe

ser interpretada, por su carácter excepcional, de forma restrictiva evitándose

de esa forma, el vaciamiento del contenido esencial de los derechos

fundamentales y no puede afirmarse que el legislador puede establecer

excepciones y limitaciones a los derechos de los extranjeros de forma ilimitada

(ver sentencias No. 1990-1282, 1992-1440, y 1993-2093). Sin embargo, la Constitución Política como

instrumento jurídico de aplicación directa y aquellas disposiciones del orden

internacional permiten discriminar ante situaciones de hecho de relevancia y

otorgarle consecuencias jurídicas distintas a los supuestos de hecho

legítimamente diferenciados. La coherencia del principio a la igualdad radica

en que existen elementos que pueden diferenciar a los nacionales de los

extranjeros, su justificación debe ser cuidadosamente elaborada siempre que se

pueda establecer una diferencia real y una consecuencia jurídica razonable y

objetiva. Como instrumento fundamental

entonces la Constitución Política regula la nacionalidad de los costarricenses

en diferentes categorías: 1) de forma originaria por ius sanguini o ius solis

en el artículo 13; y 2) por adquisición adquisitiva por medio de la naturalización en los numerales 14 y

Apartado 15

Como

es claro de lo dispuesto en el de la Constitución Política, la

nacionalidad implica deberes y derechos recíprocos que son el fundamento de una

estrecha y especial relación entre el Estado y el nacional, que legitiman

incluso el cumplimiento de una serie de obligaciones contra la voluntad del

último como sucede en algunos países con el servicio militar o la obligación

mutua de lealtad. Por ello la

nacionalidad debe ser otorgada a quienes tengan un vínculo especial con el

Estado, o que demuestren querer tenerlo mediante un procedimiento de

naturalización. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley de

la Jurisdicción Constitucional, el objetivo de la Sala Constitucional es

asegurar no solo la supremacía del derecho constitucional sino también los

principios de derecho internacional, de donde puede afirmarse que nuestro país

cumple con las exigencias internacionales de asignar la nacionalidad en los

supuestos del artículo 13 y la de permitir a quienes estuvieren interesados en

obtener la nacionalidad costarricense en los numerales 14 y 15, cuando existen

vínculos permanentes con el país como sería el supuesto de la residencia

habitual. El derecho internacional permite a cada Estado reglamentar cómo se

adquiere y cómo se pierde la nacionalidad, esta autorización no es irrestricta,

por cuanto no es posible privar de la nacionalidad a ningún súbdito de un

Estado. En este sentido, el artículo 17

de la Constitución Política es fundamental para resolver la cuestión de

constitucionalidad planteada por la accionante.

Establece que “La adquisición de la nacionalidad trasciende a los hijos

menores de edad, conforme a la reglamentación establecida en la ley.” Aún cuando la accionante afirma que la

anterior disposición autoriza únicamente al legislador para regular la

tramitación de la adquisición de la nacionalidad por trascendencia a los hijos

menores de edad, no aporta los criterios necesarios para que esta Sala pueda

analizar si el constituyente al remitir a la reglamentación legal, únicamente

se refería a la obligación de regular un trámite y no el derecho de fondo. La

Sala estima que la disposición contenida en el artículo trascrito no establece

esa diferenciación que hace la accionante, por el contrario se constituye en la

autorización para regular tanto aspectos de fondo como de forma, compatibles

con los puntos de contacto o vínculos permanentes que se exigen en el derecho

internacional, discutidos en los considerandos anteriores, como sería exigir

ligámenes especiales con el país, entre ellos el geográfico e histórico que se

encuentra regulado en el de la Constitución Política y que

legitiman la regulación del otorgamiento de la nacionalidad precisamente para

salvaguardar la colisión con otras soberanías legislativas, o para no imponerla

por sobre la voluntad de un individuo. Pero además refiriéndose al contenido de

lo que se refiere un nacional, en el caso Nottebohm resuelto por la Corte

Internacional de Justicia, manifestó que: “Puede decirse que constituye la

expresión jurídica del hecho de que el individuo a quién se confiere, ya sea

directamente por la ley o como resultado de un acto de las autoridad, está de

hecho más estrechamente vinculado con la población del Estado que confiere la