Resolución 00141-2020

DESPIDO POR ACOSO

SEXUAL. DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA EN SEDE ADMINISTRATIVA. REDISTRIBUCIÓN

ES DIFERENTE A REVERSIÓN DE LA CARGA PROBATORIA. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DECLARACIÓN

DE LA VÍCTIMA. PROCESO PENAL Y PROCESO LABORAL. Funcionario

bancario. “… el acto administrativo dictado por el órgano instructor

administrativo se encuentra ajustado a derecho y debidamente motivado, pues, el

debido al proceso disciplinario que llevó a cabo la Junta de Relaciones

Laborales del Banco … se concluye que lo procedente es ordenar el despido sin

responsabilidad laboral del actor, lo cual se hizo en apego a la denuncia

presentada por la señora … y, a la prueba que se allegó al proceso

correspondiente.” Si bien, se ha reconocido que la declaración de la parte

denunciante es una prueba importante en el proceso respectivo (jurisprudencia

de la

Sala Constitucional y de la Sala Segunda), se valora como prueba

relevante la denuncia de la víctima, la cual, en este caso, fue presentada por

escrito en la sede administrativa del Banco. “Asimismo, se valora que la

servidora … interpuso una denuncia penal contra el señor …, por el

delito de abusos sexuales; y, en dicho proceso el imputado … se acogió a una

suspensión del proceso a prueba…” “Así, para los efectos del presente proceso,

la admisión de los hechos por parte del promovente en la sede penal constituye

un medio de prueba en la vía laboral (artículo 314 del anterior Código Procesal

Civil)”. “Considera esta Sala que, resultaría contrario a derecho solicitar de

manera obligatoria la manifestación de la víctima, constando en el expediente

prueba suficiente para dar por acreditados los hechos que motivaron el despido

del actor. Se debe resguardar la no revictimización de la denunciante…”.

Además, no existe norma que obligue a la víctima a rendir declaración en el

proceso administrativo o judicial. “En el presente asunto, al ser regido por la

norma procesal anterior a la Reforma Procesal Laboral … se debe aplicar la

redistribución de la carga probatoria, de la manera cómo se resuelve, pues en

los procesos de hostigamiento sexual se presenta una desigualdad entre las

partes en litigio para acreditar los hechos…”. Se cita el principio protector

regulado en el ordinal 56 de la Constitución Política y el voto número 179-04

de las 9 horas y 10 minutos del 19 de marzo del 2004. Se mantienen las costas

personales como lo dispuso el Juzgado: 20% de la absolutoria. [141-20]