Resolución 02000

El albacea

[Nombre 004], presenta proyecto de

cuenta partición el

diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

El licenciado Luis Aguilar Herrera, en su condición de apoderado

especial judicial de los herederos [Nombre 022], [Nombre 023], y [Nombre 024]; y

[Nombre 025] en su condición de curadora del heredero

[Nombre 026], presentan

oposición al proyecto cuenta partición.

El Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, por resolución

de las once horas cuarenta y cinco minutos del trece de junio de dos mil dieciséis,

dispuso: "Se desestima la oposición que plantea

[Nombre 022], [Nombre 024]

,

[Nombre 023] y [Nombre 026] todos [Nombre 004]. SE APRUEBA el proyecto

de cuenta partición presentado . Previo a ordenar el giro de los dineros

existentes, demuestren haber satisfecho el pago del fisco . Esto, de previo a

autorizar la protocolización de piezas respectivas y el nombramiento de notario

público que la realice" (Sic).

El licenciado Luis Aguilar Herrera, apeló y el Tribunal Civil y Laboral del

Primer Circuito Judicial de Alajuela, por resolución de las catorce horas treinta

minutos del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, resolvió:

"Se acoge

parcialmente el recurso de apelación interpuesto, entendiéndose denegado en lo

que no se exprese. Se revoca la resolución N° 46-1-2016 de las 11:45 horas del 13

de junio del 2016, para en su lugar ordenar al albacea de la sucesión aportar

dentro de quinto día un nuevo proyecto que cumpla con la rectificación indicada en

la presente resolución, en cuanto a los honorarios que le corresponden al

Licenciado Luis Aguilar Herrera, según lo indicado en el considerando II de esta

sentencia" (Sic).

El apoderado especial judicial de los herederos

[Nombre 022], [Nombre

023], y [Nombre 024], formuló recurso para ante esta Sala, en escrito presentado el

quince de marzo de dos mil

diecisiete, el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la

parte considerativa.

En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Solís Madrigal; y,

I.-

El 25 de mayo de 2006, los señores

[Nombre 022],

[Nombre 023] y [Nombre 024], promovieron las sucesiones acumuladas de quienes

fueron sus padres doña [Nombre 002] conocida como

[Nombre 002] y don

[Nombre 001] (folios 15 a 17 y 22). Por medio de la resolución de las 15:45 horas

del 18 de julio de 2006, se declaró

abierto el proceso sucesorio (folios 23 y 24). En fecha 17 de marzo de 2016, el

albacea designado presentó el cuarto proyecto de cuenta partición (folios 600 a

610). Los herederos [Nombre 022], [Nombre 024] y [Nombre 023], todos de

apellidos [Nombre 004] se opusieron a ese proyecto de liquidación cuestionando

los honorarios de abogado y la distribución de las fincas del Partido de Alajuela

matrículas [Valor 003] y [Valor 004]

pues su repartición recayó únicamente a favor

de los herederos testamentarios del señor [Nombre 001] (folios 613 a 623).

También se opuso la curadora del coheredero [Nombre 026] pero únicamente en

cuanto a los honorarios de abogado (folios 624 y 625). El Juzgado Civil del Primer

Circuito Judicial de Alajuela, por medio de la resolución

de las 11:45 horas del 13 de junio de 2006, aprobó el proyecto de cuenta partición

(folios 628 a 634). Ante la apelación planteada, el Tribunal Civil de esa localidad

revocó ese pronunciamiento para ordenar al albacea de la sucesión aportar un

nuevo proyecto donde se rectifiquen los honorarios que le corresponden al

licenciado Luis Aguilar Herrera tomando en consideración que la única etapa

realizada bajo su dirección fue la de apertura de la universalidad lo que deberá

ponderarse proporcionalmente a cada uno de los profesionales que actuaron en

dicha fase procesal, es decir, lo que corresponde a esa etapa deberá dividirse por

partes iguales entre los dos asesores legales (folios 744 a 746 frente y vuelto).

AGRAVIOS DEL RECURRENTE: El apoderado especial judicial de los

herederos [Nombre 022], [Nombre 024] y [Nombre 023], todos de apellidos

[Nombre 004], muestra disconformidad con lo resuelto (resolución de las 14:30

horas del 22 de diciembre de 2016). Motivos de agravio: i) Reclama que no fuera

admitida la prueba ofrecida ante el Tribunal consistente en certificaciones

registrales, bajo el argumento de que no se daban los supuestos del artículo 292

del Código Procesal Civil. Desde su perspectiva resulta aplicable el numeral 575

del mismo cuerpo normativo el cual señala que en el escrito de expresión de

agravios el apelante podrá ofrecer prueba documental y confesional sin sujetarla a

condición alguna. Esto tratándose de procesos que como un sucesorio, carece de

las fases de demanda y contestación. Asimismo, resulta mandatorio el canon 572,

inciso 1) del Código Civil, el cual ordena la distribución de los bienes entre todos

los herederos legítimos como lo son sus representados en tanto hijos de los

causantes. Afirma que las pruebas ofrecidas en esa oportunidad, acreditan que el

causante [Nombre 001] estando en vida y pocos meses después de la muerte de

su esposa, la también causante [Nombre 002], vendió (diciendo ser casado

cuando ya era viudo) las fincas matrículas [Valor 003] y

[Valor 004], ambas del

Partido de Alajuela, a su hijo y actual albacea de las sucesiones don [Nombre 004]

quien a su vez volvió a vender a su padre las mismas fincas para que las adquiriera

pero esta vez como viudo, situación aprovechada

por el albacea para negar la ganancialidad de las fincas y así distribuirlas

posteriormente únicamente entre los herederos testamentarios dentro de los

cuales no figuran sus representados. Considera que no se debió impartir

aprobación al proyecto de cuenta partición que presentó el albacea. Arguye que el

antecedente citado por el Tribunal para denegar la prueba para mejor proveer no

es pertinente puesto que se refiere a un proceso ordinario y no a uno sucesorio. El

recurrente considera que en todo caso se da el supuesto del ordinal 293 inciso 4)

toda vez que esta norma dispone que después de la demanda y contestación no

se admitirán más documentos salvo “aquellos que, no siendo fundamento de la

demanda, sirvan para combatir excepciones del demandado o constituyan una

prueba complementaria”. Al respecto afirma que, ante la necesidad de buscar la

verdad real de los hechos, cabe realizar una interpretación amplia de la norma y

por ende habría que entender que es aplicable aun cuando no se dieren aquellas

fases siempre que la prueba ofrecida resultare complementaria de la que ya

consta en autos. También considera que se transgredió el artículo 98 incisos 1, 2 y

4 del referido código y acusa que fue evidente la comisión de un fraude procesal

por parte del albacea de la sucesión. Reitera que la ganancialidad de las

propiedades supra mencionadas termina de acreditarse con las certificaciones

registrales ofrecidas en segunda instancia. Afirma que se violentan también los

principios de amplitud probatoria, recepción de la totalidad de la prueba útil y el

debido proceso. ii) El recurrente se muestra disconforme con lo resuelto en cuanto

a los honorarios: En síntesis, reclama que se le privó del 50% de los honorarios

totales que le correspondían por la apertura del proceso sucesorio del señor

[Nombre 001]. iii) En cuanto a los gananciales: Estima que se transgredieron los

numerales 153, 155, 330 y 930 del Código Procesal Civil por cuanto el fallo del

Tribunal carece de fundamentación. Acusa que no existió un análisis integral de la

prueba y reprocha se remitiera a la vía ordinaria a efectos de examinar la

ganancialidad de los inmuebles supra indicados (fincas matrículas [Valor 003] y

[Valor 004] del Partido de Alajuela). Que el ad quem no dio las razones por las

cuales consideró que para poder determinar la ganancialidad de las fincas deben

desenmarañarse los contratos de traspaso y disposición de bienes, estudiar la

intención y voluntad de las partes o incluso establecer una eventual simulación;

aspectos dilucidables en un proceso de conocimiento plenario. Añade que se dio

por sentado un hecho sin ofrecer el respectivo sustento. Al no realizar el ad quem el

examen para determinar si el proyecto de cuenta partición no contenía

disposiciones reñidas con la ley o con lo que resulta de los autos, a fin de su

aprobación o desaprobación, no deparó en que el Juzgado para afirmar la no

ganancialidad de las fincas de cita, únicamente leyó las certificaciones registrales

aportadas inicialmente que constan a folios 8 y 11 del expediente en las cuales se

indica que el señor [Nombre 001] adquirió esas heredades en fecha 20 de marzo

de 1998 estando viudo. Aclara que esa fecha es de la inscripción y no de

la compraventa de esas propiedades. Insiste que el señor [Nombre 001] (q.d.D.g.)

estando ya viudo, vendió las fincas de mérito diciéndose casado y

meses después, las volvió a comprar lo que permitió al albacea abstraer esos

bienes del acervo ganancial. Sostiene que en el sub litem no se trata de determinar

un fraude penal de simulación sino uno procesal y por ende han de repartirse las

fincas mencionadas entre todos los herederos y no solo los testamentarios. Aduce

que no es necesario remitir a la vía ordinaria como lo dispuso el Tribunal pues con

ello se postergaría aún más la resolución del asunto. Acusa que el ad quem

violentó las reglas de la sana crítica al prohijar el fallo del Juzgado pues considera

que no se revisó el proyecto distributivo ni se atendieron los principios que

informan el instituto de la ganancialidad ni lo estipulado por el numeral 41 del

Código de Familia. Con base en los argumentos expuestos, el recurrente solicita

se case la sentencia venida en alzada “que imparte aprobación a la cuenta

partición de mérito en el modo en que lo hace, disponiendo en su lugar improbar

esa cuenta, no solo por haberse cometido en ella un fraude procesal según todo

lo anteriormente dicho al respecto, sino también por la condición acreditada de la

ganancialidad de las fincas nº. [Valor 003]

y nº. [Valor 004] de mérito, según las

pruebas que ya constaban en el asunto y según también las rechazadas

ilegalmente las que se han de admitir, valorándolas conforme las reglas de la

sana crítica y según el principio de igualdad de trato, mandando que el señor

juez a quo ordene al señor albacea, hacer la rectificación necesaria que

corresponda para incluir en un nuevo proyecto de cuenta partición, aquellas

fincas como afectas a gananciales y, consecuentemente, las distribuya por igual

entre todos los herederos legítimos en las sucesiones acumuladas de mérito,

esto, dentro de un plazo de cinco días, bajo el apercibimiento de que podrá ser

removido de oficio si no lo hiciere, todo conforme con el artículo 930 del CPC”

(sic). (Folios 756 a 802).

CUESTIÓN PREVIA: El segundo agravio formulado, referente a los

honorarios de abogado, ya fue rechazado de plano por esta Sala por medio de la

resolución 1432 de las 9:00 horas del 13 de setiembre de 2017 de ahí que no

procede realizar pronunciamiento alguno en relación con este punto (folios 829 a

830). Si bien se improbó la cuenta partición, implícitamente se dio por aprobado y

se dejó sentado que, las dos fincas a las que se hará referencia, deben incluirse y

distribuirse en la partición, lo cual es un aspecto de fondo y por esa razón conoce

la Sala el recurso.

SOBRE EL CASO CONCRETO: En la cuenta partición se dispuso que

en el caso de la sucesión de don [Nombre 001], las fincas del Partido de Alajuela,

matrículas [Valor 004] y [Valor 003]

han de ser distribuidas únicamente entre los

herederos testamentarios, es decir los señores [Nombre 049],

[Nombre 050],

[Nombre 051], [Nombre 052], [Nombre 053], [Nombre 001], [Nombre 026], [Nombre

055], [Nombre 004] y [Nombre 058]; todos [Nombre 057], correspondiéndole una

décima

parte a cada uno de ellos, sobre ambas fincas. Además a dichos herederos

testamentarios se les distribuyó un derecho a un veinteavo sobre la bóveda número

16 y un veinteavo sobre la bóveda número 6, ambas del Cementerio de Atenas. En

cuanto a los dineros depositados en la cuenta del Juzgado, se estableció que el

50% le corresponde a cada una de las sucesiones, indicándose que para los

herederos testamentarios de la sucesión de [Nombre 001], previo a la reserva de

gastos, les va a corresponder a cada uno de los herederos la suma de

¢3.191.831,30. Por otro lado, en el caso de la sucesión de [Nombre 002], se

estipuló lo siguiente: El derecho a la finca del Partido de Alajuela, matrícula

[Valor 007]. Será distribuida entre todos los herederos legítimos por partes iguales.

Es decir entre los señores [Nombre 049], [Nombre 050]

, [Nombre 051], [Nombre

052], [Nombre 053], [Nombre 001], [Nombre 026], [Nombre 055], [Nombre 004],

[Nombre 058], [Nombre 059], [Nombre 022], [Nombre 023], [Nombre 024]; todos de

apellidos [Nombre 057] y a la sucesión de [Nombre 060]

, correspondiéndoles a

cada uno, un derecho de ¢9,58 proporcional a ¢3.500,00.

Del dinero depositado en la cuenta del Juzgado, previo a la reserva de gastos, le

va a corresponder a cada uno de los herederos legítimos la suma de

¢3.063.152,50. Además entre todos los herederos legítimos se les distribuyó un

derecho a un treintavo sobre la bóveda número 16 y un derecho a un treintavo

sobre la número 6, ambas del Cementerio de Atenas. Ahora bien, el recurrente

considera que no se debió impartir aprobación al proyecto de cuenta partición que

presentó el albacea y al respecto alega falta de fundamentación, una errónea

valoración de las probanzas y la transgresión de varios artículos del Código

Procesal Civil, del Código Civil e incluso del Código de Familia en cuanto al tema

de la ganancialidad. Afirma que las pruebas ofrecidas acreditan que el causante

[Nombre 001] estando en vida y pocos meses después de la muerte de su esposa

la también causante [Nombre 002], vendió (diciendo ser casado cuando ya era

viudo) las fincas matrículas [Valor 003] y

[Valor 004], ambas del Partido de

Alajuela, a su hijo y actual albacea de las sucesiones, don [Nombre 004], quien a

su vez volvió a vender a su padre las mismas fincas para que las adquiriera pero

esta vez como viudo, contexto aprovechado por

el albacea, -según su decir- para negar la ganancialidad de las fincas

mencionadas y así distribuirlas posteriormente solo entre los herederos

testamentarios dentro de los cuales no figuran sus representados. En torno a esa

situación giran todos los reclamos del recurrente quien acusa la presunta comisión

de un fraude procesal por parte del albacea de la sucesión y recrimina que el ad

quem concluyera que el análisis de un supuesto fraude debía ventilarse en la vía

ordinaria. El proceso sucesorio tiene como propósito o finalidad liquidar el

patrimonio de la persona fallecida, pagando el pasivo comprobado y distribuyendo

el remanente entre los sucesores según el testamento o el Código Civil, según

corresponda. El jurista Hugo Alsina define así el proceso sucesorio: “El juicio

sucesorio es el procedimiento por el cual se determina la calidad de heredero; se

establecen los bienes que conforman el activo de la herencia; se comprueban

las deudas que constituyen el pasivo; y, luego de procederse a su pago, se

reparte el saldo entre los herederos de acuerdo con el testamento, o, a falta de

este, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil”. (Alsina, Hugo. Tratado

Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo VI, p.650. EDIAR S.

A. EDITORES, Buenos Aires 1981). Se trata de un proceso que se rige por

normativa expresa (a partir del ordinal 915 del anterior Código Procesal Civil). Si

bien no resulta de aplicación, por el interés doctrinario que reviste, es importante

mencionar que el artículo 115 del actual Código Procesal Civil, al definir el objeto

del proceso sucesorio ensaya una definición así: “Es procedente el proceso

sucesorio para constatar y declarar la existencia de los sucesores del causante,

determinar el patrimonio relicto, acabar la indivisión de los bienes sucesorios y

dotar a la sucesión de representación”. El objetivo entonces, de este instrumento,

es la liquidación del patrimonio para lo cual es necesario previamente comprobar

los factores o elementos que han de servir de base: activo, pasivo, sucesores.

Ahora bien, tal y como se indicó líneas arriba todos los reproches que formula el

recurrente, incluyendo el de la denegatoria de prueba ofrecida para mejor resolver,

tienen que ver con la presunta comisión de un fraude por parte del albacea de la

sucesión. Es decir, se refieren a un tema que exorbita el objeto del proceso

sucesorio pues parte de suposiciones sobre los traspasos hechos de los bienes

indicados para con ello cuestionar la intención del causante [Nombre 001] y el

albacea para evadir el régimen de ganancialidad, lo cual solo podría ser objeto de

análisis en la vía plenaria de conocimiento. Tal y como lo resolvió el Tribunal, los

reproches del recurrente presuponen el estudio “de contratos de traspaso y

disposición de bienes, la intención y voluntad de las partes e, incluso una

eventual simulación”, aspectos que escapan al objeto de un proceso como el que

nos ocupa. O sea, la vía del proceso sucesorio no es la que corresponde para

dilucidar posibles vicios de actos o contratos sino la ordinaria (artículo 287 del

Código Procesal Civil anterior).

CONSIDERACIÓN FINAL: De conformidad con las razones expuestas,

no se incurrió en las violaciones legales reclamadas y por esa razón, el recurso de

casación debe ser denegado, con las costas a cargo de quien lo formuló (artículo

611, Código Procesal Civil).