Resolución 00750

1.-

La actora, en escrito fechado veintiséis de junio de dos mil siete, promovió la

presente acción para que en sentencia se condenara a la demandada a otorgarle

una pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense

de Seguro Social, así como al pago de intereses y ambas costas del proceso.

2.-

La representación de la demandada contestó en los términos que indicó en el

memorial de fecha doce de setiembre de dos mil siete y opuso las excepciones de

falta de derecho y la genérica de sine actione agit.

3.-

El juez, licenciado Armando Elizondo Almeida, por sentencia de las diez horas

veintidós minutos del diecisiete de setiembre de dos mil ocho, dispuso:

Razones expuestas, artículos 14, 27 siguientes y concordantes del Reglamento

del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro

Social; 494 del Código de Trabajo; FALLO: se declara CON LUGAR en

todos sus extremos petitorios el presente PROCESO ORDINARIO DE PENSIÓN POR

MUERTE seguido por ... contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL, representada por su apoderado general judicial sin limitación

de suma, licenciado …. Se rechaza la excepción de falta derecho

comprensiva dentro de la genérica sine actione agit opuesta por la demandada. En

ese orden de ideas, se condena a la demandada a pagarle a la actora una pensión

por muerte de su hija ..., a partir de la fecha de su

solicitud administrativa -sea el veintinueve de agosto de dos mil seis- o desde

la fecha en que deje de laborar si lo estuviese haciendo. Asimismo, debe la

accionada pagarle los intereses de las rentas de las pensiones mensuales que no

hubiese cancelado desde esa data -sea el veintinueve de agosto de dos mil seis-

y hasta su efectivo pago de acuerdo a la tasa pasiva de los depósitos a plazo

fijo de seis meses del Banco Nacional de Costa Rica. De igual forma, en caso de

que existan aguinaldos pendientes de pagar, los mismos deberán ser cancelados. Asimismo,

deberán pagarse los incrementos que por Ley pudieron ser aplicados. Todo lo

cual podrá ser cancelado de manera administrativa o bien en la etapa de

ejecución del fallo. Son ambas costas a cargo de la demandada, fijándose las

personales en un veinte por ciento del total de la condenatoria. Se advierte

a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá

interponerse ante este juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y

ante este órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o

escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su

inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso

(artículos 500 y 501 incisos c) y d) del Código de Trabajo; votos de la Sala

Constitucional números 5798 de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1998 y 1306

de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y voto de la Sala Segunda número

386 de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999).

4.-

La parte demandada apeló y el Tribunal de Trabajo, Sección Tercera, del Segundo

Circuito Judicial de San José, integrado por las licenciadas Lorena Esquivel

Agüero, María Enilda Alvarado Rodríguez y Karol Baltodano Aguilar, por

sentencia de las ocho horas treinta y cinco minutos del diecisiete de abril de

dos mil nueve, resolvió: No existiendo en autos vicios que puedan

causar nulidad, en lo que fue objeto del recurso, se revoca la sentencia

apelada, para declarar sin lugar, en todos sus extremos, las pretensiones de la

parte actora. Se acoge la defensa de falta de derecho. Sin especial condena en

costas.

El apoderado especial judicial de la

actora formuló recurso para ante esta Sala en memorial de data veintidós de

mayo del presente año, el cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la

parte considerativa.

6.-

En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada

Camacho Vargas; y,

I.-

La actora planteó la demanda con el fin de que se condenara a

la Caja Costarricense de Seguro Social a otorgarle una pensión derivada de la

muerte de su hija, con el argumento de que dependía económicamente de ella. Reclamó

el pago de intereses sobre las rentas vencidas y el de ambas costas (folios

1-3). El representante de la demandada manifestó que la pensión reclamada fue

denegada porque la accionante no dependió económicamente de su hija muerta. Solicitó

que se declarara sin lugar la demanda y opuso las excepciones de falta de

derecho y la genérica sine actione agit (folios 11-13). El juzgador de

primera instancia condenó a la Caja a otorgar la pensión reclamada, a partir de

la gestión administrativa, y ordenó el pago de los intereses legales sobre las

rentas dejadas de cancelar, así como el de ambas costas (folios 142-152). El

fallo fue apelado por la apoderada general judicial de la accionada (folios

162-165) y la Sección Tercera del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito

Judicial de San José lo revocó. En su lugar, denegó las pretensiones de la

demandante y resolvió sin especial condena en costas (folios 174-176).

II.-

LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE: El

apoderado de la parte actora sostiene que sí quedó acreditado que la fallecida ... vivía con sus padres y que ayudaba

económicamente a su madre, pues esta solo contaba con el ingreso de su cónyuge,

el que no alcanzaba para cubrir los gastos de la familia. Indica que la ley no

exige que los eventuales beneficiarios hayan quedado en estado de indigencia. La

dependencia económica, según lo afirma, no debe ser de carácter absoluto. Agrega

que la madre presenta varios padecimientos y tiene muchas necesidades, que no

puede solventar con los ingresos provenientes del trabajo de su marido. Al

respecto, señala que de la prueba testimonial se extrae que ella es una persona

enferma y que su hija la ayudada a enfrentar, entre otros, gastos de médicos y

medicinas. Sostiene que el aporte que hacía la causante era fundamental para la

buena marcha del hogar. Considera que se ha violentado el artículo 14 del

Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte. Solicita que se revoque el fallo y se

declare con lugar la demanda (folios 188-189).

III.-

ANÁLISIS DEL CASO: El

artículo 14 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte, que da sustento a la

petición de la demandante, señala: “En ausencia de beneficiarios por viudez

u orfandad, tienen derecho a pensión los padres, si al momento de fallecer el

causante dependían económicamente de él, en razón de limitaciones físicas,

mentales o sociales, según determinación que en cada caso hará la Caja”.

En el caso que se estudia, el juzgador de primera instancia consideró que

la actora sí dependía económicamente de su hija, pero los integrantes del

tribunal señalaron que la fallecida solo brindaba una ayuda poco significativa

a su madre, la que no podía ser conceptuada como dependencia económica en los

términos de la normativa aplicable. El recurrente alega que de conformidad con

el criterio reiterado de esta Sala, la dependencia no debe ser absoluta. Al

analizar el tema de la dependencia económica, como requisito para poder otorgar

una pensión por muerte, esta Sala efectivamente ha sostenido que la misma no

debe ser plena. El punto ha sido especialmente abordado tratándose de pensiones

por viudez, aunque no en forma exclusiva. En fallos reiterados, se ha explicado

que la dependencia no debe verse en términos absolutos, sino en relación con la

organización de la vida en pareja, o de la familia en un caso como este, donde

los ingresos forman una masa que sirve para satisfacer las necesidades del

núcleo familiar. En la sentencia 379, de las 10:10 horas del 30 de abril de

2008, se indicó: “El régimen de seguridad social, mediante las pensiones por

muerte, busca paliar precisamente esa situación, al garantizarle a los

contribuyentes el amparo económico de sus dependientes, quienes, de alguna

manera, organizan su esquema de vida con base en el ingreso económico percibido

por el asegurado, por lo cual su condición se torna dependiente de las

ganancias propiciadas, en vida, por este”. En el mismo

sentido, en la sentencia 409, de las 9:35 horas del 4 de julio de 2007, también

se expuso: “Ya esta Sala en ocasiones anteriores ha señalado que la

dependencia económica, no implica, necesariamente, que tenga que existir una

relación de dependencia absoluta. Si el monto de la ayuda que brindaba el

causante es insuficiente, no puede pretenderse que el o la dependiente

sobreviva única y exclusivamente con ese monto, sacrificando necesidades

básicas y elementales del núcleo familiar, y negarse precisamente por esa

necesidad de sobrevivir que impone la búsqueda de un medio de vida, el derecho

a la pensión que se solicita”. Asimismo, en la sentencia 212, de las

9:05 horas del 7 de abril de 2006, se reiteró el mismo criterio, en el

siguiente sentido: “La interpretación referida resulta aplicable al caso

concreto, toda vez que la norma en cuestión no exige para acceder a una pensión

del régimen de invalidez, vejez y muerte que la dependencia de los padres respecto

del hijo fallecido, sea absoluta, pues lo que se establece es tan solo la

dependencia económica en razón de limitaciones físicas, mentales o sociales”.

De igual forma, en otros fallos se ha hecho ver la existencia del derecho

de las personas que sobreviven a la causante de mantener sus condiciones de

vida; ya que, de lo contrario, no solo se ven afectados por la pérdida de un

ser querido, sino también por la afección patrimonial que su ausencia genera. Al

respecto, en el voto número 154, de las 14:45 horas del 18 de febrero de 2009,

se dijo: “La dependencia económica del/a cónyuge debe verse en tanto ambos

cónyuges, con sus aportes -incluso cada uno de ellos plenamente diferenciados- contribuyen

a un ingreso familiar del cual dependen recíprocamente para el sostenimiento de

su condición de vida. No se trata entonces de un sistema que

únicamente tutela a personas que no tienen un ingreso económico; o bien, que

sea destinado únicamente a personas en condiciones de pobreza”. (La

negrita no consta en el original). En iguales términos, también se ha

considerado: “Debe recordarse que el fundamento de la pensión por viudez, es

el haber convivido y dependido económicamente del/a asegurado/a, en tanto el

importe de la pensión lo que pretende es ser un sustituto del aporte económico

brindado por el fallecido/a, a fin de evitar que el dependiente quede en la

indigencia o bien, pueda mantener el nivel de vida al que estaba

acostumbrado/a”. (El destacado no está en el original.

Sentencia número 44, de las 9:45 horas del 26 de enero de 2007). En

el caso bajo análisis, se tiene que la familia de la demandante estaba

conformada por ella, su cónyuge, la fallecida y dos hijos más. Los hijos

restantes habían contraído matrimonio y tenían sus propios hogares. Ahora

bien, de los autos se extrae que el sustento de ese núcleo familiar lo proveían

en mayor medida el esposo de la actora, pero está claro que la causante también

hacía su aporte para el sustento de la familia, especialmente porque uno de sus

hermanos no laboraba sino que se encontraba estudiando y se trata de un grupo

familiar de escasos recursos. De la prueba que consta en autos se extrae

la preocupación de la hija por atender las necesidades de su mamá y de la

colaboración económica que le brindaba para la atención de las necesidades

familiares, especialmente de alimentación, de ayuda a sufragar los estudios de

un hermano y de atender las necesidades personales de su madre. Tales

conclusiones se extraen tanto de las entrevistas realizadas para confeccionar

el estudio social, como de las declaraciones evacuadas en sede judicial, las

cuales constan en grabación digital, de las que también se desprende que la

otra hija era una persona enferma, con imposibilidades de laborar de forma

estable. En efecto, la testigo … dio cuenta de que la

fallecida colaboraba con los papás y que una de sus preocupaciones era el

futuro de su madre, quien necesitaba de su ayuda. Manifestó que también

colaboraba con los pagos de agua, luz y teléfono. Indicó que para lo que fuera

necesario esta siempre estaba disponible. En igual sentido declararon la señora … y el señor ..., quienes manifestaron que la

causante ayudaba a la familia y siempre pasaba pendiente de la madre (grabación

en disco adjunto). La circunstancia de que con la agravación de la

enfermedad de la hija, el aporte de esta tuviera que ser destinado a la compra

de medicamentos y que inclusive sus padres hayan tenido que colaborarle para

que pudiera hacerlo no es un hecho que permita considerar que no existió

aquella dependencia. Véase que se trata de un hecho normal, pues ante la

enfermedad de un integrante de la familia, lo correcto es que los demás ayuden

a la persona enferma, a costa inclusive de sus propias necesidades. En ese

sentido, en la sentencia 212, de las 9:05 horas del 7 de abril de 2006, al

analizar un asunto similar, se expuso: “El hecho de que con la enfermedad de

su hija, la actora debiera disponer de la pensión que disfrutaba para sufragar

algunos de los gastos necesarios para darle una debida atención, en modo

alguno, puede constituir un obstáculo para el reconocimiento del derecho

pretendido, pues ante un hecho excepcional como lo es la enfermedad, es

entendible que la familia se solidarice con el enfermo y procure -en la medida

de sus posibilidades e incluso privándose de la satisfacción de sus propias

necesidades- brindarle los cuidados requeridos. Debemos recordar que en una

situación terminal de la vida como la apuntada, la señora... al procurarle cuidados

a su hija, dio cumplimiento a las más elementales y naturales obligaciones de

los progenitores respecto de su prole, por lo que sería a todas luces, además

de ilegal, irracional e injusto que a pesar de ese sacrificio dadas sus exiguas

entradas económicas, ahora se pretendiera negarle la pensión a la que tiene

derecho”. A la luz de lo considerado, se estima que el

requisito que se echó de menos en la segunda instancia sí existió, pues la

colaboración económica que la causante le brindó a su madre, le permitió a esta

enfrentar sus necesidades personales y familiares con mayor dignidad.

IV.-

CONSIDERACIONES FINALES: De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye

que sí medió la dependencia económica requerida por la norma, dadas las condiciones

sociales de la madre de la fallecida, pues su núcleo familiar es de escasos

recursos y la colaboración económica que su hija le brindaba le ayudó a

solventar sus necesidades personales y familiares. Por consiguiente, se estima

que el fallo recurrido debe ser revocado y, en su lugar, ha de confirmarse el

de primera instancia.