Resolución 01597

La actora, en escrito fechado tres de julio de dos mil seis,

promovió la presente acción para que en sentencia se condenara a la

demandada a otorgarle una pensión por el fallecimiento su ex-cónyuge

Reinaldo Cortés Meza, así como al pago de ambas costas del proceso.

La representación de la accionada contestó en los términos que

indicó en el memorial de fecha veintitrés de agosto de dos mil seis y opuso

las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación pasiva y la

genérica de sine actione agit.

El juez, licenciado Guillermo Ballestero Umaña, por sentencia de

las diez horas diecinueve minutos del diez de junio de dos mil nueve,

dispuso: Con fundamento en las razones expuestas y citas legales, se

rechazan las excepciones de falta de legitimación pasiva, falta de derecho y

sine actione agit, opuestas por la accionada, y SE DECLARA CON LUGAR

la demanda establecida por GLADYS CASTRO ALVARADO contra la CAJA

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderado

especial judicial licenciado Guillermo Mata Campos. Se condena a la parte

demandada a pagarle a la actora una pensión por sobrevivencia de

conformidad con los artículos 18, a) y 27 del Reglamento de Invalidez,

Vejez y Muerte. Son las costas a cargo de la parte vencida, fijándose las

personales en la suma de cien mil colones. Se advierte a las partes que

esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse

ante este juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante

este órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o

escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente

apoya su inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el

recurso (artículos 500 y 501 incisos c) y d) del Código de Trabajo). Votos de

la Sala Constitucional números 5798, de las 16:21 horas, del 11 de agosto

de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y voto de la

Sala Segunda número 386, de las 14:20 horas, del 10 de diciembre de

1999).

La apoderada de la accionada apeló y el Tribunal de Trabajo,

Sección Cuarta, del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por

los licenciados Óscar Ugalde Miranda, Ana Ruth Fallas Gómez e Ingrid

Gregory Wang, por sentencia de las dieciocho horas quince minutos del

veintinueve de julio de dos mil diez, resolvió: Se declara, que en la

tramitación de este asunto, no se advierte omisión alguna, que haya

podido causar nulidad o indefensión y se confirma la sentencia dictada.

La parte demandada formuló recurso para ante esta Sala en

memorial de data diez horas de setiembre de dos mil diez, el cual se

fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.

En los procedimientos se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,

La Caja Costarricense de Seguro Social, por resolución del

Departamento de Pensiones n° 0301450566-06 de 25 de enero de 2006,

declaró sin lugar la solicitud de pensión por muerte presentada por la

actora con motivo del fallecimiento de Reinaldo Cortés Meza, por

considerar que la gestión no se ajustaba a lo establecido en el artículo 9

del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte vigente a la fecha del deceso,

por cuanto la petente no demostró cumplir con el requisito de convivencia

exclusiva y bajo el mismo techo de tres años como mínimo establecido en

el reglamento (folio 4). La actora apeló lo resuelto y la Gerencia División de

Pensiones de la Caja por resolución n° 10.855 de las 11:06 horas del 15 de

marzo de 2006, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto,

confirmó la denegatoria impugnada y dio por agotada la vía administrativa,

argumentando: “se ha determinado que de acuerdo con declaración que

usted brindó a la trabajadora social el 14 de diciembre de 2005 (folios 56,

67, 68, 69) fue casada con el asegurado en el año de 1986 se divorciaron y

él regresa al hogar suyo en enero de 2005, ante los problemas de salud que

presentaba. Permanece viviendo con usted por un lapso de 7 meses, hasta la

fecha en que ocurrió el deceso (28 de julio del 2005). Lo anterior no le permite

optar por la pensión por viudez que solicita, dado que cuando se trata de

compañera marital al momento del deceso la convivencia bajo un mismo

techo tuvo que haberse dado por un mínimo de tres años, tal y como lo

establece el artículo 9, punto 2, del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte”

(folio 5). Inconforme con esa denegatoria, la accionante planteó la presente

demanda para que en sentencia se le otorgue la pensión que solicita como

ex-cónyuge de Reinaldo Cortés Meza, por estimar que tiene derecho a

sucederle en razón de que tenía una pensión alimentaría -concedida por

resolución judicial- y dependencia económica del causante, además de que

en los últimos meses de vida convivió con él. También solicita que se

condene a la accionada al pago de las costas del proceso (folios 1 a 3). La

demanda fue contestada negativamente por la representación de la

accionada, quien opuso las excepciones de falta de legitimación pasiva,

falta de derecho y la genérica sine actione agit. En ese libelo alegó

-utilizando los mismos argumentos de la resolución n° 10.855 arriba

enunciada- que la actora no reúne el requisito reglamentario de

convivencia bajo el mismo techo que tuvo que haberse dado por un

mínimo de tres años, para hacerse acreedora a la pensión por viudez que

reclama (folios 12 a 13). El juzgado denegó las excepciones opuestas,

estimó la demanda condenando a la accionada a pagarle a la actora una

pensión por sobrevivencia de conformidad con los artículos 18 a) y 27 del

Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte, le impuso además el pago de

ambas costas fijando las personales en la suma de cien mil colones (folios

43 a 45). La apoderada general judicial de la accionada apeló lo resuelto y

el tribunal lo confirmó (folios 46 a 49, 51 a 54 y 65 a 67). Ante la Sala se

muestra disconforme, porque el ad-quem avaló el fallo del a-quo

argumentando que el divorcio no es una razón válida para desestimar una

pensión por viudez, menos cuando se ha demostrado que la reclamante

recibía una pensión alimenticia del causante, lo que implicó dependencia

económica -requisito necesario para recibir la pensión reclamada-. Alega

errónea apreciación de la prueba en cuanto al cumplimiento por parte de

la actora, de los requisitos del artículo 9 punto 2 del Reglamento de

Invalidez, Vejez y Muerte. No comparte la tesis del tribunal en cuanto

equiparó el divorcio del caso que nos ocupa con una separación judicial,

cuando es claro que la demandante no está en ese supuesto de la norma,

por cuanto lo que se dio fue una reconciliación entre ex-cónyuges

divorciados que a lo sumo llegó a constituir una unión de hecho, que no

cumplió con el requisito de convivencia exclusiva bajo el mismo techo

durante el mínimo de tiempo que establece el reglamento, ya que esta se

dio desde enero de 2005 hasta el día del deceso -28 de julio de 2005-, o

sea, por un período de siete meses y como consecuencia de ello, no se hizo

acreedora del derecho de pensión, razón por la cual se debe denegar el

derecho reclamado como se hizo en sede administrativa. Con base en tales

argumentos pretende la revocatoria del fallo impugnado y que se declare

sin lugar la demanda en todos sus extremos (folios 78 a 79).

La tesis del tribunal que asimiló el divorcio del caso que nos

ocupa con una separación judicial, al señalar: “Entiende este Tribunal, que

de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 9, del

Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja, se contempla el caso de

estudio, al referirse esa norma al supuesto de separación judicial o de hecho.

Debemos entender, que en este supuesto, se incluye la hipótesis del divorcio,

que para los efectos, que interesa, se trata de una separación judicial de los

cónyuges” no es correcta, por cuanto ambos supuesto son distintos, ya

que en uno se obtiene la libertad de estado -el divorcio- y en el otro no -la

separación judicial o de hecho-. O sea, que la tesis del tribunal de que lo

enunciado en el artículo 9 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte,

respecto de la separación judicial o de hecho incluye la hipótesis del

divorcio en modo alguno puede avalarse, por tratarse de dos situaciones

no equiparables, a la luz de lo dispuesto por el numeral 62 del Código de

Familia que reza: “Los efectos de la separación judicial son los mismos que

los del divorcio, con la diferencia de que aquella no disuelve el vínculo,

subsiste el deber de fidelidad y de mutuo auxilio”. Con el divorcio se

disuelve el vínculo matrimonial, no existe ya la obligación de convivencia

ni de guardarse fidelidad ni de socorrerse mutuamente (artículo 34 de

dicho Código), mientras que en la separación judicial subsisten estas

obligaciones con excepción del deber de convivencia.

La demandada, en el ejercicio de las facultades que le

corresponden constitucionalmente, ha promulgado sucesivos reglamentos

para regular el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. El vigente actualmente

fue aprobado por la Junta Directiva de la Caja (ver artículo 14, inciso f) de

su Ley Constitutiva), en las sesiones n°s 6813 (artículo 11), 6822 (artículo

52), 6891 (artículo 35), 6895 (artículo 19) y 6898 (artículo 8), celebradas

por su orden, los días 24 de marzo y 28 de abril de 1994; 10 y 24 de enero

y 7 de febrero de 1995; y comenzó a regir a partir del 1° de febrero de

1995. El artículo 9 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte, en el cual

la actora ampara el derecho a la pensión que reclama, también ha sido

objeto de múltiples reformas y la norma vigente al momento de la

defunción del causante, establecía y establece: “Tiene derecho a pensión

por viudez: /

El cónyuge del asegurado fallecido o de la causante según

las siguientes condiciones: / a) El cónyuge sobreviviente que haya convivido

en forma continua y bajo el mismo techo y además haya dependido

económicamente del fallecido, mientras no contraiga nuevas nupcias, ni entre

en unión libre. / b) Cuando hubiere separación judicial o de hecho, el

cónyuge sobreviviente deberá probar que el asegurado fallecido le satisfacía

una pensión alimenticia en una cuantía acorde con las necesidades básicas

de subsistencia. / Se entenderá cumplido este requisito si se comprueba que

la pensión que realmente satisfacía el causante al momento de su deceso

satisfacía al menos el 50% de las necesidades del beneficiario. / (…) /

La

compañera o compañero económicamente dependiente del asegurado

fallecido que al momento de la muerte haya convivido al menos un año con él

o ella. El beneficio procederá cuando la convivencia sea continua, exclusiva,

bajo el mismo techo del asegurado o asegurada del o de la causante, en

condiciones de cooperación y mutuo auxilio, según calificación y

comprobación de los hechos que hará la Caja. Se exceptúa del derecho a

pensión al cónyuge, compañero o compañera sobreviviente del asegurado

fallecido, cuando es declarado autor o cómplice de la muerte del asegurado

en sentencia judicial…”. En las reformas, no se ha contemplado en forma

expresa la situación particular que ahora nos ocupa, de la ex-cónyuge

dependiente económicamente, que a raíz del divorcio recibe una pensión

alimentaria fijada en vía judicial. Sobre ese supuesto, esta Sala en el voto

105 de las 8:55 horas del 3 de marzo de 2006, en lo que interesa, señaló:

“… en tratándose de la interpretación de las normas relativas a la aplicación

de los beneficios jubilatorios, esta Sala ha admitido ampliamente la

aplicación del principio interpretativo “pro fondo”, en atención al resguardo

de las finanzas y del mantenimiento de los distintos fondos jubilatorios. Mas

el caso particular de la actora, presenta una particular situación. En primer

lugar, debemos considerar que nos ubicamos en el campo de la seguridad

social, en donde encuentran sustento aquellas normas especialmente

dispuestas para garantizar la supervivencia de las personas

económicamente dependientes de asegurados fallecidos, lo que se conoce

como pensión derivada. Dentro del régimen de seguridad social que

administra la Caja Costarricense de Seguro Social, y bajo el concepto de

‛pensión por viudez’, esa institución reglamenta la situación de aquellas

personas que, unidas por un vínculo afectivo o económico con el asegurado,

pueden resultar desprotegidas ante su muerte. El artículo 9, al que nos

hemos referido y con base en el cual ha sido discutido el derecho de la

actora, expresamente contempla el otorgamiento de ese beneficio al cónyuge

del asegurado fallecido, cuando hubiere separación judicial o de hecho,

debiendo el supérstite probar que el asegurado fallecido le satisfacía una

pensión alimenticia en una cuantía acorde con las necesidades básicas de

subsistencia. Según se observa, la norma no restringe el otorgamiento del

beneficio por derivación, al esposo o a la esposa del asegurado que conviva

con él o ella, sino que tutela a quien habiendo tenido una particular

vinculación jurídica con el/la asegurado/a fallecido/a mantuvo una

dependencia económica de aquél/la. De ello resulta que la tendencia a la

tutela efectiva dentro de un régimen de solidaridad nacional se orienta a la

protección contra el desamparo económico de quien depende económicamente

del/a asegurado/a. Esa misma razón ha sustentado la extensión de la

cobertura de protección al conviviente de hecho y más recientemente a aquel

o aquella que no siendo cónyuge o conviviente, en los términos indicados en

la norma, haya mantenido una relación estable y sostenida con el causante,

con la única condición de haber dependido económicamente del asegurado o

asegurada; concepto éste de dependencia que también es objeto de

interpretación. Ya esta Sala en ocasiones anteriores ha señalado que la

dependencia económica, no implica, necesariamente, que tenga que existir

una relación de dependencia absoluta. Si el monto de la ayuda que el

asegurado brinda es insuficiente, no puede pretenderse que el dependiente

sobreviva única y exclusivamente con ese monto, sacrificando necesidades

básicas y elementales del núcleo familiar, y negarse precisamente por esa

necesidad de sobrevivir que impone la búsqueda de un medio de vida, el

derecho a la pensión que se solicita. En el Voto N°136 de las 10:00 horas del

2 de diciembre de 1982, y refiriéndose a la teleología de la norma en

comentario, señaló que con la misma: ‛...se quiso evitar en lo posible, el que

se concedieran pensiones a aquéllos cónyuges que en realidad no la

necesitaban, pues estando separados de hecho podría presentarse el caso

-como ocurre muchas veces- que ambos cónyuges tengan o hagan vida

económicamente independiente por tener cada uno recursos propios y

suficientes... Tal sería el caso de una esposa, separada de su marido que

ejerce una profesión o un oficio remunerativo, o propietaria de bienes raíces o

de negocios con rentas fijas que le permitieren con holgura atender su

sostenimiento. En este último ejemplo y en otros similares, es lógico que al

morir el esposo, tiene toda vigencia la norma en comentario. Y tendría

también vigencia para el evento de que el esposo, separado de hecho, con

recursos propios, si su esposa fallece, pretendiera una pensión a cargo de la

Caja...’. Dentro de esa tendencia, el inciso 2) del artículo 9) fue recientemente

reformado, en los siguientes términos: ‛En el evento que no existiera cónyuge

ni compañera o compañero en las condiciones de los incisos 1) y 2) de este

artículo la Junta Directiva de la Caja podrá otorgar el beneficio de pensión

por muerte, previo estudio y recomendación por parte de la Gerencia de la

División de Pensiones, a la compañera o compañero del fallecido (a) que haya

mantenido una relación estable y sostenida con el o la causante y que haya

existido dependencia económica absoluta y total al momento del

fallecimiento, lo cual se entiende en el sentido de que el único ingreso que

percibía la compañera o compañero provenía del fallecido.’ (Así adicionado

mediante sesión n° 7717 de 19 de diciembre de 2002.) En este mismo

sentido, en el voto de la Sala Constitucional n° 10162-01 de las 14:53 horas

del 10 de octubre de 2001, traído a colación tanto por la actora como por el

tribunal, se dijo: ‛Asimismo, debe recordarse que la pensión por viudez no es

una consecuencia directa del matrimonio, es decir, no es por la condición de

ser el esposo o la esposa del fallecido la que genera el derecho a la pensión,

sino el hecho de haber convivido, o al menos depender económicamente de

aquél; en tanto el importe de la pensión pretende sustituir la ayuda que el

fallecido otorgaba a las personas que de él dependían, sean o no cónyuges,

de manera que no queden en la indigencia, a fin de que pueda percibir un

ingreso que le permita hacerle frente a sus necesidades básicas.

Precisamente su fundamento se origina en los principios que orientan el

Derecho de la Seguridad Social, cuales son el de necesidad y solidaridad

social, derecho que ha sido reconocido con anterioridad en la jurisprudencia

constitucional...’. Dentro de un régimen de solidaridad nacional, contenido

expresamente en el artículo 74 Constitucional, por el cual se debe garantizar

la asistencia a las personas en necesidad, si el artículo 9, otorga el derecho a

la pensión por viudez a quien estuvo vinculado jurídicamente con el

asegurado, pero que se encuentra separado mediante una resolución

judicial que así lo declara, en tanto depende económicamente del asegurado

o asegurada fallecidos; la igualdad de razones aconseja que la situación de

la ex-esposa dependiente económicamente, quien recibe una pensión

alimentaria del asegurado fallecido, pueda ser tutelado por esa misma

disposición. Se reitera, la razón de ser de la pensión por viudez es procurar

una subvención económica a fin de no dejar económicamente desamparadas

a aquellas personas que dependían para su subsistencia del/a asegurado/a

fallecido/a, quien por un tiempo cotizó para esa cobertura, para que sus

dependientes no queden en la indigencia, o bien mantengan el mismo nivel

de vida que el/la asegurado/a les proveía. Esa es la misma situación

contemplada en el artículo 57 párrafo 3) del Código de Familia, que autoriza

a los tribunales para que, al decretar el divorcio y por ende disolverse el

vínculo matrimonial, se imponga según las circunstancias, a uno de los

cónyuges y en beneficio del otro, una obligación alimentaria. Una de esas

circunstancias, es precisamente el estado de necesidad económica, lo cual

evidencia que la sola existencia del vínculo jurídico matrimonial mantiene

algunas consecuencias económicas aún después de disuelto…”. En los

autos está acreditado que el fallecido, a pesar de que estaba divorciado de

la aquí actora, le cancelaba una pensión alimentaria fijada en vía judicial

(folios 1 a 3, 37 a 39), lo que le permitía a ella satisfacer sus necesidades.

Por ello, al igual que lo resolviera el fallo impugnado, se estima por las

razones que ahora se dan que la condición de la actora sí se enmarca

dentro del supuesto de la norma con que pretende la pensión reclamada,

razón por la cual se ha de confirmar lo resuelto.