Resolución 00459

La parte actora, en escrito fechado veinte de abril de dos mil dos,

promovió la presente acción para que en sentencia se declarara:

Que no

surte efecto ni tiene valor ni eficacia jurídica la cláusula de testamento

otorgada por don [Nombre 005] ante el notario Eladio

Trejos Flores a las quince horas del 25 de mayo de 1987, en cuanto

dispone legar las acciones de su propiedad en la Canada Dry a sus hijos

[Nombre 007] y [Nombre 008], ambos de apellidos [Nombre 004], en cuanto se

entienda, que esa disposición testamentaria abarca mi derecho a

gananciales sobre dicho paquete accionario; 2.) Que el legado que hace

don [Nombre 021] en su testamento, de las acciones de la

antigua Canada Dry a favor de sus hijos [Nombre 009] y [Nombre 010], ambos de

apellidos [Nombre 004], sólo tiene valor legal y eficacia jurídica tan

sólo en el remanente después de respetarse el derecho a gananciales que le

corresponden a la actora; 3.) Que el señor representante de la antigua

Canada Dry Bottling Company of Costa Rica Sociedad Anónima carece de

todo derecho para interpretar y disponer el valor y alcance legal del

testamento otorgado por don [Nombre 021], esencialmente

en cuanto al legado de las acciones de la Canada Dry, y queda obligado a

respetar y cumplir lo que sobre el particular disponga mediante resolución

firme, el Juzgado Sexto Civil de San José, encargado de tramitar la

sucesión de dicho causante; 4.) Que se declare la nulidad de todo acto de

disposición que haya realizado la antigua Canada Dry, hoy Embotelladora

Candry de Costa Rica S.A. con respecto a las acciones, y derechos

inherentes a las mismas, propiedad del causante en dicha sociedad que

contradiga o se oponga a lo que el Juzgado encargado de tramitar la

sucesión de [Nombre 021] disponga sobre la propiedad de

las mismas.; 5.) Que se declare la nulidad del pago de acciones,

dividendos, utilidades y réditos devengados por las acciones que le

corresponden a la actora a título de gananciales, que la Canada Dry le

haya hecho a cualesquiera persona distinta de la actora desde el deceso

del causante; 6.) Que la compra de las acciones que la Canada Dry le

pudiera haber hecho a los señores [Nombre 010] y/o [Nombre 008], ambos de apellidos

[Nombre 004], o el pago de dividendos o utilidades, que les haya

hecho a dichos señores, considerándolos legatarios o dueños de las

mismas, no enerva ni perjudica los derechos de las acciones que por

concepto de gananciales le corresponden a la actora, cuyo pago debe

realizar la antigua Canada Dry, hoy Embotelladora Candry de Costa Rica

Sociedad Anónima; 7.) Se condene a la Canada Dry Bottling Company of

Costa Rica Sociedad Anónima, hoy Embotelladora Candry de Costa Rica

Sociedad Anónima a pagarle a la actora lo que le corresponde junto con

sus réditos, más la indemnización por la devaluación de la moneda, hasta

el día de su efectivo pago, por las acciones que le corresponde a ella en la

antigua Canada Dry, a título de gananciales del paquete accionario que fue

propiedad del señor [Nombre 021] desde la fecha de su

deceso; 8.) Que el traspaso que hizo la co-demandada Canada Dry de las

fincas de su propiedad, Partido de San José, matrículas números [...] para constituir

de consumo con el codemandado [Nombre 004] la sociedad

“Parqueo El Abuelo Limitada”, en realidad es un acto colusivo para

desmejorar el patrimonio de la Canada Dry, en perjuicio de los gananciales

que le corresponden a la actora en dicha corporación. Por dicho motivo se

declare la nulidad del traspaso de las fincas del Partido de San José,

número [Valor 001] y [Valor 002] a favor de la sociedad Parqueo El Abuelo

Limitada, sin que por la declaración de esta nulidad se afecte los créditos

hipotecarios constituidos por dicha sociedad a favor de terceros de buena

fe. Se ordene inscribir la nulidad decretada en el Registro Público mediante

ejecutoria que al efecto se expedirá; 9.) Que se condene a Parqueo El

Abuelo Limitada a rendir cuentas claras y detalladas en un plazo de un

mes a partir de la firmeza de la sentencia de las utilidades producidas por

Parqueo El Abuelo Limitada desde su formación el día veintidós de marzo

de 1994, hasta el presente. En caso de renuncia de la co-demandada a

cumplir con dicha orden, esas cuentas serán elaboradas por un perito, por

cuenta de los codemandados; 10.) Que se condene en forma solidaria a los

co-demandados a pagarle a la actora el importe que proporcionalmente le

corresponda por sus acciones en la Canada Dry de las utilidades

producidas por Parqueo El Abuelo Limitada durante su funcionamiento;

11.) Que si por motivo de las hipotecas constituidas por Parqueo El Abuelo

Limitada, no pudieren reintegrarse a la Canada Dry las fincas del Partido

de San José matrículas [Valor 001] y [Valor 002], se condene

solidariamente a los co-demandados a pagarle a la actora lo que pudiere

corresponderle por sus acciones en la Canada Dry, sobre el valor de dichos

inmuebles, según tasación de peritos que se hará en ejecución de

sentencia; 12.) Que corren por cuenta de los demandados el pago de

ambas costas de esta acción. (Sic)

Los apoderados especiales judiciales de las co-demandadas

contestaron en los términos que indicarion en el memorial de fecha ocho

de octubre de dos mil dos y opusieron las excepciones de falta de

legitimación activa y pasiva, falta de derecho, caducidad y prescripción.

El Juzgado Primero de Familia del Primer Circuito Judicial de

San José, por sentencia de las diecinueve horas veintitrés minutos del

treinta de abril de dos mil doce, dispuso: "Se rechaza el incidente de

hechos nuevos, por no ser hechos los alegados por la parte actora, se

acoge parcialmente en lo que corresponde a documentos complementarios,

en ese orden se admiten: los documentos de folios 599 al 617 y del 656 al

657. Se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho, en lo que

corresponde a las pretensiones que se rechazaron, en cuanto a las

excepciones de falta de legitimación ad causan pasiva y activa, pues si le

asistía legitimación a la actora para reclamar sus gananciales y para

dirigirse contra la sucesión, la sociedad Embotelladora Candry, y sus

representantes, por cuanto dichas personas fisicas y jurídicas realizaron

actos que perjudicaron los intereses de la parte actora en lo relativo a la

liquidación de sus gananciales, no así en cuanto a la sociedad Parqueo El

Abuelo Ltda que no debió ser demandada. Se rechazan las excepciones de

cosa Juzgada y prescripción. Se declara parcialmente con lugar la

demanda Ordinaria que planteara [Nombre 011] en

contra de la sucesión de [Nombre 005], Canada Dry

Bottling Company of Costa Rica S.A. hoy Embotelladora Candry S.A.

Parqueo El Abuelo Ltda y [Nombre 004], conforme se dirá:

Así se dispone, que resulta innecesario anular la cláusula sexta del

testamento, donde don [Nombre 005] legó a sus hijos

[Nombre 007] y [Nombre 008] las acciones que tenía en la sociedad Embotelladora

Candry S.A, pues no es posible transmitir propiedad vía testamento, sino

de los bienes y derechos que son propios de la persona que hace la

liberalidad. Basta con interpretar como es lo correcto, que el causante solo

dispuso de lo que era su derecho, para legarlo a sus dos hijos de primer

matrimonio. Es decir, dispuso y legó a sus hijos [Nombre 007] y [Nombre 008] 904

acciones, pues el valor neto de las restantes 613 acciones que implican las

1517 acciones que tenía el causante al morir, habría que respetarlo, para

que en su momento se liquide el derecho de participación que le

corresponde a la actora. En consecuencia, sobre el legado que hizo el

causante a sus hijos de primer matrimonio [Nombre 007] y [Nombre 008], de sus

acciones en esa compañía, solo surtiría valor legal y eficacia jurídica sobre

el remanente, después de respetarse el derecho de gananciales de la

actora, derecho que se establece en el 50% del valor neto de 1226 acciones

que tenía el causante en la sociedad Embotelladora Candry S.A, lo que

corresponde al valor que representan 613 acciones. En razón de lo cual

tendrá derecho la sucesión de la actora, a que se le retribuya el derecho a

gananciales aquí discutido, en relación con el valor que representen esas

613 acciones, al momento de aprobarse la cuenta partición dentro del

sucesorio, conforme a lo que dispone el artículo 928 del Código

Procesal Civil dentro de ese proceso, conforme a la ampliación el

peritaje que consta a folios 899-914, que le da un valor a cada acción de

1.201.384.19 colones,( un millón doscientos un mil trescientos ochenta y

cuatro colones con diecinueve centimos) es decir el valor neto de las

seiscientas trece acciones referidas, según esa estimación pericial,

equivaldría a 736.448.508.47 colones ( setecientos treinta y seis

millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos ocho colones

con cuarenta y siete céntimos). De igual forma se dispone que el

representante legal de la Sociedad Embotelladora Candry S.A,[Nombre 013], no tiene facultad para interpretar y disponer del

alcance legal del testamento otorgado por el causante, eso es propio de la

labor del juzgador dentro del proceso sucesorio. En cuanto a la entrega a

los legatarios de las acciones que les legó el causante y sus frutos

(utilidades) tal disposición fue anticipada, y debió reservarse la

distribución de esas utilidades para la partición final, conforme a lo que

establece el artículo 922 y 928 del Código Procesal Civil, pese a la

disposición del artículo 606 de cita. Sin embargo, tal disposición no es

suficiente para determinar que hubo una colusión entre el representante

de la compañia [Nombre 020] y los legatarios para perjudicar a la

actora, puesto que no hubo mala fe de lo actuado y dicha actuación se

amparó en la norma 606 de cita. Por improcedentes se rechazan las

pretensiones numeradas de las 4 a la 11, por cuanto la actora carece de

derecho para exigirle cuenta a la compañía Embotelladora Candry S. A por

sus negocios y actuaciones, al no ser ella titular de las acciones, ni tener

derecho de copropiedad sobre las mismas, como también para exigir rendir

cuentas a la sociedad Parqueo El Abuelo S.A. Se condena a la sucesión de

don [Nombre 005] al pago de ambas costas del juicio, se exonera a

los restantes co-demandados, por haberse acogido importantes defensas

opuestas..." .(Sic)

Ambas partes apelaron y el Tribunal de Familia del Primer

Circuito Judicial de San José, por sentencia de las catorce horas treinta

minutos del ocho de marzo de dos mil trece, resolvió: "En lo apelado se

confirma la sentencia recurrida".

Los apoderados especiales judiciales de la parte actora

formularon recurso para ante esta Sala en escrito presentado el treinta de

octubre de dos mil trece, el cual se fundamenta en los motivos que se

dirán en la parte considerativa.

En los procedimientos se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta la Magistrada Camacho Vargas; y,

I.-

La actora formuló demanda para que se

declarara “1. Que no surte efecto ni tiene valor ni eficacia jurídica la cláusula

de testamento otorgada por don… ante el notario…, a las quince horas del 25

de mayo de 1987, en cuanto dispone legar las acciones de su propiedad en

Canada Dry a sus hijos [Nombre 007] y [Nombre 008], ambos de apellidos [Nombre 004], en el tanto y en el cuanto se entienda, que esa disposición

testamentaria abarca mi derecho a gananciales sobre dicho paquete

accionario.

Que el legado que hace don… en su testamento de las acciones

de la antigua Canada Dry a favor de sus hijos [Nombre 009] y [Nombre 010], ambos de

apellidos [Nombre 004], sólo tiene valor legal y eficacia jurídica tan

sólo en el remanente después de respetarse el derecho a gananciales que le

corresponden a la actora, sobre las mismas.

Que el señor representante

de la antigua Canada Dry Bottling Company of Costa Rica S.A. carece de

todo derecho para interpretar y disponer el valor y alcance legal del

testamento otorgado por don..., esencialmente en cuanto al legado de la

acciones de la Canada Dry, y queda obligado a respetar y cumplir lo que

sobre le particular disponga mediante resolución firme, el Juzgado Sexto Civil

de San José, encargado de tramitar la sucesión de dicho causante.

Que se

declare la nulidad de todo acto de disponga que haya realizado la antigua

Canada Dry, hoy Embotelladora Candry de Costa Rica S.A. con respecto a

las acciones, y derechos inherentes a las mismas, propiedad del causante en

dicha sociedad que contradiga o se oponga a lo que el Juzgado encargado de

tramitar la sucesión de…, disponga sobre la propiedad de las mismas.5) Que

se declare la nulidad del pago de acciones, dividendos, utilidades y réditos

devengados por las acciones que le corresponden a la actora a título de

gananciales, que la Canada Dry le haya hecho a cualesquiera persona

distinta de la actora desde el deceso del causante.

Que la compra de las

acciones que la Canada Dry le pudiera haber hecho a los señores [Nombre 010]

y/o [Nombre 008], ambos de apellidos [Nombre 004], o el pago de

dividendos o utilidades, que les haya hecho a dichos señores,

considerándolos legatarios o dueños de las mismas, no enerva ni perjudica

los derechos de las acciones que por concepto de gananciales le

corresponden a la actora, cuyo pago debe realizar la antigua Canada Dry.,

hoy Embotelladora Candry de Costa Rica S.A.

Se condene a la Canada

Dry Bottling Company of Costa Rica S.A., hoy Embotelladora Candry de

Costa Rica S.A. a pagarle a la actora lo que le corresponde junto con sus

réditos, más la indemnización por la devaluación de la moneda, hasta el día

de su efectivo pago, por las acciones que le corresponde a ella en la antigua

Canada Dry, a título de gananciales del paquete accionario que fue

propiedad del señor…, desde la fecha de su deceso.

Que el traspaso que

hizo la codemandada Canada Dry de las fincas de su propiedad, Partido de

San José, matrículas números [...] para constituir de consuno con el codemandado…la

sociedad “Parqueo El Abuelo Limitada”, en realidad es un acto colusivo para

desmejorar el patrimonio de la Canada Dry, en perjuicio de los gananciales

que le corresponden a la actora en dicha corporación. Por dicho motivo se

declara la nulidad del traspaso de las fincas del Partido de San José,

número [Valor 001] y [Valor 002] a favor de la sociedad Parqueo El Abuelo

Limitada, sin que por la declaración de esta nulidad se afecte los créditos

hipotecarios constituidos por dicha sociedad a favor de terceros de buena fe.

Se ordena inscribir la nulidad decretada en el Registro Público mediante

ejecutoria que al efecto se expedirá.

Que se condene a Parqueo El Abuelo

Limitada a rendir cuentas claras y detalladas en un plazo de un mes a partir

de la firmeza de la sentencia de las utilidades producidas por Parqueo El

Abuelo Limitada desde su formación el día veintidós de marzo de 1994,

hasta el presente. En caso de renuncia de la codemandada a cumplir con

dicha orden, esas cuentas serán elaboradas por un perito, por cuenta de los

codemandados.

Que se condena en forma solidaria a los codemandados

a pagarle a la actora el importe que proporcionalmente le corresponda a la

actora por sus acciones en la Canada Dry de las utilidades producidas por

Parqueo El Abuelo Limitada durante su funcionamiento.

Que si por motivo

de las hipotecas constituidas por Parqueo El Abuelo Limitada, no pudieren

reintegrarse a la Canada Dry las fincas del Partido de San José, matrículas

[Valor 001] y [Valor 002], se condene solidariamente a los codemandados a

pagarle a la actora lo que pudiere corresponderle por sus acciones en la

Canada Dry, sobre el valor de dichos inmuebles, según tasación de peritos

que se hará en ejecución de sentencia.

Que corren por cuenta de los

demandados el pago de ambas costas de esta acción” (folios 84 a 95). Los

representantes de la empresa Embotelladora Candry de Costa Rica S.A.,

contestaron la demanda en términos negativos y opusieron las excepciones

de falta de legitimación activa y pasiva, caducidad, prescripción y falta de

derecho (folios 128 a 138). El representante de la Sucesión del señor

[Nombre 005] y de la sociedad Parqueo El Abuelo Limitada también

contestó la demanda negativamente e interpuso las mismas excepciones

(folios 144 a 158). En primera instancia, se resolvió: “Se rechaza el

incidente de hechos nuevos, por no ser hechos los alegados por la parte

actora, se acoge parcialmente en lo que corresponde a los documentos

complementarios, en ese orden se admiten: los documentos de folios 599 al

617 y del 656 al 657. Se acoge parcialmente la excepción de falta de

derecho, en lo que corresponde a las pretensiones que se rechazaron, en

cuanto a las excepciones falta de legitimación ad causam pasiva y activa,

pues si le asistía legitimación a la actora para reclamar sus gananciales y

para dirigirse contra la sucesión, la sociedad Embotelladora Candry, y sus

representantes, por cuanto dichas personas físicas o jurídicas realizaron

actos que perjudicaron los intereses de la parte actora en lo relativo a la

liquidación de sus gananciales, no así en cuanto a la sociedad Parqueo El

Abuelo Ltda., que no debió ser demandada. Se rechazan las excepciones de

cosa juzgada y prescripción. Se declara parcialmente con lugar la demanda

ordinaria que planteara…. en contra de la sucesión de … [Nombre 005], Canada Dry Bottling Company of Costa Rica S.A. hoy

Embotelladora Candry S.A, Parqueo El Abuelo Ltda. y …[Nombre 004],

conforme se dirá: Así se dispone, que resulta innecesario anular la cláusula

sexta del testamento, donde don… [Nombre 005] legó a sus hijos

[Nombre 007] y [Nombre 008] las acciones que tenía en la sociedad Embotelladora Candry

S.A., pues no es posible trasmitir propiedad vía testamento, sino de los

bienes y derechos que son propios de la persona que hace la liberalidad.

Basta con interpretar como es lo correcto, que el causante solo dispuso de lo

que era su derecho, para legarlo a sus dos hijos del primer matrimonio. Es

decir, dispuso y legó a sus hijos [Nombre 007] y [Nombre 008] 904 acciones, pues el valor

neto de las restantes 613 acciones que implican las 1517 acciones que tenía

el causante al morir, habría que respetarlo, para que en su momento se

liquide el derecho de participación que le corresponde a la actora. En

consecuencia, sobre el legado que hizo el causante a sus hijos del primer

matrimonio [Nombre 007] y [Nombre 008], de sus acciones en esa compañía, solo surtiría

valor legal y eficacia jurídico sobre el remanente, después de respetarse el

derecho de gananciales de la actora, derecho que se establece en el 50% del

valor neto de 1226 acciones que tenía el causante en la sociedad

Embotelladora Candry S.A., lo que corresponde al valor que representan 613

acciones. En razón de lo cual tendrá derecho la sucesión de la actora, a que

se le retribuya por parte de la sucesión coaccionada, el derecho a

gananciales aquí discutido, en relación con el valor que representan esas

613 acciones, al momento de aprobarse la cuenta partición dentro del

sucesorio, conforme a lo que dispone el artículo 928 del Código

Procesal Civil dentro de ese proceso, conforme a la ampliación del

peritaje que consta a folios 899-914, que le va un valor a cada acción de

1.201.384.19 colones (un millón doscientos un mil trescientos ochenta y

cuatro colones con diecinueve céntimos) es decir el valor neto de las

seiscientas trece acciones referidas, según esa estimación pericial,

equivaldría a 736.448.508,47 (setecientos treinta y seis millones

cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos ocho colones con

cuarenta y siete céntimos). De igual forma se dispone que el

representante legal de la sociedad Embotelladora Candry S.A., … [Nombre 005], no tiene facultad para interpretar y disponer del alcance legal del

testamento otorgado por el causante, eso es propio de la labor del juzgador

dentro del proceso sucesorio. En cuanto a la entrega a los legatarios de las

acciones que les legó el causante y sus frutos (utilidades) tal disposición

fue anticipada, y debió reservarse la distribución de esas utilidades para

la participación final, conforme a lo que establece el artículo 922 y 928 del

Código Procesal Civil, pese a la disposición del artículo 606 de cita. Sin

embargo, tal disposición no es suficiente para determinar que hubo una

colusión entre el representante de la compañía…[Nombre 021] y los legatarios

para perjudicar a la actora, puesto que no hubo mala fe de lo actuado y

dicha actuación se amparó en la norma 606 de cita. Por improcedentes se

rechazan las pretensiones numeradas de la 4 a la 11, por cuanto la actora

carece de derecho para exigirle cuentas a la compañía Embotelladora Candry

S.A. por sus negocios y actuaciones, al no ser ella titular de las acciones, ni

tener derecho de copropiedad sobre las mismas, como también para exigir

rendir cuentas a la sociedad Parqueo El Abuelo S.A. Se condena a la

sucesión de don… al pago de ambas costas del juicio, se exonera a los

restantes co-demandados, por haberse acogido importantes defensas

opuestas” (folios 1187 a 1206 y 1212). Contra ese fallo se formularon

recursos de apelación (folios 1210, 1216, 1230 a 1239, 1250 y 1252 a

1253. Ver en relación los folios 1287 a 1288). El Tribunal de Familia,

confirmó la sentencia recurrida (folios 1298 a 1305).

AGRAVIOS: Ante la Sala se formulan dos recursos de casación.

a) Recurso de la sucesión actora: En primer término se reprocha que las

sentencias de primera y segunda instancias, confundieron la pretensión de

la actora, la cual estaba dirigida a evitar el desmembramiento de los

derechos y el empobrecimiento de las acciones de Embotelladora Candry

S.A. Se buscaba que esas acciones mantuvieran el valor que ostentaban al

momento del fallecimiento del causante [Nombre 005] y, en

consecuencia de las actuaciones de los codemandados se procediera a

indemnizar el detrimento patrimonial sufrido, máxime cuando se logró

determinar que esa empresa no se encontraba en operación comercial. Se

reclama también error de derecho en el justiprecio del documento que rola

a folio 79, en el cual el representante de dicha sociedad le comunicó al juez

de la sucesión que ésta había cesado operaciones desde el primer trimestre

de 1993, pues no se consideró el valor demostrativo que la ley le asignaba

al mismo. En tal sentido, estima lesionados los numerales 368, 372 y 330

del Código Procesal Civil; 8 y 41 del Código de Familia; 20 a 22, 521, 1045

a 1046 del Código Civil y, 41 y 129 de la Constitución Política. Así, si esa

sociedad anónima había cesado operaciones no resulta posible que el 22

de marzo de 1994 se diera lugar a la formación de la empresa

codemandada Parqueo El Abuelo LTDA, con aporte de capital de 2 terrenos

valiosos por parte de la citada embotelladora, los cuales se remataron por

el no pago de las obligaciones contraídas. En esa dirección, valora lo

sucedido como actos de colusión en demérito de los gananciales de la

demandante, pues esas acciones tenían como finalidad disminuir el valor

de los gananciales que le correspondían y, cuyos bienes se encuentran

gravados de pleno de derecho desde la muerte del causante. Sintetiza que

la empresa que cesa operaciones no hace negocios, ni compromete su

patrimonio y, mucho menos, participa en la creación de otra compañía. En

su opinión se advierte un abuso de derecho, por la desintegración

patrimonial del valor de las acciones de CANADA DRY BOTTILING

COMPANY DE COSTA RICA S.A. (hoy EMBOTELLADORA CANDRY DE

COSTA RICA), en perjuicio de la accionante, circunstancia que impone que

las demandadas deban indemnizar el detrimento patrimonial del ganancial

sufrido por la accionante. También se alega violación directa de la ley de

fondo. Considera que no se aplicó la norma del 606 del Código Civil o no se

hizo correctamente, toda vez que con el criterio de los juzgadores se

trasladó a la sucesión una obligación de pago que no le correspondía y se

relevó a la embotelladora coaccionada de reembolsar las sumas que por

concepto de utilidades fueron entregadas erróneamente a personas que no

estaban legitimadas en ese momento. Estima que mediaban

circunstancias que enervaban la aplicación de esa norma, a saber: el

gravamen o derecho a gananciales que ostentaba la actora. En esa

dirección, refiere se desaplicó la doctrina de los artículos 607 y 608 ídem,

lo que obligaba a los legatarios a asumir una actitud prudente, pues en

virtud de ese gravamen debieron esperar a que el juez del sucesorio los

autorizara a entrar en posesión y, por consiguiente, a disponer de lo

recibido. De igual modo, se consideran quebrantados los numerales 922 y

928 del Código Procesal Civil y 606 del Código Civil, que compelen a la

sucesión a indemnizar a la actora, cuando en realidad debió obligarse a los

demandados a devolverle a la universalidad lo que a ésta le correspondía.

Advierte que aquí se hizo un pago indebido a personas que no ostentaban

la calidad de acreedores, debiendo aplicarse las normas de los artículos

766, 767 a contrario sensu y 803 párrafo primero del Código Civil, las

cuales fueron desconocidas por los juzgadores porque valoraron que en el

proceso no se acreditaron los supuestos fácticos en ellas contenidos.

Refiere, con base en esas disposiciones, que el pago de los dividendos y

sus frutos debió hacerlo la sucesión. En ese sentido, argumenta:

“Condenar al proceso sucesorio en una cuenta partición, a indemnizar el acto

prematuro e indebido de EMBOTELLADORA CANDRY S.A., por el pago de los

dividendos supra que efectuó, nos revela el desconocimiento o confusión que

acontece en la mente de los juzgadores respecto de la verdadera identidad

de la deudora, que no es otra que la citada mercantil, quien de haber hecho

el pago en tiempo, no tendría que reponer el valor depreciado de ese pago,

precisamente el valor real del derecho de gananciales de la actora” (folio

1378). Por las razones expuestas, solicita casar la sentencia recurrida y

acoger las pretensiones de la actora identificadas con los numerales 4 a 7

(folios 1366 a 1381). b) Recurso de la sucesión codemandada: Se acusa

incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de la actora, por lo que

considera se incurrió en el vicio de ultra petita en los términos del numeral

99 del Código Procesal Civil. Manifiesta que la actora nunca solicitó que se

declarara la cuantificación de su derecho y en ningún momento aportó

documentación en torno a tal propósito. Así, califica que el tribunal en

virtud de una errónea interpretación y de un exceso de sus facultades,

cuantifica el valor del ganancial a partir del avalúo presentado. Sobre el

particular, acusa que el avalúo es una pericia propia del sucesorio, que no

se consideró que la cuenta partición no se había realizado, que la actora es

legataria y cesionaria de derechos hereditarios y que el avalúo se realizó

sobre la totalidad de los bienes sin discriminar cuáles fueron adquiridos

antes y después de la relación matrimonial entre causante y actora.

Estima que el a quo se excedió en sus funciones, toda vez que existía un

proceso sucesorio, en el que se tenía reconocido el derecho a gananciales

de la actora sobre las acciones en disputa. Además, cree que el juzgador

no tenía todos los elementos para fijar el valor neto que a ésta le

correspondía (artículo 41 del Código de Familia), lo que sí podía establecer

el juez de la sucesión. Al respecto, cita los numerales 927 y 928 del Código

Civil y 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En las razones de fondo por

incorrecta apreciación de la prueba contenida en los folios 899 a 916,

relativa al avalúo ordenado en el sucesorio, cuestiona que el citado avalúo

estaba viciado de nulidad, sin embargo, esas nulidades sólo podían

alegarse en aquel proceso. Refiere que los juzgadores de aquel proceso

ordenaron “revisar el avalúo”, pero nunca un nuevo avalúo del bien

inventariado pretendido por la actora. Además, cita que esa información

existe en el expediente como prueba para apoyar sus pretensiones en

contra de Parqueo El Abuelo y Embotelladora Candry. En este sentido

argumenta: “El avalúo ofrecido hace una tasación general de lo que la perito

consideró era el valor actual de todos los haberes de la empresa

Embotelladora Candry Sociedad Anónima, en virtud de que así lo ordenó el

Juez a cargo de la Sucesión y a efecto de uno de los bienes inventariados en

la Sucesión, cual es las acciones propiedad del causante en dicha empresa.

El informe en cuestión valora los ACTIVOS DE LA EMPRESA y asigna un

valor individual a cada acción”, pero no distingue el valor de estas para el

cálculo de los gananciales, pues debió estimarse que la embotelladora

demandada existía desde años antes del matrimonio al grado que el a quo

excluyó 291 acciones. Además, que los aumentos de capital fueron por

revalorización de los inmuebles propiedad de la empresa, pero no por

inyección de dinero en efectivo. Con carácter de prueba para mejor resolver

aporta certificaciones registrales de compraventa de las fincas de folios

reales [Valor 002]0 y 169168-000, las cuales tuvieron lugar antes de que la

actora contrajera matrimonio con el señor [Nombre 021]. Incluso, señaló que

la propiedad de folio real 80082-000 se adquirió más de un año después

del fallecimiento de éste. De este modo, concluye que es en el proceso

sucesorio que “se debe determinar y establecer EL VALOR NETO DE LOS

BIENES GANANCIALES que proporcionalmente le corresponden a la actora,

luego de que se hayan valorado correctamente los bienes adquiridos dentro

del matrimonio y que corresponden al legítimo derecho de ganancialidad de

la actora, y luego también de que se hayan atendido incluso las deudas de

los bienes sobre los cuales tiene la actora derecho a ganancialidad” (folio

1389). Con base en esas razones, solicita casar la sentencia recurrida

(folios 1384 a 1390).

DEL RECURSO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA

INSTANCIA: El artículo 591 del Código Procesal Civil establece: “El

recurso de casación procederá contra las siguientes resoluciones:/

Contra

las sentencias y autos con carácter de sentencia enumerados en los incisos

y 4) del artículo 153, dictados por los tribunales superiores civiles en

los procesos ordinarios o abreviados, conforme con la cuantía que para este

recurso establezca la Corte Plena, o cuya cuantía sea inestimable./2) Contra

las resoluciones a que se refiere el inciso anterior, que produzcan cosa

juzgada material, dictadas en los demás procesos de cuantía superior a la

fijada por la Corte Plena./

Contra las sentencias definitivas o autos con

carácter de sentencia, dictados por los tribunales superiores civiles en

asuntos sometidos a su conocimiento en única instancia, siempre que su

cuantía sea inestimable o exceda de la fijada por la Corte Plena./

En los

demás casos que establezca expresamente la ley./ Para ocursos no rige la

regla de la cuantía” (énfasis suplido). En consecuencia, los agravios

externados por la parte recurrente, en cuanto están dirigidos contra el fallo

de primera instancia, no pueden atenderse, pues, en aplicación de dicha

norma, en un caso como el presente, el recurso de casación sólo procede

contra la sentencia dictada por el tribunal y no respecto de la pronunciada

por el juzgado.

DE LA PRUEBA OFRECIDA ANTE LA SALA: En el recurso, en

lo conducente, expresamente se ofrecieron las certificaciones registrales de

compraventa de las fincas de folios reales 80082-000, 102106-000 y

169168-000, tendientes a acreditar que éstas tuvieron lugar antes de que

la actora contrajera matrimonio con el señor [Nombre 021] e, incluso la

primera se adquirió más de un año después de su fallecimiento (folios

1390 y 1392 a 1402). Esa prueba no es atendible. El artículo 609 del

Código Procesal Civil textualmente reza: “Prohibición para recibir

prueba. Ante la sala de casación no podrá proponerse ni recibirse prueba,

ni le será permitido admitir prueba para mejor proveer, salvo que se trate de

documentos públicos de influencia efectiva en la decisión de la litis, y

siempre que consten en el proceso o que hayan sido presentados con el

recurso o con el escrito de ampliación./ Además, podrá traer por vía de

ilustración, cualquiera otros procesos o expedientes relacionados con el

asunto pendiente de resolución”. La prueba para mejor proveer puede ser

ordenada por quien administra justicia, en el ejercicio de una potestad

jurisdiccional. Por otro lado, de acuerdo con la norma transcrita, ésta tiene

límites, a saber, debe tratarse de documentos públicos de influencia

efectiva en la decisión de la litis. No obstante, la Sala considera que dicha

documentación no resulta indispensable para resolver, por lo que no

estamos en presencia de un caso que amerite ejercer dicha

facultad. Nótese el tiempo transcurrido, conforme a los términos expuestos

por la parte recurrente, por lo que no se comprende que este aspecto no

fuera alegado o planteado en su oportunidad junto con la prueba

pertinente que ahora se aporta.

SOBRE LA INCONGRUENCIA ALEGADA: El artículo 594 del

Código Procesal Civil dispone: “Casación por razones procesales. Procederá

el recurso por razones procesales:

Por falta de emplazamiento o

notificación defectuosa de éste, no sólo a las partes sino a los intervinientes

principales.

Por denegación de pruebas admisibles o falta de citación para

alguna diligencia probatoria durante la tramitación, cuyas faltas hayan

podido producir indefensión.

Si el fallo fuere incongruente con las

pretensiones oportunamente deducidas por las partes, u omitiere hacer

declaraciones sobre alguna de tales pretensiones, hechas a su tiempo en el

pleito, o si otorgare más de lo pedido, o contuviere disposiciones

contradictorias. No obstante, no será motivo de nulidad la omisión de

pronunciamiento en cuanto a costas; o sobre incidentes que no influyan de

modo directo en la resolución de fondo del negocio; o cuando no se hubiere

pedido adición del fallo para llenar la omisión; de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 158.

Si el proceso no fuere de competencia de los tribunales

civiles, ya sea por razón del territorio nacional o por razón de la materia.

5)

Si la sentencia se hubiere dictado por menor número de los jueces superiores

que el señalado por la ley.

Cuando la sentencia haga más gravosa la

situación del único apelante.

Cuando se omiten o no se den completos los

plazos para formular alegatos de conclusiones o de expresión de agravios,

salvo renuncia de la parte”. El inciso 3), del citado numeral contempla la

incongruencia del fallo como motivo de casación por la forma. El principio

de congruencia en materia procesal está contemplado en los numerales

99, 153 y 155, todos del Código Procesal Civil. De conformidad con dicha

normativa, el juzgador debe dictar la sentencia dentro de los límites

establecidos en la demanda, estándole prohibido pronunciarse sobre

cuestiones no debatidas respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de

la parte. De igual forma, las sentencias deben resolver todos y cada uno de

los puntos que hayan sido objeto del debate y no podrán comprender otras

cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que se hubiere

pedido. La sentencia impugnada no violentó dicha normativa, pues, los

juzgadores de instancia se limitaron a resolver las cuestiones planteadas

en el proceso. Nótese que con la acción se pretendió la tutela del derecho

ganancial de la actora sobre las acciones pertenecientes al causante

[Nombre 021] en Embotelladora Candry S.A., y, el fallo, precisamente, fijó su

derecho en el 50% del valor neto de las 1226 acciones que tenía éste en

dicha sociedad. Si bien, se determinó un monto de ¢736.448.508,47

equivalente al valor de las 613 acciones correspondientes (el 50% de las

que le pertenecían al de cujus), ello no da lugar a un vicio de

incongruencia en los términos previstos por el numeral 99 del Código

Procesal Civil, como se alega en el recurso formulado por la representación

de la sucesión del señor [Nombre 021], sino que esa cuantificación constituye

una consecuencia lógica de lo solicitado en abstracto, bajo la creencia de

los juzgadores de que en autos se disponía de la información necesaria

para hacer esa fijación en virtud de la ampliación del peritaje constante en

los folios 899 a 914. En todo caso el punto pierde interés de acuerdo con lo

que se impone resolver en atención al recurso de que se conoce, pues lo

así dispuesto resulta errado, ya que, como se verá en el penúltimo

considerando, éste no es el proceso idóneo para establecerlo; sin embargo,

el haberlo hecho no afecta la congruencia del fallo.

AGRAVIOS INATENDIBLES: Los alegatos relativos a que los

jueces de este proceso no contaban con todos los elementos para fijar el

valor neto de los gananciales que le correspondían a la actora; la no

consideración del carácter de legataria y cesionaria de derechos

hereditarios de la actora; que el avalúo se realizara sobre la totalidad de

los bienes sin discriminar cuáles fueron adquiridos antes y después del

matrimonio entre la actora y el causante y, por último, el supuesto vicio de

nulidad que afectaba el avalúo, no pueden ser conocidos por la Sala

porque no se alegaron ante el tribunal, lo cual impide que esta Sala pueda

entrar a valorarlos (artículos 598 y 608 del Código Procesal Civil). Ante ese

órgano de alzada lo que se expuso en forma expresa fue: “Primero:/ Si

observamos la petitoria de esta demanda en cuanto a los puntos marcados 1

y 2, la actora solicitó que estaba de acuerdo en cuanto al legado que realizó

don… (el causante) en su oportunidad a sus hijos… ambos [Nombre 004] respecto a las acciones que le correspondían en la antigua Canada

Dry en el tanto se respete los derechos gananciales que le corresponden a

doña… (la actora), hoy su sucesión. Nunca pidió valoración alguna sobre

esos derechos./ Segundo:/ El fallo que recurro resolvió el punto

interpretando que lo correcto era respetar el legado que don…(el causante)

realizó a sus dos hijos…, pero únicamente sobre el 50% que le correspondía,

respetando que el otro 50% le correspondía a doña Mercedes por concepto de

Gananciales. Tal y como consta en la petitoria de la demanda, NUNCA SE LE

PIDIÓ REALIZAR VALORACIÓN ALGUNA SOBRE ESOS DERECHOS

GANANCIALES, de manera que mal hace el Juez A quo, aunque el Tribunal,

consideramos equivocadamente, en su oportunidad ordenó una REVISIÓN

DEL AVALÚO, debió el Juez limitarse a lo solicitado, establecer cual es el

derecho a gananciales de parte de la actora, únicamente. Lo resuelto con

respecto al valor otorgado, utilizando un avalúo del Sucesorio y una mal

aplicación de la indexación, no debió de darse porque, reiteramos, nunca fue

pedido./ Observemos que en el sucesorio, como bien lo dice la actora en su

demanda, lo que está inventariando son las acciones de la antigua Canada

Dry y ese es el haber sucesorio inventariado y el cual, en su oportunidad, se

deberá de repartir. Ahora, desde que se inició este proceso, indebidamente

se anotó esta demanda en el patrimonio de la sociedad, afectando terceros

de buena fe y al día de hoy, el fallo de primera instancia, resuelve declarar

sin lugar las pretensiones contra las compañías demandadas, aún

eximiéndolas en costas, luego de verse afectados grandemente con la

anotación en propiedades de la compañía cuyas acciones están

inventariadas” (folios 1252 a 1253).

ELEMENTOS PROBATORIOS CONSTANTES EN AUTOS: Del

análisis del material constante en el expediente se advierte: a) El causante

[Nombre 021] y la actora contrajeron matrimonio el 20 de diciembre de 1968

(folio 221). b) En escritura de fecha 29 de agosto de 1969 consta el

aumento del capital social de la sociedad Canada Dry Bottling Company of

Costa Rica S.A., en la suma de ¢5.500.000.00 dividido en 5000 acciones

nominativas de ¢1000.00 cada una, las cuales se indicó “han sido

totalmente suscritas y pagadas en dinero en efectivo por los socios”,

destacando que el causante “ha suscrito y pagado ¢1640 acciones con un

valor total de un millón seiscientos cuarenta mil colones” (folio 224). c) En

copia de escritura otorgada el 27 de abril de 1988 consta un aumento del

capital social de la sociedad CANADA DRY BOTTLING COMPANY DE

COSTA RICA S. A., de ¢87.450.000.00 divididos en 5500 acciones

comunes y nominativas de ¢15.000,00 cada una. Ahí, se indica

expresamente que fueron “totalmente suscritas y pagadas en dinero efectivo

por los socios y parte por revaloración de activos” (folio 66). Al respecto, el

causante suscribió y pagó 1640 acciones con un valor de ¢26.076.000.00

(ídem). d) El señor [Nombre 005] falleció el 21 de diciembre de

1992 (folio 683) y se abrió su sucesorio en el Juzgado Sexto Civil. e) En las

resoluciones de ese juzgado (Sexto Civil) de las 13:40 horas, del 25 de

mayo y 8:20 horas, del 9 de junio, ambas de 1993, se hizo declaratoria de

herederos universales y herederos legatarios, en la siguiente forma: como

herederos universales del causante…[Nombre 005] a sus hijos

[Nombre 017], [Nombre 016] y [Nombre 008],

[Nombre 004]; además, como herederas legatarias a la actora

([Nombre 001]) y a [Nombre 018] (folios 681 a

682). f) El albacea de la sucesión en un proyecto de cuenta partición el 27

de marzo de 1998 (folios 28 a 37) formuló en lo conducente: “PRIMERO: El

paquete accionario de la empresa Canada Dry Bottling Co. conformado por

mil quinientas dieciséis acciones, (1516) valorado por el perito, en ciento

cuarenta y tres millones trescientos mil trescientos veintinueve colones

(¢143.303.329,00)” (folio 28). Además, se agregó “De conformidad con el

inventario de activos y deudas de la mortual, en derecho corresponde a la

señora…[Nombre 001], gananciales sobre los siguientes bienes./

1.

En las acciones de Canada Dry Bottling Co sobre 1226 acciones, ya que las

291 restantes acciones pertenecían al causante antes de contraer nupcias

con doña…, por lo que de conformidad con el avalúo que consta en autos,

esas acciones tienen un valor de ¢115.814.090.00, y lógicamente el 50% de

doña… alcanza a ¢57.907.045.00; tómese en cuenta el avalúo de cada

acción de ¢94.465.00” (folios 32 a 33). En tales términos, véase también

folios 38 a 63, que en cuanto a la determinación total de los gananciales se

dijo: “El derecho a gananciales se establece sobre el capital neto, de acuerdo

con la legislación costarricense y los antecedentes jurisprudenciales, el cual

se obtiene restando al capital bruto los bienes obtenidos a título gratuito o

aleatorio, los gastos incurridos por el sucesorio y los reclamos sobre

gananciales formulados por el sucesorio sobre los bienes del cónyuge

sobreviviente” (folio 48). g) El 16 de junio de 1993, dentro el sucesorio del

causante [Nombre 005], se realizó avalúo de las acciones de la

empresa CANADA DRY BOTTLING COMPANY S.A. El perito determinó que

su patrimonio estaba “representado por cinco mil quinientas acciones que

constituyen la totalidad del capital social, lo que nos resulta una equivalencia

por acción de ¢94.464,95”. Así, concluyó: “la valoración que hago de las

acciones legadas a los señores [Nombre 007]s y [Nombre 001]… por el causante, asciende

a la suma de ¢143.303.329,10 (ciento cuarenta y tres millones trescientos

tres mil trescientos veintinueve colones con diez céntimos). En esta suma está

incluida la utilidad acumulada por distribuir a esa fecha, en la cantidad de

¢5.417.344, 80 (cinco millones cuatrocientos diecisiete mil trescientos

cuarenta y cuatro colones con ochenta céntimos), correspondiente a la

participación del causante” (folios 19 a 21). h) El 17 de agosto de 1993, el

representante de dicha empresa señaló que: “…la empresa no ha cesado en

sus funciones, todo lo contrario, la empresa, vendió únicamente algunos de

los activos referentes a la comercialización concretamente de la marca

CANADA DRY, no así los inmuebles, instalaciones tanto en San José como en

zonas rurales, tampoco se vendió planta industrial, mi representada sigue

desarrollando actividades comerciales” (folio 76). Posteriormente, el 29 de

enero de 2002 informó: “…la empresa Canada Dry cesó en su actividad

comercial desde el primer semestre de 1993, que en ese entonces, se

distribuyeron las utilidades de acuerdo a lo que establece el artículo 606,

segunda parte que dice ´…En el caso de legajo puro y simple de cosa

determinada, el legatario hace suyos los frutos desde la muerte del testador´.

De acuerdo a nuestra legislación a los señores [Nombre 007] y [Nombre 008]…se les hizo

en ese momento entrega de las utilidades que pudieran corresponderle de

las 1477 acciones legadas por mi hermano a sus hijos. Por lo tanto no hay

utilidades que distribuir” (folio 79). i) El 22 de marzo de 1994 se

constituyó la sociedad Parqueo El Abuelo Limitada. Para tal efecto,

compareció el representante de la sociedad CANADA DRY BOTTLING

COMPANY DE COSTA RICA S. A., quien aportó a nombre de ésta las

propiedades del Partido de San José, folios reales números 800082 y

102006, el otro compareciente, el señor… [Nombre 004] suscribió 7

de las 10 acciones por las que se fijó el capital social de ésta (folios 70 a

75). La segunda propiedad fue rematada (folio 364. En relación, véase

folios 369, 375 a 378 y 536 a 538). j) En resolución del Tribunal Primero

Civil n° 684-L de las 7:30 horas, del 1 de julio de 2005, que conoció del

incidente de oposición al proyecto de cuenta partición, se resolvió en lo de

interés: “…En lo apelado, se revoca la resolución recurrida en cuanto

dispuso en el por tanto punto 1) que la señora …[Nombre 001] no

tiene derecho a gananciales sobre el paquete accionario que tenía el

causante en la empresa Canada Dry Bottling Company de Costa Rica S.A., y

la excluye de ese derecho, para en su lugar disponer que la citada señora

tiene derecho a gananciales correspondiéndole un derecho de crédito sobre

el valor que significan seiscientas trece acciones en esa sociedad” (folios 439

a 457 y 599 a 617). k) En la resolución 806-N de las 13: 05 horas, del 18

de setiembre de 2008, el Tribunal Primero Civil (proceso sucesorio)

revocó el auto de las 15:15 horas, del 27 de agosto de 2007 en cuanto

rechazó la solicitud de nombramiento de perito para valorar acciones y, en

su lugar, la acogió (folios 1138 a 1143). l) En el proceso sucesorio se

presentó un avalúo de los inmuebles de la embotelladora, donde se hizo el

siguiente desglose “Total de Avaluó de los inmuebles propiedad de Canada

Dry de Costa Rica S.A. ¢3.157.934.000/ Total de acciones 5500/ Valor de

cada acción ¢574.169,81/ Valor de 1517 acciones pertenecientes al

causante… [Nombre 021] ¢871.015.614.2” (folios 899 a 910). No obstante esos

montos aplicando la indexación quedaron en: “Tasa de corte 12.56% Tasa

promedio de inflación acumulada desde el año 1993/ Plazo años 16 Años

acumulados desde 1993/ Valor presente 519.557.170.75 Monto de la venta

de 5.500 acciones realizada en el año 1993/ Cantidad de acciones 5500

cantidad de acciones vendidas en el año 1993, ¢627.214,38 valor presente

de cada acción vendida en el año 1993, 1.517 cantidad de acciones a que

tiene derecho el causante; ¢951.484.209,54 valor total de las 1.517 acciones

a que se tiene derecho” (folios 911 a 914).

RECURSO DE LA PARTE ACTORA: SOBRE LA ENTREGA DE

LAS UTILIDADES Y DIVIDENDOS OBJETADA: La parte actora reclama,

en relación con este tema, que se trasladara a la sucesión demandada

una obligación de pago que no le correspondía, relevándose a la

embotelladora coaccionada de reembolsar las sumas que por concepto de

utilidades fueron entregadas erróneamente a los legatarios de las acciones

pertenecientes al de cujus ([Nombre 021]). Sobre el particular, revisado el fallo

recurrido, no se advierte la situación descrita en el recurso. Obsérvese que

los juzgadores de segunda instancia confirmaron el fallo del a quo, que en

lo conducente dispuso: “En cuanto a la entrega a los legatarios de las

acciones que les legó el causante y sus frutos (utilidades) tal disposición

fue anticipada, y debió reservarse la distribución de esas utilidades para

la participación final, conforme a lo que establece el artículo 922 y 928 del

Código Procesal Civil, pese a la disposición del artículo 606 de cita. Sin

embargo, tal disposición no es suficiente para determinar que hubo una

colusión entre el representante de la compañía…[Nombre 021] y los legatarios

para perjudicar a la actora, puesto que no hubo mala fe de lo actuado y

dicha actuación se amparó en la norma 606 de cita” (folios 1187 a 1206 y

1212). Por otra parte, su objeción en torno a que la entrega se hizo a

personas que no estaban legitimadas no es correcta, pues el numeral 606

del Código Civil claramente establece que “…En el caso de legado puro y

simple de cosa determinada, el legatario hace suyos los frutos desde la

muerte del testador”. En esa misma lógica se encuentra lo prescrito en el

artículo 604 ídem cuando dispone: “El legatario o heredero adquiere el

legado o herencia incondicional o a término cierto, o bajo condición

resolutoria, desde el momento en que muere el testador” (énfasis

agregado). Así, si los hermanos [Nombre 004] fueron instituidos

como legatarios de las acciones pertenecientes a su padre en la sociedad

referida (hecho no controvertido) y éste falleció el 21 de diciembre de 1992

(folio 683) y en el respectivo proceso se les había tenido como tales

sucesores, no medió ninguna ilicitud cuando, en el segundo semestre de

1993 (folio 79), se les distribuyeron a éstos las utilidades que les

correspondían sobre las acciones legadas. No pesaba, contrario a lo

expuesto en el recurso de la actora, ningún gravamen sobre el derecho

legado relativo a los gananciales que sobre esos bienes le correspondían a

la actora (hoy su sucesión) que facultara la aplicación del numeral 607

ídem, en cuanto establece que “El legatario recibirá la cosa legada con los

gravámenes que tenga a la muerte del testador,…” y, por consiguiente,

tampoco del artículo 608 siguiente. El derecho de gananciales no es un

derecho de índole real, sino personal; consistente en el derecho a

participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales constatados

en el patrimonio del otro (numeral 41 del Código de Familia). La parte

actora confunde la naturaleza de su derecho (ganancial, que es un derecho

personal) con el adquirido por los legatarios, que es un derecho real y con

el cual se sucede al muerto en la titularidad de la cosa o bien legado. La

parte actora carece de esa titularidad, pues su derecho radica en el 50%

del valor neto de tales bienes, es decir, es un derecho de crédito frente al

legatario respecto de ese 50% sobre el valor de las acciones que les

legaron, lo cual no conlleva sus frutos, pues, como se dijo, estos

pertenecen desde la muerte del causante –que es también cuando surge su

derecho a gananciales en virtud de la disolución del matrimonio originada

en ese fallecimiento- a sus legatarios por disposición expresa de la ley. Así

las cosas, ninguna infracción se produjo respecto de los numerales 766,

767, 803, 922 y 928 del Código Procesal Civil, como se apuntó en el

recurso, ni tampoco del artículo 606 del Código Civil.

RECURSO DE LA PARTE ACTORA: SOBRE LA DISPOSICIÓN

DE DOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA EMBOTELLADORA

CODEMANDADA: La actora reclamó que se formara la sociedad Parqueo

El Abuelo Ltda., con la aportación de dos terrenos valiosos propiedad de

Embotelladora Candry S.A., pese a que esta última sociedad para entonces

había cesado sus operaciones, lo que califica como un acto tendiente a

disminuir el valor de sus gananciales. Al respecto, como se mencionó en el

considerando anterior, la parte actora no se convirtió, con la muerte de su

esposo, en la titular de las acciones que éste poseía (el causante

[Nombre 021]) sobre la referida sociedad anónima y, en consecuencia, no

tenía ninguna potestad o posibilidad de participación en dicha sociedad.

No obstante lo expuesto (el límite de acción de la actora en torno a las

actuaciones de la sociedad), ésta estaba enteramente facultada para

ejercer todas las acciones tendientes a la protección de su derecho

(gananciales) en contra de la sociedad y/o sus socios, en tanto de ello

dependiera el valor de sus gananciales. Sobre el tema resultan relevantes

las siguientes citas jurisprudenciales. En la sentencia número 1121 de las

10:20 horas, del 12 de diciembre de 2012 se consideró: “En primer lugar,

debemos aclarar que, las partes del proceso y las instancias precedentes,

han confundido algunos conceptos básicos que deben aclararse para

comprender mejor el panorama al que nos enfrentamos en el sub litem. En

primer término, el derecho de gananciales solo es posible declararlo sobre los

bienes que se constaten en el patrimonio de cada uno de los consortes al

momento de que se declare la disolución del vínculo o se acoja una

liquidación anticipada de bienes de tal naturaleza, cuando se cumplan los

requisitos que define el ordenamiento jurídico con tal finalidad. Ello excluye

la posibilidad –como regla general– de que el patrimonio perteneciente a una

persona jurídica sea calificado ganancial, y en principio, lo que tendría esa

vocación sería el capital accionario perteneciente a los cónyuges (si fue

adquirido durante el matrimonio) o el incremento en su valor, cuando este se

produzca durante la vigencia del vínculo, siempre que en ese incremento se

considere que existió esfuerzo común. Adicionalmente, cuando la entidad

moral sea utilizada con la finalidad de ocultar bienes que puedan tener

naturaleza ganancial, podrán anularse los actos jurídicos tendientes a lograr

esa distracción patrimonial, restituyendo a la parte afectada en su

derecho…”. También en el voto n° 795 de las 11:10 horas, del 7 de

setiembre del mismo año (2012), se dijo: “…en las instancias precedentes

se declaró el derecho de la gestionante a participar en la mitad del valor neto

de la participación accionaria del marido en la sociedad propietaria del bien

mueble y respecto de cualquier derecho que en el patrimonio de dicha

sociedad tuviera. Por consiguiente, en la liquidación de los gananciales

deberá tomarse en cuenta el valor de ese vehículo, que al momento de la

disolución del vínculo formaba parte de los bienes de la empresa. En lo

tocante al otro carro, se tiene que este está inscrito a nombre de una tercera

persona (folio 16), por lo que fue excluido del haber patrimonial de la

sociedad conyugal. No obstante, de las pruebas se extrae que aunque la

titularidad registral corresponde a otra persona, lo que no es extraño en

nuestro medio, realmente pertenecía al consorte. No otra cosa se desprende

de las declaraciones de las testigos CC (folios 184-188) e BC (folios

312-313), así como de la documental visible al folio 170 y de la custodiada

en legajo aparte, en las que constan varias infracciones a la Ley de Tránsito

cometidas por el cónyuge mientras conducía el vehículo relacionado. Es mas,

en el folio 26 de la documentación aportada, la persona que aparece como

dueña registral del vehículo informó que desde el 2 de diciembre de 1999 lo

había vendido, lo que se constata con el documento del folio 27 siguiente”.

De igual forma, se ha mencionado: “…Mas, debe tomarse en cuenta que, en

las instancias precedentes no se declaró la ganancialidad de esos bienes

considerados en sí mismos, sino, de las acciones de la sociedad I.D.S.A.

(aspecto que no se cuestiona), de las que don S.D.S. es el dueño, dejándose

claro en el fallo de primera instancia prohijado por el tribunal que, en la

respectiva liquidación del valor del derecho de la actora en relación con ellas,

debía tomarse en cuenta todo el patrimonio de la sociedad. Ahora bien, si el

demandado –como en efecto lo hizo- donó los inmuebles a la sociedad sin

condicionamiento alguno, la adquisición por parte de dicha entidad, sin que

tenga importancia la causa de adquisición, incrementó su patrimonio y, por

consiguiente, el valor de las acciones; por lo que, si al momento de la

separación de las partes en el mes de noviembre de 2005 permanecían a

nombre de la sociedad, evidentemente el valor de las acciones para efectos

de la determinación del derecho a gananciales sobre éstas, debe

necesariamente considerarlos. De acuerdo con el numeral 1404 del Código

Civil, la donación tuvo como efecto transmitir la propiedad de los inmuebles

de don S.D.S. a la sociedad, con lo cual, por su voluntad, no sólo se

acrecentó el patrimonio de esta última, sino también dejó de tener atributos

sobre los bienes donados y, en consecuencia, la exclusividad del propietario.

Todos esos atributos pasaron a la sociedad. El tema de la ganancialidad de

las acciones radica en la fecha y forma de constitución de la sociedad. Como

se dijo, eso no se discute. Su valor, obviamente, está determinado por el

patrimonio societario, sin que tenga importancia la forma en que llegó a la

sociedad, la cual puede ser onerosa, por azar e incluso en forma gratuita,

cuando alguna persona determina donar o regalar a la sociedad algún bien

patrimonial. El hecho de que el donante sea el dueño de las acciones, no

puede afectar a quien resulte acreedor de ese titular, pues en tal caso el

patrimonio perseguible no está constituido directamente por los inmuebles,

sino por las acciones (doctrina del artículo 981 de dicho Código). Por lo

expuesto, el tema relativo a si al momento de verificarse la donación de las

fincas a la sociedad, la relación de las partes estaba en crisis deviene

irrelevante, pues, se insiste, el derecho declarado a favor de la actora se

establece por la separación, momento para el cual las acciones de la

sociedad creada durante el matrimonio eran constatables como bienes

patrimoniales…. Ya la Sala ha externado criterio en el sentido de que para la

liquidación del derecho de gananciales sobre acciones, el valor de éstas es el

que tienen al momento de la separación de los esposos. Así en el voto

número 1064 de las 9:30 horas del 30 de julio de 2010 consideró: ‘De haber

sido adquiridas durante la vigencia del matrimonio, es claro que el valor neto

al que tendría derecho la demandada nunca podría calcularse con base en el

valor nominal con el que fueron adquiridas esas acciones, sino conforme al

valor real y actual. Por esa razón, la declaración hecha por el tribunal, al

asignarle el derecho a participar en el cincuenta por ciento del valor neto del

posible incremento del valor real que hayan tenido esas acciones desde el

momento del matrimonio hasta su separación es correcta; y no infringe el

numeral 41 del Código de Familia sino que, por el contrario, es una decisión

conforme con el régimen implantado en esa disposición” (énfasis suplido)”

(resolución número 140 de las 10:00 horas, del 17 de febrero de 2012).

Finalmente, en la sentencia número 1064 de las 9:30 horas, del 30 de julio

de 2010, se dispuso: “V.- SOBRE LA GANANCIALIDAD DE LAS ACCIONES

SOCIALES: Las acciones sociales constituyen el aporte inicial de participación

en el capital social de una sociedad anónima. Aunque su valor nominal

puede mantenerse incólume, ello no es así respecto de su valor real, que

dependerá de la actividad y el desarrollo que logre alcanzar la actividad

empresarial. El régimen patrimonial familiar del artículo 41 del Código de

Familia, confiere a cada cónyuge el derecho a participar de la mitad del valor

neto de los bienes gananciales que ingresan al patrimonio del otro cónyuge

durante la convivencia matrimonial. No indica esa norma cuáles son los

bienes gananciales, pues simplemente enuncia aquellos que no revisten esa

condición. Expresamente señala ‘Únicamente no son gananciales los

siguientes bienes…’. A partir de esa exclusión se presume que todos los

bienes ingresados en el patrimonio de los cónyuges, durante la convivencia

matrimonial -salvo que se trate de alguno de los casos de excepción que la

misma norma contempla- son gananciales y consecuentemente, una vez que

ingresan a sus respectivos patrimonios confieren al otro cónyuge el derecho a

participar en la mitad de su valor neto al momento de la disolución del

vínculo. De esta manera, el sistema de distribución patrimonial familiar

adoptado por el régimen jurídico, beneficia a ambos cónyuges de la actividad

que en conjunto realizan durante su convivencia, compartiendo en forma

solidaria la responsabilidad y el gobierno de la familia y proveyendo al

bienestar de su hogar. Es decir, partiendo de los fines del matrimonio -vida

en común, mutuo auxilio, etc…- esa disposición asume que cada cónyuge

participa con su esfuerzo en el logro de esos fines, y pretende evitar que al

disolverse el matrimonio sólo uno de ellos resulte beneficiado de los frutos de

ese esfuerzo conjunto que se ha dado tanto en lo económico como en apoyo,

asistencia, cuido y administración del hogar, de los hijos, etc… Esa fue la

finalidad que inspiró al régimen instaurado por el Código de Familia, desde

su promulgación en el año 1973, época para la cual estaba aún más

entronizada la división de funciones familiares por la que el esposo se ocupa

del ingreso económico en tanto la esposa asume las labores que demanda la

atención del hogar y el cuidado de hijos e hijas, así como de las personas

adultas mayores y enfermas. De modo que ya desde esa época, el sistema

propicia el beneficio recíproco de la bonanza económica que se pueda tener

durante la convivencia matrimonial -cuando no se trata de las excepciones

advertidas por la norma-. En el caso en estudio tenemos por acreditado que

actor y demandada contrajeron matrimonio en el año 1995. Que la sociedad

AQLA SA se constituyó el 4 de noviembre de 1994. Su capital social inicial

fue de mil doscientos colones, representado por mil doscientos acciones

comunes y nominativas de un colón cada una (folios 219 al 221). En esa

sociedad, el actor es dueño de cuatrocientos ochenta acciones comunes y

nominativas de un colón cada una; y es el representante judicial y

extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma

(folio 161). Su papá aparece como titular de doscientos cuarenta acciones y

las restantes -480- las cedió la demandada al señor…, el 9 de mayo de

2003 (folio 221). Por otra parte, el 27 de noviembre de 1992 se constituyó la

sociedad denominada Microchem S.A. (folio 388), cuyo capital social de mil

doscientos colones también estaba representado por mil doscientos acciones

comunes y nominativas de un colón cada una. Constituida inicialmente por el

actor, conjuntamente con sus progenitores, él suscribió y pagó cuatrocientas

acciones, su papá y su mamá, las restantes (folios 2 y 389). A partir del 18

de febrero de 1994, esa sociedad pasó a denominarse ALA SA (folios 373 y

396); y en ella el actor ocupa el cargo de secretario de junta directiva con

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma (folio 160). Por otra

parte, a folio 14 consta el documento emitido por el licenciado… (Contador

Público Autorizado), en la que el citado profesional certifica los ingresos

mensuales brutos que percibe el actor, por servicios profesionales

independientes a las empresas ALA SA; y AQLA SA. Ese cúmulo de

circunstancias evidencian que la actividad comercial dentro de la cual se

desenvuelve el actor y que provee su ingreso económico, está inserta dentro

del mismo campo empresarial y comercial de las sociedades constituidas por

él y sus progenitores, por lo que es fácil deducir que el producto de su

esfuerzo redunda en enriquecimiento suyo y de las empresas familiares. En

efecto, la actividad comercial del actor se realiza a través de dichas

sociedades en las cuales él, además de socio es personero con las más

amplias facultades legales. De ello resulta que, bajo el manto societario, el

señor [Nombre 019] realiza la actividad económica de la que proceden sus ingresos

que, en condiciones normales son los que se reflejan en la comunidad de

bienes generados dentro del matrimonio. Es cierto que la legislación

mercantilista, al adoptar la doctrina de la personalidad jurídica postula la

existencia de un patrimonio jurídico social diferenciado del de los accionistas.

Sin embargo, el empleo de esa ficción jurídica, concebido para el desempeño

dentro del ámbito comercial, no puede prestarse para un fin distinto e incluso

ilegal, como sería pretender ampararse en ese régimen para desconocer el

derecho a gananciales instaurado en el artículo 41 del Código de Familia. De

desconocerse esa realidad, la cónyuge estaría en una clara desventaja

porque los bienes generados dentro de su patrimonio sí serían determinables

y entrarían en esa condición de gananciales, mas no los de su consorte por

estar cubiertos por la apariencia del velo societario que, como en el caso, no

alcanza para desconocer la verdadera fuente de los ingresos que permitieron

la sostenibilidad del matrimonio mientras fue funcional, con base en el

esfuerzo común de los esposos. Al mencionar los principios de la ‘Eficacia

general de las normas jurídicas’, el artículo 20 del Código Civil señala: ‘Los

actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un

resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se

considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida

aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir’. Posibilitar la

exclusión del régimen de gananciales con base en la figura societaria sería

admitir el recurso a una figura legal para defraudar la aplicación de aquella

otra disposición -artículo 41 del Código de Familia- porque por ese medio, los

futuros cónyuges podrían recurrir a la constitución de entidades jurídicas

para interactuar en sus relaciones comerciales y salvar la aplicación del

régimen jurídico patrimonial familiar. En la demanda, la reconventora

pretendió se declarara su derecho a participar en las acciones que tiene el

actor en las sociedades ALA SA y AQLA SA. De haber sido adquiridas

durante la vigencia del matrimonio, es claro que el valor neto al que tendría

derecho la demandada nunca podría calcularse con base en el valor nominal

con el que fueron adquiridas esas acciones, sino conforme al valor real y

actual. Por esa razón, la declaración hecha por el tribunal, al asignarle el

derecho a participar en el cincuenta por ciento del valor neto del posible

incremento del valor real que hayan tenido esas acciones desde el momento

del matrimonio hasta su separación es correcta; y no infringe el numeral 41

del Código de Familia sino que, por el contrario, es una decisión conforme

con el régimen implantado en esa disposición. Lo anterior, bajo el entendido

de que no se trata de declarar la plusvalía de los bienes como un derecho

ganancial, sino que, en tanto la actividad empresarial del actor se desarrolló

a través de la sociedad familiar, el incremento económico que pudo alcanzar

su participación accionaria a partir del matrimonio, debe beneficiar a ambos

por igual. De esta forma, no se causó indefensión al actor pues el tribunal

resolvió conforme con las peticiones introducidas al debate y por eso el vicio

de incongruencia que se invocó no se configura”. Tal y como viene expuesto,

se desprende que con este proceso la actora ha pretendido tutelar su

derecho que, como expresó en el recurso ante esta Sala, estaba orientado a

evitar el desmembramiento de su derecho, con el empobrecimiento de las

acciones de Embotelladora Candry S.A. Al respecto, es importante

apuntar, conforme se demostró en autos, que el señor [Nombre 005]

falleció el 21 de diciembre de 1992 y como consecuencia de ese suceso, la

actora adquirió la condición de viuda y de heredera legataria,

circunstancia que en lo conducente (en su carácter de viuda) le representó

un derecho de crédito sobre el valor de 613 acciones de la sociedad

Canada Dry Bottling Company de Costa Rica S.A. Además, producto del

referido deceso, dos de los hijos del señor [Nombre 005], los

hermanos varones [Nombre 004], obtuvieron la condición de

legatarios sobre las referidas acciones. Bajo este panorama, se constató

también que el 22 de marzo de 1994 (un año, tres meses y un día después

del fallecimiento del causante [Nombre 005], momento en que

surgieron los derechos de los legatarios, los (as) herederos (as) y la cónyuge

de éste), la sociedad coaccionada junto con uno de los hermanos

[Nombre 004] constituyeron la Sociedad Parqueo El Abuelo

Limitada. Se advierte que dicha sociedad fue constituida a partir del aporte

de dos propiedades que hizo la referida sociedad codemandada, a saber:

los inmuebles del Partido de San José, folios reales n°s. 800082 y 102006,

mientras que el otro compareciente suscribió 7 de las 10 acciones en las

que se fijó el capital social de ésta. A lo anterior, debe agregarse que la

segunda propiedad (la de folio real 102006) fue rematada sumado al hecho

que todo esto tuvo lugar, pese a que la empresa Canada Dry había cesado

su actividad comercial desde el primer semestre de 1993. Ciertamente, el

representante de dicha empresa señaló, el 17 de agosto de 1993, que: “…la

empresa no ha cesado en sus funciones, todo lo contrario, la empresa,

vendió únicamente algunos de los activos referentes a la comercialización

concretamente de la marca CANADA DRY, no así los inmuebles, instalaciones

tanto en San José como en zonas rurales, tampoco se vendió planta

industrial, mi representada sigue desarrollando actividades comerciales”

(folio 76); sin embargo la realidad fue que ésta cesó su actividad comercial

desde el primer semestre de ese año, situación que lleva a cuestionarse

entonces, por qué la empresa participó en mayo de 1994 en la constitución

de una sociedad, que realzaría una actividad que no sólo no correspondía

a la actividad que ésta realizaba, sino que aportó, para esos fines, dos

propiedades, con un agravante patrimonial, pues no sólo sustrajo ambos

bienes de su patrimonio, los cuales fueron rematados según el dicho de la

parte actora, sino que la comparación del aporte efectuado por los socios

de Parqueo El Abuelo Limitada resulta absolutamente desproporcionado.

El funcionamiento de un parqueo, supone la existencia de una o más

propiedades destinadas a ese fin, más la infraestructura necesaria. Con

ese criterio, partimos que la sociedad coaccionada aportó los inmuebles;

sin embargo, el aporte económico del otro socio (el legatario [Nombre 005]), quien suscribió siete de las diez acciones de la sociedad

Parqueo El Abuelo Limitada, no fue suficiente (nótese la desproporción de

los aportes) para atender ese requerimiento de infraestructura, el cual

debió enfrentarse a través de un préstamo que se asumió dejando en

garantía dichas propiedades, que luego fueron rematadas. Dicha

actuación, el contexto en que se llevó a cabo y las características que

mediaron en su ejecución, llevan a concluir, bajo el criterio de la lógica, la

experiencia, el sentido común y la razón, que ésta no tuvo ningún

propósito más que sacar de la sociedad esas dos propiedades en perjuicio

de su patrimonio con el consecuente menoscabo que esto representaba

para el derecho de la actora, quien evidentemente veía disminuido el valor

de las acciones, respecto de las cuales le asistía por concepto de

gananciales (de aquellas que tenían tal carácter), un cincuenta por ciento

de su valor neto. Así las cosas, dado que quedaron acreditados los actos

colusivos como consecuencia de lo anterior, se incurrió en la violación de

la valoración probatoria que se reclama en el recurso, lo que llevó a la

vulneración del ordenamiento regulatorio de la validez de los actos

jurídicos (artículo 835 del Código Civil), del derecho de gananciales

consagrado en el numeral 41 del Código de Familia, cuyo contenido quedó

afectado con la desviación patrimonial que se ha venido comentando. De

esta forma, el recurso de la parte actora resulta procedente parcialmente;

en cuanto a la pretensión marcada con el n°.11. Es de admitir que las

enumeradas del 8 al 10, no procede acogerlas porque, como se explicó

antes, conforme al dicho de la parte actora, las propiedades fueron

rematadas a favor de terceros de buena fe.

RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA: SOBRE LA

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LOS GANANCIALES: El numeral 521

del Código Civil expresamente dispone: “La sucesión comprende todos los

bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los derechos y

obligaciones que, por ser meramente personales, se extinguen con la muerte”.

De lo así dispuesto se advierte con claridad que no es en este proceso (en

el que se discuten asuntos o aspectos particulares), que debe darse la

liquidación del derecho de gananciales, pues esa labor corresponde hacerla

dentro del proceso universal en el cual se discute sobre la globalidad, a

saber, como se dijo: de los bienes, derechos y obligaciones del causante,

dentro de cuya última categoría se encuentran los pasivos reales y

personales. Este proceso (juicio universal) posee como característica

esencial, la liquidación de un patrimonio y a éste, deben concurrir los (as)

herederos (as) a aceptar o renunciar a la herencia (artículo 881 del Código

Procesal Civil). Abierto el sucesorio, el Tribunal citará a los herederos,

legatarios, acreedores y, en general, a todos los interesados para que,

dentro del plazo de treinta días, comparezcan a hacer valer sus derechos

(numeral 894 ídem). También aquí se hace el inventario de todos los

bienes, cuyo avalúo lo realiza un perito debidamente nombrado por el juez

(artículo 899 ídem). A este respecto, debe notarse que en el caso concreto,

dentro del proceso sucesorio, se había realizado la declaratoria de

herederos universales y herederos legatarios (resoluciones del Juzgado

Sexto Civil de las 13:40 horas, del 25 de mayo y 8:20 horas, del 9 de junio,

ambas de 1993, a folios 681 a 682). De igual forma, se presentó un

proyecto de cuenta partición (folios 28 a

Además, los folios 38 a 63), en

el cual se contempló, en lo conducente, el avalúo de las acciones de la

empresa Canada Dry Bottling Company S.A. (folios 19 a 21). Ante la

oposición a ese proyecto, el tribunal realizó varias modificaciones y

dispuso algunas medidas que debían adoptarse. Dentro de los cambios

que realizó, resulta de interés mencionar: “…En lo apelado, se revoca la

resolución recurrida en cuanto dispuso en el por tanto punto 1) que la señora

…[Nombre 001] no tiene derecho a gananciales sobre el paquete

accionario que tenía el causante en la empresa Canada Dry Bottling

Company de Costa Rica S.A., y la excluye de ese derecho, para en su lugar

disponer que la citada señora tiene derecho a gananciales correspondiéndole

un derecho de crédito sobre el valor que significan seiscientas trece acciones

en esa sociedad” (folios 439 a 457 y 599 a 617). Por último, consta que ese

tribunal revocó el auto de las 15:15 horas, del 27 de agosto de 2007 en

cuanto rechazó la solicitud de nombramiento de perito para valorar

acciones y, en su lugar, la acogió (folios 1138 a 1143) y, a ese tenor, se

efectuó el avalúo que se contiene a folios 899 a 910, cuyos valores fueron

indexados según consta a folios 911 a 914. De esta forma, si “la cuenta

partición debe contener, primero un detalle preciso del patrimonio del

causante, segundo, una fijación precisa de todos y cada uno de los gastos a

cargo del sucesorio, tercero, la forma de cubrir el pasivo que se haya

constatado, y por último, los bienes del haber sucesorio fáctible de

adjudicación, la cual se debe hacer en forma proporcional, y que en caso de

no existir consenso, se debe proceder a tomar una de las dos opciones

previstas, por la norma del 929 ibídem, para los inmuebles” (Tribunal

Primero Civil de San José, n° 313-4C de las 7:35 horas, del 13 de abril de

2011) y bajo el entendido que la resolución que resuelva sobre ella tiene

eficacia de cosa juzgada material y, por ende las objeciones que existieren

contra ésta tendrán recurso de apelación y aún de casación, si procediere

según la cuantía (artículo 908 ídem), resulta comprensible que sea dentro

del sucesorio que debe llevarse a cabo la liquidación de los gananciales

determinados en este proceso, máxime que como lo ha dicho esta Sala,

“antes de entrar a decidir qué parte les corresponde a los causahabientes,

deben cancelarse las obligaciones que afectan a ese patrimonio” (voto n° 315

de las 9:30 horas, del 5 de diciembre de 1997). El proceso sucesorio tiene

como objeto la determinación de los sucesores, el monto de los activos y de

los pasivos, para, previo pago de estos, distribuir el sobrante entre los

sucesores. Por consiguiente, la determinación del activo es propio de ese

proceso y no de este. Por esa razón al haberse dispuesto otra cosa se

violentaron los artículos 21 del Código Procesal Civil, 927 y 928 del Código

Civil y 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme se reclamó, por lo

que procede acoger el recurso al respecto.

CONSIDERACIONES FINALES: Corolario de lo señalado,

procede declarar parcialmente con lugar el recurso de la parte actora;

anular la sentencia del tribunal en cuanto confirmó la denegatoria del

extremo 11 de la demanda; revocar la del juzgado y acoger ese extremo.

Además, corresponde declarar parcialmente con lugar el recurso de

casación de la sucesión codemandada y anular la sentencia del Tribunal

en cuanto fijó el derecho de gananciales de la parte actora, sobre las

acciones de Embotelladora Candry de Costa Rica S.A. pertenecientes al

causante [Nombre 005], en la suma de ¢736.448.508,47

(setecientos treinta y seis millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil

quinientos ocho colones con cuarenta y siete céntimos), en cuyo aspecto

procede revocar también el fallo de primera instancia. En su lugar, la

determinación del monto de ese derecho deberá efectuarse dentro del

proceso sucesorio, tomándose en cuenta el valor de los inmuebles traído a

valor presente.