Resolución 00849

El actor, en escrito fechado veintinueve de enero de dos mil

catorce, promovió la presente acción para que en sentencia se declare

disuelto el vínculo matrimonial con base en la causal de sevicia, que no

hay bienes sujetos a gananciales, que como cónyuge inocente se le exonere

del pago de pensión alimentaria, así como al pago de daños y perjuicios y

ambas costas de esta acción.

La parte demandada contestó en los términos que indicó en el

memorial de fecha tres de abril de dos mil catorce y no opuso excepciones.

El Juzgado de Familia del Tercer Circuito Judicial de San José,

sede Desamparados, por sentencia de las catorce horas del veintiséis de

noviembre de dos mil catorce, dispuso: "Con base en lo expuesto, normas

de derecho citadas, se

I.-

La demandada se apersona ante esta Sala para interponer

recurso de casación contra la sentencia 222-2015 de las 15:20 horas del 3

de marzo de 2015, dictada por el Tribunal de Familia del I Circuito

Judicial de San José. Expone los siguientes argumentos: A)

Sobre el

rechazo de la prueba ofrecida. Argumenta que el 26 de agosto de 2014,

día de la audiencia de conciliación se enfermó, por lo que no pudo acudir y

tardó en justificar su ausencia por su mal estado de salud. El 22 de

setiembre de 2014 se le notificó la inevacuabilidad de la prueba

testimonial. El 25 de setiembre de 2014, interpuso recurso de revocatoria

contra lo resuelto al respecto y aportó un dictamen médico. Solicitó,

además, que se le otorgara una nueva cita para recibir la prueba,

requerimiento que fue rechazado. El 23 de octubre de 2014, presentó

prueba documental, entre ella varias fotografías y un disco compacto con

videos de su boda y nuevamente solicitó que se le asignara una audiencia.

La prueba fue rechazada de plano, bajo el argumento de que era

extemporánea, lo que estima una interpretación errónea de lo establecido

en el numeral 325 párrafo 2 del Código Procesal Civil, porque la

declaratoria de inevacuabilidad de la prueba testimonial no impide la

aceptación o valoración de la escrita o documental. Considera que el

tribunal, en una errónea valoración de la prueba escrita o documental,

avaló que era tardía o extemporánea, a pesar de que según el Código

Procesal Civil la presentó en tiempo y forma. El 4 de diciembre de 2014 se

le notificó que se le declaró confesa por rebeldía, cónyuge culpable de

sevicia, el decreto de su divorcio y que se le condenó al pago de pensión,

daños y perjuicios y costas procesales. A su juicio, a pesar que el tribunal

pudo haber recibido las pruebas, tanto escritas como testimoniales, ya que

en total 18 personas firmaron un documento en el que avalan haber visto

a su esposo siempre con libertad de tránsito por el barrio, sin ningún tipo

de encierro, no lo hizo. También presentó una testigo que visitaba su casa

cuando estaban casados, quien observó que ella lo trataba muy bien, que

tenía teléfono a su disposición. Ofreció otro testigo que iba a paseos con

ellos, quien observó el trato de ella hacia él como muy cordial. Para la

recurrente, el tribunal fundamentó la denegatoria de la prueba en la falta

de cumplimiento del contenido del artículo 575,1 del Código Procesal Civil,

pues afirmó que se había presentado extemporáneamente, lo que no es

cierto, ya que la presentada en segunda instancia lo fue en tiempo y forma.

Destaca que los testigos presentados declararon días, incluso horas, antes

de la presentación de dicha evidencia ante el tribunal, lo mismo que la

documentación, que fue de recién adquisición, no existían y para ello se

pueden revisar todas las fechas de las pruebas, para que se compruebe

que no son extemporáneas. Reitera que el tribunal pudo haber aceptado

la prueba, según los términos del artículo 329 del Código Procesal Civil y a

pesar de ello, no lo hizo, por lo que no existe evidencia que pueda justificar

la veracidad de los hechos que se le acusa. Estima que con dicha negativa,

el órgano de alzada le negó toda posibilidad de defensa. También para la

recurrente se lesionó el principio de seguridad, porque no sabe a que

atenerse en el proceso. Añade que el tribunal se contradijo, ya que a pesar

de haber rechazado sus pruebas por extemporáneas, manifestó que en

materia procesal familiar existe amplitud probatoria y, además, en la

valoración de las pruebas no rigen las limitaciones propias de la legislación

civil. Según estima, esta conducta del tribunal lesiona su derecho de

igualdad, establecido en el ordinal 33 de la Constitución Política, ya que a

pesar de las dudas, el tribunal aplicó la amplitud de pruebas únicamente a

la parte actora, por lo que considera existe un favorecimiento claro a su

esposo por ser un adulto mayor, lo cual la colocó en estado de indefensión.

Por lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia impugnada y se

ordene recibir por parte del Tribunal de segunda instancia, o por la

Honorable Sala o a quien corresponda las pruebas testimonial, y escritas o

documentales. También solicitó: “Que se anule la declaratoria de rebeldía,

ya que me apersoné a conteste la demanda inicial, y luego de la declaratoria

de Inevacuabilidad de la prueba, me apersoné inmediatamente al proceso a

contestar, el 25 de setiembre del 2014 que siempre estuve anuente a

declarar y demostrar mi inocencia, y que al dictarse esta declaratoria de

rebeldía yo estaba presente en el proceso mucho tiempo antes de ser emitida

la misma en mi contra, no estaba rebelde”.

B) Sobre la falsedad de las

acusaciones. Alega que las acusaciones en su contra son falsas y no se

probaron. El órgano de alzada avaló los hechos probados sin prueba ni

evidencia alguna. Se cuestiona: ¿Dónde están los dictámenes de

medicatura forense que avalen el maltrato, los partes policiales del

supuesto encierro, testimonios de vecinos que la hayan visto maltratarlo?

No existen porque los hechos nunca ocurrieron. Considera que el propio

tribunal aceptó que no estaba convencido de lo que en realidad había

ocurrido y a pesar de ello no admitió la prueba ofrecida, asumió una

actitud pasiva, de dejación, desinterés, por lo que no le quedó más

remedio que admitir “testimonios de oídas”, indirectos, situación que riñe

con lo establecido en el numeral 8 del Código de Familia. C)

De los

testigos aportados por el actor. El tribunal avaló las deponencias de

testigos no presenciales, que nunca fueron a su hogar conyugal y no

tuvieron relación con ellos como pareja. Ellas mismas lo admitieron en su

testimonio; no tuvieron conocimiento de su esposo cuando vivieron juntos,

por lo que solo repiten lo que supuestamente él les dijo cuando hizo

abandono del hogar. Su esposo fue jefe de una de ellas y la otra madre de

esa empleada, las cuales dependían económicamente de él. Por ello solicitó

que se anule la prueba testimonial ofrecida por el actor, por no ser testigos

presenciales. D) Con relación a los daños y perjuicios. Considera que el

actor no los merece porque no los probó, por lo que solita se le libere de

su pago, además, de las costas procesales y de pensión alimentaria, ya que

no hay prueba irrefutable de su culpabilidad.

El señor [Nombre 001] interpuso proceso abreviado de divorcio

contra [Nombre 003]. Manifestó que es un adulto mayor de 84 años, está

pensionado y tenía 11 años de estar divorciado. Expuso

que la demandada, quien tenía 54 años de edad, cuando la visitaba en el

laboratorio dental donde trabajaba, realizó comentarios alusivos a su porte

y supuesta elegancia y constantemente le manifestaba que por qué no se

casaban, ya que su divorcio estaba pronto a salir. Sin tener noviazgo

alguno a mitad del año 2013, le dijo que ya se había divorciado, que por

qué no se casaban; se le ocurrió decirle que sí, que fijara fecha para ocho

días después. Explicó que fue así como de forma inexplicable contrajo

matrimonio con la demandada. Indicó que desde hacía aproximadamente

2 meses estaban separados sin reconciliación alguna durante todo ese

tiempo. Indicó que al inicio del matrimonio el trato fue cordial y amable,

pero después de haber transcurrido la primer semana de casados la

relación cambió drásticamente, la demandada lo mantuvo retenido o

cautivo dentro de una habitación por casi dos meses. Estuvo

incomunicado en dicho lugar pues no tenía ventanas, solo luz artificial, no

podía salir porque solo la demandada y su hijo tenían la llave de la casa y

en la habitación ni siquiera tenía teléfono. Únicamente lo sacaban a tomar

cervezas o cuando tenía que ir a consulta médica. Expuso que además de

estar encerrado y totalmente aislado de sus familiares y amigos, sufrió una

constante agresión psicológica por parte de la demandada, pues la forma

de dirigirse a él era irrespetuosa y le gritaba que no servía para nada, que

era un vago. Se sintió maltratado y humillado, incluso el único bien que

tiene a su nombre (nicho en el cementerio) la demandada trató de venderlo

por Internet sin su consentimiento. Añadió que fue manipulado y

presionado por la demandada para reactivar su carné del Colegio de

Contadores de Costa Rica, con la clara intención de disfrutar ella y su hijo

de los beneficios de recreación y otros que ofrece dicha entidad a sus

agremiados. Manifestó que por estar incomunicado no podía llamar a sus

parientes, ni a conocidos para obtener ayuda. Al final de una de las

salidas logró ocultar la compra de un teléfono y así pudo comunicarse y

llamar a sus familiares. Señaló que cuando le reclamó a la demandada,

ella le contestó que no iba a darle el divorcio porque estaba interesada en

su pensión y él en cualquier momento se iba a morir; sin embargo,

posteriormente lo echó de la casa. Resaltó que tanto daño le causó un

gran desgaste físico, mental y emocional, aunado al sufrimiento de haber

sido engañado, el cual constituye la causal de sevicia. Por lo anterior

solicitó: “1. Que en sentencia se declare con lugar el presente divorcio, con

base en la causal de sevicia.

Que en sentencia se declare disuelto el

vínculo matrimonial que nos ha mantenido unidos durante todo este tiempo.

Que no hay bienes sujetos a gananciales.

Que en sentencia se declare a

la demandada como cónyuge culpable, al haber incurrido en la causal de

sevicia.

Que se declare al suscrito como cónyuge inocente y en tal sentido

se me exonere del pago de Pensión Alimentaria a favor de la demandada.

6.

Que en caso de oposición, se condene a la demandada al pago de ambas

costas de esta acción; así como al pago de lo daños y perjuicios causados al

suscrito, como consecuencia del sufrimiento que me causó la sevicia

atribuida” (folios 13 y 14). La demandada contestó negativamente la acción

y manifestó que era el actor quien visitaba constantemente su laboratorio

dental en Desamparados, y él era quien le decía halagos, que era muy

atractiva, trabajadora y aseada, ideal para ser esposa de cualquier

hombre, por lo que le gustaría casarse con ella, porque quería una

compañera y dejar la casa de su hermana. Tanta fue su insistencia y

cordialidad que la convenció y decidió aceptar su propuesta matrimonial,

se casaron el 15 de setiembre de 2013. Aclaró que el actor se casó con ella

de buen grado, por su gusto, voluntariamente; consideró que ambos

estaban entusiasmados con el matrimonio y que tenía meses de estar sola

por abandono voluntario y malicioso de su marido sin que haya existido

reconciliación. Adujo que en todo momento fue cordial con su esposo,

siempre se preocupó porque no le faltara atención, por sus comidas, ropa

limpia y casa aseada. Jamás lo retuvo, ni lo tuvo en cautiverio, tampoco lo

maltrató psicológicamente; al contrario, era él quien la humillaba, le decía

que era vieja, que tenía varices, que a él solo le gustaban las jovencitas.

Acotó que no conocía de los problemas de alcoholismo del actor, tampoco

que le gustaban las jovencitas o que la iba a maltratar de palabra. Explicó

que no aceptó la propuesta de matrimonio pensando en heredar la

pensión, lo hizo porque quería formar un hogar, una familia. Por lo

anterior solicitó que se declarara sin lugar la demanda, pero que se

decretara el divorcio entre ella y el actor con base en la causal de

abandono voluntario y malicioso del hogar y no por sevicia, que se le

exonerara del pago de daños y perjuicios, y se condenara al actor a pagarle

una pensión alimenticia y ambas costas del proceso (folios 19 a 29). En

primera instancia se acogió la demanda de divorcio. Se declaró a [Nombre

003] cónyuge culpable de sevicia. Se disolvió el vínculo matrimonial

existente entre las partes. Se resolvió que la demandada

pierde el derecho a solicitar pensión al actor, quien, por su parte,

conservó el derecho a exigir alimentos. Se condenó a la demandada al pago

de daños y perjuicios a favor del actor en ocasión a la sevicia demostrada,

determinación que debe hacerse en ejecución de sentencia y al pago de

ambas costas (folios 92 a 100). La demandada apeló el fallo de primera

instancia (folios 103 a 107); sin embargo, el órgano de alzada lo confirmó

(folios 145 a 156).

El numeral 594 del Código Procesal Civil estable los supuestos

en los que procede el recurso de casación por la forma. Concretamente en

el inciso 2) se indica que procede dicho recurso: “Por denegación de

pruebas admisibles o falta de citación para alguna diligencia probatoria

durante la tramitación, cuyas faltas hayan podido producir indefensión”.

Ante esta Sala la demandada aduce que si bien la prueba testimonial fue

declarada inevacuable, ello no implica que la documental presentada el 23

de octubre de 2014, deba correr la misma suerte. La Sala debe

pronunciarse sobre este aspecto, habida cuenta de que se encuentra

dentro de los supuestos contenidos en el numeral 594 del Código Procesal

Civil, por lo que debe analizar el rechazo de las pruebas. Tal y como lo hizo

en su oportunidad el órgano de alzada, para tener una mejor ubicación y

entendimiento del marco fáctico, debe realizarse primero un resumen de

las actuaciones acaecidas. Mediante resolución de las 15:26 horas del 26

de junio de 2014, el Juzgado de Familia de Desamparados convocó a

audiencia de conciliación para las 8:30 horas del 26 de agosto de 2014 y

para la evacuación de la prueba testimonial señaló las 13:30 horas del

mismo día (folio 33). Dicha resolución fue debidamente notificada a la

representante de la demandada el 9 de junio de 2014 (folio 35), al correo

electrónico [...], el cual fue aportado por ella como medio para recibir

notificaciones en el escrito de contestación de la

demanda (folio 29). En la citada resolución se advirtió a la señora

[Nombre 003] que en caso de que la conciliación fracasara, se procedería

inmediatamente a recibir la prueba confesional y se le apercibió que en

caso de no asistir podría ser tomada como confesa de las preguntas que se

formularan. En el acta de conciliación y recepción de pruebas de las 8:40

horas del 26 de agosto de 2014, se indicó: “Se da espacio para la

conciliación y no llegan a acuerdos dada la ausencia de la parte demandada.

En este acto el abogado de la parte actora presenta un folio con 15 preguntas

que son confesional que debiera rendir la señora [Nombre 003] (…)” (folio

37). En virtud de la ausencia de la demandada a la audiencia del 26 de

agosto

de 2014, el juzgado dictó la resolución de las 15:26 horas del 16 de

setiembre de 2014, en la que declaró inevacuable la prueba testimonial

ofrecida por la señora [Nombre 003] (folio 43). Dicha resolución fue

notificada el 19 de setiembre de 2014, por lo que posteriormente, el 25 de

setiembre de ese mismo año, la demandada presentó un certificado médico

fechado de ese mismo día, en el que el Dr. Javier Enrique Chacón Angulo

dijo que ella fue atendida en su consulta privada el 26 de agosto de 2014

por problemas digestivos (folio 47). Junto con el dictamen [Nombre 003]

interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la

resolución el 16 de setiembre de 2014 (folios 48 a 52), en el que

alegó que estaba anuente a declarar, que su ausencia a la audiencia del 26

de agosto de 2014, se debió a causas fuera de su voluntad, porque se

encontraba enferma. Añadió que también tuvo problemas para presentar

a sus testigos, porque en ese momento no estaban en San José, ya que

uno de ellos estaba trabajando en San Carlos y otro en Guanacaste. El

recurso fue rechazado por el Juzgado de Familia de Desamparados en la

resolución de las 13:51 horas del 10 de octubre de 2014, en el siguiente

sentido: “Es fácil apreciar de los alegatos de la accionada que los mismos

resultan contrarios de toda razón, vea la gestionante que contó con mucho

plazo para ofrecer las excusas pertinente por su ausencia a las horas y

fechas convocadas en autos para recepción de pruebas, sin embargo no es

hasta que se declara inevacuable la prueba que ofreció, que se apersona al

despacho de manera aligerada a gestionar una justificación (…)” (folio 53).

El 23 de octubre de 2014, la demandada se apersonó nuevamente a sede

judicial, esa vez para presentar prueba documental, fotografías del actor y

ella y un video de la boda, reiteró que el día de la audiencia se encontraba

enferma y solicitó nuevamente que se le diera la oportunidad de declarar

(folios 56 a 87). Por resolución de las 9:30 horas del 28 de octubre de

2014, el juzgado resolvió agregar a sus antecedentes la prueba documental

presentada por la demandada el 23 de octubre de 2014, por ser

extemporánea, ya que era de posesión de la demandada desde el momento

en que se enteró de la interposición de la demanda (folio 88). Debido a que

en primera instancia la demanda se declaró con lugar, la demandada

interpuso recurso de apelación, en el que presentó como prueba algunos

escritos firmados por 18 vecinos (folios 111 a 137). Ante esta Sala la

demandada aduce que si bien la prueba testimonial fue declarada

inevacuable, ello no implica que la documental presentada el 23 de

octubre de 2014, deba correr la misma suerte. La demandada fundamenta

este alegato en lo establecido en el ordinal 325 del Código Procesal Civil

que indica: “Si la prueba no se practicare en la oportunidad señalada, será

declarada inevacuable de oficio. Si se tratare de documentos, a pesar de la

inevacuabilidad podrán ser presentados posteriormente, en cuyo caso se les

dará el trámite previsto en este Código”. El citado numeral remite al trámite

establecido en el Código para la presentación de la prueba documental.

En este caso específico es el artículo 293, que regula los supuestos de

admisión de documentos presentados extemporáneamente, los cuales

limita a 4: “1) Los de fecha posterior a dichos escritos.

Los anteriores cuya

existencia jure no haber conocido antes la parte que los presenta.

Los que

no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean

imputables a la parte interesada, siempre que, en su caso, se haya hecho

oportunamente la designación del archivo o lugar expresado en el artículo

anterior.

Aquéllos que, no siendo fundamento de la demanda, sirvan para

combatir excepciones del demandado o constituyan una prueba

complementaria”. Sobre este aspecto y en aplicación del citado artículo, el

órgano de alzada resolvió: “Con relación a los documentos que aportó la

demandada en el escrito que presentó el veintitrés de octubre, la decisión de

la señora Jueza de no incorporarlos como prueba también cuenta con

respaldo jurídico. El artículo 293 del Código Procesal Civil señala cuáles

documentos se pueden ofrecer después de los momentos ordinarios

previstos para el ofrecimiento de las pruebas, indicando que debe hacerse

por vía incidental. En materia procesal de familia se puede aceptar que el

ofrecimiento se haga por simple escrito –es decir, sin la formalidad del

incidente-, pero eso no significa que la parte tenga derecho a ofrecer

cualquier documento en cualquier momento. El Código Procesal Civil dispone

seis momentos para ofrecer prueba, tres para cada parte (…). Fuera de estos

momentos (…) también es posible ofrecer prueba documental, pero para que

sea pertinente su admisión, los documentos deben encontrarse en las

hipótesis contempladas en el artículo 293. (…). En el caso presente, tal como

resolvió la señora Jueza, las fotografías y el disco compacto que ofreció la

demandada en el escrito que presentó el veintitrés de octubre, ya estaban a

su disposición de la demandada desde antes, por lo que el ofrecimiento

resultó tardío”. Comparte esta Sala el criterio del tribunal en cuanto al

rechazo de la prueba, pues lleva razón al apuntar que ninguno de los

supuestos del artículo 293 del Código Procesal Civil se aplica a este caso,

toda vez que los documentos aportados por la demandada, sea las

fotografías de la boda y momentos durante el matrimonio, así como el

video de la boda, podían haber sido aportados en la contestación de la

demanda, ya que son de eventos que sucedieron antes de la interposición

de ésta. En cuanto a los escritos firmados por varios vecinos, visibles a

folios 131 y 132, que fueron aportados con la apelación de la sentencia de

primera instancia, no se trata propiamente de un documento, sino de

testimonios que debieron haber sido ofrecidos como tales en el momento

oportuno. Debe resaltarse que toda la prueba que la recurrente reclama

su falta de admisión, hace referencia a hechos sucedidos con anterioridad

a la interposición de la demanda, como lo es la relación de la pareja

durante el tiempo de convivencia, por lo que no aprecia esta Sala que

exista un motivo por el cual no pudieron haberse presentado

oportunamente. A mayor abundamiento, cabe mencionar que no es cierto

que con el rechazo de la prueba se violentara su derecho de defensa, pues

a ella se le notificó de la fecha señalada para la audiencia de recepción de

prueba confesional y testimonial, a la cual no acudió, sin que presentara

la justificación pertinente en el plazo de ocho días que establece el artículo

201 del Código Procesal Civil. En todo momento se le brindó la posibilidad

de defensa, la cual no aprovechó, situación en la que ella misma se colocó

ante la falta de respeto a los plazos legalmente establecidos. Es menester

aclarar que el derecho de defensa, si bien es fundamental, no es irrestricto,

pues se encuentra condicionado al cumplimiento de requisitos y plazos,

precisamente, para mantener un orden dentro del proceso, lo que deviene

en seguridad jurídica. Además, tal y como lo expuso atinadamente el

tribunal: “El derecho a la tutela judicial efectiva consiste, básicamente, en el

derecho que tiene toda persona a ser escuchada por la autoridad judicial y a

que sus gestiones se resuelvan dentro de un plazo razonable. No se debe

pensar que el derecho a la tutela efectiva implica un derecho a que las

personas puedan realizar sus gestiones procesales cuando quieran o como

quieran, sino que tiene que quedar claro que el derecho procesal –pese a

tener una naturaleza instrumental- cumple una función trascendente, pues él

se encarga de definir reglas de juego claras y precisas para todas las

personas que intervienen en el litigio” (folio 148). Lo que la recurrente

procura (al faltar a una audiencia sin presentar la justificación

oportunamente y pretender que en cualquier momento del proceso se

puede introducir prueba), crearía una incertidumbre en las partes. Estima

la señora [Nombre 003] que el tribunal no tomó en consideración que ella

se ha apersonado al proceso y ha estado anuente a declarar y

presentar testigos. No es cierto que el órgano de alzada no haya tomado

en consideración la voluntad de la demandada, pues desde primera

instancia se han resuelto todos los escritos presentados por la interesada,

lo que sucede es que, tal y como se indicó anteriormente, no basta con

apersonarse al proceso, sino que debe hacerse en el momento oportuno. La

recurrente aduce que se violentó el principio de igualdad porque se dio

preferencia al actor únicamente por ser una persona adulto mayor, lo que

no es cierto. Si bien este no es un aspecto que haya sido expresamente

analizado por el tribunal, considera esta Sala que ambas partes tuvieron la

misma oportunidad de presentar alegatos y pruebas, la diferencia radica

en que el actor sí acudió a la audiencia de conciliación y recepción de

prueba, rindió confesión y presentó prueba testimonial; es decir, se ajustó

a lo indicado por el ordenamiento jurídico, lo que ha quedado en evidencia

que no hizo la demandada. Reclama la demandada que el tribunal pudo

haber aceptado la prueba, en los términos del artículo 329 del Código

Procesal Civil que establece: “Las resoluciones en las que se admitan

pruebas o aquellas en las que se declaren inevacuables o nulas, o las que se

dicten en incidencias creadas con motivo de su práctica, no tendrán más

recurso que el de revocatoria; pero el tribunal de segunda instancia podrá, en

su oportunidad, ordenar que se reciban aquéllas que hubieren sido

declaradas inevacuables o nulas, que estime convenientes para la justa

decisión”. La admisión de pruebas en segunda instancia es una facultad

del tribunal, pues no está obligado a hacerlo. El órgano de alzada razonó:

“Finalmente, la ley dispone que es posible que se ofrezca prueba para mejor

resolver, tanto en primera como en segunda instancia. De nuevo, esto no

significa que la autoridad judicial esté obligada a admitirla. Y esto es así

porque el instituto procesal de la prueba para mejor resolver existe para

evacuar las dudas que pudiera tener el Juzgador o Juzgadora, pero no para

suplir la incuria de las partes. En el caso presente, la demandada también

ha pedido a este Tribunal que admita la prueba en esta segunda instancia,

pero toda la prueba que ofrece es extemporánea. Téngase presente que el

artículo 575.1 del Código Procesal Civil dispone que es posible ofrecer

prueba en segunda instancia, pero también contempla que ese ofrecimiento

solo puede tener lugar “cuando por causas no imputables al apelante no

hubiere podido practicarse toda o parte de la prueba documental que ofreció

la demandada no se evacuó, pero las razones son completamente imputables

a ella” (folio 152). Se solicita a esta Sala aceptar la prueba en cuestión

como prueba para mejor resolver. De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 561 del Código de Trabajo (aplicable a la materia por disposición

del artículo 8 del Código de Familia), en casación no es factible proponer ni

admitir prueba alguna y tampoco puede ordenarse en ese carácter, salvo

que sea absolutamente indispensables para decidir con acierto el punto o

puntos controvertidos, lo que no sucede en este caso, pues existe

suficiente prueba para resolver los temas sometidos a decisión (véase en

un sentido similar el voto número 876, de las 9:40 horas del 26 de

setiembre de 2012). Por consiguiente, la solicitud de la recurrente no

procede, toda vez que se comparte el criterio del órgano de alzada en

cuanto que la presentación de la misma fue extemporánea y no puede la

demandada pretender subsanar en esta sede los yerros cometidos durante

el proceso.

La demandada también alega que las acusaciones en su contra

son falsas y no se probaron. Que en el expediente no hay prueba o

evidencia alguna de que el actor recibiera de su parte algún tipo de

maltrato, no constan dictámenes médicos o partes policiales que avalen el

dicho del señor [Nombre 001]. La señora [Nombre 003] fundamenta este

argumento en que ninguna de las testigos presentadas por el actor le

consta que él fuera maltratado. El ad-quem, explicó que en materia

procesal familiar existe amplitud probatoria y además en la valoración de

las pruebas no rigen las limitaciones propias de la legislación procesal

civil, por lo que en esta materia y en aplicación del principio del “favor

probaciones”, el testimonio de oídas o ex auditu, no es prohibido. De

conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 8 del

Código de Familia: “los jueces en materia de familia interpretarán las

probanzas sin sujeción a las reglas positivas de la prueba común,

atendiendo todas las circunstancias y los elementos de convicción que los

autos suministren; pero, en todo caso, deberán hacerse constar las razones

de la valoración”. De manera que los juzgadores deben apreciar la prueba

sin sujeción a las normas de derecho común, salvo disposición expresa en

contrario, debiendo expresar –eso sí- los principios de equidad o de

cualquier otro género en que funden sus decisiones. Esta forma de

apreciar la prueba no implica arbitrariedad sino respeto y sujeción a las

reglas de la sana crítica, al principio de legalidad y del debido proceso. Al

respecto, esta Sala ha considerado: “…en esta materia, el artículo 8 citado

introdujo una modificación en el sistema de apreciación y valoración de las

pruebas distinto al vigente según las normas del Derecho Civil. De acuerdo

con esta disposición, en la jurisdicción familiar las pruebas deben valorarse

sin sujeción a las reglas positivas de la prueba común, atendiendo todas las

circunstancias y los elementos de convicción que los autos suministren y

haciendo constar las razones de valoración. Corresponde entonces al juez de

familia, un ejercicio intelectual en la apreciación de las probanzas, en el cual

le sirven de apoyo las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia

cotidiana en un marco de referencia dado; lo cual excluye cualquier

arbitrariedad, siempre ilegítima y espuria” (voto n° 20, de las 10:10 horas

del 26 de enero de 2005). Cuando el actor contrajo matrimonio con la

demandada era un adulto mayor de más de 80 años. En ese momento la

señora [Nombre 003] era 29 años menor que el actor, quien tenía 83 años

y la accionada

Esto quiere decir que ella, cuando se celebró la

boda y durante los pocos meses de la convivencia, era una persona con

una condición de independencia normal, mientras que el señor [Nombre

001] estaba enfermo y requería ayuda para realizar las labores diarias; no

contaba con apoyo familiar, pues las evidencias del expediente lo que nos

dicen es que solo tenía una hermana, quien también era adulta mayor,

necesitada del cuidado de terceros. O sea, cuando sucedieron los hechos,

el señor [Nombre 001] era una persona prácticamente sola, necesitada de

compañía y afecto, razón por la cual bien puede decirse que estaba en una

situación vulnerable y expuesto a cualquier manipulación o abuso. Este

marco no puede ignorarse en la valoración de las pruebas y de los hechos

que se invocan como causal de sevicia, pues si bien ésta normalmente

consiste en hechos de gravedad que justifican la desvinculación, ciertas

conductas o comportamientos de uno de los cónyuges que puede

considerarse de escasa o poca gravedad en una situación normal, en un

caso como el presente en que la conducta agresiva proviene de quien se

encuentra en condiciones de ventaja, debe considerarse grave, no solo por

provenir de un abuso, sino porque en una persona en las condiciones del

actor señor [Nombre 001], el efecto dañino es mayor y de gran frustración

para el alcance de cualquier objetivo que pueda haber pensado al dar un

paso

como el de contraer matrimonio en una edad avanzada. El engaño y las

ofensas deben, entonces, valorarse, con mayor rigurosidad. El actor adujo

como hechos constitutivos de sevicia que la demandada no lo dejaba salir

de su cuarto, no le permitía tener contacto con su familia y le gritaba e

insultaba. A juicio de la Sala, el tribunal no incurrió en error al valorar las

pruebas aportadas por el actor, a los efectos de tener por existente dicha

causal de divorcio. En este caso, tal y como se analizó en el considerando

anterior, únicamente el actor aportó prueba en tiempo y forma. Presentó

prueba testimonial: [Nombre 012] y [Nombre 013], quienes trabajaban

como cuidadoras del actor y de una hermana

suya. La primera declaró: “Yo solo sé que un día llegó [Nombre 014]

([Nombre 001]) y me dijo que se casaba, eso fue una semana antes del

quince de setiembre

del año

dos mil trece, eso fue de un pronto a otro que ella llegó y se lo propuso y en

cuestión de una semana se casaron, él fue a una cita con ella donde ella

trabaja de dentista, entonces ese día llegó [Nombre 014] y me dijo que se

casaba con una amiga, que ella se lo propuso” (folios 37 y 38). De estas

manifestaciones

claramente se colige que tal y como lo adujo el actor, entre ellos nunca

hubo una relación de noviazgo previa al matrimonio, es decir, se conocían

realmente muy poco. La señora [Nombre 012] también manifestó que la

demandada llevó al actor de vuelta a la casa de la hermana y cuando se

la topó en la calle después de eso, ella le dijo que lo que quería era

quedarse con la pensión de él. También señaló que durante los dos meses

que las partes convivieron ellos no tuvieron contacto con el demandante y

que él le contó que ella lo trataba muy mal: “Él me contó que ella lo trató de

viejo hijueputa, le dijo que un perro que estaba afuera tenía los ojos más

lindos que él, y que lo tenían encerrado y no podía salir que todo eran puros

candados y él no tenía llaves” (folio 38). Por su parte doña [Nombre 013]

expuso: “Ellos ahorita no tienen relación pero sé que son casados, yo lo que

sé del matrimonio es poco, cuando lo recibí a él venía de la casa de

[Nombre 003] llegó a casa donde ellos viven ([Nombre 001] y su hermana), lo

traía un muchacho, no me consta quien es porque no lo conozco pero mi hija

dice que

es el hijo de la señora, unos tres días antes un hermano de [Nombre 001] me

dijo que a mi me contrataron para cuidar a la hermana pero que ahora me

encargara también de Don [Nombre 001] quien venía mal y muy enfermo (…).

Él llega muy enfermo, llega con un bordón, no caminaba casi, llega muy mal,

había

que atenderlo todo el día, no podía ni ir al baño, había que ayudarlo, había

que atenderlo todo el día, no podía ni ir al baño, había que ayudarlo, nadie

me dijo nada sobre la situación de él en matrimonio. Cuando llegó dijo “me

echaron y me siento libre”, no quería hablar mucho estaba muy deprimido, él

dice que estaba muy mal, que lo mantenían encerrado que no manejaba

llaves, que no tenía teléfono ni como hacerlo. Dijo que en alguna ocasión lo

comparó con un perro y le dijo que el perro tenía ojos más bonitos que él, lo

dejaba solo encerrado. Ahorita [Nombre 001] se atiende solo (…)” (folios 39 a

40). Es este testimonio se desprende que cuando el actor regresó a la casa

de

su hermana después de la convivencia, llegó en mal estado de salud y poco

a poco se fue recuperando hasta que logró bañarse solo y calentarse la

comida. Agregó la señora [Nombre 013] que cuando se encontró en la calle

a la actora ella también le dijo que iba a llegar hasta las últimas

consecuencias

porque quería la pensión. Se comparte la afirmación del tribunal sobre

que en materia de familia el testimonio de oídas no es prohibido, por lo que

con base en las declaraciones testimoniales –antes citadas-, así como en la

prueba confesional, sí es posible concluir que se dio la alegada sevicia.

Con relación a la prueba confesional, el representante del actor presentó

un pliego de preguntas, dentro de las que se destacan: Para que diga que

es cierto como en verdad lo es que: “4.- Que usted no permitió que Don

[Nombre 001] se comunicara con sus parientes del 15/09/13 al 14/11/13;

Que durante su matrimonio usted se dirigía a Don [Nombre 001]

gritándole y tratándole de “Viejo Hijueputa” “Usted es un vago que para

nada servía”. Si bien, en la resolución de las 15:26 horas del 26 de junio

de 2014, en la que se citó a la demandada para que rindiera la declaración

confesional, se le advirtió claramente que en caso de no presentarse sin

tener justa causa que se lo permitiera, podría tenérsele por confesa en su

rebeldía y debido a que no compareció a la audiencia ni presentó la

justificación, efectivamente se le tuvo por confesa en rebeldía y en

consecuencia, como contestadas afirmativamente las preguntas

transcritas, lo cierto es que esta confesión ficta no constituye plena prueba

en materia de familia, por lo que debe ser valorada en conjunto con los

demás elementos probatorios que constan en autos, según lo indica el

artículo 8 del Código de Familia, antes citado, que en este caso es la

prueba testimonial. Se aclara, además, que no es cierto lo reclamado por

la demandada en cuanto a que no existe prueba alguna en autos que

corrobore el maltrato, pues las deponentes fueron claras al señalar que el

actor no tuvo comunicación con su familia durante la convivencia, cuando

regresó a la casa de la hermana lo hizo en muy mal estado de salud e

incluso cuando se toparon a la recurrente en la calle, ella se refirió en

forma despectiva sobre el actor y manifestó su interés por la pensión. Cabe

agregar en cuanto a los testimonios que éstos no son solo de oídas, pues

las testigos declararon sobre hechos que les consta de manera directa,

como lo es el estado de salud del actor tanto físico como psicológico al

momento de regresar a la casa de la hermana y lo que la demandada les

dijo a ellas directamente.

Tampoco procede anular lo resuelto por el ad-quem en cuando

resolvió mantener el deber alimentario, porque tal y como se expuso en la

sentencia impugnada, éste se declaró en abstracto, según lo dispuesto en

el artículo 57 del Código de Familia, por haberse considerado al actor

como cónyuge inocente. Ello implica que el señor [Nombre 001] puede

exigir dicho derecho en el proceso alimentario correspondiente y esa vía en

la que la demandada deberá presentar sus argumentos para que la eximan

del deber alimentario. La misma suerte corre la condenatoria a pagar los

daños y perjuicios, cuya determinación se reservó para ejecución de

sentencia, por no contarse en este momento con prueba suficiente para su

cuantificación, por lo que será en esta etapa que la actora haga sus

alegatos. Agrega esta Sala que comparte la condena al pago de los daños y

perjuicios, toda vez que se comprobó no solo la causal de sevicia, sino,

además, que el actor se deprimió y su salud se vio afectada, como

consecuencia de la situación que motivó el divorcio.

Como corolario de lo expuesto, lo procedente es declarar sin

lugar el recurso, con sus costas a cargo de quien lo interpuso (artículo 611

del Código Procesal Civil).