Resolución 08646

Por escrito incorporado al expediente digital el 31 de marzo de 2023, la parte recurrente interpone un recurso de habeas corpus. Manifiesta que es de nacionalidad cubana y profesional en medicina con especialidad en odontología (estomatología). Indica que en diciembre de 2018 fue enviada a Venezuela como parte de una misión médica de su país. Manifiesta que durante la misión fue sometida a tratos contrarios a la dignidad humana. Así, solo tenía permitido ir al trabajo, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana había un toque de queda que les impedía salir, en lugar de salario recibía un estipendio para cubrir gastos menores, pues de lo que el gobierno de Venezuela se comprometía a pagarle, el 70% se lo dejaba el gobierno de Cuba y el resto se le pagaría cuando retornara a Cuba al término de la misión. Agrega que al arribar a Venezuela le retuvieron el pasaporte y no se lo iban a devolver sino hasta que regresara a Cuba. Arguye que esto ha sido denunciado por organismos de derecho internacional como prácticas equiparables a la trata de personas con fines de explotación laboral. Manifiesta que durante la misión se quejó de que la obligaran a aplicarle materiales vencidos a los pacientes; incluso, le exigían redactar cartas extendiendo la vigencia de los materiales sin fundamento técnico ni médico alguno. A consecuencia de tal reclamo, le informaron que le habían conseguido un reemplazo y que debía volver a Cuba-. Afirma que, por temor a ser sancionada en Cuba y a que le imposibilitaran ejercer su profesión, desertó de la misión y huyó. Asegura que, al desertar, automáticamente cometió traición de la patria, por lo que tiene prohibido entrar a Cuba en los próximos ocho años, pues, de hacerlo, se expondría a ser encarcelada. Relata que, en un inicio, su idea fue dirigirse a Estados Unidos; empero, durante el trayecto se dio cuenta de que ese país cerró las puertas a los migrantes, por lo que decidió quedarse en Costa Rica. Agrega que llegó a Costa Rica el 11 de noviembre de 2022, tras haber atravesado el Darién, no tenía dinero ni ahorros para cubrir sus necesidades básicas. Expone que estuvo en condición de calle por varias semanas, hasta que en diciembre pasado pudo trasladarse hasta San José. De este modo, el 21 de diciembre de 2022 acudió a la Unidad de Refugio para formalizar su solicitud de refugio; sin embargo, su trámite fue declarado inadmisible por no haber planteado la gestión dentro del mes posterior a su ingreso; en adición, le dijeron que no podía apelar esta decisión, por lo que ya no podía hacer nada. Estima ese acto violatorio de sus derechos fundamentales, dado que el no haber formulado la gestión en el tiempo indicado se debió a su condición de vulnerabilidad, que por un tiempo le impidió trasladarse a la capital luego de su tránsito por tierra desde Venezuela hasta Costa Rica, amén de haber estado en condición de calle; adicionalmente, el hecho de que se le impida la revisión de la decisión denegatoria del refugio viola su derecho al debido proceso y a la defensa en la modalidad de violación al principio de la doble instancia.

Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 11:30 horas del 28 de marzo de 2023, se dio curso al proceso y se solicitó informe sobre los hechos alegados por la recurrente a la directora general y la coordinadora de la Unidad de Refugio, ambas de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Por escrito incorporado al expediente digital el 31de marzo de 2023, rinde informe bajo juramento [Nombre2] , en su doble condición de subdirector general y encargado de la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería. Expone que: “Cada país cuenta, por potestad derivada de su soberanía, con la posibilidad de establecer reglas para regular la permanencia legal en el país de personas extranjeras. Es precisamente como parte de esa soberanía que el Estado Costarricense ratifica convenios internacionales a través de los que se obliga a cumplir con ciertas disposiciones migratorias garantes de los derechos humanos de las personas. Siendo ese el caso, de la protección internacional que se encuentra el Estado Costarricense obligado a brindar en los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 1951), a aquellas personas que así lo requieren en virtud de los temores fundados que tengan de ser perseguidos en su país de origen o procedencia por diversos motivos. Sin embargo, la ratificación de esos convenios internacionales no limita de ninguna manera la soberanía que sigue manteniendo el Estado Costarricense para regular las disposiciones que a nivel interno rigen para que una persona pueda obtener la condición de refugiado y las disposiciones que van a regir la interrelación de esas personas con el Estado, sus instituciones y la ciudadanía en general, tanto al ser declarados refugiados como durante el plazo que permanezcan en el territorio nacional a la espera de esa declaratoria. Así las cosas, con fundamento en esas normas y de la soberanía que le caracteriza, es que el Estado Costarricense ha regulado las disposiciones vigentes en materia de refugio, sin que se haya violentado derecho constitucional alguno a las personas usuarias. Esa potestad del Estado para establecer requisitos para que un extranjero pueda entrar, permanecer y realizar actividades en su territorio, se refleja en todo instrumento internacional sobre la materia. Ejemplo de ello es el artículo 1 de la Convención sobre la Condición de los Extranjeros, ratificada por Costa Rica por la Ley N°40 del 20 de diciembre de 1932, cuyo texto expresa: “Los Estados tienen el derecho de establecer, por medio de leyes las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en sus territorios”. Bajo esta misma línea, la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en que viven, del 13 de diciembre de 1985, dispone en lo que interesa: “Artículo 2 1. ... Tampoco se interpretará ninguna disposición de la presente Declaración en el sentido de limitar el derecho de cualquier Estado a promulgar leyes y reglamentaciones relativas a la entrada de extranjeros y al plazo y las condiciones de su estancia en él o a establecer diferencias entre nacionales y extranjeros. No obstante, dichas leyes y reglamentaciones no deberán ser incompatibles con las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados, en particular en la esfera de los derechos humanos. …” En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en función consultiva, ha indicado que la potestad de los Estados para definir una política migratoria siempre deberá considerar la no afectación de los derechos humanos (Opinión Consultiva OC/18-03 del 17 de setiembre del 2003 sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados) En nuestro país, los numerales 6 y 19 de la Constitución Política, que facultan al Poder Ejecutivo para que defina la política migratoria costarricense. Señalan los artículos indicados: (…) Es así como, la potestad soberana del Estado ha determinado las condiciones para valorar la admisión y permanencia de extranjeros en el territorio nacional a través de la Ley No 8764 del 1° de marzo del 2010, en la que se han determinado una serie de categorías migratorias para la regularización de personas extranjeras entre las cuales se encuentra la Categoría Especial para Personas Refugiadas, se declaró la materia migratoria de interés público para el desarrollo del país, sus instituciones y la seguridad pública y se delegó en el Poder Ejecutivo la potestad de determinar la política migratoria del Estado con total apego a lo establecido en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados y vigentes en Costa Rica y la cita Ley. Es precisamente por esa potestad soberana que el Poder Ejecutivo ha reglamentado la materia migratoria a través de diversos instrumentos divididos por materia, emitiendo en lo que nos interesada el en noviembre de 2011 el Decreto Ejecutivo número 36831-G denominado “Reglamento de Personas Refugiadas” a través del cual se regula todo lo relativo a la tramitación de la condición declaratoria de refugio y la protección internacional que en la materia se brinda tanto a las personas refugiadas como a las solicitantes de refugio. SOBRE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS RECIENTEMENTE POR EL PODER EJECUTIVO EN EL REGLAMENTO DE PERSONAS REFUGIADOS Recientemente la normativa migratoria en materia de refugio varió, siendo que, el Estado, en aplicación de la potestad soberana de la que ya se ha hablado, a través del Poder Ejecutivo, emitió el Decreto Ejecutivo N° 43810-MGP, del 29 de noviembre de 2022, publicado en el alcance número 160 del Diario Oficial La Gaceta número 30 del 01 de diciembre de 2022, fundamentado principalmente las modificaciones incluidas en la necesidad de contar con normativa clara que permita mitigar el uso abusivo que se ha dado durante los últimos años de la figura del refugio, siendo que muchas personas que son migrantes económicos han pretendido desvirtuar la figura de protección internacional de refugio convirtiéndola en una simple forma de regularizar su situación migratoria, acceder a permisos laborales o permanecer en el territorio nacional sin problemas mientras logran trasladarse a terceros países donde pretenden establecerse de manera definitiva, lo cual, ha afectado directamente a las personas que requieren verdadera protección. La justificación para las modificaciones que realizó el Poder Ejecutivo se encuentran resumidas en la parte considerativa del citado decreto, misma que indica literalmente: “[…] Como se puede observar, el Poder Ejecutivo modificó el reglamento no con el fin de limitar los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de refugio, sino todo lo contrario, en aras de proteger a estos individuos debía generar nueva normativa que le permita controlar que accedan a la solicitud de refugio únicamente aquellas personas que verdaderamente tengan temores fundados de ser perseguidas en su país de origen o procedencia por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo o por opiniones políticas y por ello requieren protección internacional por parte del Gobierno de Costa Rica de manera que se pueda garantizar la pronta atención de los casos por parte de las autoridades migratorias, además garantizar la adecuada protección de las personas solicitantes de refugio. SOBRE EL CASO PARTICULAR DE LA SEÑORA [[Nombre1] ] Respecto al caso particular de la persona [[Nombre1] ], consta nuestros registros que solicitó refugio hasta el 21 de diciembre 2022, por lo que se declaró su petición inadmisible, en aplicación del ya mencionado artículo 14 del Reglamento para Personas Refugiadas, en virtud de que ella había ingresado al país desde el 11 de noviembre de 2022, o sea, claramente más de un mes antes de su solicitud. Nótese que esta Dirección General y la Unidad de Refugio, somos simples operadores de las normas jurídicas vigentes, y que de no aplicarlas incumpliríamos nuestros deberes como funcionarios públicos. Además, el incremento de más del 6.000% de las solicitudes de refugio, demuestran con claridad que los usuarios han hecho un uso abusivo de esta figura de forma exponencial, detectándose que entre un 80% a un 90% de las personas que solicitan refugio, no son realmente personas que sufren de fundados temores de persecución ni requieren protección de nuestro Estado, sino que son migrantes económicos que llevan años viviendo en el país y nunca se han regularizado. Por ello, consideramos que el límite de tiempo para solicitar refugio de un mes, es racional, en el entendido de que una persona que realmente tiene estos fundados temores, debe solicitar ayuda lo más pronto posible, pues de lo contrario no sería cierto que posee ese temor contra su vida o integridad física. Además, ese uso abusivo de la figura afecta negativamente a las personas solicitantes de refugio que verdaderamente son merecedoras de la protección internacional y que deben esperar incluso años para que se resuelva su petición. También debe de tomarse en cuenta que esta Dirección General está obligada por Ley a cumplir con una función pública, que requiere de regulaciones y límites, sin dejar de lado la seguridad jurídica de todas las personas habitantes de la Nación. Lamentablemente la figura de refugio está siendo utilizada por personas migrantes para permanecer en el país y realizar labores remuneradas, sin que realmente reúnan las condiciones propias de un refugiado, lo que ha colapsado el sistema de protección internacional costarricense, el cual se ve burlado por estas acciones. Además, ello implica un costo enorme para el Estado costarricense, que ya no es sostenible conforme a la situación económica actual, lo que pone en peligro el cumplimiento por parte del país de sus compromisos internacionales formalmente asumidos. Por último nótese que la recurrente misma manifiesta que estuvo en otros países antes que en Costa Rica, lo que claramente demuestra que no cuenta con fundados temores de persecución que sean tutelables. En ese sentido se debe de aplicar la buene práctica del “primer país seguro”, que conlleva la denegatoria de las solicitudes de refugio de personas que de previo al ingreso al país donde solicitan protección internacional, han transitado o incluso residido en otros países diferentes al que origina los supuestos fundados temores de persecución, dado que en esos países pudo haber solicitado el reconocimiento de refugio. Conforme a ese principio, Costa Rica no tiene obligación alguna de brindar protección internacional a la recurrente, en virtud de que ella misma ha manifestado tácitamente que no adoptó todas las medidas posibles para residir y solicitar refugio en los países por los que transitó o residió, como Venezuela, Colombia o Panamá, estos dos últimos por donde debó de haber transitado dado que reconoce que ingresó a Costa Rica a través de la zona denominada “[Dirección1] ”. PETITORIA En ese marco, consideramos que no existe violación a ningún derecho fundamental de la recurrente, sino todo lo contrario, queda en evidencia que la Administración ha actuado conforme a derecho, según las normas jurídicas positivas vigentes, sin que ello implique violación alguna al de la Constitución Política ni a ninguna garantía individual de la recurrente. En virtud de todo lo anterior solicito se declare sin lugar el recurso de amparo que nos ocupa, sin especial condenatoria en costas”.

En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el magistrado Rueda Leal; y,

OBJETO DEL RECURSO. La tutelada, persona de nacionalidad cubana, expone que en diciembre de 2018 fue enviada como parte de una misión médica de su país a Venezuela, donde se vio sometida a tratos contrarios a la dignidad humana. Verbigracia, solo tenía permitido ir al trabajo, de las 6 a las 18 horas no podía salir, en lugar de salario recibía un estipendio para cubrir gastos menores (pues de lo que el gobierno de Venezuela se comprometía a pagarle, el 70% se lo dejaba el gobierno de Cuba y el resto se le pagaría cuando retornara a Cuba al término de la misión). Agrega que al arribar a Venezuela le retuvieron el pasaporte y no se lo iban a devolver sino hasta que regresara a Cuba; esto ha sido denunciado por organismos de derecho internacional como una práctica equiparable a la trata de personas con fines de explotación laboral. Manifiesta que durante la misión se quejó de que la obligaran a aplicarle materiales vencidos a los pacientes; incluso, le exigían redactar cartas extendiendo la vigencia de los materiales sin fundamento técnico ni médico alguno. A consecuencia de tal reclamo, le informaron que le habían conseguido un reemplazo y que debía volver a Cuba. Afirma que, por temor a ser sancionada en su país y a que le imposibilitaran ejercer la profesión, desertó de la misión y huyó. Asegura que, al desertar, automáticamente cometió traición de la patria, por lo que tiene prohibido entrar a Cuba en los próximos ocho años, por cuanto, de hacerlo, se expondría a ser encarcelada. Narra que, en un inicio, su idea fue dirigirse a Estados Unidos; empero, durante el trayecto se dio cuenta de que ese país había cerrado las puertas a los migrantes, por lo que decidió quedarse en Costa Rica. Agrega que llegó a Costa Rica el 11 de noviembre de 2022; tras haber atravesado el Darién, no tenía recursos para cubrir sus necesidades básicas. De esta forma, estuvo en condición de calle por varias semanas, hasta que en diciembre pasado se pudo trasladar a San José. De este modo, el 21 de diciembre de 2022 acudió a la Unidad de Refugio con el propósito de formalizar su solicitud de refugio; sin embargo, su trámite fue declarado inadmisible por no haber planteado la gestión dentro del mes posterior a su ingreso. Estima ese acto violatorio de sus derechos fundamentales, dado que el no haber formulado la gestión en el tiempo estipulado se debió a su condición de vulnerabilidad, que por un tiempo le imposibilitó trasladarse a la capital luego de su tránsito por tierra desde Venezuela hasta Costa Rica, amén de haber estado en condición de calle.

HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a) La tutelada es de nacionalidad cubana y es médica. (Ver prueba documental).

b) El 11 de noviembre de 2022, la amparada ingresó a Costa Rica. (Ver prueba documental).

c) El 21 de diciembre de 2022, la accionante formuló una solicitud de refugio ante la DGME. (Ver prueba documental).

d) Mediante resolución nro. 135-1034228-ADMINISTRATIVA de las 9:45 horas del 21 de diciembre de 2022, la Unidad de Refugio declaró inadmisible la gestión antedicha “por haber solicitado refugio después de haber transcurrido un mes de su ingreso a Costa Rica conforme al artículo 14 del Reglamento de Personas Refugiadas, reformado por el artículo 1 del Decreto N° 43810 MGP. Se ordena el archivo del expediente”. (Ver prueba documental).

e) La decisión supracitada fue notificada a la interesada el 21 de diciembre de 2022. (Ver prueba documental).

SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, la tutelada, persona de nacionalidad cubana, expone que en diciembre de 2018 fue enviada como parte de una misión médica de su país a Venezuela, donde se vio sometida a tratos contrarios a la dignidad humana. Verbigracia, solo tenía permitido ir al trabajo, de las 6 a las 18 horas no podía salir, en lugar de salario recibía un estipendio para cubrir gastos menores (pues de lo que el gobierno de Venezuela se comprometía a pagarle, el 70% se lo dejaba el gobierno de Cuba y el resto se le pagaría cuando retornara a Cuba al término de la misión). Agrega que al arribar a Venezuela le retuvieron el pasaporte y no se lo iban a devolver sino hasta que regresara a Cuba; esto ha sido denunciado por organismos de derecho internacional como una práctica equiparable a la trata de personas con fines de explotación laboral. Manifiesta que durante la misión se quejó de que la obligaran a aplicarle materiales vencidos a los pacientes; incluso, le exigían redactar cartas extendiendo la vigencia de los materiales sin fundamento técnico ni médico alguno. A consecuencia de tal reclamo, le informaron que le habían conseguido un reemplazo y que debía volver a Cuba. Afirma que, por temor a ser sancionada en su país y a que le imposibilitaran ejercer la profesión, desertó de la misión y huyó. Asegura que, al desertar, automáticamente cometió traición de la patria, por lo que tiene prohibido entrar a Cuba en los próximos ocho años, por cuanto, de hacerlo, se expondría a ser encarcelada. Narra que, en un inicio, su idea fue dirigirse a Estados Unidos; empero, durante el trayecto se dio cuenta de que ese país había cerrado las puertas a los migrantes, por lo que decidió quedarse en Costa Rica. Agrega que llegó a Costa Rica el 11 de noviembre de 2022; tras haber atravesado el Darién, no tenía recursos para cubrir sus necesidades básicas. De esta forma, estuvo en condición de calle por varias semanas, hasta que en diciembre pasado se pudo trasladar a San José. De este modo, el 21 de diciembre de 2022 acudió a la Unidad de Refugio con el propósito de formalizar su solicitud de refugio; sin embargo, su trámite fue declarado inadmisible por no haber planteado la gestión dentro del mes posterior a su ingreso. Estima ese acto violatorio de sus derechos fundamentales, dado que el no haber formulado la gestión en el tiempo estipulado se debió a su condición de vulnerabilidad, que por un tiempo le imposibilitó trasladarse a la capital luego de su tránsito por tierra desde Venezuela hasta Costa Rica, amén de haber estado en condición de calle.

En virtud del artículo 31 de la Constitución Política de Costa Rica, ningún refugiado será devuelto, al país donde su vida o su libertad corran peligro por motivo de persecución, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.”

Antecedente de interés sobre personas solicitantes de refugio.

Esta Sala mediante sentencia Nº 2022027448 de las nueve horas veinte minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, indicó en lo que interesa:

“IV.- Sobre el caso concreto. Del informe rendido por la Coordinadora de la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería, que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que, el 25 de octubre de 2022, el amparado [Nombre3] , un ciudadano nicaragüense, llamó al número [Telf1] para sacar la cita con el fin de solicitar refugio por primera vez. Se comprueba que se le otorgó para el 04 de mayo de 2023. Adicionalmente se extrae de los autos que ante la notificación de la resolución de este expediente, la autoridad recurrida de oficio procedió a comunicarse con el amparado y se le citó para el 31 de octubre. Se constata que en esa fecha formalizó el procedimiento de solicitud de refugio y se le entregó el carnet respectivo. Adicionalmente informa la representante de la Dirección General de Migración y Extranjería que desde el momento en que a las personas se les otorga la cita para la solicitud de refugio, su estatus migratorio se regulariza, de manera que, si son detenidos por autoridades migratorias, no correrían el riesgo de ser deportadas. Además, se indica que una vez iniciado el proceso de refugio se genera el reconocimiento de los principios rectores de la materia de refugio, como el de no devolución, en virtud del carácter declarativo del reconocimiento de la condición de persona refugiada, que implica que la persona se le deba tratar como refugiada mientras no se determine lo contrario. (…)” (el resaltado no es del original).

Lo anterior implica que la condición de solicitante genera a favor de la persona migrante, un estatus de regularidad a partir del cual, le resultan aplicables las normas y estándares internacionales de protección humanitaria inherentes y necesarios para su condición.

Sobre el caso concreto: En el caso bajo estudio la persona recurrente alega que es una persona nicaragüense, periodista de profesión que tuvo que abandonar su país en junio de 2021 debido acciones represivas en su contra por parte del gobierno de Nicaragua, debido a que se desempeña como director de un medio de comunicación que cubría notas relacionadas a la realidad sociopolíticas del país. Explica que el 15 de junio de 2021 ingresó a Costa Rica y que debido a la aprobación de una serie de leyes represivas por parte del gobierno Nicaragua, entre ellas, la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley de Traición a la Patria) y la Ley de Ciberdelitos, con lo cual se dio una mayor persecución hacia su persona y su desacreditación profesional, el 18 de agosto de 2021 solicitó refugio en Costa Rica y la Unidad de Refugio le entregó el carné provisional nro. [Valor 001], con permiso laboral. Señala que 29 de junio de 2022 le efectuaron la entrevista requerida, razón por la cual, su expediente administrativo estuvo completo desde esa fecha, por lo que su solicitud de persona refugiada se encontraba a la espera de resolución por parte de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio. Reclama que, mediante Decreto Ejecutivo N° [Placa1], el artículo 59 del Reglamento de Personas Refugiados fue modificado y, a partir del 1° de diciembre de 2022, se impidió a quienes se encuentran en proceso para adquirir el estatus de refugiado, abandonar el país bajo pena de que el expediente administrativo bajo el cual se tramita la solicitud sea archivado sin importar el estado del expediente. Acusa que, por razones académicas, profesionales y académicas debe abandonar el país en las próximas semanas; motivo por el cual el 19 de diciembre de 2022 le solicitó, formalmente, a la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración la autorización de su viaje, dado que el 22 de diciembre de 2022 le contestaron que no están otorgando permisos de salida de acuerdo con el Decreto Ejecutivo nro. 43810-MGP.

Ahora bien, del informe rendido por parte de las autoridades recurridas de la Dirección General de Migración y Extranjería, se acredita que el recurrente [[Nombre1] ], planteó formal solicitud de refugio el 18 de agosto de 2021, el cual se tramitó mediante el expediente administrativo número 135-603230, que el tutelado, tuvo su entrevista de elegibilidad el día 29 de junio de 2022. Además que, el 1° de diciembre de 2022 se publicó el Alcance N° 160 en el Diario Oficial la Gaceta N° 30, Decreto Ejecutivo N° [Placa1], que vino a reformar el artículo 59 del Reglamento de Personas Refugiadas y que, a partir del 1° de diciembre de 2022, se lee de la siguiente manera: “Artículo 59.- (...) No se autorizará bajo ninguna circunstancia el viaje de las personas solicitantes de refugio, fuera del territorio nacional, ya sea a su país de origen o un tercer país, en virtud de que ello implica la inexistencia real de la necesidad de protección internacional por parte del Estado costarricense. El egreso del país de facto implicará el abandono tácito del proceso y el archivo del expediente administrativo correspondiente. Lo anterior será verificado a través del sistema de movimientos migratorios de la Dirección General de Migración y Extranjería". Se tiene por demostrado adicionalmente que, el 04 de enero de 2023, las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería, fueron notificadas de la resolución de las 13:36 horas del 04 de enero de 2022, y que posterior al conocimiento que se tuvo del presente recurso, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería decidió aprobar la solicitud de refugio del tutelado mediante resolución N° 135-1035527-ADMINISTRATIVA de las quince horas con tres minutos del cinco de enero de dos mil veintitrés , dado que dicha resolución se le notificó al recurrente el 05 de enero de 2023 .

La protección contra la devolución que se establece de conformidad con el Articulo 33 ( I ) es aplicable a todos los refugiados en términos de la Convención de Refugiados de l951, es decir, a toda persona que cumpla con los requisitos propios de la definición de refugiado contenida en el Articulo 1 A (2) de la Convención de 1951 y que no se encuentre contemplado dentro del alcance de alguna de sus disposiciones de exclusión. Ya que se considera que una persona es refugiada, de conformidad con el significado de la Convención de 1951, tan pronto como ésta cumple con los criterios contenidos en la definición de refugiado, la determinación del estatuto de refugiado es de naturaleza declaratoria: las personas no se vuelven refugiados a causa de su reconocimiento, sino que su reconocimiento se da a partir del hecho de que es una persona refugiada". Esto implica que el principio de no devolución es aplicable no sólo a los refugiados reconocidos, sino también a aquéllos cuyo estatuto aún no se ha determinado y son solicitantes de la condición de refugiado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: "Dado el carácter declarativo de la determinación de la condición de refugiado, la protección brindada por el principio de no devolución aplica a todos los refugiados hayan o no sido reconocidos aún como tales por las autoridades con base en los requerimientos de la definición del artículo 1 de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 o la legislación nacional. Esto significa necesariamente que no se debe rechazar a los solicitantes de asilo sin la realización de un análisis adecuado e individual de sus solicitudes. …”.

Asimismo, respecto al reclamo específico del presente recurso, el ACNUR indicó en lo conducente:

“… (G) No autorización de viajes fuera del país por parte de solicitantes de asilo y abandono tácito de la solicitud de asilo.

El artículo 4 del Decreto Ejecutivo establece que:

(…)

En materia de libertad de movimiento, el derecho internacional reconoce, entre otras, las siguientes salvaguardas:

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país. incluso del propio.

Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley. sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.

Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. Artículo 12, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En efecto, los instrumentos de derechos humanos protegen la libertad de tránsito de las personas que se encuentran legalmente dentro del territorio de un Estado. Una vez que una persona, incluido los refugiados y solicitantes de la condición de refugiado, se encuentra legalmente en el territorio de un Estado, cualquier restricción a su libertad de tránsito, así como cualquier trato diferente del que se da a los nacionales, tiene que ser compatible con las reglas estipuladas en el artículo 12.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y no puede ser discriminatoria. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que: "11. El párrafo 3 del artículo 12 prevé circunstancias excepcionales en que los derechos que confieren los párrafos 1 y 2 pueden restringirse. La disposición autoriza al Estado a restringir esos derechos sólo para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas y los derechos y libertades de terceros. Para ser permisibles, las restricciones deben ser previstas por la ley, deben ser necesarias en una sociedad democrática para proteger los fines mencionados y deben ser compatibles con los demás derechos reconocidos en el Pacto (véase el párrafo 18. infra).

La propia ley tiene que determinar las condiciones en que pueden limitarse esos derechos (…) las restricciones no previstas en la ley o que no se ajusten a los requisitos del párrafo 3 del artículo 12 violarían los derechos garantizados en los párrafos 1 y 2.

Al aprobar leyes que prevean restricciones permitidas en virtud del párrafo 3 del artículo 12, los Estados deben guiarse siempre por el principio de que las restricciones no deben comprometer la esencia del derecho (véase el párrafo I del artículo 5); no se debe invertir la relación entre derecho y restricción, entre norma y excepción. Las leyes que autoricen la aplicación de restricciones deben utilizar criterios precisos y no conferir una discrecionalidad sin trabas a los encargados de su aplicación.

El párrafo 3 del artículo 12 indica claramente que no hasta con que las restricciones se utilicen para conseguir fines posibles: deben ser necesarias también para protegerlos. Las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad, deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora: debe ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse.".

En consecuencia, según el Comité de Derechos Humanos, con base en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cualquier restricción a la libertad de tránsito que no esté prevista en una norma con rango de ley, comprometa la esencia del derecho, no resulte necesaria y proporcional al fin o resulte discriminatoria, no sería compatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos.

En cuanto a la libertad de salir de cualquier país, el Comité de Derechos Humanos también ha establecido que:"[l]a libertad de salir del territorio de un Estado no puede hacerse depender de ningún fin concreto o del plano que el individuo decida permanecer fuera del país. En consecuencia, dicha libertad incluye el viaje temporal al extranjero y la partida en caso de emigración permanente. Igualmente, el derecho de la persona a determinar el Estado de destino es parte de la garantía jurídica”.

Al mismo tiempo, cabe notar que ciertas conductas de los solicitantes de asilo vinculadas a su salida del país en que busca protección podrían tener un impacto en su elegibilidad para la protección internacional. Por ejemplo, visitas frecuentes al país de nacionalidad, en el cual un solicitante dice tener un fundado temor de persecución, pueden poner en duda la credibilidad de la solicitud o el carácter fundado del temor a la persecución. Sin embargo, estas consideraciones deben ser objeto de un examen individual de las circunstancias del caso concreto por parte de la autoridad competente para la determinación de la condición de refugiado en el contexto de los procedimientos de asilo, observando las salvaguardas del debido proceso.

Por otro lado, el ACNUR hace notar que una solicitud de protección internacional puede ser retirada o considerada abandonada por una variedad de razones que no están necesariamente relacionadas con la falta de necesidades de protección de un solicitante. En consecuencia, la preocupación fundamental del ACNUR es que la legislación y práctica de los Estados deben garantizar que las disposiciones sobre retiro y abandono implícitos no se apliquen a solicitantes que no tengan la intención de retirar o abandonar sus solicitudes. Además, tras el retiro (explícito o implícito) o el abandono de una solicitud, si un solicitante desea reabrir la solicitud y proseguir con el examen, debe tener acceso a un procedimiento de asilo justo y efectivo y la solicitud debe ser objeto de un adecuado y completo examen de sus méritos. Esto es esencial para garantizar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales concernientes al derecho de buscar asilo y garantizar la no devolución. Asimismo, el incumplimiento de requisitos procesales no debe ser tratado como motivo para retiro o abandono implícito, cuando el incumplimiento se deba a circunstancias fuera del control del solicitante. o cuando exista una explicación razonable.

En consideración de las potenciales implicaciones para el derecho humano de buscar asilo y el acceso al procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, el ACNUR estima que las causales para el abandono de las solicitudes de la condición de refugiado requieren estar previstas en normas con rango de ley. Asimismo, en opinión del ACNUR cualquier consecuencia mecánica o automática que la salida del país del solicitante de asilo pueda tener sobre los méritos de la solicitud o la continuidad del procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado resultaría incompatible con los estándares internacionales sobre el derecho de buscar asilo y las garantías del debido proceso. Lo anterior debido a la ausencia de un análisis adecuado e individualizado de las circunstancias específicas de cada caso y por las limitaciones a las personas solicitantes para ejercer su derecho de defensa, a ser escuchadas efectivamente y a interponer recursos de ley ante una decisión que termina su procedimiento de asilo, todas ellas garantías previstas por el derecho internacional …”. (el subrayado y realce no es del original).

De acuerdo con el criterio emitido por ACNUR, así como atendiendo los compromisos internacionales adquiridos por el Estado costarricense en materia de personas refugiadas y a luz de la sentencia mencionada supra, se estima que la restricción de tránsito impuesta por la autoridad recurrida -vía reglamentaria- a las personas solicitantes de refugio es contraria a los derechos humanos de las personas migrantes, pues impone limitaciones a su libertad ambulatoria, mediante un instrumento jurídico que no es idóneo ni legítimo para esos efectos. Véase que dicha regulación se impone mediante decreto ejecutivo, dado que por la relevancia del estatus migratorio en cuestión, de conformidad con lo indicado en el informe de ACNUR, dicha limitación puede ser impuesta únicamente mediante ley. Incluso una legislación en ese sentido estaría sujeta al control de constitucionalidad para ponderar su legitimidad en cuanto a las restricciones que pueda imponer.

En ese sentido, cabe destacar que la Convención de Refugiados no distingue entre persona refugiada y solicitante de la condición de refugiado, pues la determinación del estatuto de refugiado es de naturaleza declaratoria, es decir que no es necesario que exista un acto que reconozca a la persona como refugiada, sino que basta con la interposición de la gestión de solicitud de refugio, para que le sean reconocidos los derechos que le garanticen la protección de los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos.

Respecto al caso particular del tutelado, se observa que existió una limitación arbitraria a su derecho de tránsito por parte de la autoridad recurrida, toda vez que se le denegó la posibilidad de salida de país por su condición de solicitante de refugio, por lo que este Tribunal considera que la aplicación del artículo 59 del Reglamento de Personas Refugiadas vulneró los derechos del tutelado, toda vez que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados otorga a quienes ostentan dicha condición, el trato más favorable posible y en ningún caso el menos favorable que el generalmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros. Bajo este orden de ideas, lo dispuesto en el artículo antes mencionado, limita los derechos ambulatorios de la persona solicitante de refugio.

Al tenor de lo expuesto, es evidente que la norma administrativa que impone la limitación al recurrente, a saber, el numeral 59 del decreto ejecutivo [Placa1], resulta inaplicable a este tipo de solicitudes, por cuanto, se insiste, impone limitaciones por un medio inidóneo. Así las cosas, debe disponerse la nulidad del acto administrativo de fecha 22 de diciembre de 2022 de la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración que dio respuesta a la solicitud del recurrente de fecha 19 de diciembre del 2022.

Ahora bien, en vista de que con ocasión de la interposición del presente recurso de hábeas la Dirección General de Migración y Extranjería procedió a resolver en forma definitiva la solicitud del recurrente, acogiendo la misma mediante la resolución N° 135-1035527-ADMINISTRATIVA dictada a las 15:03 horas del 05 de enero de 2023 -notificada al tutelado el mismo día-, lo procedente es declarar el recurso con lugar, según lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia (…)