Resolución 24767

Por resolución de las 8:49 horas del 30 de setiembre de 2019 se dio curso al amparo.

Por escrito recibido en la Sala el 4 de octubre de 2019, informan bajo juramento Marta Eugenia Acosta Zúñiga y Rafael Picado

López, por su orden Contralora General y Gerente del Área de Denuncias e Investigaciones, ambos de la Contraloría General de la

República. Reconocen que el recurrente solicitó la información aludida. Señalan que dicha solicitud de información fue debidamente

atendida en lo procedente. Sobre el particular se emitió el oficio DFOE-DI-1522 del 8 de agosto de 2019, el cual indicaba que la

información solicitada tiene un carácter confidencial, tal como lo regula el artículo 24 de la Ley contra la Corrupción y el

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, así como con lo dispuesto en el Código de Normas y Procedimientos Tributaros y

sus reformas, tomando como parámetros los fines consignados en el artículo 9 Ley n.° 9416, es decir, para dar cumplimiento a las

funciones de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda y para el cumplimento de las competencias legales atribuidas

al Instituto Costarricense sobre Drogas. Esta decisión se sustenta en que la información requerida se deriva de los datos

consignados y contenidos en las declaraciones juradas de los funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial, todo en

atención al artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Indican que ese

fundamento se circunscribe a la aplicación de la norma cuestionada, por lo que el recurrente deberá acudir a la vía ordinaria en caso

de disconformidad. En caso de considerar que el numeral 24 de cita es contrario a la Constitución Política, el accionante deberá

interponer las acciones correspondientes. Enfatizan que el oficio DFOE-DI-1522 únicamente aplica el ordinal 24 de referencia.

Transcriben la norma. Derivan de ella que es confidencial la información brindada por los funcionarios públicos sujetos a la

presentación de la declaración jurada de la situación patrimonial. Entre las excepciones tasadas sobre confidencialidad hay varios

actores, como las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el

Ministerio Público o los Tribunales de la República, siempre que la misma sea solicitada para investigar o determinar infracciones

y delitos previamente delimitados por la ley. Resaltan que el amparado no es uno de esos sujetos cobijados por la excepción y,

por esa razón, no puede configurarse una violación al derecho de acceso a la información. Remiten a jurisprudencia constitucional.

Con base en ella, señalan que las comisiones legislativas de investigación son el único órgano que el legislador encargó para acceder

a la información que pretende el actor, por lo que su pretensión resulta improcedente y el actuar de la Contraloría ajustado a los

principios constitucionales. Rechazan que la Contraloría esté violando los derechos fundamentales del recurrente, ya que está

aplicando la normativa en los términos de su contenido, sin realzar interpretación restrictiva alguna de su alcance. Resaltan que la

información que pretende el recurrente es resguardada por la Contraloría únicamente como producto del numeral 21 de la ley n.°

8422, el cual versa sobre la declaración patrimonial que ciertos funcionarios públicos hacen ante el órgano contralor. Remiten al

ordinal 29 de esa ley, que indica que debe consignarse en la declaración jurada, entre otros puntos: “(…) la participación en

sociedades o empresas con fines de lucro, el nombre completo de la entidad, la cédula jurídica, el cargo o puesto que el funcionario

ocupa en ellas, el domicilio, el número de acciones propiedad del declarante, el tipo de estas y su valor nominal.” Señalan que no

cuentan con mecanismos distintos al citado para saber cuáles diputados o diputadas tienen acciones en determinadas sociedades

que resultaran beneficiadas con la exoneración de referencia. Reiteran que el mandato legal imposibilita otorgar la información

peticionada por el recurrente. Para elaborarla en los términos pedidos, se estaría lesionando el deber de confidencialidad que tutela

el ordinal 24 de la ley n.° 8422. Resaltan que la Contraloría deberá procesar la información declarada confidencial para analizarla

posteriormente y entregarla al recurrente en los términos bajo los cuales se pidió, lo que resulta contrario a la tutela de la

confidencialidad que regula la norma citada, ya que se estaría tomando la información suministrada por el funcionario público en la

declaración jurada de bienes para investigar y elaborar un documento que contenga una serie de datos de determinado funcionario

para el fin que el solicitante requiera, lo que claramente lleva a una pérdida de confianza de la manera en que este órgano contralor

custodia información confidencial y bajo qué necesidad o justificación la hace pública, en contra de la literalidad del citado artículo

Adicionalmente, cualquier actuación de los funcionarios custodios de la información rendida a la luz de las declaraciones

juradas, que sirva para contrariar el numeral 24 supra citado, podría generar responsabilidades tanto administrativas como penales,

a la luz de los numerales 38 inciso l), 42 y 60 de la ley n.° 8422. Aunque el recurrente no requiera el nombre de las sociedades

donde son accionistas los diputados, el hecho de que la Contraloría General indique los nombres de los accionistas de sociedades

que fueron beneficiadas con la exoneración implica revelar información confidencial, en tanto la relación entre los señores

Diputados y Diputadas y las sociedades solo es posible derivarla del contenido de los datos que incluyeron los servidores

públicos en su declaración. Si se hiciera la supresión hipotética de la información contenida en la declaración jurada de bienes, la

Contraloría no tendría posibilidad material de conocer el nombre de las personas que tienen acciones en las empresas que se

acogieron a la amnistía tributaria, lo cual evidencia que, aun en el supuesto de que no se indicara el nombre de las sociedades o el

capital accionario, se estaría haciendo uso de la información confidencial que fue suministrada por los funcionarios públicos,

protegida por el citado artículo

Señalan que la información solicitada no es de carácter tributario, por lo que no se le puede dar

el mismo tratamiento al señalado en la jurisprudencia citada por el recurrente en su escrito de interposición del recurso de amparo.

Aunque la información solicitada se requiere para determinar los nombres de los Diputados que son accionistas de sociedades que

se acogieron a la amnistía tributaria, dicho fin no provoca que la información sea de carácter tributaria, toda vez que la información

a la que se pretende acceder fue presentada por los declarantes para acreditar su situación patrimonial dentro del marco del régimen

preventivo de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Público y no para fines tributarios. Además,

indican que la información que pretende extraerse de las declaraciones juradas se está incorporando actualmente en un Registro de

Accionistas al amparo de la Ley para Mejorar en la Lucha contra el Fraude Fiscal (n.° 9416), el cual es de carácter confidencial, de

conformidad con lo dispuesto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y sus reformas. Consideran que el acceso a

dicha información solo es posible otorgarlo en los términos dispuestos en dicha normativa y para los fines consignados en el

artículo 9, sea para dar cumplimiento a las funciones de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda y para el

cumplimiento de las competencias legales atribuidas al Instituto Costarricense sobre Drogas. Estiman que la ley n.° 9416 confirma

la importancia de la confidencialidad de la información pretendida. Señalan que la publicación de la información solicitada lesionaría

el derecho a la intimidad de dichos servidores, ya que cualquier persona podría acceder a datos sensibles como direcciones,

teléfonos, etc. sin que medie un interés público al respecto. Citan jurisprudencia. Acoger el segundo planteamiento del recurrente,

lejos de coadyuvar con el acceso a la información, permitiría que información sensible de los funcionarios públicos pueda caer

irrestrictamente en manos de personas con fines no previstos en la norma y de esa manera ponerlos en una situación de

vulnerabilidad, en contradicción con el numeral 24 de la Constitución Política. Rechazan que se violaran los derechos

fundamentales del recurrente. Acotan que los aspectos restantes son de mera legalidad. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

Por oficio del 17 de octubre de 2019, los Magistrados Castillo, Rueda, Hernández, Salazar, Araya, Picado y Chacón

plantearon su inhibitoria en este caso.

Por resolución de las 8:32 horas del 23 de octubre de 2019, la Presidencia a.i. de la Sala denegó sus inhibitorias y los

tuvo por habilitados.

En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Objeto del recurso. El recurrente acusa que los accionados le negaron información pública, en concreto, la lista de

diputados y diputadas que son accionistas de sociedades que se acogieron a la amnistía tributaria.

Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes

hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto

inicial:

a) Por escrito oficio n.° JMVFE-JFA-145-2019 del 14 de mayo de 2019, el accionante indicó a los recurridos: “Sirva la

presente para la saludarla de la manera más atenta. De conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política y la reiterada

jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la información de interés público de carácter tributario, le solicito me proporcione la

lista de diputados y diputadas que son accionistas de sociedades que se acogieron a la amnistía tributaria contemplada en la Ley de

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, número 9635. Debo aclarar que bajo ninguna circunstancia pretendo me indique los

nombres de las sociedades en cuestión, el capital accionario o cualquier otra información confidencial protegida por el artículo 24

de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Le adjunto la lista de beneficiarios de las

amnistías tributarias, entregada por el Ministerio de Hacienda a mi despacho.” (Hecho incontrovertido).

b) Mediante oficio n.° DFOE-DI-1522 del 8 de agosto de 2019, la parte accionada respondió al tutelado: “Esta Contraloría

General recibió su oficio Nro. JMVFE-JFA-145-2019, mediante el cual solicitó un listado de los diputados y diputadas que son

accionistas de sociedades que se acogieron a la amnistía tributaria dispuesta en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas,

Nro. 9635; asimismo, remitió el detalle de los beneficiarios de dicha amnistía, facilitado a su persona por el Ministerio de

Hacienda. Al respecto, se le informa que lo solicitado deriva de los datos consignados y contenidos en las declaraciones juradas de

los funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial, esto en atención al artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Nro. 8422, en particular de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.

Valga destacar, que según lo establece el artículo 24 de esa misma Ley Nro. 8422, el contenido de las declaraciones juradas es

confidencial, salvo para el propio declarante, y sin perjuicio del acceso que requieran las comisiones especiales de investigación de

la Asamblea Legislativa, este órgano contralor, el Ministerio Público o los tribunales de la República, con la finalidad de investigar

y determinar la comisión de posibles infracciones y delitos previstos en la Ley. De ahí que de conformidad con lo anterior, se tiene

que el detalle del contenido de las declaraciones juradas en correspondencia con la identidad del declarante, se constituye en

información de carácter confidencial y que este órgano contralor no está en la potestad de exhibir ante terceros, dada la protección

legal de cita. Por otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, No. 9416, se crea el

registro de los accionistas de las personas jurídicas y o estructuras jurídicas domiciliadas en el país; según lo dispone el artículo 5

de esa normativa legal “(...) Las personas jurídicas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país, por medio de su representante

legal, deberán proporcionar al Banco Central de Costa Rica el registro o la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que

tengan una participación sustantiva.” . La información de este registro de accionistas, es de carácter confidencial de conformidad

con lo dispuesto en la Ley No. 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios y sus reformas. Asimismo, no podrá ser

utilizada para otros fines distintos a los consignados en el artículo 9 Ley Nro. 9416, sea para dar cumplimiento a las funciones de

la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda; y para el cumplimiento de las competencias legales atribuidas al Instituto

Costarricense sobre Drogas. De manera que, este Despacho le informa que, producto de lo solicitado en su misiva, y partiendo del

listado y cifras del Ministerio de Hacienda, remitidos por su persona, así como de la información consignada en las declaraciones

juradas antes citadas, se tiene que, cuatro de esos miembros de elección popular son accionistas de sociedades que resultaron

beneficiadas con la exoneración, siendo que sumados los montos correspondientes a los cuatro, se obtiene un monto total de

₡3.911.072,00 (tres millones novecientos once mil setenta y dos colones exactos) producto de la amnistía tributaria dispuesta en

la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Nro. 9635. Finalmente, resulta oportuno señalar al solicitante que con este

acto se da por atendida su gestión.” (Hecho incontrovertido).

Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente acusa que los accionados se negaron a brindarle la información

solicitada por medio del oficio n.° JMVFE-JFA-145-2019 del 14 de mayo de 2019. Al respecto, la Sala tuvo por probado que el

amparado efectivamente presentó tal oficio, donde indicaba: “Sirva la presente para la saludarla de la manera más atenta. De

conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política y la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la

información de interés público de carácter tributario, le solicito me proporcione la lista de diputados y diputadas que son

accionistas de sociedades que se acogieron a la amnistía tributaria contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas

Públicas, número 9635. Debo aclarar que bajo ninguna circunstancia pretendo me indique los nombres de las sociedades en

cuestión, el capital accionario o cualquier otra información confidencial protegida por el artículo 24 de la Ley Contra la Corrupción

y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Le adjunto la lista de beneficiarios de las amnistías tributarias, entregada por el

Ministerio de Hacienda a mi despacho.” Asimismo, también se tuvo por probado que existió una negativa de parte de la

Administración recurrida, la cual contestó de la siguiente manera: “Esta Contraloría General recibió su oficio Nro.

JMVFE-JFA-145-2019, mediante el cual solicitó un listado de los diputados y diputadas que son accionistas de sociedades que se

acogieron a la amnistía tributaria dispuesta en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Nro. 9635; asimismo, remitió el

detalle de los beneficiarios de dicha amnistía, facilitado a su persona por el Ministerio de Hacienda. Al respecto, se le informa que

lo solicitado deriva de los datos consignados y contenidos en las declaraciones juradas de los funcionarios obligados a declarar su

situación patrimonial, esto en atención al artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función

Pública, Nro. 8422, en particular de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Valga destacar, que según lo establece el

artículo 24 de esa misma Ley Nro. 8422, el contenido de las declaraciones juradas es confidencial, salvo para el propio declarante,

y sin perjuicio del acceso que requieran las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, este órgano

contralor, el Ministerio Público o los tribunales de la República, con la finalidad de investigar y determinar la comisión de posibles

infracciones y delitos previstos en la Ley. De ahí que de conformidad con lo anterior, se tiene que el detalle del contenido de las

declaraciones juradas en correspondencia con la identidad del declarante, se constituye en información de carácter confidencial y

que este órgano contralor no está en la potestad de exhibir ante terceros, dada la protección legal de cita. Por otra parte, con la

entrada en vigencia de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, No. 9416, se crea el registro de los accionistas de las

personas jurídicas y o estructuras jurídicas domiciliadas en el país; según lo dispone el artículo 5 de esa normativa legal “(...) Las

personas jurídicas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país, por medio de su representante legal, deberán proporcionar al

Banco Central de Costa Rica el registro o la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación

sustantiva.” . La información de este registro de accionistas, es de carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en la Ley

No. 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios y sus reformas. Asimismo, no podrá ser utilizada para otros fines

distintos a los consignados en el artículo 9 Ley Nro. 9416, sea para dar cumplimiento a las funciones de la Administración

Tributaria del Ministerio de Hacienda; y para el cumplimiento de las competencias legales atribuidas al Instituto Costarricense

sobre Drogas. De manera que, este Despacho le informa que, producto de lo solicitado en su misiva, y partiendo del listado y

cifras del Ministerio de Hacienda, remitidos por su persona, así como de la información consignada en las declaraciones juradas

antes citadas, se tiene que, cuatro de esos miembros de elección popular son accionistas de sociedades que resultaron beneficiadas

con la exoneración, siendo que sumados los montos correspondientes a los cuatro, se obtiene un monto total de ₡3.911.072,00

(tres millones novecientos once mil setenta y dos colones exactos) producto de la amnistía tributaria dispuesta en la Ley de

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Nro. 9635. Finalmente, resulta oportuno señalar al solicitante que con este acto se da

por atendida su gestión.”

La Sala determina que no existe controversia entre las partes con respecto a tales hechos. La pugna entre ellas se refiere, más

bien, a la situación de derecho. Desde la perspectiva del recurrente, él afirma que no está solicitando que se revele información

contenida en las declaraciones de los funcionarios, amparadas por el artículo 24 de la Ley Contra la Corrupción y el

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Más bien, pretende que los recurridos “construyan” o “elaboren” la información

solicitada. Señala que dicha información es pública, por ser tributaria, y permitiría ejercer control político y luchar contra la

corrupción. Por su parte, la Contraloría General de la República indica que aplicó el citado numeral 24, el cual determina que dicha

información es confidencial y establece, además, cuáles sujetos pueden tener acceso a ella. Ese órgano constitucional señaló que se

debe acudir a la declaración efectuada en virtud del ordinal 21 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la

Función Pública para saber la información requerida por el tutelado, es decir, si un diputada o diputado tiene acciones en

determinadas sociedades que fueran beneficiadas con exoneraciones.

Al analizar el caso, la Sala coincide con el tutelado en cuanto al interés público que reviste la información tributaria. De igual

manera, reconoce que los diputados son funcionarios públicos sujetos al escrutinio de la ciudadanía. Empero, tales elementos no

conllevan que la información pretendida le deba ser ineludiblemente entregada. Como punto de partida, la Sala nota que el

amparado pretende la “construcción” o “elaboración” de información, supuestos que no están previstos en el artículo 30

constitucional, el cual tutela el acceso a información preexistente. Independientemente de lo anterior, la Sala nota que la solicitud

efectuada es compleja, en el sentido que no requiere un solo tipo de información, sino el resultado de la combinación necesaria de

dos bases de datos. Por un lado, se debe acudir a la base de datos de sociedades que se vieron beneficiadas por amnistías

tributarias; por otro, se debe inquirir sobre la participación accionaria de los diputados o diputadas en tales sociedades. Si bien la

primera podría ser considerada información tributaria de carácter público, el verdadero obstáculo se encuentra en la segunda. Según

se desprende del informe rendido, dicha información –la participación accionaria de los diputados y diputadas- únicamente podría

derivarse de la declaración rendida en virtud del artículo 21 de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función

Pública. Ahora bien, con respecto a la información contenida en dicha declaración, ella es regulada por un régimen especial,

determinado en esa misma ley:

“Artículo 24.-Confidencialidad de las declaraciones. El contenido de las declaraciones juradas es confidencial, salvo para el propio

declarante, sin perjuicio del acceso a ellas que requieran las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, la

Contraloría General de la República, el Ministerio Público o los tribunales de la República, para investigar y determinar la

comisión de posibles infracciones y delitos previstos en la Ley. La confidencialidad no restringe el derecho de los ciudadanos de

saber si la declaración fue presentada o no conforme a la ley.”

Dado que esa declaración constituye una intromisión extraordinaria en la intimidad de los funcionarios que deben rendirla, la misma

ley protege la información que se deriva de ella y prevé los mecanismos para superar el impedimento que significa su

confidencialidad. En ese sentido, la Sala ha avalado la constitucionalidad de la norma y del acceso que tienen las comisiones

especiales legislativas a la información:

“c.- Sobre el artículo 24 Confidencialidad de las declaraciones.

Como tercer cuestionamiento, los recurrentes señalan que este numeral autoriza a saber la información relativa a cuáles y cuántos

son los ingresos pecuniarios de una persona, el origen de los mismos, sus propiedades muebles e inmuebles, inversiones y

cualquier otro activo, lo que constituye un núcleo esencial del ámbito de intimidad. Estiman desproporcionado e irrazonable que

los funcionarios públicos deban desprenderse de esa parte esencial de su ámbito de intimidad para entregarla a la Asamblea

Legislativa en general. Agregan que la Ley Nº 8422 no dice si la información se debe entregar a comisiones investigativas, al

Plenario, a los diputados considerados individualmente o a los asesores legislativos, siendo que la disposición es imprecisa y vaga.

Señalan que la divulgación irrestricta de la situación patrimonial de los funcionarios puede afectar su seguridad e integridad física

ya que no existe en dicha ley una garantía real y efectiva para que la información que se deba entregar a la Asamblea Legislativa se

encuentre protegida con el mismo celo que lo hace la Contraloría General de la República. En primer lugar debe decirse que la

normativa es clara al señalar que el acceso a las declaraciones de la situación patrimonial de los funcionarios públicos es requerida

por las Comisiones Especiales de Investigación de la Asamblea Legislativa, único órgano legislativo que el legislador encargó para

aquella labor, y no como erróneamente dicen los accionantes refiriéndose al Plenario, los diputados en general y sus asesores. El

artículo 121 inciso 23) de la Constitución Política, le atribuye a la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar comisiones de su

seno para que investiguen cualquier asunto que les encomiende y rindan el informe respectivo, lo que constituye un instrumento

normal e indispensable para que la Asamblea Legislativa descargue su función de fiscalización política que le es consustancial

como la netamente legislativa. De manera que debe estar dotada de los medios razonables para el cumplimiento de sus cometidos

constitucionales, tal es el caso de la facultad que tienen al libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las

investigaciones y recabar datos, incluidas las declaraciones a que esta obligados los funcionarios públicos de su situación

patrimonial. Por otra parte, los recurrentes alegan la inconstitucionalidad de este numeral porque la divulgación irrestricta de la

situación patrimonial de los funcionarios puede afectar su seguridad e integridad física ya que no existe en dicha ley una garantía

real y efectiva para que la información que se deba entregar a la Asamblea Legislativa se encuentre protegida con el mismo celo que

lo hace la Contraloría General de la República. Pero siendo como son, actos de control político, solamente en ese contexto,

conforme a las valoraciones políticas en el Parlamento, y en segundo término, quedarían sometidos al análisis y la critica publica.

Por eso señaló esta Sala: “Corresponderá al buen juicio de los diputados y de los partidos políticos que los han llevado al cargo

público, un recto ejercicio de tal función, pues su abuso o, simplemente, su torcido uso, puede revertir en una desvalorización

política para la misma Asamblea o para algún sector de ella…” (Véase la sentencia número 1322-91). También la función de

control político tiene inserta la obligación de los diputados, como funcionarios públicos, de denunciar al Ministerio Público

cualquier hecho que hayan podido percibir al tener acceso a las declaraciones juradas, constitutivo de delito, y específicamente de

delito de enriquecimiento ilícito o corrupción en la función pública. En conclusión, la autorización que hace el legislador a las

Comisiones Legislativas de Investigación para que tengan acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos respecto a

su situación patrimonial, no solo encuentran sustento en el mismo texto constitucional, sino que hay una necesidad imperiosa de

detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública. Por lo expuesto, contrario a lo alegado por los recurrentes,

la normativa aquí citada no tiene roces con la Constitución Política, propiamente que pueda comprometer el derecho a la

intimidad.” (Sentencia n.° 2008-07689 de las 14:52 horas del 7 de mayo de 2008).

La Sala observa que la situación planteada por el tutelado no se encuentra entre los supuestos de excepción previstos

normativamente. Este Tribunal rechaza que toda información relacionada con un funcionario público –en posesión o no de la

Administración- sea inherentemente pública, pues ello anularía el derecho a la intimidad de tales funcionarios. Más bien, el análisis

debe efectuarse casuísticamente. En el sub examine, la información pretendida por el tutelado se encuentra cobijada por la

confidencialidad del numeral 24 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. De ahí que sea

improcedente su entrega. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en

papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético,

óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días

hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado

dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la

Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de

enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3

de mayo del 2012, artículo LXXXI.