Resolución 00397-2026

CUESTIONES PRELIMINARES.- Se hacen las siguientes aclaraciones y advertencias en relación a la forma como se dicta esta sentencia:

Se emite esta resolución según las formalidades establecidas en la Ley número 9342, Código Procesal Civil y el Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por Corte Plena en el artículo XXXI de la sesión número 22-13, celebrada el veinte de mayo del dos mil trece 2013.

Con base en el principio de equivalencia funcional de los documentos electrónicos, dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y 11 del Reglamento supra citado, aunado a que conforme al mandato del artículo 61.2.2 del Código Procesal Civil, únicamente se requiere la identificación de la fuente probatoria del elenco de hechos probados y no probados de la sentencia; motivo por el cual esta Cámara ha decidido que para fines de referencia e identificación de los documentos que componen el expediente electrónico judicial, los cuales se encuentran incorporados directamente en las bases de datos de este Poder de la República, únicamente se indicarán los números de imágenes del documento digital que en archivo formato ".pdf." y ordenado de manera ascendente-, ha sido descargado de la aplicación informática del expediente electrónico judicial, a efectos de emitir la presente sentencia.

En virtud de lo dispuesto por parte del Consejo Superior del Poder Judicial en lo ordenado en los acuerdos números XXVIII de la Sesión N° 84-2021 del 28 de setiembre de 2021 y XXXIX de la Sesión N° 95-2021 del 04 de noviembre de 2021 y en los acuerdos No.2.VI.2023, 11.VI.2023 y 12.VI.2023, adoptados en la sesión celebrada el 27 de julio del 2023, en los artículos X y XI de la sesión celebrada el 24 de agosto de 2023 (Oficios 001- CCACH-2023 y 003-CCACH-2023, respectivamente) y el artículo III de la sesión celebrada el 6 de setiembre de 2023 (Oficio 017-CCACH-2023) de la Comisión de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en los, en los cuales se ordenó la implementación del rediseño de este Despacho, este proceso fue turnado al Tribunal Colegiado Equipo 6 y más concretamente, a la casilla de la jueza ponente el 10 de octubre del 2024, según consta en el Sistema Escritorio Virtual y en la constancia visible a imagen 2249 del expediente judicial digital.

En los procedimientos, no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión.

DEL TRÁMITE DADO AL PRESENTE PROCESO.- Para una mayor comprensión de lo que se debate en este proceso, se estima pertinente aclarar el cauce procesal dado a este asunto en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa desde su interposición, según el siguiente recuento:

En fecha 18 de junio del 2021, los servidores judiciales Hao Him Chavarría Lao y José Andrés Hernández Aguirre interpusieron proceso laboral contra el Estado ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, que se tramitó en expediente número 21-001312-1027-CA y con las siguientes pretensiones

“… Principal:

Declarar con lugar la presente demanda.

Declarar que los acuerdos a los que se refiere esta demanda fueron dictados contrario a derecho, y en su lugar se deberá declarar con lugar que se dejen sin efecto, debiendo ordenar al Departamento de Gestión Humana que mantenga a los aquí actores en los puestos de profesional 2 que venían ocupando hasta la fecha en se ejecutó el cambio ordenado en los acuerdos que aquí se dejan sin efecto. Además se deberá reintegrar las diferencias de todos los salarios dejados de percibir desde el 01 de enero del 2021 y hasta su efectivo pago. Dineros que deberán ser indexados, así como los intereses legales (ambos conforme al artículo 565 del Código de Trabajo.)

SUBSIDIARIA

Declarar con lugar la presente demanda.

Se declare la NULIDAD de los acuerdos a los que se refiere esta demanda, debiéndose ordenar al Departamento de Gestión Humana que mantenga a los aquí actores en los puestos de profesional 2 que venían ocupando hasta la fecha en se ejecutó el cambio ordenado en los acuerdos que aquí se dejan sin efecto. Además se deberá reintegrar las diferencias de todos los salarios dejados de percibir desde el 01 de enero del 2021 y hasta su efectivo pago. Dineros que deberán ser indexados, así como los intereses legales (ambos conforme al artículo 565 del Código de Trabajo.) …"

(escrito de demanda a imágenes 2 a 51 del expediente judicial digital). En dicha sede, mediante resoluciones de las 23:15 horas del 29 de junio del 2021 y de las 11:47 horas del 11 de agosto del 2021, se ordenó la desacumulación de acciones (imágenes 56 a 57 y 447 -respectivamente- del expediente judicial digital), manteniendo el número de expediente el interpuesto por la señora Chavarría Lao.

Conferido el traslado de la demanda, la representación estatal la contestó de manera negativa, pidiendo la desestimación de la acción en todos sus extremos, ordenando el archivo definitivo del expediente, y en caso de estimarse la acción, que se le exonere en el pago de las costas, por haber litigado de buena fe y protección del interés público, al tenor de los artículos 452 del Código de Trabajo y 222 del Código Procesal Civil. Formuló la defensa de falta de derecho (escrito de contestación de la demanda a imágenes 819 a 846 del expediente judicial digital).

Mediante resolución de las 15:23 horas del 12 de julio del 2023, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, de oficio se declaró incompetente para el conocimiento de este proceso y lo trasladó al Tribunal Contencioso Administrativo (imágenes 1084 a 1087 del expediente judicial digital). Es así como mediante auto de las 10:33 horas del 21 de setiembre siguiente, el Tribunal Contencioso Administrativo se arrogó la competencia de este proceso (imágenes 1090 a 1091 del expediente judicial digital).

A partir de las 8:38 horas del 16 de noviembre del 2023, se celebró la audiencia preliminar prevista en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo en modalidad virtual y bajo la conducción del Juez de Trámite José Pablo Rodríguez Herrera. Se conectaron la actora, acompañada de su personero (abogado Edwin Reyes Odio) y la Procuradora Angie Lucía Azofeifa. Se suspendió la audiencia para conferir audiencia a las partes para que la actora precisara los actos cuya nulidad pedía y además, se le requirió al Estado aportar los expedientes administrativos certificados. (Minuta a imágenes 1125 a 1127 del expediente judicial digital y respaldo digital en la carpeta del Escritorio Virtual.)

El 23 de noviembre del 2023 la actora reformuló sus pretensiones en la siguiente forma:

"… a) Se declare con lugar la demanda.

b.) Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión No. 120-2020, celebrada el 17 de diciembre del 2020, Art. XCI (indicado en hecho 10 de la demanda).

- Escenario 1 del Informe No. PJ-DGH-597-2020, del 3 de diciembre del 2020, elaborado por la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora Interina de Gestión Humana (indicado en hecho 10 de la demanda)

Acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, sesión No. 08-2021, celebrada el 28 de enero del 2021, en el artículo XVIII (indicado en hecho 12 de la demanda).

- Informe PJ-PGH-098-2021, de fecha 22 de febrero del 2021, elaborado por la MBA. Roxana Arrieta Meléndez y la Licda. Waiman Hin Herrera (indicado en hecho 13 de la demanda)

Acuerdo del Consejo Superior del Consejo Superior del Poder Judicial sesión No. 18-2021, celebrada el 04 de marzo del 2021, en el Art. XX (oficio No. 2254-201, del 09 de marzo del 2021) (indicado en el hecho 15 de la demanda).

c) Ordenar al Poder Judicial por medio del Departamento de Gestión Humana que mantenga a la aquí actora en el puesto de profesional 2 que ha ocupado desde que trabaja en el Subproceso de Gestión Humana, ocupando actualmente y desde diciembre de 2018 la plaza No. 371999 y que se le continúe cancelando el salario establecido para la dicha plaza y puesto.

d) Ordenar al Poder Judicial por medio del Departamento de Gestión Humana que se le reintegre a la aquí actora las diferencias salariales dejadas de percibir, desde el mes de enero de 2021 hasta el mes de noviembre de 2023, los cuales a la fecha se liquidan en la suma de ¢20.785.444.47, distribuidos de la siguiente forma:

¢ 17.740.50.98 (sic) por diferencias salariales mensuales y

¢ 3.044.923.49 por concepto de diferencia entre aguinaldo y salario escolar;

- Sin perjuicio de liquidar las futuras diferencias hasta la fecha en que se revierta la decisión que aquí se impugna y hasta su efectivo pago.

- Dineros que deberán ser indexados, así como los intereses legales (ambos conforme al artículo 565 del Código de Trabajo).

A partir de las 10:07 horas del 11 de junio del 2024, se intentó continuar con la realización de la audiencia complementaria, en modalidad virtual, bajo la conducción de la Jueza de Trámite Patricia Calderón Rodríguez, y las partes intervinientes en este asunto; pero se suspendió la misma, ante la morosidad del abogado de la actora de la colegiatura al Colegio de los Abogados y Abogadas de Costa Rica. (Minuta de audiencia a imágenes 2233 a 2234 del expediente judicial digital).

Sexta: Luego de la acreditación de su pago (a imagen 2235 del expediente judicial digital, la audiencia preliminar continuó a partir de las 8:39 horas del 5 de agosto del 2024, bajo la conducción de la indicada jueza de trámite y la presencia de los intervinientes y sus representantes indicados. Se fijaron las pretensiones conforme al ajuste realizado por la actora -transcritas en el acápite Quinto anterior-. Se definieron todos los hechos controvertidos e hizo pronunciamiento respecto de la prueba, en la de carácter documental, toda la ofrecida por la parte actora con los escritos de interposición y de ajuste de la demanda; y en relación al Estado, la que acompañó el escrito de la demanda y el disco de prueba aportado el 18 de enero del 2024. Se admitió la prueba testimonial ofrecida por la actora, de Karla Infante Blanco, relativa al hecho 14, con la precisión de no tener criterio técnico la decisión adoptada; las funciones desempeñadas por actores antes y después de la decisión del Consejo de rebajar salarios al cambiarlos de categoría y que en la actualidad hacen la actora (como profesional administrativa 2). Finalmente la jueza a cargo rechazó el recurso de revocatoria que interpuso la representación estatal contra la admisión de esta última prueba.

Luego del traslado de este proceso a esta Sección de Juicio, por auto de las 18:58 horas del 30 de setiembre del 2024 se hizo el señalamiento de juicio, a realizarse el 9 de diciembre del 2025 (imágenes 2250 a 2256 del expediente judicial digital) y por auto de las 13:06 horas del 2 de diciembre del 2025, se hizo el recordatorio de juicio (imagen 2263 del expediente judicial digital)

A partir de las 8:42 horas del 9 de diciembre del 2025, se constituyó la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo, de manera presencial en la Sala de Juicio 5 del edificio del Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José, integrada en esta ocasión por las juezas Cynthia Abarca Gómez, Godelieve López Salas y Silvia Consuelo Fernández Brenes, esta última en condición de jueza ponente. Se contó con la asistencia de la Técnico Judicial Adriana Artavia Murillo. Se conectaron vía la herramienta de Teams la actora -Sao Him Chavarría Lao- y su apoderado (abogado Edwin Reyes Odio) y la Procuradora Angie Lucía Azofeifa Rojas. Se recordó el objeto del proceso, con la lectura de las pretensiones, en la forma fijada en la audiencia preliminar celebrada el 5 de agosto del 2024, lo cual fue confirmado por la parte actora. De seguido se enunció la forma como había contestado la representación estatal y la defensa opuesta, lo que también fue confirmado por la procuradora. Se confirió audiencia respecto de la prueba ofrecida ese mismo día por el Estado, consistente en certificación emitida por la Jefatura interina de la Dirección de Gestión Humana, que actualiza la información de la condición laboral de la actora con el Poder Judicial (escrito a imagen 2273 del expediente judicial digital), la cual fue admitida, al tenor del numeral 50 del Código Procesal Contencioso Administrativo (prueba nueva). La Jueza ponente hizo referencia a prueba ofrecida por el Estado -en fecha 21 y 23 de noviembre del 2023 y 5 de agosto del 2024- respecto de la cual no se hizo pronunciamiento en la audiencia preliminar, que detalló que no había sido admitida -ver detalle en la minuta de juicio, a imágenes 2302 a 2313 del expediente judicial digital-; y luego de escuchadas a las partes, se fue admitida, requiriéndose la aportación de la certificación del archivo IV. de la certificación 228-2023. De seguido se hizo lectura de la prueba documental admitida en el proceso y que fuera ofrecida por cada una de las intervinientes -ver detalle en la minuta de juicio, a imágenes 2302 a 2313 del expediente judicial digital-, y se le requirió a la representación estatal aportar el Anexo 1 (Labores realizadas por el personal del Subproceso de Gestión del Desempeño), que es parte del oficio 1972-PLA-2017. La jueza ponente hizo referencia de la prueba a evacuar en juicio, la testigo Karla Infante Blanco. Se declaró formalmente abierta la audiencia complementaria, de manera que los personeros de las intervinientes hicieron su alegato de apertura. Se hizo un receso para almorzar. A la 1:26 horas se continuó con la audiencia, recibiéndose a la testigo ofrecida por la actora, realizándosele el interrogatorio y contra-interrogatorio. Finalmente las juezas Abarca Gómez, López Salas y Fernández Brenes interrogaron en ese orden a la testigo. De seguido ambas partes rindieron sus conclusiones de forma oral. La Jueza ponente declaró este asunto como muy complejo, al tenor de lo cual informó a las partes que la sentencia sería dictada dentro de los quince días siguientes a la finalización de la audiencia, que vencería el 14 de enero del 2026 y verificó los medios para atender notificaciones. (Ver minuta de juicio a imágenes 2302 a 2313 del expediente judicial digital y el respaldo digital en el Escritorio Virtual).

El 12 de diciembre del 2025 la representación estatal aportó la documentación aportada al expediente. (Escrito a imágenes 2313 a 2316 y 2317 a 2319 y documentos a imágenes 2320 a 2731 del expediente judicial digital).

En resolución de las 10:04 horas del 17 de diciembre del 2025, las juezas Godelieve López y Silvia Consuelo Fernández Brenes comunicamos a las partes intervinientes que se había otorgado incapacidad por motivo de enfermedad a la jueza Cynthia Abarca Gómez, por tres días, a partir del 16 y hasta el 18 de ese mes, según la boleta número A00280125000711, por lo que el plazo para dictar la sentencia en este asunto vencía hasta el 19 de enero del 2026 (auto a imagen 2733 y copia de la boleta de incapacidad a imagen 2732 del expediente judicial digital).

DEL OBJETO DEL PROCESO.- Conforme al recuento anterior, se tiene que la señora Sao Him Chavarría Lao interpone este proceso en contra del Estado, en el que hace varias pretensiones de diversa naturaleza, pero que a modo de síntesis y para una mejor comprensión pueden esgrimirse de la siguiente manera. Se formula una pretensión principal, de carácter declarativo -pretensión identificada como a)-, tendente a que se disponga la nulidad absoluta de tres actos concretos, a saber: el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial adoptado en el Artículo Art. XCI de la sesión No. 120-2020, celebrada el 17 de diciembre del 2020 (pretensión identificada como a) 1-); el acuerdo del Consejo Superior adoptado en el artículo XVIII de la sesión 08-2021, celebrada el 28 de enero del 2021 (pretensión identificada como a) 2-); y el acuerdo del Consejo Superior adoptado en el Artículo XX de la sesión 18-2021, del 4 de marzo del 2021 (pretensión identificada como a) 3-). El sustento de la pretensión anulatoria está residenciado en las siguientes infracciones: a.) lesión al debido proceso; b.) lesión al principio de la confianza legítima, c.) vicio en los elementos fundamentación, motivo y contenido (artículos 136, 133 y 132 de la Ley General de la Administración Pública); d.) ius variandi abusivo; f.) lesión al principio constitucional de igualdad salarial (artículo 57 de la Carta Fundamental) y g.) lesión a los principios presupuestarios de universalidad, integridad, equilibrio financiero, de especialidad cuantitativa y cualitativa (artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera de la República). Accesorias -o dependiente- de la pretensión anulatoria anterior, la actora formuló dos pretensiones adicionales, ambas de condena; la primera para que se le ordene “… al Poder Judicial por medio del Departamento de Gestión Humana que mantenga a la aquí actora en el puesto de profesional 2 que ha ocupado desde que trabaja en el Subproceso de Gestión Humana, ocupando actualmente y desde diciembre de 2018 la plaza No. 371999 y que se le continúe cancelando el salario establecido para la dicha plaza y puesto …” -pretensión identificada como c)-; y la segunda para que se ordene “… al Poder Judicial por medio del Departamento de Gestión Humana que se le reintegre a la aquí actora las diferencias salariales dejadas de percibir, desde el mes de enero de 2021 hasta el mes de noviembre de 2023, los cuales a la fecha se liquidan en la suma de ¢20.785.444.47, distribuidos de la siguiente forma: / - ¢ 17.740.520.98 por diferencias salariales mensuales y / ¢ 3.044.923.49 por concepto de diferencia entre aguinaldo y salario escolar; / Sin perjuicio de liquidar las futuras diferencias hasta la fecha en que se revierta la decisión que aquí se impugna y hasta su efectivo pago. / - Dineros que deberán ser indexados, así como los intereses legales (ambos conforme al del Código de Trabajo) …” -pretensión identificada como c)-. Finalmente pidió la condena en costas procesales y personales de la acción -pretensión identificada como d)-. En escritos de contestación de la demanda y del ajuste de la acción, la representación estatal la contestó de manera negativa, requiriendo la desestimación en todos sus extremos, para lo cual invocó la defensa de falta de derecho; y en la eventualidad de que se acogiera la acción interpuesta, pidió la exoneración en costas, al tenor de lo dispuesto en los del Código de Trabajo y 222 del Código Procesal Civil. Se recuerda a las partes que el ejercicio de la función jurisdiccional está condicionado al principio de congruencia, en la forma prevista en el artículo 119.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que en su literalidad dispone: “… La sentencia resolverá sobre todas las pretensiones y todos los extremos permitidos por este Código …”, de manera que el análisis que se hará en este pronunciamiento se circunscribirá a las pretensiones planteadas, teniendo en consideración las alegaciones de ambas intervinientes, las cuales se desarrollarán cuando nos refiramos a cada uno de los extremos, a efecto de evitar reiteraciones.

DE LOS HECHOS PROBADOS.- De relevancia para la resolución del presente proceso, se tiene por probado el siguiente elenco, conforme a las reglas de la sana crítica, sea que así consten o se colijan de la comunidad probatoria, esto es, de documentación que fue admitida como prueba y de la declaración del testimonio rendido en el juicio oral:

1.) En oficio DGH-ED-425-2016, del 28 de julio del 2016, el Director interino de Gestión Humana (José Luis Bermúdez Obando), el Subdirector de Desarrollo Humano (Mauricio Quirós Álvarez) y la Jefa interina de Subproceso de Gestión del Desempeño (Evelyn Quijano Eduarte) del Poder Judicial, solicitaron a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, en lo que es de interés a este asunto:

“…

Formalizar dentro de la estructura de la Dirección de Gestión Humana, el Subproceso de Gestión del Desempeño de conformidad con lo acordado por el Consejo Superior en la sesión N° 78-02 del 17 de octubre del 2002, artículo LXXXI sobre las recomendaciones emitidas por la empresa consultora SONDA como parte del proyecto

de Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Humanos en el Poder Judicial y del servicio integral que se debe brindar para comprender, analizar y desarrollar a las personas en la organización.

Dotar al Subproceso de Gestión del Desempeño de personal profesional y técnico en cantidad suficiente, de manera que se pueda garantizar el cumplimiento del Reglamento para el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño en el Poder Judicial, y por tanto la implementación y sostenibilidad de la evaluación del desempeño como un proceso cíclico en toda la población judicial que actualmente alcanza las 12.000 personas. Para estos efectos deberá la Dirección de Planificación realizar los estudios correspondientes.

Aunado a lo anterior y de conformidad con la cantidad de personal que se proporcione al Subproceso de Gestión del Desempeño, proveer las instalaciones físicas con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las labores propias, lo anterior de conformidad con las normas de Salud Ocupacional y los lineamientos institucionales ...

…

Una vez formalizado el Subproceso de Gestión del Desempeño como Sección de la Dirección de Gestión deberá la Unidad de Presupuesto de la Dirección de Gestión Humana, gestionar el traslado formal de los siguientes puestos, mismos que actualmente están en calidad de préstamo ...

Nombre

Cédula

Puesto

Clase

Oficina a la está adscrita

Ivannia Aguilar Arrieta

01-0823-0346

47472

Jefe Administrativo 3

Unidad de Investigación y Control

Allen Argüello Coto

01-1113-0725

352552

Profesional 2

Sección Análisis de Puestos

En el caso de los puestos 322553 v 359183 clasificados como Profesional 2, mantener el permiso con goce de salario y sustitución otorgados por el Consejo Superior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por ser un asunto de interés institucional …”

(imágenes 125 a 129 del archivo: “I PARTE FOLIOS 1-550.pdf”, de la carpeta “Disco 1 (certificación No. 228-2023)”, del disco compacto aportado por el Estado);

2.) Al conocer de la gestión anterior, en el Artículo XXXIX de la sesión 75-16, celebrada el 9 de agosto del 2016, en lo que interesa a este asunto, el Consejo Superior del Poder Judicial dispuso trasladarla a la Dirección de Planificación para su análisis y recomendación técnica sobre la estructura propuesta (imágenes 61 a 69 del expediente judicial digital);

3.) En oficio GD-022-2017, del 23 de marzo del 2017, Ivannia Aguilar Arrieta, del del Subproceso de Gestión del Desempeño, de la Dirección de Gestión Humana, comunicó a la Sección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Planificación del Poder Judicial  “… la descripción de tareas que realizan actualmente las personas trabajadoras a mi cargo, desde julio del 2015, …”, que detalló en función de las clases de puestos destacados en esa dependencia, y que de interés a este proceso contencioso lo hizo del siguiente modo:

a.) Profesionales Administrativos 2 de Gestión del Desempeño:

Tener por rendido el informe N° 1972-PLA-2017 de la Dirección de Planificación.

Acoger las recomendaciones expuestas en dicho informe, por lo que se dispone lo siguiente: a) Formalizar la creación del "Subproceso de Evaluación del Desempeño" dentro de la estructura organizacional de la Dirección de Gestión Humana, adscrito al Proceso de Desarrollo Humano. b) Autorizar el traslado definitivo a dicho Subproceso de las plazas que vienen laborando en forma periódica y que oportunamente la Dirección de Planificación había recomendado para asumir la evaluación del desempeño, según los movimientos efectuados internamente por parte de la Dirección de Gestión Humana y que se señalan en la Tabla 2 de este informe a saben los puestos número 47572, 352552, 371999, 371998. c) La Dirección de Gestión Humana determinara interinamente, con el recurso humano existente, el apoyo para atender las labores administrativas secretariales en el Subproceso de Evaluación del Desempeño. d) No continuar con la prórroga de los permisos con goce de salario y sustitución de los puestos número 359183, 352553, 371998, 371999, 108613, 363384, hasta tanto no esté el sistema debidamente implementado para determinar con mayor precisión cuál será la demanda del servicio que tendrá que asumir …

Hacer este acuerdo de conocimiento de la Dirección de Gestión Humana, de la Dirección de Tecnología de la Información, del Subproceso de Formulación del Presupuesto y Portafolio Institucional de Proyectos de la Dirección de Planificación, de la Oficina de Salud Ocupacional, del Departamento de Servicios Generales, de la Presidencia de la Corte y del Despacho de la Presidencia, para lo que a cada una corresponda en el cumplimiento de las recomendaciones indicadas en el citado informe.

La Dirección de Planificación realizará el seguimiento correspondiente e informará oportunamente a este Consejo lo pertinente. Se declara acuerdo firme … "

(imágenes 665 a 687 del expediente judicial digital);

7.) En el oficio 44-PLA-EVE-2019, del 14 de enero del 2019, el Jefe del Proceso de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planificación hizo un estudio en relación con el seguimiento de las recomendaciones anteriores. De importancia para el análisis de lo debatido en la acción se tienen las siguientes consideraciones:

a.- En relación con la formalización de la temática de la Evaluación del Desempeño en la Dirección de Gestión Humana, a través de un Subproceso: la tuvo por completada la recomendación y adicionalmente agregó

“… Debe indicarse que en el momento en que se realizó el informe N°113-OI-2017, se disponía de más personas trabajadoras en el Subproceso; sin embargo, en virtud de que para prorrogar los permisos con goce de salario la dinámica institucional establece que una vez aprobados estos, deben ser ocupados por el propietario del puesto, en la Dirección de Gestión Humana no se contó con profesionales propietarios que desearan trasladarse a laborar al Subproceso en esa condición, lo que limitó la disposición de recursos.

A partir de enero de 2018 dos de las plazas consideradas en el informe

citado, regresaron a su puesto; la profesional en psicología, señora Jeannette Durán Alemán y la señora Evelyn Quijano Eduarte, profesional en administración

2.

Avalar las recomendaciones sugeridas: en consecuencia, deberá la Dirección de Gestión de Gestión Humana, específicamente la Jefatura de la Sección de Análisis de Puestos, realizar un estudio que determine si el puesto de Jefa/e Administrativa/o 3, 47572, está en una categoría salarial acorde a sus funciones. En igual sentido, asignar un profesional en psicología que apoye la implementación del sistema de Evaluación del Desempeño tal y como se indica en la recomendación 5.11 del informe 113-OI-2017-B. Finalmente, atendiendo a las labores que actualmente realiza el Subproceso de Evaluación del Desempeño y a la técnica de Gestión del Recurso Humano, se modifica el nombre del Subproceso de Evaluación del Desempeño a Subproceso de Gestión del Desempeño. Las direcciones de Gestión Humana y de Planificación, tomarán nota para lo que corresponda …”

(imágenes 78 a 88 del expediente judicial digital);

9.) En oficio N° PJ-DGH-597-2020 del 4 de diciembre de 2020, elaborado por la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora interina de Gestión Humana, propuso tres alternativas para solventar la disminución del presupuesto del período 2021 en las subpartidas de suplencias al Consejo Superior, sobre la base de los siguientes presupuestos: a.) Que para el presupuesto aprobado para el 2021, la subpartida de suplencias [permiso con sueldo por capacitación, permiso con sueldo para cuido de familiar, permiso con goce por matrimonio, permiso con goce por nacimiento, permiso con goce por defunción, permiso con sueldo por actividades en el exterior, suspensión con goce de salario, permiso con sueldo por docencia en Costa Rica, permiso con goce de salario, vacaciones, permiso con sueldo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incapacidad]; disminuyó en más de 2 mil millones respeto al presente año; b.) El costo estimado total de suplencias al mes de octubre 2020 era de 21,134,265,392.87, lo que incluía el salario base por sustitución, componentes salariales, aguinaldo, salario escolar así como las respectivas cargas patronales y estatales, así como las del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial; c.) El costo anual de las suplencias para proyectos por permiso con goce de salario art 44 para el año 2021, se estimaba en ¢7,232,210,950.40, para un total de 274 puestos según los datos remitidos por la Dirección de Planificación; d.) El monto de recuperación por incapacidades al mes de noviembre 2020 era de ¢5,363,638,584.99 y el monto estimado por permisos con goce art 44 por los proyectos de origen Estratégico, Operativo y Modelo Penal, para este período 2020 estaría cerrando con un total de ¢5,962,526,954.19; e.) El promedio estimado de recuperaciones trimestral por incapacidad para el período 2021, se estima en ¢1,462,810,523.18; f.) Se presentaba una estimación de probables obligaciones pendientes para el período 2021 en total de ¢1.533.739.230.37 (por pago de sentencias por ¢208.159.076.37, por reconocimiento de tiempo servido por ¢ 504.892.909.00 y por puntos de carrera profesional y pasos por capacitación de ¢820.687.245.00); g.) Se presentaba un total de obligaciones pendientes para el período 2021 en total de ¢489.896.491.46 (por pago de sentencias por ¢429.896.491.46 y por reconocimiento de tiempo servido por ¢ 60.000.000.00). La propuesta 2, refirió a considerar salarios base, aguinaldos y cargas patronales estatales, del siguiente modo:

Girar instrucciones a las oficinas para que optimicen el uso de los recursos ordinarios, realizando una revisión de tareas y redistribuyendo el trabajo equitativamente dentro de los equipos de trabajo, con el fin de encontrar recursos ociosos o subutilizados [el resaltado no es del original].

Girar instrucciones a toda la población judicial, para que según lo establecido en el 1.4 del Plan de Vacaciones vigente, comuniquen oportunamente a las jefaturas las solicitudes de vacaciones, permisos, jubilaciones, o cualquier otro movimiento que implique dejar puestos con periodos de tiempo al descubierto, para que así las Jefaturas puedan cubrirlos oportunamente y hacer uso adecuado del recurso.

Instar a las oficinas a realizar planes anuales de vacaciones, para que puedan planificar oportunamente las sustituciones y optimizar el uso de los recursos.

Reiterar a las oficinas la necesidad de utilizar todos los puestos que tienen adscritos, con el fin de no registrar puestos sin ocupación por largos períodos, que puedan traer consecuencias a la institución por la subutilización de los recursos asignados, lo anterior, en razón de las normas de ejecución presupuestarias aprobadas para el próximo año …”

(por referencia en el artículo XXIX de la sesión 118-2020, del 10 de diciembre del 2020, del Consejo Superior, a imágenes 183 a 198 del expediente judicial digital);

10.) En el oficio 2013-PLA-PP-PE-2020, del 9 de diciembre del 2020, el Director interino de Planificación -Erick Mora Leiva-, remitió el informe relacionado con el cuarto informe de seguimiento del 2020 relativo a los proyectos incorporados al portafolio institucional de proyectos estratégicos -en total 25-, el cual incluyó el análisis de las necesidades de permisos con goce de salario para el período 2021, para que fuesen valoradas de forma integral los requerimientos formulados por las oficinas y la factibilidad presupuestaria de la institución, para otorgar dichos recursos, ante la disminución significativa de la subpartida de suplencias para el año 2021. Entre esos proyectos estratégicos se encontraba el Sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias, con código 0134-DGH-P02, de la Dirección de Gestión Humana. A modo indicó a modo de resumen:

“… Del análisis de las solicitudes de permisos con goce de salario para la ejecución de proyectos estratégicos y la atención de labores operativas se resumen a continuación las principales conclusiones:

1.1 La subpartida de 0.01.05 Suplencias para el año 2021 presenta una disminución de un 25%, pasando de ¢8.158.823.191 a ¢6.145.837.435, es decir, una diferencia absoluta de ¢2.012.985.756.

1.2 Al contemplar las estimaciones relacionadas con los compromisos y obligaciones para el 2021de la subpartida de suplencias distintas a los permisos con goce de salario (como lo son medidas cautelares, permisos especiales, licencias de maternidad, incapacidades) y deducirlo al monto formulado para ese mismo período, se concluye que el monto disponible en la subpartida para poder costear los permisos con goce de salario requeridos para el 2021, es insuficiente

Modificar el acuerdo tomado en sesión No. 118-2020, celebrada el 10 de diciembre del 2020, Artículo XXIX, en el sentido que se aprueba el escenario 1 del informe No. PJ-DGH-597-2020 del 4 de diciembre de 2020, elaborado por la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora interina de Gestión Humana, lo anterior tomando en cuenta el cálculo de salarios que la Institución debe de realizar. 2.) De conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por ser un asunto de interés institucional, prorrogar los siguientes permisos con goce de salario y sustitución, a partir del 04 de enero y hasta el 31 de marzo de 2021, según el siguiente detalle: [que en lo que interesa a este proceso dice]

Clase de puesto

Proyecto o Labor Operativa / Oficina al que se le asigna el recurso / Detalle del puesto

Tipo

Nivel de prioridad

Suma total de permisos

Número de puestos

…

Sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias

Proyecto

11

5

Dirección de Gestión Humana

Considerar la identificación de indicadores que responden al Plan Anual Operativo.

Definir y desarrollar un módulo de evaluación del colaborador a la jefatura.

Definir y desarrollar un módulo de autoevaluación.

Cambiar la ponderación de los componentes para que sea parametrizable de acuerdo con las clases de puesto.

Integrar evaluación del desempeño con el módulo de Administración Salarial para el pago de anualidades

Definir y desarrollar una herramienta(s) para el registro de actividades diarias para la población judicial.

Incorporar la evaluación de la Contraloría de Servicios.

Para dar acatamiento a los dispuesto por orden de la Contraloría General de la República, se presentó un plan de trabajo el cual se adjunta en el anexo No.3, lo cual conlleva un mayor desarrollo de los sistemas informáticos y modificaciones al Reglamento de Evaluación del Desempeño, comunicado en Circular 204-2019.

En otro ámbito de acción fuera del proyecto, el Subproceso de Gestión del Desempeño, abarca aproximadamente 12.596 puestos, 845 oficinas y despachos judiciales, tanto para efectos de capacitación como para la atención de dudas en la aplicación de la metodología de evaluación.

Adicionalmente se deben de realizar los reportes de inconsistencias que genera el módulo informático, a nivel de ejemplo del 4 de enero al 10 de febrero de 2021, se han generado 98 reportes en el sistema informático para la Gestión Integrada de Servicios (GIS).

Otra parte importante de mencionar es la alta inversión de tiempo que genera la atención de consultas, durante el período de planeación en el 2020 (junio-agosto) se recibieron en la cuenta oficial de correo del subproceso 446 consultas; sin embargo, los integrantes del subproceso también recibieron 1738 consultas, en el mismo período de tiempo. Esto nos da que en promedio se recibieron 2184 consultas, en el término de tres meses, lo que da un promedio por mes de 728, dividido entre los 9 servidores que conforman el subproceso (7 profesionales y 2 técnicos administrativos), da una media mensual de 81 consultas por integrante.

…

3.6 Criterio de la Dirección de Planificación

La Dirección de Gestión Humana ha solicitado mediante oficio PJ-DGH-SGD-005-2021, (anexo No.4) analizar la necesidad de dotar de personal profesional y técnico al Subproceso de Gestión del Desempeño, en forma extraordinaria para el período presupuestario 2022, mismo que se encuentra hoy en día como permiso con goce de

Que el Consejo Superior emitió la circular número 274-2020, Asunto: Lineamientos sobre el Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos del Poder Judicial, donde se ordena a las Jefaturas que no podrán asignar actividades a las personas servidoras judiciales a su cargo, que no se ajuste a las tareas de la clase de puesto en que se encuentren nombradas; y que están debidamente documentadas en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos del Poder Judicial, motivo por el cual es mi deber, como les había informado anterior(sic) hacer la distribución del trabajo de los seis profesionales en apego a esta disposición, situación que genera un desequilibrio en la distribución del trabajo, al limitar maximizar la capacidad operativa del Subproceso a mi cargo, dado que las diferencias entre una clase y otra, desde su clasificación y valoración, están fundamentadas en la oportunidad de realizar diferentes tareas, por tanto, en la asignación de las metas de desempeño no podría aplicar una igualdad de tareas como se realizó el año pasado, en cuanto a los informes especializados que realizan estos puestos, al no formar parte de las tareas del profesional 1 y comprenderán que en la etapa de madurez de la implementación de la evaluación del desempeño resulta fundamental hacer análisis de los efectos de la aplicación del proceso administrativo así como el estudio de oportunidades de mejora para operativizar el proceso y brindarle sostenibilidad al mismo [el resaltado no es del original].

Por lo anterior, desde la decisión adoptada se ha generado una división entre el equipo de trabajo, al tener que realizar la valoración de cada actividad entre lo que pueden desarrollar los profesionales 2 y los profesionales 1, que en años anteriores siempre compartían las mismas tareas, situación de su conocimiento y documentada en el oficio PJ-DGH-098-2021 del 22 de febrero de 2021, cuando se atendió el reclamo de los compañeros afectados con el rebajo de su categoría, el problema reside en que se resta capacidad operativa al equipo al tener que separar actividades que antes se compartían en razón de la equidad en la clase de puesto, que desde el 2015 han venido desempeñando los profesionales destacados en este Subproceso, dado que la demanda de trabajo no nace esa diferenciación, los objetivos estratégicos y del PAO deben cumplirse sin distingo de clases de puestos, por esto la situación se ha convertido en un riesgo operativo [el resaltado no es del original].

También, debe considerarse que, dentro de la clasificación y valoración de puestos del Poder Judicial, no se han analizado las tareas y responsabilidades del personal destacado en este Subproceso, y que debería incorporarse dentro del Manual de Puestos, siendo que los perfiles por competencias cuando se realizaron los aquí actores aún no estábamos formalmente constituidos. Debe tenerse presente que incluso cuando la Dirección de Gestión Humana apoyaba la gestión de la Comisión de Evaluación del Desempeño, en 2011 la categoría de los permisos destacados fue de Profesional en Administración 2, dada la complejidad del denominado proyecto de evaluación del desempeño [el resaltado no es del original], que estuvo a cargo del ex Magistrado Rolando Vega Robert.

Por otra parte, a nivel de la gestión en la proposición electrónica de nombramientos se ha presentado la siguiente situación que nos explicó la compañera Eugenia Mora, que implica que en cada ocasión que deba registrarse un movimiento en esos permisos se deben gestionar permisos especiales, dado que ya que esto no depende enteramente de la PIN, sino que hay que solicitar a la Unidad de Presupuesto que haga el cambio temporal en la clase de puesto de la plaza y al encontrarse en este momento la Dirección con el tema de la formulación" para el 2022, ese cambio puede afectar las proyecciones, aunado a que se puede ver afectado el salario de la persona titular cuando los procesos de planilla hacen el recorrido, por lo(sic) se otorga un plazo de 2 días, para registrar y aprobar el movimiento, de forma que Presupuesto devuelva la característica de la plaza a la clase correcta; y así, evitar inconsistencias en la labor que ellos realizan [el resaltado no es del original].

Para muestra les remito una imagen de la consulta en jefatura que esta(sic) desde la semana anterior que me ha limitado terminar el proceso de planeación 2021, al visualizar solamente al personal técnico.

…

Finalmente, siendo que el Consejo Superior al conocer el reclamo de los compañeros afectados dispuso mantener las categorías de los puestos asignados por permisos del artículo 44, en la sesión N° 18-2021 del 04 de marzo de 2021, artículo XX, me parece que estos riesgos no fueron considerados por el órgano decisor y omitiéndose las recomendaciones de la Contraloría General de la República de dotar de personal a este Subproceso, pero que me parece es mi deber documentar según la normativa vigente, dado que hemos tenido pocas oportunidades de analizar el tema en cuestión, siendo que la condicionante ha sido el tema económico que tiene actualmente el Poder Judicial, sin consideración de los efectos jurídicos y estratégicos de debilitar el Subproceso responsable de implementar la evaluación del desempeño del personal judicial [el resaltado no es del original …"

(imágenes 474 a 476 del expediente judicial digital);

21.) En el acuerdo firme adoptado en el Artículo LXXI, adoptado en la sesión número 25-2021, del 25 de marzo del 2021, el Consejo Superior del Poder Judicial, dispuso, en lo que interesa a este asunto, aprobar la prórroga de permiso con goce de salario y sustitución, a partir del primero de abril y hasta el 30 de junio del 2021, conforme al numeral 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de tres plazas en la categoría de profesional 1, correspondiente a las plazas 371998, 371999 y 352552, para destinarlas al programa 926-Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, en el Sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias, de la Dirección de Gestión, lo anterior por ser un asunto de interés institucional (imágenes 405 a 472 del expediente judicial digital)

22.) En oficio PJ-DGH-SGD-005-2021, del 8 de enero del 2022, la Directora General de Gestión Humana -Roxana Arrieta Meléndez- remitió a la Dirección de Derecho de la Función Pública, Procuraduría General de la República informe técnico del cambio de profesional 2 a 1 de la servidora judicial Sao Him Chavarría Lao. A tal efecto hizo un detalle de los antecedentes de la decisión, la impugnación interpuesta por los servidores afectados y las actuaciones para su resolución: oficio PJ-DGH-0597-2020; oficio 2013-PLA-PP-PE-2020; acuerdo del artículo XXIX de la sesión 118-2020, del 10 de diciembre del 2020 del Consejo Superior; acuerdo del artículo XCI de la sesión 120-2020, del 17 de diciembre del 2020 del Consejo Superior; comunicación del anterior acuerdo a equipo del Subproceso de Evaluación del Desempeño; interposición de recurso de revocatoria y nulidad concomitante de los servidores afectados; acuerdo del artículo XVIII de la sesión 8-21 del 28 de enero del del Consejo Superior; oficio PG-DGH-098-2021, de la Dirección de Gestión Humana y acuerdo del artículo XX de la sesión 18-21, del 4 de marzo del 2021 del Consejo Superior (imágenes 2032 a 2054; 2062 a 2083; 2100 a 2121; 2130 a 2151 del expediente judicial digital);

Realizar estudios e investigaciones en áreas diversas del campo administrativo.

Recopilar, clasificar y analizar información de diversa índole para el diseño e implantación de sistemas administrativos.

Diseñar, modificar y evaluar instrumentos de análisis,

formularios, fuentes de reclutamiento, registros y otros.

4.-Realizar investigaciones, encuestas, entrevistas y otras

actividades propias del campo de su competencia.

Analizar y ejecutar el proceso de acuerdos de pago en forma

electrónica e imprimir desde el Sistema de Presupuesto

Judicial, los Acuerdos de Pago por concepto de cancelación de

facturas de proveedores, tramitadas en las Unidades de Pagos Mayores y de Pagos Menores.

Realizar la emisión de cheques, transferencias electrónicas de fondos y de las planillas de pago de los compromisos que se

cancelan con cargo a la cuenta de Caja Chica General.

Analizar y verificar la documentación para elaborar la planilla mensual de alquileres, producto del arrendamiento de locales que alojan las oficinas del Poder Judicial.

-Analizar, revisar y verificar la cancelación de planillas de

subsidios por incapacidad, enfermedad y maternidad, emitidas por la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).

Gestionar la recuperación de los recursos económicos en todos aquellos casos donde la C.C.S.S. haya incurrido en omisiones o pagos erróneos en dicha cancelación.

Efectuar estudios concernientes al trámite de jubilaciones y pensiones, pagos efectuados por compromisos institucionales, estudios de pago por concepto de incapacidades por enfermedad, maternidad o accidentes de tránsito y cuota

patronal, publicaciones de acuerdos de pago.

Elaborar las autorizaciones de débitos de la cuenta de

importaciones.

Colaborar en los análisis de sistemas, diseño de nuevos

métodos y procedimientos administrativos.

Elaborar el presupuesto y la programación anual de compras

de artículos, materiales y formularios de stock.

Elaborar estudios de existencias, consumos.

Establecer parámetros de distribución de los suministros.

Elaborar y mantener actualizado el catálogo de materiales.

Confeccionar los cuadros de consumo de materiales de stock de cada oficina.

Realizar los estudios respectivos para determinar la necesidad de incluir o excluir artículos en el stock.

Determinar los requerimientos de agendas, calendarios y planificadores para los funcionarios autorizados en la

institución.

Participar en la actualización de manuales de

clases, procedimientos, desarrollo de sistemas, métodos de trabajo y otros de similar naturaleza.

Participar y apoyar el proceso de formulación y ejecución presupuestaria.

22.-Tramitar y dar seguimiento al mantenimiento y reparación de bienes y otros.

Redactar informes, proyectos, normas, procedimientos y otros documentos que surjan como consecuencia de las

actividades que realiza, presentando las recomendaciones y

observaciones pertinentes.

Coordinar las actividades con sus superiores, compañeros de trabajo y personal interno y externo de la institución, en los

casos que se requiera.

Llevar controles variados sobre las actividades bajo su

responsabilidad y velar porque éstos se cumplan de acuerdo

con los programas, fechas y plazos establecidos.

Asistir a reuniones, seminarios, charlas y otras actividades similares y representar a la institución ante organismos

públicos y privados. (*)

Impartir charlas y cursos propios de su área de competencia.(*)

Atender y resolver consultas relacionadas con su área de actividad. (*)

Realizar otras labores propias del cargo.

Diseñar y realizar investigaciones, planes, programas de trabajo, proyectos y análisis complejos en áreas diversas del campo administrativo.

Participar en la preparación y formulación de objetivos, planes, programas de trabajo, modificaciones, presupuestarias,

informes estadísticos, proyectos, determinación de recursos y otros.

Analizar, verificar e informar el vencimiento de los recursos dinerarios invertidos en dólares estadounidenses, así como en colones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y las dependencias administrativas de este Poder

(Fondo de Socorro Mutuo, Contaduría Judicial, Fondo de

Emergencias, entre otras).

4.-Ejecutar el traslado de recursos económicos entre las distintas cuentas bancarias del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, así como de las dependencias administrativas de este Poder.

Analizar las solicitudes de los proveedores de prórrogas de procedencia de la misma según la Ley y Reglamento de

Contratación Administrativa.

Realizar investigaciones respectivas ante reclamos de los usuarios respecto a un bien o servicio entregado por parte de un proveedor y determinar el procedimiento a seguir para solucionar el problema encontrado.

Revisar los pagos a efectuar de las pólizas de vehículos, guardería, trayectos, responsabilidad civil entre otras para determinar que sean los montos correspondientes.

Recopilar, clasificar, tabular y analizar información variada y compleja para proponer la adopción de políticas institucionales.

Efectuar labores de revisión, análisis y control de los planes, información estadística, programas y proyectos de ejecución,

confirmación de cancelación de inversiones, confección de flujo de recursos económicos, compra de títulos valores, colocación y vencimientos de inversiones, seguimientos a inversiones y convenios, registros contables, endosos de títulos valores, así como de organización y reorganización administrativa.

Efectuar labores de revisión, análisis y control de los planes, información estadística, programas y proyectos de ejecución,

así como de organización y reorganización administrativa.

Evaluar la implantación y desarrollo de las propuestas

formuladas.

Analizar sistemas, métodos, instrumentos, procedimientos,

cuestionarios, formularios y registros existentes a fin de

recomendar los ajustes, cambios y demás medidas para resolver problemas.

Confeccionar manuales e instructivos de organización,

funciones, procedimientos, clasificación y valoración de

puestos, evaluación del desempeño, cuestionarios, formularios, circulares, y otros documentos similares.

Efectuar entrevistas ya sea estructuradas, semiestructuradas,

técnicas, especializadas, entre otros, como parte del desarrollo de las actividades encomendadas.

Evaluar la productividad y rendimiento de los recursos

asignados a diferentes programas.

Analizar y determinar la legalidad de los documentos

presupuestarios.

Participar en el establecimiento de indicadores que permitan dar seguimiento a la ejecución del presupuesto, planes de trabajo, programas y proyectos.

Preparar, analizar e interpretar cuadros, gráficos, tendencias e información variada.

Realizar investigaciones, encuestas, análisis estadísticos,

matemáticos y otros de carácter profesional.

Llevar a cabo análisis de variancias, correlaciones,

proyecciones económico-financieras para el diseño, aprobación y ejecución de los planes, programas y proyectos.

Autorizar la realización de trámites administrativos y llevar controles variados.

Coordinar las actividades con sus superiores, compañeros de trabajo y personal interno y externo de la institución en los casos que se requiera.

Redactar informes, proyectos, normas, procedimientos y otros

documentos que surgen como consecuencia de las actividades que realiza, presentando las recomendaciones y

observaciones pertinentes.

Exponer ante los órganos competentes, en los casos que así se requiera, los criterios y alcances planteados en los informes que elabora.

Llevar controles variados sobre las actividades bajo su

responsabilidad y velar porque éstos se cumplan de acuerdo

con los programas, fechas y plazos establecidos.

Asistir a reuniones, seminarios, charlas y otras actividades similares y representar a la institución ante organismos públicos y privados. (*)

Atender consultas y resolver imprevistos relacionados con el

campo de su especialidad, según lo permita la ley. (*)

Impartir charlas y cursos propios de su área de competencia. (*)

Velar por el trámite correcto, oportuno y la legalidad de la documentación que revisa, según su campo de acción.

Realizar otras labores propias del cargo.

Sistemas de apoyo a la función

Dominio de herramientas informáticas y de los sistemas

operativos de uso institucional.

Dominio de herramientas informáticas y de los sistemas operativos de uso institucional

Requisitos Académicos

Bachiller universitario en una de las disciplinas académicas de

la Administración.

Licenciatura en una de las disciplinas académicas de la

Administración

Requisitos Legales

Incorporado al Colegio Profesional respectivo cuando la ley así lo establezca para el ejercicio del cargo profesional.

Incorporado al Colegio Profesional respectivo cuando la ley así lo establezca para el ejercicio del cargo profesional

(*) Son funciones idénticas en los dos puestos profesionales

DE LOS HECHOS NO PROBADOS.- De importancia para la resolución de esta demanda, por no constar de la prueba aportada al expediente y ni de la evacuada en juicio, se tiene como no probado lo siguiente:

1.) El momento, forma y/o medio de como la actora conoció del contenido del acuerdo adoptado por el Consejo Superior en el Artículo XCI de la sesión 120-2020, celebrada el 17 de diciembre del 2020;

2.) Las funciones concretas que la servidora Sao Hinn Chavarría Lao realizaba en el Subproceso de Evaluación del Desempeño antes de la adopción del acuerdo adoptado por el Consejo Superior en el Artículo XCI de la sesión 120-2020, del 17 de diciembre del 2020;

3.) Se hubiesen cambiado las funciones concretas que la servidora Sao Hinn Chavarría Lao realizaba en el Subproceso de Evaluación del Desempeño con la implementación del acuerdo adoptado por el Consejo Superior en el Artículo XCI de la sesión 120-2020, del 17 de diciembre del 2020;

4.) Las funciones que realizó la servidora Sao Hinn Chavarría Lao en el Subproceso de Evaluación del Desempeño, luego de la adopción del acuerdo adoptado por el Consejo Superior en el Artículo XCI de la sesión 120-2020, del 17 de diciembre del 2020 del Consejo Superior, se correspondiesen con las de las de un profesional administrativo 2;

5.) La equivocación en los pagos salariales en el período del primero de enero del 2021 a junio del 2024 que le hizo el Poder Judicial a la servidora Sao Hinn Chavarría Lao, con ocasión de las designaciones que le hiciera en acatamiento del acuerdo adoptado en el artículo XCI de la sesión 120-2020, del 17 de diciembre del 2020 del Consejo Superior.

DEL ORDEN EN QUE SERÁN ANALIZADAS LAS PRETENSIONES Y ALEGACIONES EN QUE SE SUSTENTAN.- En la forma descrita en el

referido al objeto de este proceso se detallaron las pretensiones y fundamento jurídico en que se basan. Pero en el tanto el conflicto jurídico planteado refiere a una serie de designaciones que el Poder Judicial hizo a la aquí actora -Sao Him Chavarría Lao- de carácter interino, se inicia con unas consideraciones acerca del régimen de empleo público en nuestro país y concretamente del Poder Judicial, que servirán para el examen y análisis de las pretensiones. En ese sentido, se analizará primero la pretensión declarativa -identificada como b)-, referida a la nulidad de tres actos administrativos concretos, y que en tanto sustenta los otros pedimentos, se estima que es la principal. Por ello, lo que en definitiva se resuelva respecto del pedimento inicial, incidirá directamente en el análisis de los otros dos reclamos, ambos de condena que se formulan, referidas a la restitución de la situación jurídica que la actora estima le ha sido infringida -identificada como c)- y al pago de las diferencias salariales que la actora reclama -identificada como d)-.

DEL RÉGIMEN DE EMPLEO PÚBLICO EN EL PODER JUDICIAL.- Para dilucidar el conflicto planteado, debemos primero tener claro el régimen laboral que se da en el sector público en nuestro país y propiamente en el Poder Judicial, para lo cual, se hacen las siguientes consideraciones:

Debemos atender que en efecto, para el despliegue de las funciones y competencias prestacionales y de la función pública, las Administraciones Públicas se valen del trabajo y acciones materiales de sus funcionarios o servidores públicos. Se trata de un sistema laboral especial, que genera un régimen de sujeción especial (artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública), que son aquellas que surgen entre la Administración Pública y terceros, con quienes entabla un vínculo jurídico intenso, usualmente amparado en ligámenes sujetos a tiempo y sustentado en actos habilitadores, que generan derechos y/o obligaciones que son oponibles solamente a ese sujeto. Desde ese plano, el régimen de función pública supone la prestación de servicios a nombre y por cuenta de la Administración, como parte de la organización de aquella, usualmente mediante un acto válido y eficaz de investidura o de nombramiento en el puesto. Y es que, como parte del principio de eficiencia en los servicios públicos (artículo 4 de la Ley General de referencia), la Administración ha de organizar su personal de la forma que mejor satisfaga el interés público que debe tutelar (canon 113 Idem), de suerte que destine esos insumos en las tareas y funciones que sean requeridas. Asimismo, debe de recordarse que es un régimen que se encuentra regido por principios particulares, por supuesto distintos del régimen de empleo ordinario o privado que está contenido en el Código de Trabajo, según se infiere de mandatos constitucionales concretos, en los siguientes términos:

i.) En efecto, al tenor del ordinal 191 de la Carta Fundamental, el ingreso o acceso a este régimen se sostiene en un Estatuto Funcionarial. Así, en el sector público, resulta de trascendencia la determinación de una escala de puestos, a los que se asignan funciones y obligaciones concretas, que se corresponde a una categoría remunerativa -salarial- determinada. De esa manera, de previo a ofrecer sus servicios e ingresar al régimen estatutario, el particular se encuentra en posibilidad de conocer, el puesto al que aspira, las funciones y responsabilidades a asumir, así como las obligaciones que se corresponden a aquellas y la contraprestación económica que potencialmente percibirá por ese puesto. En esa línea, cada puesto dentro de la Administración Pública se encuentra asignado a un programa presupuestario específico, que refleja la unidad administrativa donde se ubicará la plaza y por ende, donde -al menos en un inicio-, será destacado el agente público designado en ese puesto. Debemos advertir que aún y cuando la intención del constituyente fue la de tener un solo Estatuto del Servicio Civil, que regulara el servicio público, desarrollando las garantías mínimas establecidas por la Constitución; el legislador, optó por regular el servicio no de modo general, sino por sectores. Por ello tenemos varios regímenes, según el área o instituciones en la que los funcionarios prestan su servicio; a saber, el de los servidores del Poder Ejecutivo, regulado por el Estatuto del Servicio Civil; el de los empleados del Poder Judicial, que se rige, prioritariamente por la Ley Orgánica del Poder Judicial; los que laboran con el Tribunal Supremo de Elecciones; los que laboran en la instituciones descentralizadas, sujetos a Reglamentos de Organización y Servicio; y finalmente, los que se desempeñan en las municipalidades, que se rigen conforme a las disposiciones del Código Municipal. Respecto de lo anterior, la propia Sala Constitucional -en resolución número 5788-94, de las 15:21 horas del 5 de octubre de 1994-, ha avalado la existencia de diversos cuerpos normativos que regulen la relación de empleo o subordinación de los servidores con el ente al que prestan sus servicios, por cuanto, la normativa fundamental dejó al legislador ordinario, por medio de la ley, la regulación en detalle de la cobertura del régimen especial, lo cual podía hacer -como lo hizo- en leyes separadas dentro de las cuales se encuentran el Estatuto del Servicio Civil, (Ley número 1581, de 30 de mayo de 1953), que regula la relación de empleo entre los servidores y el Poder Ejecutivo, la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa (Ley número 4556, de 29 de abril de 1970), el Estatuto del Servicio Judicial (Ley número 5155, de 10 de enero de 1973), la Ley de Salarios y Régimen de Méritos de la Contraloría General de la República (Ley número 3724, de 8 de agosto de 1966), la Ley de Salarios y Régimen de Méritos del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil (Ley número 4519, de 24 de diciembre de 1999). Es por ello que debe tenerse claro que al referirse la Carta Fundamental a un solo régimen aplicable a los servidores públicos, "no restringió el concepto de "estatuto" al de un instrumento jurídico único, sino que pretende concretar el régimen uniforme de principios y garantías que regulen la protección de los derechos laborales del servidor público, especialmente atendiendo al de su derecho a la estabilidad", como lo indicó la Sala Constitucional en sentencia número 6240-93, de las 14:00 horas del 26 de noviembre de 1993.

Llegados a este punto, debe de recordarse que hay dos tipos de servidores públicos en el régimen de empleo público: aquellos nombrados en propiedad y los nombrados interinamente. En lo que respecta al trabajador interino, dicho calificativo obedece a ciertas circunstancias excepcionales en su forma de contratación y en general, a la manera cómo se desarrolla y culmina la relación de empleo en una entidad pública. Así, el trabajador interino es aquel sujeto que participa de las funciones públicas como consecuencia de una designación nacida en una situación de urgencia o necesidad en la prestación del servicio, para cubrir u ocupar una plaza por un período determinado, lo que hace que tenga una fecha de inicio y otra de finalización. Son variadas las causales que justifican estas designaciones, tales como las vacaciones, incapacidades, permisos del titular o por estar vacante el puesto, la jubilación del propietario, muerte del trabajador, renuncia del titular, despido. La persona designada en tales condiciones no adquiere derechos sobre la plaza que ocupa, dado el carácter excepcional de su nombramiento, rasgo que lo diferencia del servidor propietario -quien goza de estabilidad en el puesto, lo cual le otorga ciertos derechos de los que no disfruta el sustituto. (En tal sentido, puede consultarse la sentencia número 4845-99, de las 16:21 horas del 22 de junio 1999, de la Sala Constitucional). No obstante lo anterior, el funcionario interino sí debe desempeñar el cargo con absoluta responsabilidad, requisitos y deberes del mismo. El trabajador interino realiza una tarea circunstancial y destinada a agotarse, que no admite la expectativa de su continuidad o permanencia. El objetivo de dicha sustitución u ocupación es la de garantizar la eficiencia y continuidad en la prestación de servicios en la gestión administrativa. La anterior consideración conlleva a entender la diferencia en grado entre la estabilidad de un servidor con nombramiento en propiedad de la estabilidad del servidor con nombramiento interino, dado que el primero sí tiene la protección plena de la relación estatuaria, en los términos expuestos en el acápite anterior, conforme al numeral 192 de la Carta Fundamental, en tanto sólo puede ser cesado o removido de su puesto "... por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ..." En cambio, según se adelantó, el funcionario interino posee una estabilidad impropia, en tanto son causas legítimas de su remoción del puesto las siguientes: a.) cuando el interino suple por tiempo determinado al propietario, y éste regresa a ocupar su puesto; b.) cuando el propietario de la plaza no cumple con éxito su período de prueba en otro cargo en ascenso, y debe regresar nuevamente a su puesto; c.) en casos de plazas vacantes, cuando el interino que ocupa la misma, no logra ganar el concurso y le es asignada a otro funcionario; d.) en casos de reestructuraciones administrativas, siguiendo una serie de pautas específicas; e.) la aplicación del régimen disciplinario por faltas cometidas por el funcionario interino; f.) que se establezca la falta de idoneidad de éste para desempeñarse en sus labores y g.) cuando el interino fue nombrado por inopia (interino sin requisitos), y se nombrar a otro interino que sí reúne los requisitos del puesto. Lo anterior ha sido también desarrollado por la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos:

Llegados a este punto, en tanto la aquí actora es servidora judicial y este proceso refiere a un diferendo en relación a la categoría del puesto en que fue designada de manera interina, se debe reiterar que el empleo en el Poder Judicial se rige por los artículos 191 y 192 de la Constitución Política y los principios que de ella dimanan -previamente explicados-, que se desarrolla en el Estatuto de Servicio Judicial -supra citada-, la cual, en expresión del principio de completez e integración del Derecho Administrativo (artículo 9 de la Ley General Administración Pública),  ante lagunas normativas, en su numeral 83 remite a “… la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código de Trabajo, los principios generales del Servicio Civil, las leyes y principios de derecho común, la equidad, la costumbre y los usos locales …”.

DE LA CONDUCTA FORMAL IMPUGNADA EN ESTA ACCIÓN.- Para la mejor comprensión de la conducta impugnada en este proceso contencioso, se estima pertinente determinar su contenido e implicaciones jurídicas en la situación jurídica de la actora.

i.- El primero de los actos cuya nulidad se pretende sea declarada es el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, adoptado en el Artículo Art. XCI de la sesión No. 120-2020, celebrada el 17 de diciembre del 2020 (pretensión identificada como a) 1-); que conforme al escritos de demanda y de su ajuste, se circunscribe al acogimiento del criterio dado por la Directora Interina de Gestión Humana en el oficio PJ-DGH-597-2020, del 3 de diciembre del 2020, al tenor de lo cual, el órgano colegiado dispuso:

“…

Modificar el acuerdo tomado en sesión No. 118-2020, celebrada el 10 de diciembre del 2020, Artículo XXIX, en el sentido que se aprueba el escenario 1 del informe No. PJ-DGH-597-2020 del 4 de diciembre de 2020, elaborado por la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora interina de Gestión Humana, lo anterior tomando en cuenta el cálculo de salarios que la Institución debe de realizar. 2.) De conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por ser un asunto de interés institucional, prorrogar los siguientes permisos con goce de salario y sustitución, a partir del 04 de enero y hasta el 31 de marzo de 2021,según el siguiente detalle: [que en lo que interesa a este proceso dice]

Clase de puesto

Proyecto o Labor Operativa / Oficina al que se le asigna el recurso / Detalle del puesto

Tipo

Nivel de prioridad

Suma total de permisos

Número de puestos

…

Sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias

Proyecto

11

5

Dirección de Gestión Humana

No obstante, al conocer el Consejo Superior de las gestiones formuladas por el Director y Subdirectora de la Dirección Jurídica (en oficio DJ-4195-2020, del 14 de diciembre del 2020), la Jefe del Centro de Información Jurisprudencia (en correo electrónico del 14 de diciembre del 2020); del Magistrado Rector de Justicia Restaurativa (en oficio 289-DNJR-20, del 4 de diciembre del 2020), de la Jueza Coordinadora del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (en oficio 36-TJPP-2020, del 9 de diciembre del 2020), el Director General del Organismo de Investigación Judicial, Secretario interino, Jefe interino de la Sección de Transportes, Jefe del Departamento de Medicina Legal y Jefe de la Delegación Regional de San Carlos, todos del Organismo de Investigación Judicial (en oficio 144-SICE-ST-2020, del 4 de diciembre del 2020), en acuerdo firme que adoptó en el Artículo XCI de la sesión 120-2020, del 17 de diciembre del 2020, el Consejo Superior dispuso modificar el acuerdo anterior -Artículo XXIX de la sesión 118-2020, del 10 de diciembre del 2020-, para en su lugar, en lo que interesa a este proceso, a partir del 4 de enero del 2021 y hasta el 31 de marzo del 2021, para el Subproceso de Evaluación del Desarrollo, autorizó tres permisos con goce de salario conforme al artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con código 371998, 371999 y 352552, que son plazas que se corresponden a categoría de profesional administrativo 2, “… pero la sustitución se pagaría como profesional 1 …” -hecho probado 12.)-. No consta que se le haya comunicado la anterior decisión a la servidora Sao Him Chavarría Lao -hecho probado 12.)-. Sin que conste el medio por el que la aquí actora conoció del indicado acuerdo -hecho no probado 1.)-, ésta, junto con otros dos compañeros -Gabriela Fonseca Rojas y José Andrés Hernández Aguirre-, el 13 de enero del 2021 remitieron vía correo electrónico a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia memorial de interposición de recurso de reposición y nulidad en contra de la decisión anterior, cuyo sustento es el mismo que se hace en esta acción contenciosa -hecho probado 13.)-. En la misma fecha, 13 de enero del 2021, la actora, junto con otros dos compañeros -Gabriela Fonseca Rojas y José Andrés Hernández Aguirre-, remitieron vía correo electrónico una gestión ante el Consejo Superior, para que le girara instrucciones a la Dirección de Planificación para que continuara con el seguimiento del estudio solicitado por la Dirección Humana en acuerdo de la sesión N° 75-16 artículo XXXIX y el informe emitido por la Contraloría General de la República relacionado con la delimitación del recurso humano requerido para el Subproceso de Gestión del Desempeño, para que se le dotara del recurso humano requerido en forma permanente, “… pues a todas luces es evidente que este Subproceso llegó para quedarse …“ -hecho probado 14.)-. Al conocer el Consejo Superior de la impugnación y gestión interpuestas, en el acuerdo adoptado en el Artículo XVIII de la sesión 08-2021, del 28 de enero del 2021, dispuso requerir un informe a la Dirección de Gestión Humana, para que se pronunciara sobre dos aspectos en concreto: primero, informar “… sobre lo indicado por los recurrentes en el escrito de reconsideración, en relación a las condiciones en que se recomendó la prórroga de las plazas N°371999, 371998 y 352552, bajo la modalidad de permiso con goce de salario y sustitución, asimismo, indicar si con base al presupuesto asignado a dicha Dirección se deben reducir la cantidad de permisos otorgados mediante el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial …” y segundo, aclarar “… la forma en la que se están utilizando los permisos, en el entendido si es el titular quien está ejecutando la labor de proyecto establecida …” -hecho probado 15.)-. La respuesta al anterior requerimiento la hicieron la Directora interina de Gestión Humana y Subdirectora interina de Desarrollo Humano mediante el oficio PJ-DGH-098-2021, del 22 de febrero del 2021 -hecho probado 16.)-. Respecto del primer requerimiento, informaron que en la etapa en la que estaban era indispensable para la atención del servicio y sostenibilidad del proceso de evaluación del desempeño el contar con personal adicional; pero que en atención a la imperiosa necesidad de disminuir el gasto por permisos con goce de salario en el 2021, “… para no desmeritar el servicio se determinó que disminuyendo la categoría de la clase a Profesional 1 y en el entendido que se debían ajustar las actividades a la nueva clase de puesto en la cual se iban a desempeñar, se propuso ejecutar el cambio de categoría …” (el resaltado no es del original), y agregaron “… En ese mismo sentido se estimó el presupuesto posible para darle viabilidad al proyecto y se propuso la categoría de 3 Profesionales 1, con un costo de ?51,596,395.37 por un período de nueve meses que deben ser valorados trimestralmente según la ejecución como el resto de los permisos artículo 44, en un escenario como aluden los compañeros de mantener la categoría de Profesional 2 el costo asciende a ?74,123,869.64 generando un faltante de ?22,527,474.28. Debido a los criterios de conveniencia y oportunidad institucional se requiere mantener los permisos como Profesionales 1 para brindar el servicio a las 849 oficinas, y al no tener ningún otro parámetro presupuestario en este momento que nos permita realizar ningún ajuste, debido a que apenas se ha ejecutado el mes de enero una proyección con esta ejecución no es responsable ni factible tomar decisiones ...” Y en relación al segundo pedimento, aclararon que la capacidad operativa del Subproceso de Gestión del Desempeño está compuesta por los puestos ordinarios de un Jefe Administrativo, tres profesionales 2 en régimen de propiedad, y que han requerido de personal adicional para poder dar cumplimiento a la orden emitida por la Contraloría General de la República y a la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, número 9635, del 3 de diciembre del 2012, “… que impactó en cambios de normativa, procedimientos y nuevos desarrollos del módulo informático, y que por temas presupuestarios no se ha incrementado con otros puestos desde el año 2018 …” Así detallaron que desde el 2015, en aplicación del numeral 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el titular de la plaza está destacado en actividades del proyecto, al igual que el personal que le sustituye, dando soporte a todos los compromisos asumidos en relación con proyecto inicial y sus modificaciones. Asimismo, describió cada una de las labores de los profesionales administrativos 2, en cada etapa del proyecto (planeación y ejecución) -hecho probado 16.)-. Es con fundamento en el informe anterior que en el acuerdo firme adoptado en el Artículo XX de la sesión 18-2021, del 4 de marzo del 2021, que el Consejo Superior dispuso rechazar las solicitudes interpuestas por Sao Him Chavarría Lao, Gabriela Fonseca Rojas y José Andrés Hernández Aguirre -hecho probado 18.)-. Adicionalmente de interés para el análisis de la acción,  debe atenderse al informe 242-PLA-RH-01-2021, del 26 de febrero del 2021, que emitió la Dirección de Planificación de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, que es un estudio de los permisos con goce de salario, al tenor del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, destacados en el Subproceso de Gestión de Desempeño, que se correspondían a tres plazas de Profesional Administrativo 1 y dos plazas de Técnicos Administrativos 2 -hecho probado 17.)-. De importancia para el análisis de este proceso, advirtió:  “… Dentro de la dinámica de trabajo, y al estar el Sistema de Evaluación del Desempeño implantándose en el Poder Judicial todos los puestos a nivel profesional desarrollan las mismas funciones, sin existir diferencias entre los recursos del proyecto y los de planta …” (el resaltado es del original). No obstante, en atención a que la asignación del recurso humano en la categoría profesional administrativo 1 era temporal -por el año 2021-, recomendó a la Dirección de Gestión Humana: en el punto 5.1: que “… que la Dirección de Gestión Humana deberá solicitar ante la instancia superior, la continuidad de los recursos otorgados mediante los mecanismos existentes, durante el 2022. / Una vez que concluya el proyecto, y se verifique la necesidad de mantener o preservar el recurso, se podrá valorar las condiciones reales de carga de trabajo del Subproceso de Gestión del Desempeño, para determinar con mayor precisión cuál será la demanda real del servicio que tendrá que asumir …” (el resaltado no es del original); en el punto 5.2: realizar un análisis del recurso humano con que cuenta para una posible redistribución y asignarlo en el Subproceso de Gestión del Desempeño; 5.3: dejó plasmada la necesidad del recurso humano -hecho probado 17.)-. El anterior informe fue aprobado por el Consejo Superior en el acuerdo firme del Artículo XIX de la sesión 21-2021, del 2021, “… en el entendido que se aprueba la necesidad técnica de otorgar estos recursos, bajo la metodología de administración de proyectos, y será conforme se estabilice y consolide el proyecto, que se valorará la necesidad del recurso. Sin embargo, se debe tener en consideración las directrices del Ministerio de Hacienda en relación a las limitaciones existentes para la creación de plazas ...” -hecho probado 19.)-. Resulta relevante el traslado de riesgos operativos con ocasión de la rebaja de la categoría de puesto de las plazas adicionales que se le autorizaron para cooperar con el proyecto, dado que de profesional administrativo 2 pasa a profesional 2, que remitió Ivannia Aguilar Arrieta, Jefe de Gestión de Desempeño, a la Directora interina de Gestión Humana y a la Subdirectora interina de Desarrollo Humano -hecho probado 20.)-. Explicó que el tipo de tareas que realizan en ese proyecto, no se ajustaban a la nueva categoría, reduciendo la capacidad operativa que antes venían haciendo todos de manera igualitaria. Finalmente, para el análisis de la pretensión anulatoria interpuesta debe tenerse claridad de la situación laboral de la servidora Sao Him Chavarría Lao en el Poder Judicial, quien ostenta un nombramiento en propiedad en el Poder Judicial, en el puesto de asistente administrativa 2 en la Unidad de Investigación y Control de Calidad, en la plaza 352551 -hecho probado 24.)-, y múltiples designaciones interinas en diversas dependencias, interesando para este caso, las que se le hicieron por períodos discontinuos en el Subproceso de Evaluación de Desempeño -hecho probado 25.)-. Las mismas iniciaron en noviembre del 2016 y continuaron en los años subsiguientes (2017, 2018, 2019, 2020), en el puesto de categoría profesional administrativa 2, en diversas plazas (352553, 37962, 317999, 371999) y a partir del 2021 y hasta la fecha en que se adopta esta decisión, en plazas de categoría profesional administrativa 1 y de profesional administrativa 2, del siguiente modo: en el año 2021: como profesional administrativa 1 en la plaza 37999; en el año 2022: como profesional administrativa 1 en la plaza 37999 y como profesional administrativa 2 en la plaza 352552; en el año 2023: como profesional administrativa 1 en las plazas 37998 y 37999 y como profesional administrativa 2 en la plaza 37999; en el año 2024: como profesional administrativa 1 en la plaza 37998 y como profesional administrativo 2 en las plazas 37999, 37998; y en el año 2025: como profesional administrativo 2 en las plazas 37199, 352552 y 371999, conforme se desprende del recuento de designaciones -hecho probado 25.)- (en la plaza 352552, 371999 y 371998). Correlativamente, como fue reportada a la Dirección de Gestión Humana la categoría profesional en la que fue designada en cada uno de aquellos nombramientos interinos, el Poder Judicial le pagó la retribución salarial correspondiente a ese puesto -hecho probado 26.)-.

ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN ANULATORIA.- Se procede al examen de las alegaciones que sustenta la pretensión anulatoria.

De las alegaciones de los intervinientes: La actora invoca la nulidad -previamente identificados- en que los mismos resultan contrarios al ordenamiento jurídico por los siguientes motivos: a.) lesión al debido proceso, b.) la lesión al principio de la confianza legítima, c.) vicio en el elemento de fundamentación del acto (artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública); d.) vicio en el elemento motivo (artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública), en el que se incluye las alegaciones de la infracción del principio constitucional de igualdad salarial -artículo 57 de la Carta Fundamental); ius variandi abusivo y la lesión de principios presupuestarios (artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera de la República; y e.) vicio en el elemento contenido (artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública). Por su parte, la representación estatal se opuso a las infracciones alegadas, en atención a las siguientes razones: a.) la actora no tiene nombramiento en propiedad como profesional administrativa 2 y los nombramientos en ascenso, en esa clase de puesto, fueron de naturaleza temporal (interinos), en distintos puestos, plazas y de forma discontinúa; al tenor de lo cual la actora ostentaba en dichos nombramientos una estabilidad impropia; b.) por tratarse de nombramientos interinos, no se producen las infracciones alegadas (ius variandi, lesión al principio de igualdad salarial); c.) la decisión de rebajar la categoría profesional de las plazas que se estaban destinando para el Subproceso de Evaluación del Desempeño en aplicación de la metodología establecida en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial está debidamente motivada y justificada, precisamente para la disminución del presupuesto para suplencias para el año 2021; la decisión respondió a necesidades institucionales, a las condiciones presupuestarias y a la potestad de organización propia del patrono; d.) el cambio de categoría en las plazas que se destinaron para colaborar con el Subproceso de Evaluación del Desempeño se tradujo en el cambio de las funciones encomendadas y de igual manera, la retribución por aquel desempeño; y e.) no hay infracción al debido proceso precisamente en razón del tipo de nombramiento que ostentó la actora, de naturaleza interina, motivo por el cual no tenía la Administración la obligación comunicarle el acuerdo adoptado en el artículo XCI de la sesión 120-2020 del Consejo Superior. En todo caso, advierte que la impugnación que formuló en contra de aquella decisión fue debidamente tramitada y resuelta.

De la lesión al debido proceso:

a.) Explicación de la alegación de la actora: La accionante estima que se infringió este principio constitucional porque no se le notificó el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en el Artículo XCI sesión 120-2020, del 17 de diciembre del 2020, lo que acusa es violatorio del mandato de los artículos 239 y 240 de la Ley General de la Administración Pública, por los que resulta obligado que la Administración notifique o comunique de las actuaciones que son lesivas o perjudiciales a los administrados, lo anterior para que el afectado pueda ejercer su derecho de defensa; agrega que la decisión fue adoptada y ejecutada de manera intempestiva, sin concedérsele audiencia a los servidores afectados.

b.) Análisis de la cuestión: Sobre este particular, debe atenderse que el debido proceso es un derecho fundamental que la jurisprudencia constitucional ha inferido de lo dispuesto en el artículo 39 de la Carta Fundamental y los numerales  8  y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que comprende una serie de garantías mínimas tendentes a facilitarle al administrado o ajusticiado la protección de cualquier arbitrariedad o abuso en su perjuicio, y que se expresa tanto en un procedimiento administrativo como en los procesos que se tramitan en instancias judiciales. La jurisprudencia constitucional ha enunciado esas garantías que lo comprenden -en este sentido pueden consultarse entre otras la 15-90 y la 1739-92-, entre las cuales se incluye la notificación o comunicación al afectado de las actuaciones que puedan afectar su situación jurídica. Tratándose de actuaciones de la Administración Pública esta situación está expresamente regulada en los de la Ley General de la Administración Pública, como lo advirtió la actora en su acción. Estas normas disponen en su literalidad: “… Artículo 239.- Todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de las partes o de un tercero, deberá ser debidamente comunicado al afectado, de conformidad con esta Ley …” y “… Artículo 240.- /

Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación los concretos. /

Cuando un acto general afecte particularmente a persona cuyo lugar para notificaciones esté señalado en el expediente o sea conocido por la Administración, el acto deberá serle también notificado …” (el resaltado en ambas transcripciones no es del original). Ahora bien, en lo que no lleva razón quien demanda es considerar la infracción de estas normas con ocasión de la supuesta omisión del Consejo Superior de comunicarle directamente a ella lo dispuesto en el acuerdo adoptado en el Artículo XCI de la sesión 120-2020, del 17 de diciembre del 2020, lo cual justificamos en las siguientes consideraciones: a.) Como bien lo señaló la representación estatal la decisión impugnada no afectó la situación jurídica de Sao Him Chavarría Lao, por cuanto ésta no estuvo, ni está nombrada en régimen de propiedad en ninguna de las plazas a las que refiere el acuerdo -371998, 371999 o 35552-, sino en la plaza 352551, que se corresponde a la de asistente administrativa 2 -hecho probado 24.)-; b.) A la fecha en que el Consejo Superior adoptó el acto, la aquí actora se desempeñaba en el Subproceso de Evaluación del Desempeño en un nombramiento interino, de profesional administrativo 2, en la plaza 371999, con un período de rige del primero al 20 de diciembre del 2020 -conforme al listado de nombramientos certificados por la Dirección de Gestión Humana, hecho probado 25.)-, designación que no fue afectada con la decisión impugnada. Y como se desprende claramente de la revisión del acuerdo que se cuestiona, se advierte claramente que la modificación de la categoría a las plazas que se venían destinando como colaboración para el Subproceso de Evaluación del Desempeño (de profesional administrativo 2 a profesional 1), tiene también un período determinado, únicamente para el año 2021, en tanto dice en su literalidad: “… 2.) De conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por ser un asunto de interés institucional, prorrogar los siguientes permisos con goce de salario y sustitución, a partir del 04 de enero y hasta el 31 de marzo de 2021, según el siguiente detalle: …” Nótese que la decisión es para situaciones futuras, esto es para ser aplicada en períodos respecto de los cuales la actora no tenía -a esa fecha- designación alguna; y c.) Llegados a este punto es importante aclararle a la actora, que la circunstancia de que la Administración le hubiese hecho varios nombramientos como profesional administrativa 2, para coadyuvar en la planeación, construcción e implementación del proyecto institucional de la evaluación del desempeño en el Poder Judicial, desde el año 2016 y hasta la fecha, en todos ellos se trató de nombramientos todos interinos, que no generan derecho alguno al servidor. Recuérdese que este tipo de designaciones se caracterizan por su temporalidad, esto es por desarrollarse en un período concreto, lo cual se traduce en que tienen una fecha de inicio y otra de finalización-; y se justifican para poder suplir al titular, en garantía de la prestación del servicio público y consecución de un proyecto de interés institucional. Conviene precisar que, aún y cuando la omisión acusada se considerase en una infracción al debido proceso -que es el criterio de la actora y del que disiente esta Cámara de Juezas-, a lo sumo se produciría una nulidad relativa, que en tal virtud es subsanable. Ya habíamos indicado no constaba el momento, ni la forma /o medio de como la actora conoció del contenido del acuerdo adoptado por el Consejo Superior en el Artículo XCI de la sesión 120-2020, celebrada el 17 de diciembre del 2020 -hecho no probado 1.)-, si lo fue mediante comunicación verbal de parte de la Directora interina de Gestión Humana (Roxana Arrieta Meléndez), o de quien se desempeñaba a la fecha como Jefe de Gestión de Desempeño (Ivannia Aguilar Arrieta), o si alguna de las anteriores funcionarias les remitieron el acuerdo en formato escrito, pero lo cierto es que la servidora Chavarría Lao se impuso del conocimiento efectivo de aquel acuerdo, que estimó lesivo a sus derechos, al tenor de lo cual, el 13 de enero del 2021, formuló su respectiva impugnación ante el Consejo Superior, con la interposición -en tiempo y forma- de un recurso de revisión y una gestión adicional para que ordenas a la Dirección de Planificación realizar el análisis para la dotación del adecuado recurso humano al Subproceso de Evaluación del Desempeño -

13.) y 14.)-. No está de más reiterar que aquellas acciones fueron atendidas por el Consejo Superior y comunicadas a las la interesada, tanto en lo relativo a su tramitación, cuando de previo a su resolución se requirió un informe a la Dirección de Gestión Humana -en acuerdo del Artículo XVIII de la sesión número 08-2021, del 28 de enero del 2021-, y la decisión final en la que se rechazaron las gestiones interpuestas por la actora y otros dos servidores -en acuerdo del Artículo XX de la sesión 28-2021, del 4 de marzo del 2021 -

15.) y 18.)-, también cuestionados en esta acción. Al tenor de las consideraciones dadas, procede declarar la alegación de la infracción del debido proceso.

De la alegación de la lesión al principio de la confianza legítima:

a.) Alegaciones de la actora: Indica que desde el año 2016 venía siendo designada interinamente y de manera ininterrumpida -a excepción de los cierres colectivos- como profesional administrativa 2 para colaborar en el Subproceso de Evaluación del Desempeño, en las plazas que concretamente la Administración decidió que, no obstante estar destinadas en la categoría indicada, a partir del 2021 se pagarían como profesional administrativa 1; de manera que aquella decisión se traduce en la afectación de su “derecho consolidado”, que adquirió de buena fe, al amparo de actos sucesivos y firmes de prórrogas de nombramientos como profesional administrativa 2, desde vieja data; al tenor de lo cual concluye que ostenta el derecho subjetivo de que  el Poder Judicial -en calidad de patrono- le reconozca aquel estatus o categoría en los subsiguientes nombramientos. Advierte que aquellas designaciones (anteriores al acto impugnado) son actos válidos, eficaces, consecutivos y “permanentes” sobre la base de las recomendaciones de la Dirección de Gestión Humana, en tanto se requerían profesionales administrativos

Finalmente invoca que cuando se le notificó el cambio de categoría de sus designaciones interinas, ya ostentaba nombramientos como profesional administrativa 2.

b.) Análisis de la cuestión: Este Tribunal de Juicio estima pertinente hacer las siguientes consideraciones para el examen de la infracción enunciada:

i.- A efecto de poder analizar adecuadamente la anterior alegación, se estima pertinente hacer una precisión de los conceptos jurídicos a que refiere, por cuanto resulta evidente la imprecisión, no sólo en la forma como se enuncian -al alegarse un “derecho consolidado”, sino también en cuanto a la comprensión de los mismos. Lo primero que debe de aclararse es la forma correcta en que se usan estos vocablos: “derecho adquirido” y “situaciones jurídicas consolidadas”. Lo segundo, es que ambos conceptos están asociados a los efectos de normas y actuaciones posteriores de la Administración, en tanto el concepto de derecho adquirido se formó por oposición a la simple expectativa de derecho, o mejor dicho, distinguiéndose de esta última en el tanto la simple expectativa de derecho tenía que adecuarse al cambio operado en las normas. Cuando se utilizan estos conceptos jurídicos -derechos adquiridos o situaciones jurídicos consolidados- se entiende que los mismos generan un beneficio o ventaja para el administrado, resultado de lo dispuesto en el marco jurídico de referencia a la situación concreta de aquel sujeto, sobre la base de la actuación previa desplegada por la Administración. Y tercero, en cuanto a la explicación de cada uno de estos conceptos, resulta de utilidad la distinción que hizo la Sala Constitucional de ellos en la sentencia número 997-02765, de las 15:03 horas del 27 de mayo de 1997, en los siguientes términos:

"… Los conceptos de «derecho adquirido" y «situación jurídica consolidada» aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente– ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la «situación jurídica consolidada» representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, precisamente, no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que –por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado– haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). Desde esta óptica, la situación de la persona viene dada por una proposición lógica del tipo «si..., entonces...»; vale decir: si se ha dado el hecho condicionante, entonces la «situación jurídica consolidada» implica que, necesariamente, deberá darse también el efecto condicionado. En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento protege –tornándola intangible– la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada  ..." (El subrayado no es del original.)

La Administración Pública debe provocar signos (actos o hechos) externos que, incluso, sin necesidad de ser jurídicamente vinculantes, orienten al administrado hacia una determinada conducta que de no ser por la apariencia de legalidad creada no hubiere efectuado.

Un acto de la Administración Pública v. gr. un reglamento que reconoce o constituye una situación jurídica individualizada en cuya estabilidad confía el administrado.

La causa idónea para provocar la confianza legítima del afectado no puede provocarse por la mera negligencia, tolerancia, ignorancia de la Administración Pública o lo irracional de lo pretendido por el administrado.

El administrado debe cumplir los deberes y obligaciones que le competen. El quebranto del principio de la confianza legítima provoca, indudablemente, varios efectos jurídicos de importancia, veamos:

Actúa como límite al ejercicio de las potestades discrecionales.

Opera como una garantía del principio de igualdad.

Provoca el deber de la Administración pública de resarcir la frustración de las expectativas legítimas y los derechos subjetivos lesionados. El principio de la confianza legítima, junto con el de la buena fe en las relaciones jurídico-administrativas, dimana del principio de igualdad jurídica, esto es, la certidumbre de las relaciones con los poderes públicos, saber, el administrado, a qué atenerse con éstos, quienes deben evitar las situaciones objetivamente confusas y mantener las situaciones jurídicas, aunque no sean absolutamente conformes con el ordenamiento jurídico. Este principio, se concreta, entre otros supuestos, con la teoría de la intangibilidad de los actos propios declarativos de derechos para el administrado, la limitación de los actos de gravamen y la irretroactividad. Encuentra aplicación, también, cuando una administración pública dicta y realiza una serie de actos y de actuaciones, que, aunque jurídicamente incorrectas, generan una serie de expectativas en el administrado creyendo que ostenta una situación jurídica conforme con el ordenamiento jurídico ...”

No está demás indicar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 1381-F-S1-2022, de las 9:42 horas del 16 de junio del 2022 y número 1905-F-S1-2023, de las 14:28 minutos del 2 de noviembre del 2023).

iii.- De las precisiones anteriores, resulta más que evidente que no se produce una lesión al principio de confianza legítima invocado, con base en las siguientes consideraciones:

Es precisamente en relación a la definición del principio que resulta improcedente el reclamo que se hace, en tanto ello supondría, en la lógica de quien demanda, en primer término una actuación irregular de parte de la Administración en relación a las designaciones interinas que le venía haciendo el Poder Judicial, como profesional administrativa 2, con ocasión de permisos con goce de salario que le otorgó a los titulares de las plazas, con fundamento en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para destinarla a trabajar en el Subproceso de Evaluación de Desempeño. Sin embargo, por el contrario, la actora ha defendido la legalidad y legitimidad de aquellas designaciones, al tenor de lo cual, entiende y defiende que se le generó un derecho a su favor (derecho adquirido), de que la Administración continuase designándole en aquella plaza, de donde a simple vista, la alegación que se hace del quebranto del principio de la confianza legítima es a todas luces inconsistente e incongruente con el criterio de la actora. Nótese que la infracción de aquel principio conllevaría incluso a la revisión de aquellas designaciones precedentes al amparo de la indicada norma legal, lo cual escapa al objeto de este proceso. Pero además, sí aquellas designaciones fueran contrarias al ordenamiento jurídico, no podrían generar un derecho adquirido a que se prolonguen en el tiempo, o que se reiteren en el futuro,

En segundo lugar, resulta evidente para estas juzgadoras que no existe o no se ha generado el derecho adquirido que invoca la actora, consistente en que todas las designaciones interinas que le hiciere la Administración lo fuesen en la plaza profesional número

Olvida la accionante que todos nombramientos que se le hicieron del 2016 al 2020, para coadyuvar en el Subproceso de Evaluación del Desempeño, fueron de naturaleza interina, esto es -se repite- con una fecha de inicio y de finalización, en plazas diversas (352553 y 37799), en la categoría de profesional

Esa sola condición de interinazgo, aún y cuando hubieren sido nombramientos continuos -lo que no es cierto- impide la generación de un derecho adquirido a que se le siga designando en esa categoría, porque olvida que esas designaciones son temporales y sujetas además, a las necesidades institucionales y presupuestarias de la institución. En razón de lo dicho, procede también desestimarse la alegación que hace la actora de la infracción al principio de la confianza legítima.

Del vicio en el elemento fundamentación (artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública):

a.) Alegaciones de los intervinientes: Invoca la actora la infracción de la norma legal de referencia, por el que resulta exigido a la Administración que tratándose de decisiones que afecten, limiten o supriman derechos subjetivos, las mismas deben estar motivadas. Explica que por no hay ningún estudio, dictamen o informe, ni previo ni posterior, la sustente la decisión de rebajarles la categoría profesional administrativa de 2 a 1, o dicho de otro modo, no hay ningún estudio que determine que las funciones que realizaban en el Subproceso de Evaluación del Desempeño se correspondían a las de un profesional 1 y no a las de un profesional 2.

b.) Análisis de la cuestión: Este Tribunal de Juicio estima pertinente hacer las siguientes consideraciones para el examen de la infracción enunciada:

i.- La fundamentación o motivación -que no motivo-, se constituye en un elemento formal de todo acto administrativo, que es esencial, en los términos de lo dispuesto en los artículos 136, 158 incisos 1.) y 2) y 166 de la Ley General de la Administración Pública. De trascendencia interesa tener en consideración lo que manda el citado numeral 136:

“…

Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos:

a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos;

b) Los que resuelvan recursos;

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos;

d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso;

e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y

f) Los que deban serlo en virtud de ley.

La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia …”

Así pues, la fundamentación de los actos administrativos supone la expresión de las cuestiones de hecho y de derecho que amparan y sustentan la decisión administrativa. Respecto de los aspectos fácticos, comprende no solamente la referencia de los hechos probados o no demostrados, sino también del análisis de las pruebas o elementos de convicción en los que se ampara la deducción lógica de orden fáctico, y la explicación del proceso analítico que ha llevado a esas derivaciones o inferencias. En el campo del derecho, supone la mención y explicación fundamentada del análisis que permite racionalmente colegir las razones por las cuales el derecho utilizado es aplicable al caso concreto, de suerte que, ante determinada situación fáctica, el tratamiento jurídico resulte pertinente y adecuado, dando respaldo a la decisión adoptada. Del artículo 136 de referencia se infiere que la motivación puede ser directa, cuando el acto contenga en su propia literalidad, el detalle de ese marco de fundamento; o bien, indirecta, cuando la conducta administrativa refiera como respaldo de su contenido, de manera explícita e inequívoca, a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado la adopción del acto, a reserva de que se acompañe copia de aquellos con la comunicación del acto. En razón de lo anterior, los vicios o defectos respecto de este elemento pueden configurarse son los siguientes: i.- por omisión, cuando el acto carece por completo de la exposición de los fundamentos debidos; ii.- por motivación indebida, por ejemplo cuando las referencias fácticas y jurídicas son inaplicables al caso analizado o se deja de lado la ponderación de aspectos relevantes del procedimiento; y iii.- por motivación insuficiente, cuando los fundamentos expuestos en el acto no son suficientes para sostener lógica y racionalmente su contenido, lo que corresponde analizar en cada caso concreto. En sentido integral, la motivación permite la comprensión de las razones y el proceso racional por el cual se tiene por acreditado el motivo (elemento material sustancial) del acto , pero, además, el análisis de legitimidad que, ante ese presupuesto, ha llevado a la decisión adoptada, a modo de contenido del acto, como mejor manera de satisfacer el interés público involucrado. De otro modo, se lesionaría el derecho de defensa material al administrado a quien, se impone un resultado negativo dentro de una causa, cuando no se ofrecen esas cuestiones, pues estaría imposibilitado de refutar los elementos que han llevado a la configuración del motivo del acto. Su relevancia estriba además en que posibilita la defensa del administrado, pues solamente conociendo la sustancia de lo dispuesto, es que puede debatirse, salvo que el alegato en sí sea, únicamente, la desatención al deber motivacional.

Nótese que la actora circunscribe la infracción en la ausencia de un estudio, informe o criterio técnico específico, esto es: que haya determinado que las labores realizadas por los actores se corresponden a la de un técnico profesional administrativo 1 y no a las de un profesional administrativo 2, según los manuales; que haya establecido la necesidad y razonabilidad de la decisión adoptada; y que haya justificado como, si se solicitaron tres permisos con goce de salario de profesionales administrativos 2, se autorizó la sustitución de tres plazas de categoría administrativa 2, pero que se les pagaría como profesional administrativo

La forma como se hace la alegación de la supuesta falta de fundamentación de la decisión no está residenciada en la ausencia de la misma, indebida motivación o motivación insuficiente, sin atender a las circunstancias que sustentaron la decisión, enunciadas en el Considerando anterior (VIII.- DE LA CONDUCTA IMPUGNADA), a saber el oficio PJ-DGH-597-2020 del 4 de diciembre de 2020, de la Directora interina de Gestión Humana; el oficio 2013-PLA-PP-PE-2020, del 9 de diciembre del 2020, del Director interino de Planificación; el acuerdo firme del Consejo Superior adoptado en el Artículo XXIX de la sesión 118-2020, del 10 de diciembre del 2020; las gestiones formuladas por el Director y Subdirectora de la Dirección Jurídica (en oficio DJ-4195-2020, del 14 de diciembre del 2020), la Jefe del Centro de Información Jurisprudencia (en correo electrónico del 14 de diciembre del 2020); del Magistrado Rector de Justicia Restaurativa (en oficio 289-DNJR-20, del 4 de diciembre del 2020), de la Jueza Coordinadora del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (en oficio 36-TJPP-2020, del 9 de diciembre del 2020), el Director General del Organismo de Investigación Judicial, Secretario interino, Jefe interino de la Sección de Transportes, Jefe del Departamento de Medicina Legal y Jefe de la Delegación Regional de San Carlos, todos del Organismo de Investigación Judicial (en oficio 144-SICE-ST-2020, del 4 de diciembre del 2020), que fueron referenciadas en el acuerdo aquí impugnado; y el informe PJ-DGH-098-2021, del 22 de febrero del 2021 rendido por la Directora interina de Gestión Humana y Subdirectora interina de Desarrollo Humano -

9.), 10.), 11.), 12.) y 16.)-. Así planteada la alegación que se conoce, se concluye que no se produce la infracción acusada, en tanto, la Administración accionada sustentó la decisión en el criterio dado en los indicados oficios e informes, sin que se hubiesen cuestionado o discutido los mismos en esta acción, ni tampoco se haya alegado la insuficiencia o equivocación de la fundamentación. A criterio de estas juzgadoras, parece que el cuestionamiento que se hace más bien está referido a otro elemento del acto (decisión), que es el motivo, extremo al que nos referiremos de seguido.

Se advierte que el quebranto del elemento fundamentación no se hizo respecto del acto del Consejo Superior en el que denegó el recurso de reposición, nulidad y la gestión adicional que la actora formuló, sea el Artículo XX de la sesión 18-2021, del 4 de marzo del 2021; y,

Tampoco se produce la infracción a la exigencia del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, en los términos en que fue interpuesta, por cuanto, en la forma en que ya se indicó, aún en el supuesto de que no hubiese sustentado la decisión adoptada e impugnada en esta acción -lo que ya se indicó sí fundamentó-, es lo cierto que con aquella decisión no se imponen obligaciones, ni limitan, suprimen o deniegan derechos subjetivos de la actora. En líneas precedentes se indicó que a la fecha en fue adoptado el acto en cuestión -17 de diciembre del 2020-, la actora estaba designada en el Subproceso de Evaluación del Desempeño con ocasión de un nombramiento interino, de profesional administrativo 2, en la plaza 371999, con un período de rige del primero al 20 de diciembre del 2020 -conforme al listado de nombramientos certificados por la Dirección de Gestión Humana, hecho probado 25.)-, designación que no fue afectada con la decisión impugnada. Así pues, las ulteriores designaciones que se le hicieron en la indicada dependencia administrativa para que colaborara en la culminación del proyecto de interés institucional de la evaluación del desempeño, son independientes de las que les preceden, no generándose ningún derecho adquirido con base en los nombramientos anteriores. Con base en lo dicho, procede desestimar la alegación de falta de fundamentación que hace la actora.

Del vicio los elementos motivo y contenido (artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública):

a.) De las alegaciones de la actora: La invocación del vicio en los elementos motivo y contenido lo sustenta la actora en las siguientes razones: i.- La decisión adoptada y que se impugna en este proceso no se corresponde a la necesidad del servicio que le fue encomendado, en atención a que el Sistema de Evaluación del Desempeño era un proyecto de interés institucional, en el cual, las funciones que venía realizando se categorizaron y definieron como las que se corresponden con la categoría de profesional administrativo 2, no de profesional administrativo 1; ii.- Al ser disímiles los perfiles competenciales de los puestos indicados, en principio, al ser designados como profesional administrativo 1 no podrían realizar las funciones propias del profesional administrativo 2; sin embargo, afirma que las tareas que siguió realizando en el Subproceso de Evaluación del Desempeño fueron las de esta última categoría, pero la retribución económica no se correspondió con la labor desempeñada, dándose una infracción del principio constitucional de igualdad salarial (artículo 57 de la Carta Fundamental), así como un ius variandi abusivo, por cuanto se tradujo en la modificación sustancial de uno de los elementos sustanciales o esenciales de la relación laboral, en este caso referida a la disminución de la retribución salarial, afectando con ello sus derechos laborales; iii.- Explica que las plazas en las que aplicó la sustitución con ocasión del permiso con goce de salario al titular, al tenor del numeral 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -371998, 371999 y 352552-, estaban asignadas a puestos de categoría profesional administrativa 2, de manera que aquellas suplencias debieron hacerse en tal categoría y no rebajarlas; iv.- Acusa que la decisión riñe contra los principios presupuestarios de universalidad, integridad, equilibrio financiero, de especialidad cuantitativa y cualitativa (artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera de la República), en tanto entiende que lo que está presupuestariamente destinado como salario para las plazas de profesional administrativo 2, debe aplicarse a quienes suplan a los servidores a quienes se les concedió permiso con goce de salario (conforme al artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder LOPJ), en atención a la categoría de las plazas y funciones de esa categoría; y v.- Las anteriores infracciones llevan a la actora a aducir el vicio en el elemento contenido, el cual acusa que no es lícito, posible, claro, preciso, ni abarca todas las cuestiones de hecho y de derecho que le anteceden.

El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto.

Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento …”

Refiere a los antecedentes y presupuestos, tanto fácticas o de hecho, como de derecho, esto es, lo acontecido y que fue conocido y evaluado por la Administración, sobre lo cual, se aplica e interpreta el ordenamiento jurídico que se corresponde a esa realidad. Hay vicio en el motivo si la Administración no aprecia adecuadamente la realidad fáctica, o si respecto de aquellos hechos, se aplica erróneamente el derecho. En otros términos, es la base fáctica y/o jurídica que hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo, y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la legitimidad, oportunidad o conveniencia de la decisión que adopta. Por este motivo el citado numeral 133 exige que sea legítimo, por cuanto está supeditado al ordenamiento jurídico, como corolario del principio de legalidad que rige la actuación Administrativa (artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública), tanto en su versión negativa como positiva; y además, debe existir tal y como la Administración lo invoca, y que precisamente, sustentan la decisión adoptada. Lo anterior denota su íntima relación con el otro elemento objetivo, a saber el contenido -cuya infracción también se acusa en la acción-, refiere a lo que en definitiva dispone el acto administrativo en cuestión. Está regulado en el numeral 132 de la Ley 6227 en los siguientes términos:

“…

El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas.

Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo, cuando ambos se hallen regulados.

Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en forma imprecisa.

Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo …”

En otros términos, el vicio en el motivo se refleja directamente en el elemento contenido, por cuanto, si hay error en la apreciación y definición del cuadro fáctico y/o en el derecho aplicado, la decisión que se adopta no sería conforme con el ordenamiento jurídico, o lo que es lo mismo decir que sería ilícita por contravenir el bloque de legalidad.

ii.- Asimismo, de previo a analizar la legalidad del acuerdo impugnado, y por haberlos invocado como infringidos, procedemos a una breve explicación de los mismos. Para ello debemos iniciar con la definición del presupuesto. De manera simple podemos decir que es el plan jurídico que exterioriza en forma contable y monetaria la relación existente entre los ingresos y los gastos públicos que se destinan al Estado (en este sentido, recordar que el presupuesto del Poder Judicial está comprendido en el del Estado, que aprueba la Asamblea Legislativa) o de un ente. En el caso del presupuesto del Poder Judicial, aquella aprobación expresa el plan financiero y económico para la entidad en un período determinado, ya que el mismo tiene una vigencia temporal, únicamente por un año -del primero de enero al 31 de diciembre-, en los términos previstos en el artículo 176 párrafo tercero de la Constitución Política. Es decir, con la aprobación de la Asamblea Legislativa se autorizan los ingresos y los gastos que la Administración podrá realizar en ese ejercicio económico, así como el destino de los recursos, y las reglas de su gestión. Por ello es que el presupuesto se constituye en un límite de acción a los Poderes Públicos, en tanto el uso y disposición de los recursos del Estado está condicionado a esa previa aprobación, en los términos previstos en el de la Constitución Política, que prohíbe a toda dependencia pública, incurrir en gastos no autorizados en los presupuestos, sean ordinarios, extraordinarios, o en sus modificaciones, según corresponda. En este sentido, el presupuesto se erige como importante instrumento de planificación de la actividad y gestión pública. Ahora bien, en atención a que la actora ha invocado la infracción de varios principios que estima infringidos -que no explica en su demanda o los entiende de manera errónea- es que resulta importante explicarlos para ulterior análisis de la conducta impugnada.

Los principios presupuestarios de universalidad e integridad: Al tenor de lo dispuesto expresamente en el artículo 176 de la Constitución Política, se obliga a la inclusión en el presupuesto de todos los ingresos y gastos públicos autorizados por separado; de donde el presupuesto (como documento), debe expresar la totalidad de los ingresos probables y los gastos autorizados, sin que haya confusión, a fin de asegurar el debido control de la ejecución presupuestaria; con lo cual, encuentra sustento en el principio de razonabilidad de la actividad financiera. En virtud de este enunciado constitucional, no resulta legítima la existencia de ingresos o gastos extrapresupuestarios, es decir, que se encuentren fuera del presupuesto aprobado. Está desarrollado en el inciso a) del artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera de la República, del siguiente modo: “… Principio de universalidad e integridad: El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro; pero no podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de ingresos por liquidar …";

Del principio presupuestario de especialidad: Es un derivado o corolario de los anteriores principios, en tanto exige que todo gasto autorizado y su destino deben quedar expresamente autorizados, pero no de una manera genérica o global, sino que –expresamente- debe preverse el destino que se dará a los ingresos que se incorporen al presupuesto, y la forma en que se gastará. De tal suerte, que tratándose de las partidas del Poder Judicial, le corresponderá a la Asamblea especificar el objeto, las condiciones del gasto y el monto correspondiente. Y es que las partidas autorizadas en la Ley de Presupuesto no forman una masa indivisible, todo lo contrario, son especializadas en cuanto a su destino, según la afectación del gasto a que fueron autorizados, lo cual significa que la autorización es dada para un gasto predeterminado y un monto determinado. Esta especialidad se debe dar en relación a tres elementos: - cualitativo, que propicia la especificación detallada de las diferentes partidas del gasto, y la respectiva asignación de los recursos; - cuantitativo, que exige que se contraigan o realicen los gastos sólo por el monto de los recursos previstos para ello en el presupuesto y - temporal, por el cual, los ingresos y gastos que se incluyen en el presupuesto, deben ser contraídos, asignados y pagados dentro del período para el cual hayan sido previstos y autorizados. Este principio está expresamente regulado en el inciso f) del artículo 5 de la citada Ley de la Administración Financiera de la República en los siguientes términos: "… Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa: Las asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo autorizados para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios ..." (el resaltado no es del original). Si no se determina el gasto en forma concreta ello se traduciría en una autorización en blanco para la Administración, lo cual, resulta contrario a este principio, y por lo tanto, sería inconstitucional; tal y como lo ha señalado en forma reiterada, la Sala Constitucional -en este sentido, entre otras, ver sentencias número 1716-90, 5399-95, 6859-96 y 9192-98-. Y,

Del principio presupuestario del equilibrio financiero: También tiene previsión en el artículo 176 de la Constitución Política. Por el se ordena al Estado, por medio de los órganos encargados de elaborar el proyecto (Poder Ejecutivo y cada uno de los jerarcas de las instituciones descentralizadas) y de aprobar el presupuesto (Asamblea Legislativa y Contraloría General de la República, cuando corresponda), a producir un plan de acción en el que el importe de los gastos autorizados no sea superior al de los ingresos probables. En principio su contenido y/o expresión refiere más a un equilibrio material y económico, pero la Sala constitucional -cuyo criterio es vinculante al tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- lo ha enunciado como un equilibrio meramente contable y no económico, es decir, adopta un criterio formal de equilibrio, basado en la simple inexistencia de déficits contables; de manera que ha prohibido financiar gastos corrientes con ingresos extraordinarios y ha establecido la necesidad de distinguir entre lo que constituye ingreso ordinario u extraordinario, o el gasto ordinario del extraordinario, con la finalidad eminentemente práctica, de que el órgano encargado de la fiscalización de la ejecución del presupuesto -Contraloría General de la República- pueda efectuar un adecuado y efectivo control (en este sentido, entre otras, se puede consultar la sentencia número ver sentencia número 6859-96, de las 14:42 horas del 17 de diciembre de 1996). Este principio está expresamente contenido en el inciso c) del artículo 5 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, en los siguientes términos: "… Principio de equilibrio presupuestario: El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento iii.- Sobre los cuestionamientos en lo que refiere al elemento motivo, lo primero que debe de decirse es que, de la revisión de los antecedentes fácticos y el ordenamiento que rige el régimen estatutario del Poder Judicial, el Tribunal de Juicio concluye que el acuerdo adoptado por el Consejo Superior en el Artículo XCI de la sesión 120-2020, el 17 de diciembre del 2020 no es arbitrario. Ya en el

(DE LA CONDUCTA FORMAL IMPUGNADA) se adelantó el sustento de la decisión, residenciado en la falta de recursos presupuestarios para el año 2021 en lo que atañía a la subpartida de sustituciones -que comprende los supuestos de permiso con sueldo por capacitación, para cuido de familiar, por matrimonio, por nacimiento, permiso con goce por defunción, permiso con sueldo por actividades en el exterior, suspensión con goce de salario, permiso con sueldo por docencia en Costa Rica, permiso con goce de salario, vacaciones y permiso en aplicación del numeral 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incapacidad-, en más de 2 mil millones para el año 2021, en el oficio PJ-DGH-597-2020 del 4 de diciembre de 2020, la Directora interina de Gestión Humana presentó al Consejo Superior tres propuestas o alternativas para solventar la situación sin afectar la prestación del servicio público encomendado al Poder Judicial, tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo -hecho probado 9.)-. Esas medidas se traducían en la reducción de las plazas de suplencias en diversos proyectos y dependencias tanto administrativas como jurisdiccionales e instrucciones y recomendaciones para optimizar los recursos ordinarios. De manera concomitante, en el Informe 2013-PLA-PP-PE-2020, del 9 de diciembre del 2020, el Director interino de Planificación -hecho probado 10.)- analizó los diversos proyectos estratégicos del Poder Judicial, entre los que incluyó al Subproceso de Evaluación del Desempeño, al que le calificó como de prioridad -en nivel 11-, y respecto del cual señaló que sí era necesario dotarlo de las plazas en sustitución requeridas -tres de profesional administrativo 2 y 2 de técnico administrativo 2-, porque de lo contrario “… Se incumpliría la aplicación del proceso de evaluación del desempeño de las personas servidoras …” Tales recomendaciones y ajustes fueron acogidos por el Consejo Superior en el acuerdo adoptado en el Artículo XXIX, de la sesión 118-2020, del 10 de diciembre del 2020 -hecho probado 11.)-. No obstante, la anterior decisión fue modificada con ocasión de las gestiones que formularon el Director y Subdirectora de la Dirección Jurídica (en oficio DJ-4195-2020, del 14 de diciembre del 2020), la Jefe del Centro de Información Jurisprudencia (en correo electrónico del 14 de diciembre del 2020); del Magistrado Rector de Justicia Restaurativa (en oficio 289-DNJR-20, del 4 de diciembre del 2020), de la Jueza Coordinadora del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (en oficio 36-TJPP-2020, del 9 de diciembre del 2020), el Director General del Organismo de Investigación Judicial, Secretario interino, Jefe interino de la Sección de Transportes, Jefe del Departamento de Medicina Legal y Jefe de la Delegación Regional de San Carlos, todos del Organismo de Investigación Judicial (en oficio 144-SICE-ST-2020, del 4 de diciembre del 2020), en las que indicaron que la medida adoptada imposibilitaría el cumplimiento de los objetivos y labores de esas dependencias y oficinas -hecho probado 12.)-. En efecto, en el Artículo XCI de la sesión 120-2020, del 17 de diciembre del 2020, el Consejo Superior modificó el acuerdo anterior -Artículo XXIX de la sesión 118-2020, del 10 de diciembre del 2020- para en su lugar disponer, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, prorrogar los permisos con goce de salario y sustitución de varios proyectos de interés institucional, a partir del 4 de enero y hasta el 31 de enero del 2021, y en concreto, respecto del Subproceso de Evaluación del Desempeño, reconoció tres suplencias, en las plazas 371998, 371999 y 35252, que “… Corresponden a puestos de categoría profesional 2, pero la sustitución se pagará como profesional 1) …” -hecho probado 12.)-. Llegados a este punto, del anterior detalle fáctico, queda claro que la reducción de categoría profesional de las plazas que autorizaron al Subproceso de Evaluación del Desempeño -de profesional administrativa 2 a profesional administrativa 1- no fue antojadiza, sino que se motivó, en primera instancia en la falta de recursos para pagarle a los funcionarios en los diversos supuestos de suplencias en la institución (Poder Judicial), lo que es de interés, no solo respecto de una única oficina, de la institución en su totalidad. Por ello, la Administración se vio obligada a adoptar medidas que le permitieran Ala continuidad de la prestación de los servicios a su cargo, tanto a nivel administrativo como en el jurisdiccional, y realiza una priorización de aquellos proyectos de interés institucional, que requieren de la aplicación del mecanismos de permiso con goce de salario y sustitución de servidores judiciales, en los términos regulados en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en tanto los otros supuestos de suplencias no son disponibles. La decisión se enmarca entonces en el pleno respeto de los principios presupuestarios que la propia actora invocó como lesionados, por cuanto la decisión lo que buscó fue ajustarse al monto otorgado al Poder Judicial para una subpartida, se repite la de suplencias. Es claro que la Administración no podía sobrepasar el monto autorizado, lo que es expresión de los principios de universalidad, integridad, especialidad y equilibrio financiero, al tenor de los cuales debía someterse a la partida autorizada. Ahora bien, el Poder Judicial ostenta la potestad de organizar sus dependencias, en sujeción al ya indicado principio presupuestario y de los principios de eficacia y de eficiencia, estos últimos como rectores del buen funcionamiento de los servicios y dependencias públicas, por los que se procura la consecución de los objetivos y fines que atañen a la entidad (el primero) y que aquel logro lo sea utilizando la menor cantidad de recursos humanos y económicos (el segundo). Estos principios se infieren de lo dispuesto en los artículos 139 inciso 4), 140 inciso 8), 157 y 191 de la Constitución Política. 4, 8, 225 y 269 de la Ley General de la Administración Pública respecto de la actuación administrativa. En conclusión, en razón de la necesidad de ajustar la gestión administrativa a su cargo en lo que refiere al acatamiento del presupuesto aprobado para el año 2021, el Consejo Superior ponderó todas las necesidades institucionales en relación con las gestiones de suplencias con permiso de goce de salario al tenor del numeral 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, resultado de lo cual, para atender las necesidades integrales de la institución modificó la categoría profesional de las suplencias reconocidas para colaborar al Subproceso de Evaluación del Desempeño, se repite, para el período del 4 de enero al 31 de diciembre del 2021.

Que el Consejo Superior emitió la circular número 274-2020, Asunto: Lineamientos sobre el Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos del Poder Judicial, donde se ordena a las Jefaturas que no podrán asignar actividades a las personas servidoras judiciales a su cargo, que no se ajuste a las tareas de la clase de puesto en que se encuentren nombradas; y que están debidamente documentadas en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos del Poder Judicial, motivo por el cual es mi deber, como les había informado anterior(sic) hacer la distribución del trabajo de los seis profesionales en apego a esta disposición, situación que genera un desequilibrio en la distribución del trabajo, al limitar maximizar la capacidad operativa del Subproceso a mi cargo, dado que las diferencias entre una clase y otra, desde su clasificación y valoración, están fundamentadas en la oportunidad de realizar diferentes tareas, por tanto, en la asignación de las metas de desempeño no podría aplicar una igualdad de tareas como se realizó el año pasado, en cuanto a los informes especializados que realizan estos puestos, al no formar parte de las tareas del profesional 1 y comprenderán que en la etapa de madurez de la implementación de la evaluación del desempeño resulta fundamental hacer análisis de los efectos de la aplicación del proceso administrativo así como el estudio de oportunidades de mejora para operativizar el proceso y brindarle sostenibilidad al mismo [el resaltado no es del original].

Por lo anterior, desde la decisión adoptada se ha generado una división entre el equipo de trabajo, al tener que realizar la valoración de cada actividad entre lo que pueden desarrollar los profesionales 2 y los profesionales 1, que en años anteriores siempre compartían las mismas tareas, situación de su conocimiento y documentada en el oficio PJ-DGH-098-2021 del 22 de febrero de 2021, cuando se atendió el reclamo de los compañeros afectados con el rebajo de su categoría, el problema reside en que se resta capacidad operativa al equipo al tener que separar actividades que antes se compartían en razón de la equidad en la clase de puesto, que desde el 2015 han venido desempeñando los profesionales destacados en este Subproceso, dado que la demanda de trabajo no nace esa diferenciación, los objetivos estratégicos y del PAO deben cumplirse sin distingo de clases de puestos, por esto la situación se ha convertido en un riesgo operativo [el resaltado no es del original].

También, debe considerarse que, dentro de la clasificación y valoración de puestos del Poder Judicial, no se han analizado las tareas y responsabilidades del personal destacado en este Subproceso, y que debería incorporarse dentro del Manual de Puestos, siendo que los perfiles por competencias cuando se realizaron los aquí actores aún no estábamos formalmente constituidos. Debe tenerse presente que incluso cuando la Dirección de Gestión Humana apoyaba la gestión de la Comisión de Evaluación del Desempeño, en 2011 la categoría de los permisos destacados fue de Profesional en Administración 2, dada la complejidad del denominado proyecto de evaluación del desempeño [el resaltado no es del original], que estuvo a cargo del ex Magistrado Rolando Vega Robert.

Por otra parte, a nivel de la gestión en la proposición electrónica de nombramientos se ha presentado la siguiente situación que nos explicó la compañera Eugenia Mora, que implica que en cada ocasión que deba registrarse un movimiento en esos permisos se deben gestionar permisos especiales, dado que ya que esto no depende enteramente de la PIN, sino que hay que solicitar a la Unidad de Presupuesto que haga el cambio temporal en la clase de puesto de la plaza y al encontrarse en este momento la Dirección con el tema de la formulación" para el 2022, ese cambio puede afectar las proyecciones, aunado a que se puede ver afectado el salario de la persona titular cuando los procesos de planilla hacen el recorrido, por lo(sic) se otorga un plazo de 2 días, para registrar y aprobar el movimiento, de forma que Presupuesto devuelva la característica de la plaza a la clase correcta; y así, evitar inconsistencias en la labor que ellos realizan [el resaltado no es del original].

Para muestra les remito una imagen de la consulta en jefatura que esta(sic) desde la semana anterior que me ha limitado terminar el proceso de planeación 2021, al visualizar solamente al personal técnico.

…

Finalmente, siendo que el Consejo Superior al conocer el reclamo de los compañeros afectados dispuso mantener las categorías de los puestos asignados por permisos del artículo 44, en la sesión N° 18-2021 del 04 de marzo de 2021, artículo XX, me parece que estos riesgos no fueron considerados por el órgano decisor y omitiéndose las recomendaciones de la Contraloría General de la República de dotar de personal a este Subproceso, pero que me parece es mi deber documentar según la normativa vigente, dado que hemos tenido pocas oportunidades de analizar el tema en cuestión, siendo que la condicionante ha sido el tema económico que tiene actualmente el Poder Judicial, sin consideración de los efectos jurídicos y estratégicos de debilitar el Subproceso responsable de implementar la evaluación del desempeño del personal judicial [el resaltado no es del original] …" (El resaltado no es del original).

Adicionalmente, se estima pertinente hacer las siguientes consideraciones en lo que refiere a este extremo de la demanda.

En su demanda, la actora transcribió un listado de funciones, bajo la indicación que eran las que venía realizando en el Subproceso de Evaluación del Desempeño y que continuó desempeñando, no obstante el acuerdo adoptado. Revisado aquel listado, se debe de aclarar que en efecto, todas aquellas funciones fueron las descritas por la Jefe del Subproceso del Evaluación del Desempeño, -Ivannia Aguilar Arrieta-, en el oficio GD-022-2017, del 23 de marzo del 2017, en relación con la justificación de las plazas que estaba pidiendo esa oficina de manera ordinaria (en propiedad) en la categoría de profesional administrativa 2 -hecho probado 3.)-; según el requerimiento que habían realizado en oficio DGH-ED-425-2016, del 28 de julio del 2016 el Director interino de Gestión Humana (José Luis Bermúdez Obando), el Subdirector de Desarrollo Humano (Mauricio Quirós Álvarez) y la Jefa interina de Subproceso de Gestión del Desempeño (Evelyn Quijano Eduarte) del Poder Judicial, solicitaron al Consejo Superior -hecho probado

Esa gestión requirió trasladar a dicho Subproceso las cuatro plazas (447472, 35252, 371998 y 371998)  con las que se trabajaba el proyecto de la evaluación del desempeño en calidad de préstamo, y a su vez, se les autorizase la sustitución de dos de aquellas (35252 y 359183) plazas con base en lo dispuesto en el numeral 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -hecho probado 1.)-. Es así como la Dirección de Planificación analizó la propuesta de la estructura del Subproceso de Evaluación del Desempeño en el oficio 1972-PLA-2017, del 20 de diciembre del 2017 -hecho probado 4.)-, avalando el traslado de las siguientes plazas: un Jefe Administrativa 3 (plaza 57572, ocupada por Ivannia Aguilar Arrieta) y tres plazas de profesional administrativo 2 (plazas 35252, 371999 y 371998, ocupadas por Allen Argüello Coto, Karla Infante Blanco y Elizabeth Bolaños Mena, respectivamente) y la sustitución de aquellas plazas 35252, 371998 y 37199, al tenor del ordinal 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La anterior estructura del Subproceso de Evaluación del Desempeño fue aprobado por el Consejo Superior en el Artículo LV de la sesión 004-2018, del 18 de enero del 2018, tanto las plazas ordinarias como las interinas, en aplicación de la norma legal indicada -hecho probado 6.)-.

Llegados a este punto, interesa referirnos a las funciones que la actora desempeñó en el Subproceso de Evaluación del Desempeño, luego de adoptado el acuerdo que se impugna en esta acción. Para dilucidar este extremo, la parte actora ofreció prueba testimonial, de la servidora Infante Blanco, la cual se circunscribió al hecho 14 de la demanda, el cual tiene un contenido amplio, comprendiendo más que todo alegaciones -de la inexistencia de un criterio técnico- y la indicación que no se le cambiaron a la actora las funciones que venía realizando en sus suplencias y desempeño en el Subproceso de Evaluación del Desempeño, con lo cual, ella debía especificar cuáles eran las funciones que realizaba la accionante luego de la adopción del acuerdo impugnado. Para la mejor comprensión de la declaración que rindió dicha testigo, tenemos que la señora Infante Blanco ostenta un nombramiento en propiedad en la plaza con categoría profesional de profesional administrativa 2, que fue trasladada al indicado Subproceso, y respecto de la cual, el Consejo Superior autorizó conferirle permiso con goce de salario para destinarlo a la culminación del proyecto de interés institucional de la implementación de la evaluación del desempeño, según se desprende de la documentación previamente analizada -

1.) y 3)-. Y en lo que refiere a su declaración, a la pregunta que le hizo el personero de la actora de si sabía “… cuáles son las funciones que realiza Sao …”, la testigo contestó lo siguiente:

“… Todos hacemos lo mismo, todos los seis profesionales en su momento hacíamos los mismos. Muchas de las ocasiones siempre hemos trabajado en parejas por las mismas actividades. Por ejemplo, todo el desarrollo de la capacitación, que lo creamos nosotros, se hacían en parejas, teníamos que ir a las giras. Igual se hacían en parejas la manera que se construyó el sistema informático. Nosotros dialogamos, hacíamos las necesidades informáticas. Los compañeros de informática las hacían en el sistema y nosotros teníamos que probar. Vamos, esas fueron como al inicio del proyecto. Bueno, siempre se habla de proyecto, pero nunca ha sido un proyecto. Es parte fundamental y creado por la Constitución y todo que tuvimos como que empezar de cero. Totalmente fue creación de nosotros los tres trabajamos, los seis, en ese caso trabajamos en estas dos grandes áreas, digamos, más todo lo menudo que siempre hay que atender, ¿verdad? Eso fue hasta el 2020; porque a partir de julio del 2020 ya tuvimos que empezar ya con el sistema, ya empezamos a evaluar y fue el primer año que se hizo la evaluación del desempeño en el Poder Judicial …”

Se advierte que la testigo refirió a las funciones desempeñadas por la actora previo a la adopción del acuerdo impugnado en este proceso, extremo que escapa al objeto de esta acción y en el que no hay discusión en que las funciones que realizaron quienes suplieron las plazas 371998, 371999 y 35252 fueron las propias a la categoría profesional 2, en tanto así se hicieron las designaciones a la actora, según el detalle de esos nombramientos, en el período comprendido del 2016 al 2020. Luego, la declarante hizo mención a un cambio en las labores desempeñadas, a partir de mediados del 2020, que debe de precisarse no refiere al acuerdo impugnado, de cambio de la categoría de las plazas de esas sustituciones, sino a la evolución del proyecto encomendado. De inmediato, el personero preguntó si aquel cambio fue perjudicial, a lo que la declarante precisó que el perjuicio era económico, por la diferencia en la retribución de cada categoría, obviamente inferior para los profesionales administrativos 1 respecto de los profesionales administrativos

Ahora bien, en cuanto a la pregunta que le hizo el personero de si sabía si le habían cambiado las funciones a la servidora Sao Him Chavarría Lao, la declarante contestó “… no se cambiaron …” y más adelante, ante la pregunta del mismo abogado de si las plazas propietarias y las suplentes hacían lo mismo, ella contestó “… Sí claro, entre las funciones de nosotros está, nosotros tenemos, bueno, que dar apoyo a las personas, pero pasada cada. Cada etapa del sistema, cada quien tiene a cargo un ámbito y tiene que hacer los informes, los análisis de cómo si evaluaron o evaluaron las metas que usan. Tenemos que estar diciendo que las metas si son aptas o no aptas, o sea, a través del tiempo. Del año de evaluación hay muchos informes que tenemos que desarrollar …” Luego se refirió a las funciones que ella como profesional administrativa 2 realizaba, precisan que dentro de su labor ordinaria tenían que hacer informes, por ejemplo cuando hay apelaciones o se cierran etapas, hay situaciones particulares en la evaluación del desempeño de algún servidor- y muchos estudios. En cuanto a la organización del trabajo explicó que tenía funciones básicas y especiales, dado que ella y “Ale” eran abogados, veían todo lo legal y “Allen” y Sao, el desarrollo informático; de manera que se trabajaba como parte y contraparte, en parejas, concluyendo “… . Entonces hacemos lo común, lo grande, pero cada uno tiene su tema a desarrollar …” Indicó que se hizo la gestión solicitando las plazas requeridas a la Dirección de Planificación, pero “ … en lo que salió se hizo el cambio …” A las preguntas que formuló la representación estatal en el contra-interrogatorio, la testigo precisó lo siguiente. A la pregunta “… ¿Le consta a usted que durante todo el período que trabajó como compañera doña Sao hacía exactamente las funciones que usted hacía porque usted dice que usted es abogada? …” respondió: “…Sí, y lo vuelvo a repetir, o sea, vuelvo a decirlo, todos tenemos tareas básicas y nos dividimos el Poder Judicial por ámbitos. Desde que iniciamos, por ejemplo, yo tengo a cargo el OIJ. Esa, digamos, son las funciones normales. Y cada quien tiene funciones adicionales, por ejemplo, la parte legal, los reglamentos, recursos de apelación nos corresponde a nosotros. SAO trabaja además de todas las capacitaciones, todo lo que tenemos en común, los 6 puestos trabajan con el desarrollo del sistema … todos, como vuelvo a decir, hacemos lo mismo todo lo que tiene que ver con la atención de los ámbitos de atención a la persona usuaria que nuestra persona usuaria, son los mismos compañeros del Poder Judicial para que no se vaya a malinterpretar. Todo eso lo hacemos igual. Aparte, como profesionales, cada uno tiene acciones adicionales. Por ejemplo, Sao tiene conjunto con Allen el desarrollo del sistema informático, pruebas que lo hacen en conjunto con el Departamento de informática. El otro compañero, José, tiene todo lo que es llevar el presupuesto. La compañera Elizabeth tenía otro programa que tenía que ver con planificación de proyectos y mi otra compañera Gabriela en aquel momento llevaba toda la parte gráfica del su proceso, que esa parte gráfica también estaban todos los brochure, todo el desarrollo de las campañas, o sea, no son trabajos de profesionales …” De seguido detalló las labores que hacía ella en el ámbito que le fue asignado -atención al OIJ-, reportes, estudios, asignación de perfiles de evaluación del desempeño, revisar quién realizará la evaluación, informes al Consejo Superior, resoluciones administrativas respecto de quienes tienen o no derecho a la evaluación del desempeño, habilitar el sistema, informes sobre las metas que se utilizan, capacitaciones del sistema en cuanto a la evolución del desempeño, evaluaciones de competencias; atención de dudas legales del Consejo de la Judicatura o del Consejo Superior; y más adelante precisó que esas tareas las hacían los seis profesionales destinados en el Subproceso de Evaluación del Desempeño; y que en atención al problema presupuestario del Poder Judicial “… hay que sacar la tarea …” El Tribunal solicitó aclaraciones a la testigo. A la pregunta de la jueza Godelieve Salas “… ¿cuál es la diferencia si es que usted la conoce entre las funciones de un profesional de un profesional 1 y de un profesional 2?...” la servidora señaló: “… Según el manual de puestos, no hay como mucha diferencia, es más la responsabilidad que se tiene en ellas, ¿verdad? La autonomía de uno de poder desarrollarlos. Tenemos un problema que a nosotros no nos han hecho un estudio y entonces las funciones que están en el manual de puestos. Son las generales, no las propias de nosotros. Muchas se usan, ¿verdad? Pero no hay un estudio específico para la clase del subproceso. Entonces, si ustedes ven el manual como tal, hay funciones que no están desarrolladas. Entonces ahí es donde se va haciendo la diferencia entre un profesional uno. Y un profesional 2, por ejemplo, sí se supone que un profesional 2 imparte las capacitaciones y un profesional uno está como de apoyo. Pero en el caso que nos ocupa, todos damos y nos unamos. Hoy yo puedo dar la capacitación y tengo un compañero que me ayuda en otra, él es el que la da y yo soy el que lo apoyo. Porque no tenemos profesionales 1 y solo un técnico, entonces tenemos que hacer las funciones todos …” Aclaró que muchas atenciones se hacían virtualmente, sin que existiera registro de ello. En relación a la pregunta que le hizo la jueza Abarca Gómez, de porqué en diversos nombramientos en una misma plaza a la actora en el Subproceso de Evaluación del Desempeño, en unas ocasiones se describía la categoría como profesional administrativa 1 y en otras como profesional administrativa 2, la testigo aclaró que cuando se consignaba que era en el último puesto era porque seguramente la suplió a ella en algún período de incapacidad o vacaciones, esto es no se trataba del supuesto de la suplencia del 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Finalmente, a pregunta de la jueza Fernández Brenes, la declarante aclaró que a la fecha ya no se contaban con personal adicional, esto es, con las suplencias bajo la modalidad regulada en el artículo 44 de cita. No está demás indicar que el anterior recuento de la declaración de la servidora Infante Blanco se sustenta en la grabación digital de la audiencia complementaria, que consta en el Escritorio Virtual.

Ahora bien de la valoración en conjunto de la prueba documental y la declaración evacuada en juicio, este Tribunal de Juicio no logra desprender, como lo hace la actora, cuáles fueron las labores -en concreto- que ella realizó o le fueron encomendadas por la Jefatura del Subproceso de Evaluación del Desempeño con ocasión del acuerdo aquí impugnado y que se trabada de las mismas funciones que venía realizando con anterioridad. De lo dicho queda claro en las diversas ocasiones en que a la aquí actora se designó interinamente en la categoría de profesional 2 para coadyuvar en el Subproceso de Evaluación del Desempeño en el período que comprende del 2016 al 2020, realizó y ejerció las funciones previamente descritas en el oficio GD-022-2017, extremo respecto del cual no existe cuestionamiento ni discusión alguna, ni contradictorio de los intervinientes. Pero de la prueba que fue ofrecida en este proceso tanto la documental como la evacuada en juicio -declaración de Karla Infante Blanco- a criterio de este Tribunal no resulta posible tener por acreditado que luego de la adopción del acuerdo impugnado, la servidora Sao Him Chavarría Lao continuó realizando aquellas mismas funciones. Veamos, conforme al mismo listado y detalle de las funciones, la actora aseveró que realizó en el Subproceso de Evaluación del Desempeño. Sin embargo, no basta con la mera afirmación o manifestación de la actora de aquella situación, o de la declaración de la testigo en el juicio oral, que fue genérica y poco clara en relación a las funciones que desempeñó la actora en sus designaciones interinas en el Subproceso de Evaluación del Desempeño con la implementación y ejecución del acuerdo aquí impugnado. Se desprende de la declaración de la testigo, que inicialmente las funciones eran las mismas, y aún cuando aseveró que en todo momento fueron idénticas a las que de quienes ostentaban las plazas ordinarias, no supo concretar las funciones que efectivamente realizó y le fueron asignadas a la servidora Sao Him Chavarría Lao. De aquella manifestación estas juzgadoras se desprendemos que los servidores profesionales destacados en el Subproceso de Evaluación del Desempeño fueron organizados en parejas, se entiende que tres (porque tres plazas eran ordinarias y tres eran interinas), de donde, aún y cuando en principio uno tenía la responsabilidad, su pareja (el otro), le asistía; siendo que como explicó la declarante, el detalle de las funciones entre las categorías profesional administrativo 2 y profesional administrativo 1 es realmente, sutil, centrándose la distinción más bien en el grado de autonomía y responsabilidad en cómo se ejercen. Dicho en otros términos, este Tribunal infiere que esa dirección o mayor responsabilidad fue la asignada a los servidores propietarios, mientras que la asistencia a los interinos designados en plazas de categoría profesional administrativo

La anterior conclusión se infiere del detalle de las funciones que el Manual de Puestos establece para cada una de estas categorías de puestos -hecho probado 23.)-, siendo incluso significativo que en ambos puestos la finalidad o propósito y función profesional es prácticamente que la misma, así:

Profesional Admtv.1

Profesional Admtv. 2

Propósito

Ejecutar labores profesionales de alguna complejidad y

variedad relacionadas con el campo administrativo.

Ejecutar labores profesionales complejas y variadas relacionadas en el campo administrativo.

Función profesional

Ejecutar labores profesionales en el campo de su especialidad.

Ejecutar labores profesionales en el

campo de su especialidad.

Además, aún y cuando el listado de aquellas funciones es más amplio para el profesional administrativo 2, hay al menos tres que son idénticas en ambos puestos: asistir a reuniones, seminarios, charlas y otras actividades similares y representar a la institución ante organismos públicos y privados; impartir charlas y cursos propios de su área de competencia; y tender y resolver consultas relacionadas con su área de actividad -hecho probado 23.)-. De manera que si el fuerte de las labores que se delegaron a los profesionales designados interinamente en el Subproceso de Evaluación del Desempeño era impartir capacitaciones y resolver gestiones y consultas -como lo explicó la deponente en el juicio-, ello podría llevar a concluir que hubiera identidad de funciones, sin que por ello se transgrediera la designación en un puesto de inferior categoría. Ahora bien, si no hubiera habido cambio de funciones, entiéndase de responsabilidad y autonomía en el ejercicio de las tareas que se les asignaron a los servidores interinos, no se justificaría el traslado de riesgos que la Jefe del Subproceso hizo a la Dirección de Gestión Humana en el oficio de esePJ-DGH-SGD-028-2021, del 17 de marzo del 2021 -hecho probado 20.)-. Por otro lado, del listado general que hace la actora en su demanda, se razona que fue dado en un momento determinado en la implementación de la Evaluación del Desempeño en el Poder Judicial, sin que pueda inferirse que se correspondía en un todo para el año 2021 y siguientes. Pero adicionalmente, debe de considerarse que no aportó la actora prueba objetiva, concreta y fehaciente respecto de las labores que realizó en el Subproceso de Evaluación del Desempeño luego de adoptado el acuerdo que impugna en esta sede. Repetimos, la declaración de la testigo es genérica en este punto y en atención a que esta precisó que no era pareja de equipo con la actora, no resulta posible inferir una total identidad de funciones y tareas, cuando a la testigo se le asignaron labores legales, mientras que a la actora más bien de orden informático. Asimismo, se estima que la gran mayoría de las funciones que se describen tanto en el oficio GD-022-2017 -respecto del cual se reitera lo dicho de que no existe certeza de que se mantuvieran en su totalidad para el 2021 y años siguientes-, son susceptibles de ser registrados en respaldos escritos, e incluso, digitales. No obstante, la actora no sólo no aclaró aquellas funciones que dice haber realizado que se correspondían en su totalidad a las de un profesional administrativo 2-, sino que no aportó prueba al respecto. Llegados a este punto, se recuerda que al tenor de lo dispuesto en el artículo 41.1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al tenor del mandato del del Código Procesal Contencioso Administrativo, “… Incumbe la carga de la prueba: /

A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho …” (el resaltado no es del original); obligación o carga, que conforme al desarrollo hecho fue incumplido por quien demanda.

Adicionalmente la actora alegó la infracción del principio constitucional de la igualdad salarial. En la forma desarrollada en los acápites anteriores, al no haber acreditado quien demanda, que en las designaciones interinas que el Poder Judicial le hizo en la categoría de profesional administrativa 1 para colaborar con la implementación de la evaluación del desempeño en la institución, ni las funciones que realizó con posterioridad al acuerdo impugnado, ni tampoco que fueran las que se correspondían a las de la categoría profesional administrativa 2, no puede considerarse que se produzca la infracción a dicho principio constitucional.

Finalmente, se acusa de parte de la actora un ius variandi abusivo de parte de su patrono, por la modificación sustancial de uno de los elementos sustanciales de la relación estatutaria, a saber, la retribución salarial, en atención a que, pese a las labores efectivamente realizadas -como profesional administrativa 2-, no se le pagó como tal, sino como profesional administrativo

Reiteramos las consideraciones en relación al tipo de designación que el Poder Judicial realizó a la aquí actora en el Subproceso de Evaluación del Desempeño desde el 2016 y al 2020, todas de naturaleza interina, en nombramientos discontinuos y en plazas de categoría de profesional administrativa 2, de los que no es posible inferir ningún derecho adquirido. En este sentido, las designaciones que se le hicieron a partir del 2021, también interinas y discontinuas, pero ahora en la categoría de profesional administrativo 1, son una relación, no derivada de los anteriores nombramientos. En todo caso, ya se indicó que la decisión está justificada precisamente en la aplicación de los principios presupuestarios que la actora invocó como infringidos y en criterios técnicos en relación con tema de las funciones que le serían asignadas. Lo anterior conlleva a concluir que no se produce el ius variadi abusivo acusado.

Conclusión: En atención a las consideraciones que han sido esgrimidas respecto de cada una de las alegaciones que formuló la actora, la pretensión de nulidad formulada debe ser declarada sin lugar en todos los extremos y respecto de las tres conductas impugnadas en la acción.

DE LAS PRETENCIONES DE CONDENA INTERPUESTAS: Previamente se había hecho indicación que accesoria a la pretensión de nulidad -ya analizada-, la actora formuló dos pedimentos adicionales, respecto de los cuales se procede a hacer el correspondiente pronunciamiento. En la primera de ellas-identificada como c)- se pidió “… Ordenar al Poder Judicial por medio del Departamento de Gestión Humana que mantenga a la aquí actora en el puesto de profesional 2 que ha ocupado desde que trabaja en el Subproceso de Gestión Humana, ocupando actualmente y desde diciembre de 2018 la plaza No. 371999 y que se le continúe cancelando el salario establecido para la dicha plaza y puesto …”; y en la segunda -identificada como d)- ordenar el pago de las diferencias salariales que le correspondían, por haber realizado funciones de profesional administrativa 2 pero retribuida como profesional administrativa

En tanto el acogimiento de las anteriores pretensiones de condena tienen como base la existencia de un derecho adquirido a ser designada como profesional administrativa 2, y ya explicamos que no existe tal derecho; y la acreditación de que la actora efectivamente realizó funciones de profesional 2 y no de 1, en las designaciones interinas que se le hicieron en ejecución del acuerdo impugnado, lo que ya indicamos, tampoco fue acreditado, ambos pedimentos deben ser declarados sin lugar.

DE LA DEFENSA INTERPUESTA.- Al contestar la demanda, la representación estatal opuso únicamente la defensa de falta de derecho. En la forma razonada en los Considerandos previos, se tiene que todas las pretensiones formuladas por la actora fueron declaradas sin lugar. Así pues, procede acoger la defensa de fondo interpuesta.

DE LAS COSTAS: De conformidad con el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la condena al pago de las costas se constituye en una obligación a cargo de la parte perdidosa -por el sólo hecho de serlo-, en beneficio de la vencedora, a fin de que ésta le reintegre los gastos procesales y personales derivados de la interposición de la acción contenciosa. Asimismo, esta norma procesal prevé diversas causales de dispensa de esta condenatoria, como lo son el haber fallado con prueba no conocida por la contraria y la ponderación del Tribunal de existencia de motivos suficientes para litigar. En el caso que nos ocupa, las juzgadoras estimamos que, no obstante haberse desestimado todas las pretensiones interpuestas por la aquí actora, sí tenía motivos suficientes para litigar, motivo por el cual se le exonera la condenatoria en costas. En el caso que nos ocupa, las juzgadoras estimamos que, no obstante haberse desestimado todas las pretensiones interpuestas por la aquí actora, sí tenía motivos suficientes para litigar, motivo por el cual se le exonera la condenatoria en costas. Esta decisión se motiva en la posible confusión que pudo haber tenido la actora de considerar que la labor desempeñaba funciones de profesional administrativa 2, cuando en realidad eran las del puesto de profesional administrativa 1, dada la similitud entre ambas categorías; lo que ameritó a su criterio la interposición de este proceso.