Resolución 00483-2026

Analizados los argumentos presentados, se debe proceder con la devolución del pago correspondiente al extremo laboral de la Cesantía, por el monto de ¢1.061.582,00 debido a su contratación en Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA). (...)". (Hecho no controvertido, en asocio con las imágenes que van de la 3896 a la 3900 del expediente judicial);

Que en contra del acto relacionado en el hecho probado anterior, la actora interpuso el día 03 de abril del 2019, los que se identificaron como recursos ordinarios de revocatoria con apelación en subsidio, y nulidad concomitante. (Hecho no controvertido, en asocio con las imágenes que van de la 3886 a la 3892 del expediente judicial);

Que en los términos de la resolución identificada como el oficio N° 5316-297-2019 de fecha 12 de abril del 2019, la Coordinación de la Dirección de Gestión Humana, Servicios Institucionales, Clasificación de Puestos y Subprocesos del Instituto demandado rechazó el recurso de revocatoria. (Las imágenes que van de la 3881 a la 3885 del expediente judicial);

Que en los términos de la resolución identificada como el oficio N° 5500-254-2019 de fecha 19 de junio del 2019, la Gerencia General del Instituto demandado, rechazó los recursos de apelación y nulidad concomitante interpuestos por la aquí actora. (Las imágenes que van de la 3854 a la 3864 del expediente judicial);

Que en los términos del oficio de la Coordinación de la dependencia del Instituto demandado identificada como "Clasificación Puestos y Sobresueldos, Servicios Institucionales, Dirección de Gestión Humana" del Instituto demandado, dirigido a la aquí actora con el N° 5316-0038-2020 de fecha 10 de febrero del 2020, se le realizó una primera intimación de cobro. (Las imágenes 3847 y 3848 del expediente judicial);

Que luego de que frente a la primera intimación de cobro relacionada en el hecho probado anterior, la actora formuló argumentos en oposición al mismo, en los términos del oficio de la Coordinación de la dependencia del Instituto demandado identificada como "Clasificación Puestos y Sobresueldos, Servicios Institucionales, Dirección de Gestión Humana" del Instituto demandado, dirigido a la aquí actora con el N° 5316-92-2020 de fecha 20 de febrero del 2020, sus argumentaciones fueron rechazadas y se le realizó una segunda intimación de cobro, no sin antes indicarse lo que sigue: "Tal y como se detalló en el Acto Final, debe cancelar una suma líquida y exigible a la Institución, de ¢1.061.582,00 (un millón sesenta y unos (sic) mil quinientos ochenta y dos colones exactos) por el concepto indicado. Se le previene para que en un plazo de 3 días hábiles, realice el depósito correspondiente en las arcas institucionales en la cuenta corriente (...), o bien se presente a esta dependencia una propuesta de arreglo de pago. Si pasado el plazo no realiza ninguna gestión, se procederá a realizar las acciones judiciales respectivas dirigidas a la recuperación del dinero adeudado a la Institución". (Las imágenes 3830 y 3831 del expediente judicial).-

Hechos no probados. De relevancia para la resolución del presente proceso, se ha tenido como no demostrado lo siguiente: ÚNICO: Que la aquí actora haya gestionado ante el Instituto demandado alguna propuesta de arreglo de pago frente al cobro por devolución del monto que le fue cancelado a título de auxilio de cesantía en su oportunidad. (La ausencia de elementos de convicción al respecto).-

Sobre los hechos que se han tenido por demostrados en la presente causa. Producto de un análisis integral de la prueba que habría de guardar identidad con el expediente administrativo, en lo que llevó relevancia a los efectos del dictado de la presente sentencia, sin perjuicio de que, en su mayoría lo que se dirá corresponde a hechos respecto de los que no media controversia entre las partes, se tiene que la actora laboró para el Instituto demandado, en donde se encontró destacada en una unidad denominada Gobierno Digital "Proyecto Mer-link", ocupando un puesto técnico profesional especializado desde el 13 de enero del 2014. (Hecho no controvertido). Luego y siendo lo anterior así, por acuerdo del Consejo Superior del Instituto demandado, adoptado en su Sesión N° 6120 celebrada el 12 de enero de 2015, en relación con otro acuerdo posterior, adoptado en su Sesión 6145 del 17 de agosto del 2015, se dispuso transferir el que se denominó proyecto "Mer-Link" y la operación de la unidad denominada Gobierno Digital del ICE, a la empresa Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), que es una compañía propiedad de dicho Instituto Costarricense de Electricidad. (Hecho no controvertido). Además, y como consecuencia de lo anterior, se dispuso el traslado de los puestos de trabajo correspondientes a esta unidad y proyecto del Instituto demandado a mencionada empresa, identificada por sus siglas, RACSA. (Hecho no controvertido). Otra consecuencia de la transferencia del mencionado proyecto, lo fue que, a partir del día 31 de enero del 2017 y previa notificación a la aquí actora realizada el 14 de diciembre del 2016, el Instituto demandado dio formal término al contrato de trabajo que le vinculó jurídicamente con ella, esto con responsabilidad patronal, y consecuentemente, lo fue con el pago en su favor de todos los extremos laborales, lo que incluyó el correspondiente al denominado, auxilio de cesantía. (Hecho no controvertido). Asimismo, "acto seguido" o sea, de forma inmediata al término de la relación jurídica laboral mencionada en el hecho probado anterior, la actora fue contratada nuevamente, ahora por parte la empresa denominada Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) para la que trabaja desde entonces, siempre para desplegar labores vinculadas al denominado proyecto "Mer-Link" (Gobierno Digital). (Hecho no controvertido). Hemos de detenernos para indicar que la contratación sobreviniente de la actora como servidora de RACSA, para la que no podría afirmarse otra cosa, medió su voluntad porque no arguye conforme su demanda lo contrario, obedeció desde un punto de vista finalista conforme a los acuerdos relacionados atrás del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, de materializar el traslado de una unidad funcional u orgánica de su estructura a una de de sus empresas, no así la finalidad de poner término al previamente existente contrato de trabajo. Desde el punto de vista entonces, del contrato realidad que ha de observarse en materia laboral, se extrae de estos acuerdos, la terminación del contrato de trabajo que vinculó a la actora con el Instituto demandado y la inmediata a este último hecho, si inmediata contratación e una de sus empresas subsidiarias, que entre patrono (Estado) y servidor, no medió en la práctica y realidad la terminación del vínculo jurídico laboral, como sí, actuaciones instrumentalizadas con ocasión del que se denominó proyecto "Mer-Link" y la operación de la unidad denominada Gobierno Digital del ICE, del ICE, a la empresa de su propiedad denominada Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA). Dicho lo mismo en otros términos, la relación jurídico laboral no tuvo su término en la materialidad y la actora, no se encontró siquiera un día, cesante y/o, consecuentemente con ello, privada de salario, pues tampoco media circunstancia fáctica o alegación alguna en la dirección que sigue en la presente causa, dirigida a acreditar y a afirmar, siquiera dudar de que su relación laboral sobreviniente con RACSA no fuese y es remunerada. Continuando, la terminación del contrato de trabajo que medió entre el ICE y la actora condujo por haberse hecho operar sin mediar justa causa, sea, con responsabilidad patronal, al pago en favor de la actora del extremo correspondiente al auxilio de cesantía, que comprendió una suma de dinero, que fue cancelado a ésta el día 21 de febrero de 2017. (Hecho no controvertido). En otro orden de ideas, habiendo ocurrido todo lo anterior, sin resultar relevante en función de qué otra circunstancia el asunto fue conocido por la Contraloría General de la República, con ocasión de ello, fue en los términos del oficio identificado con el N° DFOE-DI-1941 de fecha 21 de diciembre del 2018, que su División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, se dirigió a la Presidencia del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, con asunto que se denominó así: "Orden relacionada con el pago del extremo laboral de la cesantía, por el traslado de servidores del ICE a Radiográfica Costarricense, S.A. (RACSA)", ordenándole a dicho órgano del Instituto demandado lo que sigue: "III. Orden al Consejo Directivo del ICE. Consecuencia de lo anterior, y de conformidad con las competencias asignadas en los de la Constitución Política, 11 y 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 8428, se ordena bajo pena de sanción por desobediencia en los términos previstos en el de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, lo siguiente:

Ajustar la situación descrita y las conductas administrativas del ICE a lo establecido por el entonces artículo 586 inciso b) del Código de Trabajo (actual artículo 686) y conforme a los términos de los dictámenes vinculantes emitidos por la Procuraduría General de la República, números 332-2009 y 278-2010 y de la Opinión Jurídica 106-2017 y por ende gestionar cualquiera acciones cobratorias que se derive (sic) de ello. Para esto se deberá observar las vías que legalmente procedan, conforme el marco jurídico aplicable. Por lo antes dispuesto, el Consejo Directivo deberá remitir a esta Contraloría General, en el término de diez días hábiles, contados a partir del recibo de este oficio, copia de los acuerdos dictados para atender cada una de las órdenes, con indicación de las fechas previstas y los responsables de su ejecución; así como la evidencia de que fueron comunicadas a las instancias competentes; lo cual se puede enviar al correo electrónico contraloría.general@cgr.go.cr, mediante un documento firmado digitalmente, o bien se puede entregar, de manera física, en la plataforma de servicios de este órgano contralor. Consecuentemente, queda bajo la exclusiva responsabilidad de ese órgano colegiado la atención oportuna, diligente, objetiva e independiente de lo solicitado en este oficio, así como la eventual ejecución, dentro de los plazos establecidos, de cualquier acción administrativa o judicial, que considere pertinente, no sin antes advertir que en lo pertinente ese instituto deberá observar el debido proceso. El acatamiento de lo ordenado es obligatorio y deberá cumplirse dentro del plazo conferido para ello; de manera que, su incumplimiento injustificado, constituye causal de responsabilidad. Asimismo, este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de lo requerido, así como valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de esta orden". Lo así ordenado por la Contraloría General de la República, lo fue sobre la base o fundamento de haber considerado en lo conducente, lo que sigue: "I.

Analizados los argumentos presentados, se debe proceder con la devolución del pago correspondiente al extremo laboral de la Cesantía, por el monto de ¢1.061.582,00 debido a su contratación en Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA). (...)". (Hecho no controvertido, en asocio con las imágenes que van de la 3896 a la 3900 del expediente judicial). En contra del acto relacionado en el hecho probado anterior, la actora interpuso el día 03 de abril del 2019, los que se identificaron como recursos ordinarios de revocatoria con apelación en subsidio, y nulidad concomitante. (Hecho no controvertido, en asocio con las imágenes que van de la 3886 a la 3892 del expediente judicial) gestión recursiva en atención a la cual, por resolución identificada como el oficio N° 5316-297-2019 de fecha 12 de abril del 2019, la Coordinación de la Dirección de Gestión Humana, Servicios Institucionales, Clasificación de Puestos y Subprocesos del Instituto demandado rechazó el recurso de revocatoria (las imágenes que van de la 3881 a la 3885 del expediente judicial) mientras que fue en los términos de la resolución identificada como el oficio N° 5500-254-2019 de fecha 19 de junio del 2019, que la Gerencia General del Instituto demandado, rechazó los recursos de apelación y nulidad concomitante. (Las imágenes que van de la 3854 a la 3864 del expediente judicial). Habiendo adquirido firmeza de este modo el acto final de cobro el devolución de lo pagado a título de auxilio de cesantía relacionado atrás, la Coordinación de la dependencia del Instituto demandado identificada como "Clasificación Puestos y Sobresueldos, Servicios Institucionales, Dirección de Gestión Humana" del Instituto demandado, se dirigió a la aquí actora por oficio N° 5316-0038-2020 de fecha 10 de febrero del 2020, conforme el cual se le realizó una primera intimación de cobro. (Las imágenes 3847 y 3848 del expediente judicial). Ante este primera intimación la actora formuló argumentos en oposición a la misma, en los términos del oficio de la Coordinación de la dependencia del Instituto demandado identificada como "Clasificación Puestos y Sobresueldos, Servicios Institucionales, Dirección de Gestión Humana" del Instituto demandado N° 5316-92-2020 de fecha 20 de febrero del 2020, sus argumentaciones fueron rechazadas y se le realizó una segunda intimación de cobro, no sin antes indicarse lo que sigue: "Tal y como se detalló en el Acto Final, debe cancelar una suma líquida y exigible a la Institución, de ¢1.061.582,00 (un millón sesenta y unos (sic) mil quinientos ochenta y dos colones exactos) por el concepto indicado. Se le previene para que en un plazo de 3 días hábiles, realice el depósito correspondiente en las arcas institucionales en la cuenta corriente (...), o bien se presente a esta dependencia una propuesta de arreglo de pago. Si pasado el plazo no realiza ninguna gestión, se procederá a realizar las acciones judiciales respectivas dirigidas a la recuperación del dinero adeudado a la Institución". (Las imágenes 3830 y 3831 del expediente judicial). Para terminar y siendo que en esta última oportunidad se le informó a la actora de la posibilidad de proponer alguna alternativa al pago total de lo adeudado, cual arreglo de pago, por no mediar prueba alguna que permita afirmar lo contrario, como hecho no demostrado se haya elencado o no por las partes dentro del presente proceso, se tiene por resultar relevante que, la aquí actora haya gestionado ante el Instituto demandado alguna propuesta de arreglo de pago frente al cobro por devolución del monto que le fue cancelado a título de auxilio de cesantía en su oportunidad.-

Sobre el contenido y alcance de la norma comprendida en el artículo 686 inciso b) del Código de Trabajo, previo a la "Reforma Procesal Laboral" Ley N° 9343 del 25 de enero del 2016, identificado como el artículo 586 inciso b) del mismo cuerpo normativo. Hemos de iniciar indicando que el auxilio de cesantía se ha de definir como el derecho que tiene la persona trabajadora a ser indemnizada en caso de terminación de la relación laboral con responsabilidad patronal, que tiene como objetivo desde un punto de vista finalista el asegurar a la persona trabajadora que es despedida bajo esa circunstancia, esto es, con responsabilidad patronal, con una cantidad dineraria que sirva como paliativo durante el tiempo que transcurra mientras encuentra otro trabajo. Se trata en términos simples, de una indemnización por desempleo, desocupación laboral que tiene su causa en la exclusiva voluntad del patrono, sin mediar motivo imputable al trabajador. Conforme a la norma hoy no vigente del Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto del año de 1943, artículo 29 en lo conducente, ya en términos temporales de modo pre-constitucional, sea previo a la entrada en vigencia de la actual Constitución Política el Poder Legislador había legislado sobre este derecho así, en lo que interesa: "Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido injustificado, o algunas de las causas previstas en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas: (...)". (El resaltado no es del original). La Constitución Política contempló posteriormente a ese nivel, sea, en norma con potencia y resistencia constitucional, este derecho así: "ARTÍCULO

Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación". (El resaltado no es del original). Consecuentemente y desde entonces es que se ha de entender este derecho fundamental, como uno de corte indemnizatorio. El Código de Trabajo más recientemente, sufrió una reforma en los términos de lo dispuesto por el Poder Legislador, conforme la "Reforma Procesal Laboral", Ley N° 9343 del 25 de enero del 2016 publicada en el Diario Oficial "La Gaceta" N° 16 del 25 de enero del 2026, Alcance N° 6, vigente desde el 26 de junio del 2017, que es el que comprende la normativa sobre este derecho actualmente vigente desde su entrada en vigencia, en idénticos términos en lo conducente, así: "Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido injustificado, o algunas de las causas previstas en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía de acuerdo con las siguientes reglas: (...)". Luego, tornando al Código de Trabajo conforme su texto vigente previo a la Reforma Procesal Laboral Mencionada su numeral 586, inciso b), rezaba así, en relación al régimen jurídico aplicable a los servidores del Estado y de sus instituciones, respecto del reconocimiento del derecho al pago del extremo laboral identificado como la cesantía: "b) Los servidores que se acojan a los beneficios de este artículo no podrán ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida en calidad de auxilio de cesantía. Si dentro de ese lapso llegaren a aceptarlo, quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas percibidas por ese concepto, deduciendo aquellas que representen los salarios que habrían devengado durante el término que permanecieron cesantes". Por otro lado, la mencionada "Reforma Procesal Laboral", Ley N° 9343 del 25 de enero del 2016 no propició cambio sustancial alguno a la norma, salvo en lo que corresponde a su numeración y no obstante refirió a una adición. Así, su artículo 686, dispone lo siguiente: "Artículo 686.- Los servidores públicos que reciban auxilio de cesantía no podrán ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida por dicho concepto o bajo otro título, por indemnización, reconocimiento de antigüedad o cualquier otra prestación similar pagada por la parte empleadora que se origine en la terminación de la relación de servicio, a excepción de los fondos de capitalización laboral. Si dentro de ese lapso llegaran a aceptar algún cargo quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas recibidas y deducirán aquellas que representen los salarios que hubieran devengado durante el tiempo en que permanecieron cesantes. / La Procuraduría General de la República, cuando se trate del Estado, o el representante legal de los demás entes públicos, con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado que pagó, procederá al cobro de las sumas que deban reintegrarse, por contravención a la prohibición establecida en el párrafo anterior, con fundamento en certificaciones extendidas por las oficinas correspondientes. Tales certificaciones tendrán el carácter de título ejecutivo por el monto resultante de la liquidación que haga la administración". (El resaltado y subrayado no es del original). La norma conforme su texto no ofrece mayor dificultad en términos de su comprensión en criterio de esta Cámara. Primero, parte de la circunstancia fáctica como presupuesto del hecho cual circunstancia fáctica, del servidor que haya recibido el auxilio de cesantía, que no guarda identidad con otra cosa que haber recibido el dinero que corresponde a tal derecho. Esto conduce a afirmar que parte a la vez del hecho de que ha mediado un despido adoptado en su contra, con responsabilidad patronal, sea, su desvinculación jurídica con el patrono, o lo que es lo mismo, la terminación del contrato de trabajo. Continuando, ocurrida la terminación del contrato de trabajo, lo que se dispone lo es un impedimento para que el trabajador o funcionario ocupe de modo sobreviniente un cargo remunerado, con ninguna dependencia del Estado, que no queda otra alternativa, ha de ser entendido en sentido amplio. También se dispone o determina un espacio temporal dentro del que este impedimento se habría de encontrar vigente y así, este impedimento dice la norma, regirá: "durante un tiempo igual al representado por la suma recibida por dicho concepto o bajo otro título, por indemnización, reconocimiento de antigüedad o cualquier otra prestación similar pagada por la parte empleadora que se origine en la terminación de la relación de servicio, a excepción de los fondos de capitalización laboral". Luego, la misma norma refiere al evento, también cual circunstancia fáctica, constituido por la posibilidad de que durante ese período de tiempo, el ex servidor acepte su nombramiento sobreviniente en un cargo que tampoco resulta algo difícil de entender, deberá serlo con el estado entendido nuevamente insistimos, en sentido amplio, y dispone la consecuencia jurídica que emana o surgirá de ello, a saber, el surgimiento de una obligación jurídica, exclusivamente orientada o impuesta al servidor, al deber de reintegrar las sumas recibidas que no queda duda, son exclusivamente las que haya recibido título del pago por auxilio de cesantía como efecto de la terminación de su relación o vínculo contractual anterior. Por lo demás, esa obligación jurídica de reintegro, aplica o comprende la suma que "represente los salarios que hubieran devengado durante el tiempo en que permaneció cesante". Esto último dimensiona, en qué tanto ha de calcularse el monto a reintegrar, que dependiendo de las circunstancias, podría o no corresponder al 100% de lo cancelado por cesantía. En lo demás, el Poder Legislador dispuso otras reglas, que refieren primero, a la competencia para cobrar los dineros que el servidor, pues ya no se puede hablar de ex servidor, deberá reintegrar, como efecto de la única consecuencia jurídica de la ocurrencia de la inobservancia "contravención" de lo que se calificó según el texto de Ley, como prohibición de reingreso o recontratación anteriormente establecida, así como a la identidad del título a ser expedido para efectos de de la ejecución de tal obligación jurídica de reintegro. Consecuentemente, el único y exclusivo efecto jurídico dispuesto por el Legislador frente al evento de que el ex servidor sea recontratado bajo las circunstancias descritas, lo es el surgimiento de una obligación jurídica de corte civil patrimonial a título de reintegro en lo que corresponda, del dinero recibido en su oportunidad como indemnización por concepto del pago del auxilio de cesantía, que no es otra cosa que el nacimiento de una obligación de crédito dada en favor del Estado entendido -insistimos- en sentido amplio por razones más que obvias, no así la invalidez del contrato de recontratación que el previamente ex servidor haya decidido aceptar, que para todos los efectos se ha de mantener jurídicamente incólume. Dicho lo mismo de otro modo, el efecto legal único asociado a la mencionada "contravención" a la "prohibición" mencionada, no lo es la invalidez del nuevo contrato que de forma sobreviniente vincule en relación de empleo al ex servidor lo acepte cual liberalidad suya, que se mantendrá incólume, como sí y en su lugar, el surgimiento de una obligación legal de crédito en favor del Estado, que una vez y otra hemos de destacar que a estos propósitos debe ser entendido en sentido amplio, sobre la base del principio de patrono único. Por resultar de interés, con ocasión de que ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su momento se interpuso una acción de inconstitucionalidad en lo que interesa, justo en contra de la norma comprendida en el entonces vigente artículo 586 inciso b) del Código de Trabajo, ésta determinó en lo conducente, lo que sigue conforme su Voto identificado con el N° 2005-07180 dictado al ser las 15:04 hrs. del 08 de junio del 2005: "VII. Sobre el fondo. DEL REINTEGRO AL ESTADO DE PARTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO, A CARGO DEL SERVIDOR QUE SE REINCORPORA A LA FUNCIÓN PÚBLICA.- Como bien expone la SUGEF en su informe, para facilitar el examen de constitucionalidad del artículo 586 inciso b) cuestionado, cabe referirse a ciertos aspectos históricos de la norma impugnada así como a la adopción de la figura de Estado como patrono único en nuestro sistema jurídico. Es mediante los del Código de Trabajo que se ubican en el Título Octavo, denominado “Del régimen de los servidores del Estado y de sus instituciones”, cuyo capítulo único se titula “Disposiciones especiales para los servidores del Estado y sus Instituciones”, que el legislador reconoce a favor de los servidores públicos, un mínimo de derechos, en concreto: el auxilio de cesantía, el preaviso y el pago de daños y perjuicios (artículos 585 y 586 en relación con el 28, 29 y 31 del Código de Trabajo). Esta normativa es anterior a la Constitución Política de 1949, que vino a garantizar en su artículo 192 la estabilidad los funcionarios públicos que hubiesen ingresado al régimen del servicio civil, garantía constitucional que cubre a todos los funcionarios al servicio del Estado, tanto de la Administración Central, como de los entes descentralizados (Al efecto, ver sentencias de este Tribunal 5778-94 y 5222-94). Al respecto, merece mencionar lo dispuesto en el considerando V de la sentencia 2000-00229 las diez horas treinta y cinco minutos del dieciocho de febrero del año dos mil de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en cuanto expone que la previsión legislativa que se hizo mediante los artículos 585 y 586, se explicaba por: “V (…) la inexistencia, en aquel momento, de la garantía de la inamovilidad o estabilidad, pues no fue sino hasta en la Constitución Política de 1949 que se incorporó al ordenamiento jurídico patrio (artículo 192) (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 299, de las 9:05 horas, del 11 de octubre de 1996). (…). Por su parte, el artículo 586 regula lo correspondiente al pago de prestaciones laborales a los servidores del Estado y sus Instituciones, excluyendo de sus disposiciones a los funcionarios que ostenten cargos de elección popular, de dirección o de confianza, (…). Su inciso b), establece: “Los servidores que se acojan a los beneficios de este artículo no podrán ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida en calidad de auxilio de cesantía. Si dentro de ese lapso llegaren a aceptarlo, quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas percibidas por ese concepto deduciendo aquellas que representen los salarios que habían devengado durante el término que permanecieron cesantes”. Esta disposición no contraría el inciso e), del , del Código de Trabajo, que ordena pagar el auxilio de cesantía aunque el trabajador pase inmediatamente a servir a las órdenes de otro patrono, pues se fundamenta en la conocida teoría del Estado patrono único.(...) el principio de legalidad que prima en el Sector Público, conforme al cual sólo pueden considerarse lícitas y efectivas, como obligaciones a cargo de los respectivos entes, aquellas que se encuentren autorizadas por el Ordenamiento Jurídico ( de la Constitución Política y 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública). El inciso b), del artículo 586, lo que permite es gestionar el reintegro del dinero pagado, por concepto del auxilio de cesantía, si se demuestra que la persona ocupa otro cargo remunerado en la Administración Pública; lo cual no es lo mismo que una autorización para que, los entes públicos, se eximan de pagar ese extremo laboral,”(sentencia de ese Tribunal número 2000-00229, de las diez horas treinta y cinco minutos del dieciocho de febrero del año dos mil). Es en la misma línea de razonamiento que expone la Sala de Casación Laboral en la sentencia citada, así como de lo expuesto por la Procuraduría General de la República y la SUGEF en sus respectivos informes, que esta Sala en acuerdo con la jurisprudencia común en esta materia, reconoce el derecho de todo trabajador de ser indemnizado a la terminación de su relación con el patrono, no sólo porque se incluyen derechos irrenunciables como lo son el salario, las vacaciones y el aguinaldo, sino porque las leyes laborales en los casos en que no sea invocada una causal para el despido unilateral del patrono, éste debe reconocer al trabajador cierta compensación monetaria. (En ese sentido ver sentencia 942-97 de las quince horas treinta y nueve minutos del día doce de febrero de mil novecientos noventa y siete). Ahora bien, cabe destacar lo expuesto por la SUGEF en su informe, en cuanto dice que el reintegro de las sumas pagadas por indemnización, cuando el servidor es contratado nuevamente por el Estado, a excepción de los montos que corresponden al plazo en que sí estuvo cesante, encuentra justificación en la teoría del Estado como único patrono; teoría que debe recordarse surgió para corregir la situación los servidores que se trasladaban a laborar a una entidad o administración pública distinta, sin que se les reconociera el tiempo servido con anterioridad, en detrimento de los beneficios derivados de la antigüedad en el servicio, para el Estado como patrono. La natural evolución del concepto de Estado como patrono único justifica plenamente el reintegro proporcional del dinero pagado por concepto del auxilio de cesantía, si se demuestra que la persona ocupó otro cargo remunerado en la Administración Pública.

DEL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN POR AUXILIO DE CESANTÍA QUE SURGE DEL ARTÍCULO 63 CONSTITUCIONAL.- En cuanto a la disposición del artículo 63 constitucional que establece el deber de pagar al trabajador una suma por indemnización por rompimiento de la relación laboral sin justa causa y que, según dice en su informe la Procuraduría, no regula las relaciones de servicio público, esta Sala reitera lo dicho en el considerando anterior en el sentido que el artículo 63 constitucional recoge un principio que desde antes estaba establecido en el artículo 29 del Código de Trabajo, cual es el derecho del trabajador despedido sin justa causa, a recibir una indemnización denominada auxilio de cesantía. Como ya se dijo, el artículo 586 del Código de Trabajo cuestionado en su inciso b), incorporó el derecho a la indemnización a favor de los servidores públicos que cesan su relación sin justa causa; supuesto que si bien es difícil de suponer por la prevalencia de la garantía de estabilidad en el servicio para los servidores públicos en que dispone el texto constitucional en su artículo 192, no por ello riñe con el enunciado constitucional que establece el deber de pagar la indemnización por desocupación cuando el despido no fuere justificado. Mas, por el contrario, advierte la Sala que en los casos en que pudiere darse el supuesto de despido sin justa causa, el pago del auxilio de cesantía a favor del servidor se justifica, ajusta y complementa plenamente con las normas contenidas en los artículos 585 y 586 en relación con los artículos 28, 29 y 31 todos del Código de Trabajo, que dan fundamento a la indemnización por desempleo y buscan proteger el derecho de todo trabajador de ser indemnizado a la terminación de su relación con el patrono, independientemente de que sea o no el Estado. Ello, hace énfasis este Tribunal, no sólo porque se incluyen derecho irrenunciables como lo son el salario, las vacaciones y el aguinaldo, sino porque las leyes laborales en los casos en que no sea invocada una causal para el despido unilateral del patrono, éste debe reconocer al trabajador cierta compensación monetaria que le permita su manutención y la de su familia, así como preservar su dignidad (en tal sentido ver sentencia 942-97 de las quince horas treinta y nueve minutos del día doce de febrero de mil novecientos noventa y siete, ya citada), que es lo que le da sentido al auxilio. En consecuencia el artículo 63 de la Constitución debe entenderse como una garantía de todo trabajador a ser indemnizado por rompimiento de la relación sin justa causa.

DE LA VIOLACIÓN ACUSADA AL ARTÍCULO 56 CONSTITUCIONAL.- Acusa el accionante que el artículo 586 del Código de Trabajo resulta violatorio del derecho al trabajo en su artículo b), en cuanto establece el deber de reintegrar al Estado parte de la indemnización recibida por los funcionarios que son despedidos sin justa causa y que vuelven a ser contratados por el mismo patrono. En anteriores ocasiones, en relación con el numeral 56 constitucional que establece el derecho del individuo al trabajo, la Sala ha señalado que la libre elección de una ocupación debe entenderse como la prohibición de forzar a un ciudadano a desempeñar laborales que no desee realizar. El artículo 56 constitucional establece además la participación del Estado atribuyéndole el deber de procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. De la confrontación de la jurisprudencia de este Tribunal referente al artículo 56 constitucional comentado, con lo dispuesto en el artículo 586 inciso b) del Código de Trabajo que se impugna, se infiere con facilidad que la situación preceptuada por el artículo 56 de la Constitución Política no tiene vínculo con lo dispuesto en el ordinal 586 cuestionado, que regula la indemnización por auxilio de cesantía. El instituto de la cesantía si bien es de indiscutible naturaleza de trabajo y constituye una garantía constitucional, encuentra su fundamento en el artículo 63 de la Constitución Política. Ello hace que deba descartarse la violación al numeral 56 de la Constitución Política invocado por el accionante y procede declarar sin lugar la acción en cuanto a este extremo.

DEL EXAMEN DE RAZONABILIDAD DEL ARTÍCULO 586 INCISO B) DEL CÓDIGO DE TRABAJO CUESTIONADO.- Por su pertinencia y ser un tema que plantean la Procuraduría General de la República y la SUGEF en sus respectivos informes, no así el accionante, la Sala procede a realizar el examen de razonabilidad de la norma que contiene el artículo 586 inciso b) del Código de Trabajo, que regula los términos en que debe darse la devolución de lo percibido por auxilio de cesantía por los ex funcionarios públicos que reingresan a trabajar para el Estado y sus instituciones. Como bien dicen los informantes, el derecho a la indemnización por desocupación elevado a rango constitucional, denominado auxilio de cesantía, no es un derecho ilimitado, sino que corresponde al legislador regular la forma y los parámetros dentro de los cuáles se pagará tal indemnización. Es en ese sentido que este Tribunal mediante la sentencia 2754-95 de las quince horas cuarenta y cinco minutos del treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco, dijo: “No existe un derecho fundamental del ciudadano a recibir el auxilio de cesantía de manera ilimitada. El Estado optó por una determinada forma de regular tal indemnización, contribuyendo al bienestar de los ciudadanos y desarrollando en lo que corresponde el mandato del artículo 50 (…)”. Desde esta perspectiva se infiere que, resulta conforme al texto constitucional que la persona reempleada por el Estado conserve el derecho a la indemnización que percibió por haber sido despedida por el Estado, bajo las condiciones y limitaciones que establece la ley. Tal afirmación conduce a analizar si el mecanismo utilizado, en cuanto limita el derecho del servidor empleado nuevamente a disponer del monto total percibido por concepto de auxilio de cesantía, se ajusta al parámetro de razonabilidad constitucional. Como ha dicho en anteriores ocasiones este Tribunal, este principio de razonabilidad extiende la protección del principio de legalidad, por cuanto toda intervención del Estado que lesione los derechos del ciudadano no sólo requiere de una base legal, sino que además necesita ser realizada de tal manera que estos derechos sean afectados lo menos posible. Los elementos del principio de razonabilidad son: legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado, no debe estar al menos legalmente prohibido. La idoneidad, por su parte, indica que el tipo de restricción a ser adoptado es apta para alcanzar el objetivo pretendido; es decir que no haya otros mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión. La necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad -o de un determinado grupo- mediante la adopción de una medida de diferenciación. Si la limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende constitucionalmente válida. La proporcionalidad por su parte remite a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación del derecho no sea marcadamente superior al beneficio que con ella se pretende obtener. Es decir, el límite impuesto no debe estar fuera de proporción con respecto al objetivo pretendido. (En tal sentido ver las sentencias 03933-98 de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del doce de junio y 08858-98 de a las dieciséis horas con treinta y tres minutos del quince de diciembre, ambas de mil novecientos noventa y ocho). Aplicando el marco conceptual que emplea la Sala a este asunto, tenemos que ciertamente lo pretendido por la norma es legítimo, porque ordena al ex servidor empleado nuevamente por el Estado, la devolución de parte de lo percibido por el mismo Estado en su calidad de patrono, por concepto de auxilio de cesantía, en la parte que corresponde al tiempo en que el servidor ya no está cesante, por haber recuperado su condición de asalariado público. De forma que, contrario a lo que afirma el accionante, el mecanismo cuestionado no está prohibido por el artículo 63 constitucional, que lo que prevé es el auxilio de cesantía o indemnización a favor del trabajador despedido, para el período de desocupación. También resulta legítima la norma cuestionada porque es una disposición que integra el Código de Trabajo, que tiene rango legal. En cuanto al examen de idoneidad, la medida dispuesta en el artículo cuestionado resulta apta para alcanzar el objetivo fijado, pues al convertirse el servidor despedido nuevamente en asalariado del Estado, desaparece la justificación de la indemnización por auxilio de cesantía. Véase que el fin de la indemnización es proteger al trabajador cesante como consecuencia del despido injustificado, situación que desaparece cuando se hace acreedor del salario, a cargo del mismo Estado patrono. A lo anterior se agrega que resulta incompatible percibir a cargo del mismo patrono, el monto por salario y a la vez por auxilio de cesantía correspondientes ambos rubros al mismo período. Tal práctica no sólo resultaría desmedida sino que desnaturalizaría el sentido de la indemnización por cesantía, que como se dijo extiende la protección durante el tiempo que efectivamente estuvo cesante el servidor. Debe quedar claro que la norma cuestionada impone únicamente la obligación de reintegrar al Tesoro Público las sumas percibidas por concepto de cesantía, las que no incluyen los salarios que habría devengado durante el término por ese concepto en que sí permaneció cesante, lo que elimina toda amenaza al derecho constitucional a la indemnización por despido sin justa causa. Ahora bien, en el mismo sentido que expresan los informantes, la Sala estima que la norma se ajusta al criterio de necesidad explicado, pues la adopción del mecanismo de devolución de parte de lo percibido por concepto de indemnización evita el enriquecimiento sin causa de una de las partes de la relación, en este caso del servidor público, que al ser contratado nuevamente por el Estado, pierde la condición de cesante y se convierte en asalariado. En definitiva, el cambio de la condición de funcionario desempleado a servidor justifica el procedimiento de reintegro que se cuestiona, que lo que busca es que el servidor devuelva los montos por cesantía, para el período en que ya no tiene la condición de cesante. Finalmente, estima la Sala que la disposición cuestionada es proporcionada, puesto que no priva al trabajador de su fuente de ingresos y tampoco le exige devolver la parte de la indemnización que corresponde al período en que sí estuvo cesante. Consecuente con lo anterior, llevan razón la Procuraduría General de la República y la ARESEP al señalar que no existe el quebranto al parámetro de razonabilidad constitucional.

Conclusión.- Con base en los razonamientos expuestos se concluye que el derecho a la indemnización consagrado en el numeral 63 constitucional no es un derecho absoluto y que las limitaciones a la indemnización por concepto de auxilio de cesantía que establece el artículo 586 inciso b) cuestionado del Código de Trabajo no resultan violatorias a los principios invocados por el accionante y se ajustan a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad constitucionales. En consecuencia, debe declararse la acción sin lugar en cuanto al artículo 586 inciso b) del Código de Trabajo. (...)". (El resaltado y subrayado es suplido). De la extensa cita anterior, se tiene que superado el análisis de constitucionalidad de la norma, en síntesis el alto Tribunal de Control Constitucional arribó a la conclusión de que lo en ella dispuesto constituye en técnica legislativa un límite razonable en términos de legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, generado por el Poder Legislador mediante Ley de la República, de orden público en materia laboral que aplicable a las relaciones jurídicas de empleo en las que figura el Estado entendido en sentido amplio, como patrono, constituida en lo medular en el marco de la naturaleza de jurídica del auxilio de cesantía, por la obligación en cabeza del servidor de devolver o reintegrar el dinero que haya recibido bajo ese título por haber sido despedido sin justa causa, si acepta cual liberalidad suya (autonomía de la voluntad) ser volver a ocupar un cargo remunerado dentro de la organización del Estado. La norma no solo permite, sino que y además impone en cabeza de la Administración de que se trate entonces, el deber de gestionar el reintegro del dinero pagado por concepto del auxilio de cesantía, si se acredita que la persona de modo sobreviniente ha pasado a ocupar otro cargo remunerado dentro de la estructura del Estado (patrono único a estos efectos). Luego, el origen de la obligación de reintegro implica el surgimiento de un crédito contra el servidor activo, que se explica en razón de que desde el punto de vista jurídico, el auxilio de cesantía como instituto del derecho laboral guarda identidad con una indemnización por desempleo y por ende, compensa la ausencia de remuneración que sufre el servidor despedido sin mediar justa causa por un período determinado. Es por ello que la obligación de reintegro corresponde el caso de que el servidor acepte de modo insistimos, sobreviniente, ocupar nuevamente un cargo remunerado dentro de la organización del Estado, sólo en la parte que corresponde al tiempo en que ya no está cesante que haya cubierto la indemnización, esto porque ha recuperado su condición de asalariado. Se erige así la obligación jurídica de reintegro en palabras de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como límite al: "derecho del servidor empleado nuevamente a disponer del monto total percibido por concepto de auxilio de cesantía", de donde resulta claro el cuidado, buen juicio y atención al aspecto de temporalidad (período de desocupación) que ha de mediar en la persona servidora que habiendo recibido el auxilio de cesantía, decide en el marco de la autonomía de su voluntad, aceptar ocupar nuevamente un cargo remunerado dentro de la organización del Estado. La no devolución o reintegro de lo recibido a título de auxilio de cesantía bajo estas circunstancias en consecuencia, implicaría un enriquecimiento sin causa en favor del servidor y en consecuencia, ilegítimo e ilícito, que no encuentra amparo en el ordenamiento jurídico, y correlativamente por otro lado, el no gestionar el reintegro de estos dineros conforme la norma lo dispone, constituiría una conducta sancionable y el incumplimiento de un deber jurídico en inobservancia además, de lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución Política por parte del funcionario competente de la entidad u órgano estatal de que se trate. Ahora y tornando al texto de la norma, de producirse el presupuesto del que surge la obligación de reintegrar, sin más se prevé como procedente su cobro, para lo que servirá como título ejecutivo la certificación que extienda la oficina correspondiente de la Administración de que se trate. Debe insistirse o destacarse de este numeral de Ley, que pese lo que calificó el Poder Legislador como impedimento o prohibición para ocupar después del despido nuevamente un cargo de la especie, su inobservancia no se encuentra sancionada en modo alguno con la invalidez del contrato de trabajo sobreviniente, como sí y en su lugar, lo que se estableció como consecuencia lo es exclusivamente la obligación de reintegro mencionado, de modo que no queda otra alternativa que afirmar en ajuste con lo analizado por la Sala Constitucional en el Voto referido atrás, que la aplicación de la norma no supone en ningún nivel, ni la invalidez (nulidad) del despido con responsabilidad patronal, del pago del auxilio de cesantía (acto formal o implícito derivado del pago efectivo de la indemnización) como tampoco del contrato de trabajo sobreviniente. Para concluir, estimamos importante recordar que el auxilio de cesantía guarda identidad con un instituto del derecho laboral, así como que, su pago y como en este caso, el deber de su reintegro encuentra regulación en esta rama del ordenamiento jurídico, la laboral, no así en el Derecho Público y dentro de éste, el Administrativo, de modo que es materia que ha de ser atendida por el operador jurídico en observancia de las categorías dogmáticas, instituciones, institutos, principios y herramientas hermenéuticas particulares del derecho laboral común como disciplina jurídica, a propósito del Voto dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia identificado con el N° 2010009928 de las 15:00 hrs. del 09 de junio de 2010, en conocimiento de acciones de inconstitucionalidad interpuestas en su momento en contra de lo dispuesto en parte el también entonces texto original del artículo 3° inciso a) del Código Procesal Contencioso-Administrativo y jurisprudencia de la Sala Primera de Casación, a la luz del artículo 4°, inciso a), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa N° 3667 de 12 de marzo de 1966, también en parte, y todo esto sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 111.3 en lo que no obstante reza así: "3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común"; debe correlacionarse con el numeral siguiente, 112, que según su texto dispone lo que sigue, en lo conducente: "(...).

Las relaciones de servicios con obreros, trabajadores y empleados que no participan de la gestión pública de la Administración, de conformidad con el párrafo 3º, del artículo III (sic), se regirán por el derecho laboral o mercantil, según los casos.

Sin embargo, se aplicarán también a estos últimos las disposiciones legales o reglamentarias de derecho público que resulten necesarias para garantizar la legalidad y moralidad administrativa, conforme lo determine por Decreto el Poder Ejecutivo.

Para efectos penales, dichos servidores se reputarán como públicos". (El resaltado no es del original). En consecuencia, en lo que tiene que ver con los presupuestos bajo los que ha de operar de modo directo el ordenamiento jurídico laboral en lo que corresponde al reconocimiento efectivo del derecho de auxilio de cesantía y/o, la determinación de la obligación de reintegro de la suma que haya recibido el servidor por ese concepto y el procedimiento para ello, no resulta de aplicación el Derecho Público y se reitera, dentro de éste el Administrativo.-

Sobre la improcedencia de la demanda en todos sus extremos. Es el criterio de esta Cámara de Juzgadores que lo pretendido por la actora integralmente entendido, resulta improcedente y en función de ello, se impone declarar la demanda sin lugar en todos sus extremos en función de las siguientes consideraciones:

Sobre la alegada violación a las reglas que informan el debido proceso y la alegada caducidad de la gestión de cobro. Argumentó la actora en síntesis, sobre la base de que el pago a título de indemnización por el auxilio de cesantía constituye o guarda identidad con un acto administrativo declarativo de derechos subjetivos que tiene su causa (motivo) en haber sido objeto de un despido con responsabilidad patronal, que con lo actuado por el Instituto demandado (hemos de entender, integralmente entendido como las conductas desplegadas en cobro en recuperación de lo pagado por este extremo laboral) lo que se pretende es desconocer un derecho ya reconocido y ejecutado con el pago que se realizó del importe correspondiente, lo que además, calificó la actora como un derecho adquirido que materializado por la vía del pago, se incorporó a su patrimonio de la actora. Partiendo de lo anterior además, agregó que con lo actuado se violó el principio de intangibilidad de los actos propios, esto porque en su criterio conforme la Ley previamente debió observarse lo que considera, es el procedimiento previsto para que la Administración jurídicamente y de modo previo, suprima este derecho, condición para que se encontrase en situación jurídica para realizar el cobro aquí cuestionado. Esto también lo correlacionó con la acusada violación al principio de intangibilidad de los actos propios, porque se ha procedido a cobrar, desconociéndose que en su caso el pago de la cesantía se hizo operar por virtud de los efectos de un acto administrativo válido y eficaz, sin que éste conforme la Ley, haya sido revocado, declarado lesivo o haya sido anulado de oficio, exigencias que arguye, no han sido observadas mediante el trámite del procedimiento que corresponde, en particular porque el acto mencionado (el que dispuso el pago en su favor del auxilio de cesantía, ha de entenderse) previamente ha debido ser anulado por la Administración activa. Desde este punto de vista insiste en que los actos cuya nulidad pretende sea declarada en sentencia, implican la acción de revocar o dejar sin efecto el acto que declaró el derecho subjetivo al pago en su favor de este extremo laboral. Estimamos que por encontrarse relacionado a éstas alegaciones, la caducidad también censurada por la actora, que dice, operó para anular el acto administrativo mediante el cual se pagó la cesantía, referimos a este reproche para indicar que también sobre la existencia, validez y eficacia de un acto declarativo de derechos subjetivos, la actora estima que en el presente caso habría de declararse la caducidad de las conductas impugnadas, dado el plazo que debe observar la Administración para ejercer la potestad dirigida a "revocar o anular" el acto administrativo mediante el cual se dispuso el pago de este derecho en su favor. A estos efectos invocó el plazo de un año previsto en el artículo 173 inciso 4) de la Ley General de la Administración Pública que afirma, se ha visto superado con causa en que su cómputo debió hacerse operar a partir del momento en que se dictó el acto acto mediante el que se habría dispuesto de pago de la cesantía que precisó, fue dictado fue dictado en fecha 21 de febrero de 2017. Lo así argumentado no es de recibo y en consecuencia, no conduce a declarar la nulidad de acto administrativo alguno de aquellos que han sido objeto de impugnación en la presente causa. Hemos de reiterar la cita del texto del numeral 686 del Código de Trabajo, previo a la "Reforma Procesal Laboral" Ley N° 9343 del 25 de enero del 2016, del mismo cuerpo normativo, no sin antes reforzar, que en el plano fáctico en síntesis como ha quedado demostrado, con la exclusiva finalidad que tuvo el Instituto Costarricense de Electricidad de trasladar en los términos uno de sus procesos a RACSA con éxito, además decidió realizar un traslado del personal que en el Instituto referido, se encontró destacado en los puestos a partir de los que se realizaban esas labores. Así y aunque lo que se pretendió lo fue un traslado, fue instrumentalizado como mecanismo por razones que resultan irrelevantes a los efectos del presente fallo, al despido con responsabilidad patronal (esto es, sin causa justa) de los servidores que ocupaba estos puestos, dentro de los que se encontró la aquí actora, para que luego, fuesen recontratados, ahora a través de aquella empresa propiedad del ICE, de forma inmediata al acto de despido, de donde se ha de concluir necesariamente, que servidores como la actora no se encontraron cesantes, sea, en estado de desocupación laboral y en consecuencia, privados de sus ingresos a título de salario o remuneración, ni un solo día. Se destaca que en materia laboral y privando el principio de contrato realidad, en asocio al principio de Estado como patrono único, siendo el ICE y RACSA empresas públicas estatales ambas cual así lo hizo ver la Contraloría General de la República en los términos del oficio identificado con el N° DFOE-DI-1941 de fecha 21 de diciembre del 2018, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en momento alguno medio una intención o voluntad del ICE de dar término a este tipo de relaciones jurídicas laborales, como sí y en su lugar, su continuidad a través del medio elegido. Pues bien, el numeral 686 del Código de Trabajo reza así: "Los servidores públicos que reciban auxilio de cesantía no podrán ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia del Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida por dicho concepto o bajo otro título, por indemnización, reconocimiento de antigüedad o cualquier otra prestación similar pagada por la parte empleadora que se origine en la terminación de la relación de servicio, a excepción de los fondos de capitalización laboral. Si dentro de ese lapso llegaran a aceptar algún cargo quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas recibidas y deducirán aquellas que representen los salarios que hubieran devengado durante el tiempo en que permanecieron cesantes. / La Procuraduría General de la República, cuando se trate del Estado, o el representante legal de los demás entes públicos, con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado que pagó, procederá al cobro de las sumas que deban reintegrarse, por contravención a la prohibición establecida en el párrafo anterior, con fundamento en certificaciones extendidas por las oficinas correspondientes. Tales certificaciones tendrán el carácter de título ejecutivo por el monto resultante de la liquidación que haga la administración". Nuevamente advertimos que la materia asociada al reconocimiento, materialización y eventual obligación de reintegrar el auxilio de cesantía que por su naturaleza, guarda identidad con un monto por el que se indemniza al trabajador que es despedido sin mediar para ello justa causa, resarciendo así por un período de tiempo determinado un período dentro del que no será remunerado a título de salario por encontrarse cesante, es una que encuentra cabal y completo desarrollo en la legislación laboral, es o corresponde a un instituto asociado a esa materia y en consecuencia, conflictos jurídicos como el presente han de ser resueltos por el operador jurídico, lo que incluye a la Autoridad Judicial, recurriendo a la aplicación y observancia directa de las categorías dogmáticas, instituciones, institutos, principios y herramientas hermenéuticas particulares del derecho laboral común como disciplina jurídica, a propósito del Voto dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia identificado con el N° 2010009928 de las 15:00 hrs. del 09 de junio de 2010. Es en este marco que tornando al del Código de Trabajo relacionado atrás, estimamos que comprende una norma clara y completa en lo que a) parte del concepto de Estado lo es como patrono único en lo conducente, si conforme lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Constitucional se trata, artículo 13, en lo que los fallos emanados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia son vinculante "erga omnes" nos atenemos al fallo citado atrás en parte, identificado con el N° 2005-07180 dictado al ser las 15:04 hrs. del 08 de junio del 2005 en lo que analizó el ajuste con el derecho de la Constitución Política de esta norma; b) se establece primero, un impedimento para que el funcionario que bajo esta circunstancia haya percibido el auxilio de cesantía, que luego el Poder Legislador calificó de prohibición; c) en ese contexto lo dispuesto en este numeral comprendido en Ley de la República y por ende, con ese rango, potencia y resistencia, supone la mediación como presupuesto fáctico, el que el servidor haya percibido el auxilio de cesantía, claro está, con causa en la terminación de su contrato de trabajo con responsabilidad patronal; d) a lo que se asoció otro presupuesto fáctico, a saber, que el servidor en esos términos cesante, haya de modo sobreviniente aceptado en inobservancia al impedimento o prohibición anterior; e) así como y bajo las dos circunstancias descritas, a saber, el despido con pago del auxilio de cesantía y sobrevinientemente, la aceptación por parte del trabajador de un cargo remunerado para el mismo patrono (el Estado) una consecuencia jurídica única a los efectos, a saber, el surgimiento de una obligación del servidor, que no podría entenderse de otro modo, supone un crédito en favor del Estado siempre entendido en sentido amplio, de reintegrar en el tanto que corresponda, de lo que le fue pagado en su momento a título de indemnización por auxilio de cesantía; y finalmente, f) la causa de esta obligación encuentra su génesis en el hecho de que habiendo recibido el servidor dicho auxilio, de modo sobreviniente haya aceptado ocupar un cargo dentro de la organización o estructura orgánica del mismo patrono (el Estado) y por supuesto, se haya materializado esta nueva relación jurídica de trabajo. Así, es dable afirmar a partir de este último punto f), no solo que la constitución de la obligación de reintegro de lo pagado en estos términos en cabeza del servidor depende de una conducta que le es exclusivamente imputable a éste participe o no el Estado, constituida por la acción de aceptar ocupar de nuevo un cargo remunerado dentro de la organización del Estado, en sentido amplio entendido como patrono único, además, a partir de lo que lo recibido por cesantía en parte o totalmente, no habría de encontrar causa de este modo insistimos una y otra vez, sobreviniente, esto es, porque teniendo su finalidad por su naturaleza jurídica este auxilio, la de servir como indemnización en favor del servidor por un tiempo proporcional, a aquel en que se habría de encontar en estado de cesante y por tanto privado de la percepción de remuleración a título de salario, de mutar su situación jurídica al estado de trabajador asalariado, esto es, remunerado, de ello se tiene la supresión jurídica de la causa que originó el pago de la cesantía, y esto es lo que justifica razonablemente según lo determinó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el establecimiento vía legal del deber u o ubligación por un lado, en cabeza del servidor de reintegrar lo que se le pagó por ese concepto, así como el deber jurídico por parte de la Administración Pública de recuperar lo pagado por la vía de su cobro. Finalmente, la norma refiere al procedimiento, de donde también estimamos necesario advertir que cuando se trate de entidades públicas pagadoras del auxilio, entes en términos jurídicos, aquellos que a los efectos de esta disposición hacen las veces del Estado como patrono único, el cumplimiento del deber de gestionar el reintegro de lo adeudado, supone agregamos, primero y de modo preliminar, la verificación de un aspecto de mera constatación, a saber, el pago del auxilio y la posterior aceptación de un cargo remunerado por parte del servidor, y segundo el cobro sin más de las sumas que deban reintegrarse con causa en la contravención a la prohibición establecida en el párrafo anterior imputable al servidor, , para lo que ha de servir como título ejecutivo la certificación extendida por las oficinas correspondientes y competente para ello. En su totalidad entonces, lo argumentado por la actora en soporte de la procedencia de lo que pretende de corte anulatorio, resulta inocuo con causa en que nada en el ordenamiento jurídico a partir de lo indicado atrás siendo esta materia laboral, supone la aplicación, siquiera de modo indirecto de la normativa comprendida en la Ley General de la Administración Pública y/o el Código Procesal Contencioso Administrativo, en lo que refieran o regulen la revocatoria, revocación, y/o anulación de oficio de actos administrativos generadores de derechos subjetivos, como lo es el caso de la necesaria declaración previa de lesividad (en esa medida sujetos al régimen jurídico del Derecho Público y dentro de éste, el Administrativo) por la simple razón de que se trata de normativa que no es aplicable al caso concreto, en razón de la materia, que insistimos, es eminente y exclusivamente laboral en lo que toca al derecho de cesantía, cual prestación procedente ante determinadas circunstancias, a partir de la extinción del contrato de trabajo sin justa causa. Por otra parte y siempre sobre aspectos asociados al procedimiento, la norma de Ley de interés ( del Código de Trabajo) propone como escenario bajo la ocurrencia de los presupuestos en ella previstos que son de mera constatación en nuestro criterio, un deber jurídico de cobro en recuperación o reintegro de sumas de dinero pagadas a exclusivamente título del auxilio de cesantía de un modo que reiteramos, ha estimado la Sala Constitucional ajustado a los parámetros de razonabilidad bajo la óptica del derecho de la Constitución Política. Sobre este particular, en la recientemente dictada sentencia dictada por una Sección de este Tribunal diversa a esta Cámara de Juzgadores, salvo por el Juez Córdoba Ramírez que intervino en esa oportunidad como integrante, a saber, la dictada con el N° 2025006382 de las13:09 hrs. del 27 de junio del 2025, en proceso identificado con el número de expediente judicial 21-001427-1178-LA, en un asunto que guarda plena identidad con el presente, ese colegio fue del siguiente criterio, en lo tocante al procedimiento y que como se verá, ha de conducir a considerar estéril la caducidad alegada por la aquí accionante: "... el yerro en la argumentación que esgrime el señor (...) es que, supone que la devolución de lo pagado por el rubro de cesantía debe contar como precedente la acción anulatoria del acto del pago, cuando más bien, como se analizó, la norma 686 del Código de Trabajo, parte de la existencia de la validez y eficacia de una ruptura de la relación laboral y de un pago que se derivó de ese rompimiento, y no su nulidad. Siendo ello así, no lleva razón la parte actora que debe de seguirse el proceso de lesividad ni de una nulidad evidente y manifiesta, que tienen como finalidad ante la existencia de un vicio con grado absoluto dejar sin efecto alguno el acto administrativo respectivo, sino que, al contrario al ser el del Código de Trabajo la base jurídica de la actuación administrativa, los presupuestos para su aplicación son -se reitera- la existencia de los tres actos administrativos dichos válidos y eficaces, consistentes en el acto de cese de una relación laboral, el pago de cesantía cuya causa es esa ruptura laboral, y en tercer lugar la sobrevenida extinción de la causa que justificó el pago y reconocimiento de la cesantía, que constituye en la especie que la persona trabajadora haya sido recontratada con la misma institución (u otra de la Administración Pública, bajo la teoría del Patrono único), en un período menor al plazo que le fue reconocido con el pago de la cesantía. Siendo ello así, lo que se prevé en dicho numeral es una gestión cobratoria pura y simple, y no el procedimiento de nulidad, por lo que al no requerirse del proceso de lesividad ni tampoco nulidad evidente y manifiesta para poder emprender la gestión cobratoria del ICE, tampoco resulta ser necesario entrar a analizar si existe en la especie una caducidad para ejercer la acción anulatoria. Es decir, resulta ser infértil entrar a dilucidar si existió la caducidad de la potestad anulatoria, cuando en la especie no se ha comprobado que el Instituto demandado haya anulado por lesividad o por nulidad evidente y manifiesta, ni revocado los efectos ni del acto de cese del nombramiento ni del pago en sí del rubro de cesantía, ni tampoco, se determinó que se requiera seguir su curso como lo afirma el accionante para gestionar la devolución de lo pagado por cesantía, sino como se insiste, el sustento de la conducta pública del ICE es que, el señor (...), bajo la teoría de defensa, si bien se le cesó en su nombramiento, y en virtud de ello se le debió reconocer el pago de la cesantía, de forma inmediata volvió a reintegrarse como parte de la misma institución, por lo que, dicha entidad pública interpretó que el actor estaba bajo los supuestos del numeral 686 del Código de Trabajo, y con sustento en el citado fundamento legal ejerció la acción cobratoria para que sea devuelta dicha suma pagada por concepto de antigüedad o cesantía, o cualquier rubro de indemnización equivalente a estos emolumentos, ante la pérdida sobrevenida de la causa legal y precedente del pago que es la ruptura de la relación laboral. Vínculo laboral con el actor que, en todo caso, para el momento de que se efectuó el cobro respectivo y se interpuso la demanda no se cuenta con prueba documental alguna que demuestre que haya sido dejado sin efecto, revocado o anulado, ergo que pruebe que haya acontecido una ruptura para esas fecha, por lo que, para el momento en que se realizaron las gestiones cobratorias e intimaciones de pago respectivas se mantenía vigente la relación laboral respectiva. De manera tal que, precisamente el accionante equivoca la interpretación del sustento que alega el Instituto de su cobro (aspecto que también vale precisar que no está siendo sometido a revisión de legalidad ante esa jurisdicción ni tampoco se prejuzga) ya que, lo aducido por el ICE es la aplicación del numeral 686 del Código de Trabajo, el cual supone la validez primigenia de la causa del pago del auxilio de la cesantía, así como también la validez de un nuevo contrato laboral, y a partir de ambos actos con validez y eficacia, es que surge la fuente legal de la devolución del pago de la cesantía, ante la inexistencia de la causa legal para haberse acreditado el rubro de cesantía, no porque sea nulo lo actuado, sino más bien, porque la conducta (de cese, pago y re contratación) no había sido dejada sin efecto, o invalidada por parte de una autoridad administrativa o judicial para el momento en que se realizaron las gestiones cobratorias. Por esta misma naturaleza y presupuestos que son contemplados en el del Código de Trabajo, es que fundamenta el criterio de esta Cámara Colegiada de que no se requiere de cumplir con proceso de lesividad o de nulidad evidente y manifiesta de forma previa a la acción cobratoria. En conclusión, debe ser rechazados los alegatos de que existió un vicio en el procedimiento implementado por el ICE por el no cumplimiento del proceso de lesividad o nulidad evidente y manifiesta, ni tampoco puede acogerse que haya una caducidad de la acción como lo alegó el accionante, ya que no se ha comprobado que la base de la acción cobratoria emprendida por el ICE sea la anulación de una conducta, sino todo lo contrario, emana de una obligación legal estipulada en el numeral 686 del Código de Trabajo, de ahí que resulta ser prematuro dicho alegato de caducidad, además de inocua e irrelevante, lo que motiva el rechazo de estos dos argumentos caducidad de la acción y vicio en el procedimiento de cobro por no cumplimiento del proceso de lesividad o nulidad evidente y manifiesta". (El resaltado y subrayado es suplido). Luego y en asocio con lo determinado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el relacionado atrás, voto identificado con el N° 2010009928 de las 15:00 hrs. del 09 de junio de 2010, la acción o gestiones cobratorias al amparo del procedimiento, a que refiere el ordinal 686 del Código de Trabajo no suponen ni la invalidez del despido, ni del pago del auxilio, como sí y en su lugar se reitera, la validez del sobreviniente contrato de trabajo como antecedente tiene la aceptación del servidor de ser recontratado por el Estado, en este caso, por RACSA, de modo que el cobro es procedente, sin que ninguno de estos antecedentes que son de mera constatación cual lo advertimos líneas atrás, deben ser declarados inválidos y en consecuencia nulos, siquiera lesivos a los intereses económicos del Estado, menos revocados. Recuérdese que como lo indicó en su fallo -citado líneas atrás- la Sala Constitucional, el pago del auxilio de cesantía viene impuesto con causa en la terminación sin justa causa del contrato de trabajo, sea, que debe pagarse, pero queda legítima y razonablemente limitado su disfrute conforme el Derecho de la Constitución, si luego el servidor cesante, decide aceptar de nuevo un cargo remunerado dentro de la organización del Estado, de donde no es atendible el reclamo residenciado en que previo al cobro, haya de revocarse o suprimirse jurídicamente acto alguno, incluyendo de existir uno formal o presunto, derivado del cual se haya dispuesto el pago del auxilio de cesantía, de donde alegar por demás, inútilmente, que haya operado un plazo de caducidad cualquiera que fuere, no puede conducir a nulidad alguna en lo actuado en el caso concreto. Para finalizar y sólo a mayor abundamiento de razones, porque respecto de lo que se dirá, no existe censura o reproche alguno propuesto como objeto de debate en lo fáctico y/o jurídico por parte de la aquí actora, cuando se trata del procedimiento previo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha definido, debe observarse en aquellos casos en que como en presente (la recuperación de dinero que por su naturaleza, guarda identidad con recursos públicos aún y en el marco de relaciones de empleo con el Estado), se debe procurar el reintegro de sumas pagadas sin que ello procediere al servidor, en esta misma sentencia de instancia se indicó de modo adecuado lo que sigue: "(...) la Sala Constitucional en su jurisprudencia ha reconocido "(...) la legalidad de actuar como lo indica el del Código de Trabajo, cuando se trata de recuperar dineros que se han pagado en exceso. Varios elementos entran en juego en este tema: el concepto de probidad, elemento que debe estar presente, permanentemente, en la relación de servicio del Estado y sus funcionarios y empleados, de manera que no se puede prescindir de la buena fe y del correcto comportamiento que deben observar los servidores públicos; los principios de igualdad y de justicia, que regulan la materia salarial; si se han establecido por la vía del convenio, reglas claras y unívocas que determinan cómo se calcula y paga el salario, las infracciones a esas reglas, exigen que se revise, directamente, lo actuado, para evitar que se dé un enriquecimiento ilícito del servidor, ni que el Estado cometa una injusticia pagando de menos. Así las cosas, las limitaciones a que están sometidos los servidores, sobre todo en razón de la aplicación de los principios de legalidad presupuestaria, puesto que en el fondo se trata del manejo de los fondos públicos, (...)". (Ver Resolución N° 2001-06692 de las 14:13 horas del 17 de julio del 2001 de la Sala Constitucional). En términos generales sobre el tipo de procedimiento que debe ser efectuado por parte de las entidades públicas, en la Resolución N° 2001-6885 de las 17:26 horas del 17 de febrero del 2001 la Sala Constitucional ha indicado que: "(...) Único: La recurrente alega que se han violentado sus derechos fundamentales pues sin observarse el debido proceso se aplicó a su salario un rebajo por supuesto pago indebido del incentivo salarial que se canceló a los docentes en el mes de setiembre de mil novecientos noventa y nueve. Sin embargo, esta Sala ha estimado que en aquellos casos de pagos en exceso, la Administración está facultada -de conformidad al del Código de Trabajo- a recuperar el monto mal pagado, sin que sea preciso para ello efectuar un procedimiento ordinario. En dicho supuesto lo que procede es que el patrono comunique al servidor la respectiva intención de rebajo, de manera que el trabajador pueda tener certeza del monto que se adeuda y la forma en que se le harán los rebajos, para así adecuar su situación y tomar las previsiones del caso (ver en este sentido sentencia número 2000-05645 de las diez horas y veinte minutos del siete de julio del dos mil). En el presente caso, según se indica en el escrito de interposición y de la prueba que se aporta al efecto, en específico, copia del oficio número 143-99 del doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (ver folio 4 del expediente), se desprende que se le comunicó expresamente a la recurrente la intención de recuperación del monto adeudado, el motivo específico por el que se estimaba que el pago del incentivo cancelado en setiembre de ese año no procedía en su caso, el monto que como consecuencia se adeudaba y que el mismo se recuperaría mediante deducciones mensuales a su salario, momento a partir del cual la recurrente se ha encontrado en posibilidad de plantear los reparos que tenga al respecto en defensa de sus intereses (ver en este sentido sentencia número 229-94 de las nueve horas treinta y seis minutos del catorce de enero de mil novecientos noventa y cuatro)." (El resaltado no corresponde al original). Dicha postura, según el análisis efectuado de la jurisprudencia con carácter erga omnes de la Sala Constitucional (ver de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), se ha mantenido e incluso recientemente, mediante la Sentencia N° 22582-2023 de las 09:15 horas de fecha 08 de setiembre de 2023 la reiteró en los siguientes términos: "(...)

Antecedentes jurisprudenciales. En la Sentencia N° 2012-011507, de las 16:31 horas de 22 de agosto del 2012, este Tribunal se pronunció sobre el tema del debido proceso y la proporcionalidad en los rebajos de salario por sumas giradas de más a funcionarios de la Administración Pública, en la cual, en lo conducente, dispuso lo siguiente: / “(…) En el asunto bajo estudio, la Sala observa que existen dos temas que deben ser analizados: 1) la posibilidad para la Administración de hacer rebajos por sumas pagadas de más; y 2) la necesaria comunicación que debe existir al trabajador, sobre los montos adeudados y la forma en que se procederá a su rebajo. (…) / (…)

Por otra parte, en lo que se refiere al segundo extremo planteado en el amparo, sea la necesaria comunicación que debe existir al trabajador, sobre los montos adeudados y la forma en que se procederá a su rebajo, debe recordarse que si bien, la Sala ha aceptado que la Administración puede recuperar por medio del rebajo salarial, los montos pagados en exceso para lo que no se requiere seguir el procedimiento ordinario que fija la Ley General de la Administración Pública (…) lo cierto es que también ha aclarado que, tales rebajos, son aceptables siempre y cuando se comunique previamente al trabajador –al menos- las sumas adeudadas, el número de tractos en los que procede el reintegro, el monto mensual de la deducción y la suma a deducir mensualmente que le permita recibir un monto de salario suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. (…) / En el caso concreto, para la Sala no ha quedado demostrado, con los elementos probatorios que fueron agregados al expediente, que se le hubiera avisado previamente a la recurrente sobre su situación particular, el monto de dinero que se le giró de más por concepto de incapacidades y la manera en que se le rebajaría, (…). Bajo esta perspectiva, se estima entonces, que se ha producido una infracción del derecho al salario por la falta de comunicación previa a la funcionaria sobre el monto adeudado y la forma en que el Estado iba a proceder a su reintegro (…).” (El resaltado es autoría propia). Insistiendo en el considerando quinto de la citada Sentencia, que se encontraba como parte del debido proceso y derecho de defensa que el Estado "(...) haya notificado a la amparada algún acto administrativo, en el cual se le comunicará el procedimiento que se iba a llevar a cabo para recuperar el monto cancelado de forma indebida, la suma adeudada, la fecha de inicio y la suma a deducir en forma quincenal, con el fin de darle la oportunidad de ejercer el derecho de defensa." En adición, el Tribunal Constitucional desde hace larga data ha postulado que, el ejercicio legítimo cobratorio que efectúa una entidad pública además deberá de cumplir con los principios de razonabilidad y proporcionalidad en cuanto a que los rebajos que se realice al salario del servidor público deben permitir su subsistencia y no ser confiscatorios (Ver entre otras, la Resolución N° 2000-05645 de las 10:20 horas del 7 de julio del 2000 antes citada). Este sentido, adviértase que como los casos típicos de pagos en exceso, en el caso de marras se está en presencia de un proceso cobratorio que parte de la existencia de una serie de sumas de dinero provenientes de las arcas estatales, a favor de una persona que ostentaba para ese entonces la investidura de ser trabajadora del sector público, ergo se está en presencia de la Hacienda Pública (numerales 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República), lo que deviene en una obligación de carácter constitucional, no solo administrar los recursos públicos de forma eficiente, austera, razonable y proporcional sino también, y tal vez lo más relevante es que sean empleados por los cometidos públicos que han sido dispuestos en la Ley (principio constitucional de legalidad financiera y deber de probidad). Sobre el particular, la Sala Constitucional desde larga década ha sostenido la naturaleza del presupuesto como límite de acción del Estado que debe estar sujeto a los cometidos públicos atribuidos, lo que se deriva expresamente del numeral 180 de la Norma Fundamental, sosteniendo en la Resolución N° 08287-1997 de las 10:33 horas de fecha 05 de diciembre de 1997 sobre la base de la Sentencia N° 7375-94 de las 10:48 horas del 15 de diciembre de 1994, lo siguiente: "El 'Derecho Financiero' mediante un conjunto de normas jurídicas regula la actividad financiera del Estado, dentro de estas normas jurídicas relevantes está la 'Ley del Presupuesto General de la República'. El presupuesto es un instrumento que contiene el cálculo de ingresos y gastos previstos para cada período fiscal, cuya confección se asigna al Poder Ejecutivo de acuerdo a las leyes y prácticas administrativas que rigen su preparación, para someterlo luego a la Asamblea Legislativa para la aprobación, a fin de contar así aquél con un instrumento de gobierno para el manejo del patrimonio público del país. Según lo apuntado, el presupuesto es un plan contable con significación jurídica, elaborado por el poder ejecutivo a corto plazo -un año-, que el legislativo autoriza y que faculta para administrar los ingresos y los gastos preestablecidos por el primero. / (...) Aparte y además del principio comentado, existen otros, también recogidos en la Constitución, entre ellos, el axioma jurídico de que el presupuesto de un país constituye el límite de acción del Estado para el uso y disposición de sus recursos. La Constitución Política, en su , dispone al respecto: / 'El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los poderes públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y solo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo...'/ (...) EL presupuesto funge, pues, como plan contable y norma jurídica que regula los medios económicos que permiten el cumplimiento de los fines públicos. Como acto jurídico su validez está supeditada al cumplimiento de los principios que rigen para su emisión, tales como el de elaboración y autorización de un único instrumento que contenga la totalidad de los ingresos y egresos, debidamente desglosados. Asimismo, que éste constituye el límite de la actuación de los entes públicos para el uso y disposición de los fondos públicos (artículos 176, 177 y 140 inciso 7) de la Constitución Política). Es, pues, en el marco de ese concepto de presupuesto y de los principios que lo rigen, que deberá desempeñarse la función legislativa en la materia. (...). En este sentido, en el de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, se establece que, "Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazos, adoptados por los jerarcas respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados; además, deberá contener el financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los criterios definidos en la presente ley. El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda, de conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes." De lo que se extrae sin lugar a duda que existe una estrecha vinculación entre los recursos que han sido asignados por la Ley de Presupuesto a cada una de las entidades y los cometidos públicos que le han sido atribuidos ya sea constitucional o legalmente a éstas, en el tanto, los primeros están dispuestos exclusivamente para el cumplimiento de los fines públicos y no para otros objetivos, siendo que, existe una obligación legal de que la actuación de la Administración Pública se adecúe al interés público, mandato que se extrae del numeral 113 de la Ley General de la Administración Pública al estipular que: "1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. (...)". Norma que decreta que, "3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, será desviación de poder." Lo anterior se debe complementar con el deber de probidad que está definido en la Ley N° 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, postulando que: "El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente." De ahí que, se convierta en una prerrogativa o potestad irrenunciable del ICE como cualquier otra entidad pública de que, ante la existencia de una sobrevenida extinción de la causa legal que justificó el pago de los recursos públicos proceder con los mecanismos para su recuperación, la cual debe ser efectuada incluso de oficio, ya que le compete cumplir con las obligaciones de administrar los recursos públicos asignados orientándolos a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley (principio de gestión financiera previsto en el numeral 5 inciso b) de la Ley N° 8131), pero además es parte de las responsabilidades de los jerarcas y titulares subordinados de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno, lo anterior al tenor de los preceptos 1, 7, 8, 9 y 10 de la Ley N° 8292, Ley General de Control Interno, y especialmente el numeral 8 de dicha norma legal, al disponerse que uno de los objetivos que deben ser satisfechos a través del referido control corresponde a las responsabilidades de "(...) proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal". Lo cual ha sido reconocido por nuestro Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia al apuntar que, "El giro indebido implica, sin duda, un enriquecimiento ilícito del servidor; y para el Estado, tratándose de fondos públicos, el deber insoslayable de recuperar esos recursos, que en general, están protegidos por el principio de legalidad presupuestaria" (ver Resolución N° 05974-2001 de las 14:45 horas de fecha 05 de julio de 2001)". (El resaltado y subrayado no es del original). En el caso concreto conforme los hechos demostrados, en acatamiento y ejecución de una orden emanada de la Contraloría General de la República, en los términos del acuerdo adoptado por el Consejo Directivo del Instituto demandado por artículo 2, del Capítulo III de su sesión N° 6306 celebrada el 14 de enero del 2019, se dispuso en lo conducente: "1. Dar por recibido el oficio 18730 (DFOE-DI-1941) del 21 de diciembre del 2018, remitido por la Contraloría General de la República, relacionado con el pago del extremo laboral de la cesantía por el traslado de servidores del ICE a Radiográfica Costarricense, S.A. (RACSA).

Instruir a la Dirección Corporativa Jurídica y a la Gerencia de Servicios Corporativos para que inicien el proceso que corresponda, en aras de recuperar los fondos y dar cumplimiento a lo indicado por el Órgano Contralor en el oficio referido. (...)". (La imagen 3920 del expediente judicial). Consecuentemente, por oficio identificado con el N° 5316-225-2019 de fecha 14 de marzo de 2019, la Coordinación de la Dirección de Gestión Humana, Servicios Institucionales, Clasificación de Puestos y Subprocesos del Instituto demandado, dirigido a la aquí actora, haciendo referencia a orden contenida en la: "Carta 18730 DFOE-DI-1941 de fecha 21 de diciembre del 2018 de la Contraloría General de la República, se le informó lo siguiente, en lo que resulta relevante: "De conformidad con el asunto indicado y en acatamiento de la resolución emitida por la Contraloría General de la República (CGR) según nota de referencia adjunta, en la que se ordena bajo pena de sanción por desobediencia en los supuestos previstos en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la CGR, lo siguiente: "(...). Le informo que, según lo antes expuesto, deberá reintegrar el monto de ¢1.061.582 (un millón sesenta y un mil quinientos ochenta y dos colones exactos) correspondiente al pago del extremo laboral de la Cesantía por su traslado del ICE a Radiográfica Costarricense, S.A. (RACSA) a partir del 1/2/2017. Dado lo anterior y en concordancia con lo establecido en el oficio 18730 (DFOE-DI-1941) del 21 de diciembre de 2018 de la Contraloría General de la República, se procede mediante esta misiva a aplicar el Debido Proceso otorgándosele el plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, para que presente ante esta Área los argumentos que considere pertinentes sobre este acto administrativo fundado de devolución del pago del extremo laboral de la cesantía realizado a su persona. Se adjunta a esta carta la resolución emitida por la Contraloría General de la República según Referencia, en el cual se brinda el detalle del análisis que se llevó a cabo por el ente (sic) contralor y la institución sobre el tema que nos trata; asimismo, se le informa que hay un expediente de personal para este Debido Proceso, mismo que se ubica físicamente en el Área de Clasificación de Puestos y Sobresueldos de la Dirección de Gestión Humana del ICE (San José, Sabana Norte, del edificio central 300 m al norte, bloque B, ala este, planta baja) el cual está a su completa disposición por si lo considera pertinente. (...). De no presentarse ninguna objeción en el tiempo establecido, se procederá con el Acto Final respectivo y posterior traslado del caso a Gestión de Cobro ICE S.A. para que ésta proceda por la vía legal que corresponda. (...)" oficio que le fue notificado a la actora el día 18 de marzo del 2019. (Hecho no controvertido, en asocio con las imágenes 3914, 3915 y 3908 del expediente judicial). Dicho lo anterior, a la actora desde la génesis del despliegue de las gestiones de cobro se le informó del monto adeudado, porqué concepto lo era y se le puso en situación de poder conocer en fundamento de tal gestión a partir de adjuntarse a esta primera gestión el oficio que contenía la orden emanada de la Contraloría General de la República, que destacamos de nuevo, no es objeto de impugnación en la presente causa. Además, la actora ejerció su derecho de formular oposición frente a lo actuado, a efecto de lo cual interpuso el día 22 de marzo del 2019 los que identificó por escrito, como recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante (hecho no controvertido, en asocio con las imágenes que van de la 3901 a la 3905 del expediente judicial) defensa toda ella que fue atendida, en rechazo de la misma, esto en los términos del texto del oficio identificado con el N° 6316-265-2019 de fecha 29 de marzo del 2019, de la Coordinación de la Dirección de Gestión Humana, Servicios Institucionales, Clasificación de Puestos y Subprocesos del Instituto demandado (hecho no controvertido, en asocio con las imágenes que van de la 3896 a la 3900 del expediente judicial), y posteriormente, luego de que en contra del acto relacionado en el hecho probado anterior, la actora interpuso el día 03 de abril del 2019, los que se identificaron como recursos ordinarios de revocatoria con apelación en subsidio, y nulidad concomitante (hecho no controvertido, en asocio con las imágenes que van de la 3886 a la 3892 del expediente judicial) en los términos de la resolución identificada como el oficio N° 5316-297-2019 de fecha 12 de abril del 2019, la Coordinación de la Dirección de Gestión Humana, Servicios Institucionales, Clasificación de Puestos y Subprocesos del Instituto demandado rechazó el recurso de revocatoria (las imágenes que van de la 3881 a la 3885 del expediente judicial), a lo que se suma que además, por resolución identificada como el oficio N° 5500-254-2019 de fecha 19 de junio del 2019, la Gerencia General del Instituto demandado, rechazó los recursos de apelación y nulidad concomitante interpuestos por la aquí actora. (Las imágenes que van de la 3854 a la 3864 del expediente judicial), todo esto previo a que luego, se le dirigieran a la aquí accionante gestiones que guardaron identidad con una primera y segunda intimación de cobro. Lo así actuado guarda adecuación con lo que la Sala Constitucional a determinado que, con un mínimo rigor satisface la observancia del principio constitucional del debido proceso y las reglas que lo informan. Por ende, habiéndose arribado a este punto de análisis, a partir de los reproches formulados por la accionante no se determina la existencia de vicio alguno que imponga declarar la nulidad de alguno de los actos impugnados, ya en lo que toca al procedimiento, ya en lo que toca a la alegada caducidad.-

Sobre la alegada prescripción de la acción de cobro para la devolución del pago de la cesantía. Invocó la actora la aplicación a estos efectos de lo dispuesto en el artículo 418 del Código de Trabajo, en lo que dispone el plazo de prescripción de un año para ejercitar todos los derechos y las acciones provenientes de ese Código, de sus reglamentos y/o leyes conexas, que no se originen directamente en contratos de trabajo ni se relacionen con conflictos jurídicos entre personas empleadoras y trabajadoras, que ha de computarse ya, para las primeras, desde el acaecimiento del hecho o desde que tuvieron conocimiento y, para las segundas y las demás personas interesadas, desde el momento en que estén en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes. Según su parecer en lo conducente, y en aplicación de la norma comprendida en dicho numeral: "... si la relación laboral que actora sostuvo con el ICE concluyó en fecha del 31 de enero de 2017 y el pago del auxilio de cesantía se realizó en fecha del 21 de febrero de 2017 resulta más que claro que la gestión cobratoria para la devolución de las sumas que le fueron pagadas por concepto de auxilio de cesantía está prescrita", luego, afirmó también en lo conducente que: "... el plazo previsto en el artículo 418 del Código de Trabajo antes citado comenzó a correr desde el momento mismo en que se ejecutó el pago del auxilio de cesantía a nuestro favor, esto es a partir del 31 de enero del 2017". La prescripción así censurada no es de recibo. Baste con indicar nuevamente, que conforme los hechos tenidos por demostrados en la presente causa, luego de que la actora fue despedida con responsabilidad patronal por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, según su propio dicho fue inmediatamente recontratada, ahora por una de las empresas de su propiedad, a saber, Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA). En la inteligencia incluso del ya analizado artículo 686 del Código de Trabajo y el abrigo del principio de patrono único, la actora pese haber sido formalmente despedida sin justa causa en un primer momento, por haber sido recontratada por RACSA, lo que presupone que aceptó ser nombrada de nuevo bajo estas circunstancias en un cargo remunerado, en realidad continuó laborando para el Estado sin que en observancia del principio aplicable a la materia laboral del contrato realidad, haya sido descontinuada siquiera la relación jurídica que le vinculó con su patrono. Ha de insistirse, en que la voluntad del patrono en el caso concreto (ICE) no fue dar término a este tipo de relaciones jurídicas, como sí instrumentalizar los despidos para trasladar una actividad, eventualmente puestos y a los funcionarios que los ocupaban y ejecutaban dicha actividad, a una de sus empresas. Consecuentemente, el artículo 418 del Código de Trabajo no aplica al caso concreto, cuando antes bien, para gestionar el cobro en recuperación de la suma pagada a la actora a título de la indemnización pagada por auxilio de cesantía, aún hoy, no se encuentra corriendo el cómputo de plazo de prescripción alguno en contra del patrono patrono único. En su lugar, la norma que resulta de aplicación directa lo es el numeral 413 del mismo cuerpo normativo. El del Código de Trabajo reza así, en lo conducente: "Salvo disposición especial en contrario, todos los derechos y las acciones provenientes de contratos de trabajo prescribirán en el término de un año, contado desde la fecha de extinción de dichos contratos. (...). e) No correrá prescripción alguna mientras se encuentre laborando a las órdenes de un mismo patrono". (El resaltado no es del original). Se reitera de nuevo, que a los efectos de lo dispuesto en el ordinal 686 del Código de Trabajo conforme el criterio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, patrono único a estos efectos lo es el Estado entendido en sentido amplio, lo que incluye a toda empresa pública estatal, al ICE y en consecuencia a RACSA, propiedad de la primera, además. Por ende, lo reprochado resulta estéril, no se observa nulidad alguna que declarar a partir de ello, y así se declara lo propio.-

Sobre la alegada violación al principio de confianza legítima. Argumentó la demandante hemos de entender, en soporte argumentativo de las pretensiones de corte anulatorio en lo conducente, que: "... la acción de despido con responsabilidad patronal de la actora como funcionaria del ICE y su recontratación inmediata como trabajadora del RACSA, empresa propiedad del Grupo ICE, obedeció a un plan empresarial ejecutado por las autoridades del ICE. La actora actuando de buena fe y confiando legítimamente en la propuesta que le propuso su patrono, aceptó ser liquidada como funcionaria del ICE con el pago de sus prestaciones para ser recontratada de forma inmediata como trabajadora de RACSA donde continuaría sus funciones como parte del personal del proyecto Mer- Link Gobierno Digital". (El resaltado no es del original). En criterio de esta Cámara de Juzgadores invocar el principio de confianza legítima en el caso concreto resulta inocuo, inútil si se quiere. Baste con indicar que entre otros fallos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre este principio ha indicado en fallos como el identificado con el N° 2010010171 de las 09:58 hrs. del 11 de junio del 2010, lo siguiente: "IV.- EL PRINCIPIO GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA DEL CIUDADANO FRENTE A LOS PODERES PÚBLICOS. Sobre el desarrollo de este principio y su profunda raigambre constitucional, la doctrina nacional ha manifestado lo siguiente: “Este principio surge en la República Federal de Alemania y, luego, es recogido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, para definir una situación digna de ser amparada al haber sido violada la confianza puesta en la acción de la Administración Pública. El Tribunal Supremo Español, en su sentencia del 1º de febrero de 1990, consideró que este principio “… ha de ser aplicado, no tan sólo cuando se produzca cualquier tipo de convicción psicológica en el particular beneficiado, sino más bien cuanto se basa en signos externos producidos por la Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzcan razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa, unido a que, dada la ponderación de intereses en juego -interés individual e interés general- la revocación o dejación sin efectos del acto, hace crecer en el patrimonio del beneficiado que confió razonablemente en dicha situación administrativa, unos perjuicios que no tiene por qué soportar derivados de unos gastos o inversiones que solo pueden serle restituidos con graves perjuicios en su patrimonio”. En cuanto a los requisitos del principio de confianza legítima, la doctrina española, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, ha establecido los siguientes:

Debe mediar un acto de la administración lo suficientemente concluyente para provocar en el afectado uno de los tres tipos siguientes de confianza: a) confianza del afectado en que la Administración Pública actúa correctamente; b) confianza del afectado en que es lícita la conducta que mantiene en su relación con la Administración Pública, al existir un eventual error de prohibición; c) confianza del afectado en que sus expectativas como interesado son razonables.

La Administración Pública debe provocar signos (actos o hechos) externos que, incluso, sin necesidad de ser jurídicamente vinculantes, orienten al administrado hacia una determinada conducta que de no ser por la apariencia de legalidad creada no hubiere efectuado.

Un acto de la Administración Pública –v. gr. un reglamento- que reconoce o constituye una situación jurídica individualizada en cuya estabilidad confía el administrado.

La causa idónea para provocar la confianza legítima del afectado no puede provocarse por la mera negligencia, tolerancia, ignorancia de la Administración Pública o lo irracional de lo pretendido por el administrado.

El administrado debe cumplir los deberes y obligaciones que le competen. El quebranto del principio de la confianza legítima provoca, indudablemente, varios efectos jurídicos de importancia, veamos:

Actúa como límite al ejercicio de las potestades discrecionales.

Opera como una garantía del principio de igualdad.

Provoca el deber de la Administración pública de resarcir la frustración de las expectativas legítimas y los derechos subjetivos lesionados. El principio de la confianza legítima, junto con el de la buena fe en las relaciones jurídico-administrativas, dimana del principio de igualdad jurídica, esto es, la certidumbre de las relaciones con los poderes públicos, saber, el administrado, a qué atenerse con éstos, quienes deben evitar las situaciones objetivamente confusas y mantener las situaciones jurídicas aunque no sean absolutamente conformes con el ordenamiento jurídico. Este principio, se concreta, entre otros supuestos, con la teoría de la intangibilidad de los actos propios declarativos de derechos para el administrado, la limitación de los actos de gravamen y la irretroactividad. Encuentra aplicación, también, cuando una administración pública dicta y realiza una serie de actos y de actuaciones, que aunque jurídicamente incorrectas, generan una serie de expectativas en el administrado creyendo que ostenta una situación jurídica conforme con el ordenamiento jurídico. (...)". (El resaltado y subrayado no es del original). De este voto se extrae que bajo el principio de confianza legítima como regla en síntesis, pese a la disconformidad con el ordenamiento jurídico de alguna situación jurídica que beneficie al Administrado, bajo presupuestos la de prevalecer la conducta administrativa favorable a sus derechos subjetivos, derivados de la conducta antijurídica. La prevalencia entonces del acto o conducta disconforme con el ordenamiento jurídico en estos casos, prevalece, por la superposición de principios con raigambre constitucional en palabras del alto Tribunal de Control de la observancia del derecho de la Constitución, de otros principios como la buena fe, la intangibilidad de actos propios cuya autoría pueda serle imputable a la Administración Pública -agregamos en nuestras palabras- y la seguridad jurídica. No obstante, algunos presupuestos necesarios reza este fallo, deben concurrir, a saber haciendo un intento de síntesis siendo que el principio refiere a un aspecto en la subjetividad del administrado: a) El principio opera frente a conducta que como presupuesto, aunque pudiesen resultar jurídicamente "incorrectas", generan expectativas en el administrado que cree que ostenta una situación jurídica conforme con el ordenamiento jurídico; b) Que el principio de confianza legítima opera como límite al ejercicio de potestades discrecionales; c) Esa confianza sea producto de una conducta administrativa, calificada y/o reforzada por el encontrarse constituida por la exteriorización de "signos" externos vinculantes para el Administrado, producidos por la Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzcan de modo concluyente y razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa y sus efectos, lo que entendemos habría de excluir la posibilidad de que el administrado pueda comprender por su cuenta que se encuentra frente a una conducta lícita o que los efectos derivados de la misma no son razonables; d) Dentro del contesto anterior, la causa u origen de la confianza legítima no puede encontrarse residenciada en la mera negligencia, tolerancia, ignorancia de la Administración Pública o lo irracional de lo pretendido por el administrado; e) Que para la adopción de la conducta de la que surja la confianza legítima, desajustada con el bloque de legalidad, el administrado haya cumplido previamente los deberes y obligaciones, en lo que le corresponde; f) Que se ha de tomar en cuenta la relevancia que podría tener -entenderemos- en cada caso concreto la ponderación de intereses en juego (el individual privado frente al interés general, colectivo o público); g) Que resulta relevante el principio de buena fe con que debe actuar la Administración, de donde agrega este Tribunal, con que obra el Administrado, por paridad de razones. En el caso concreto bastará con indicar que quien demanda no argumenta nada .menos demuestra- en torno a esta serie de presupuestos, sin que exista una obligación jurídica procesal que pese sobre esta Cámara de Juzgadores de elucubrar argumentativamente y ubicar la prueba que permita dar razón a quien demanda, sin obrar en desequilibrio procesal entre las partes, lo que basta para estimar estéril esta alegación y así se declara. No obstante SÓLO A MAYOR ABUNDAMIENTO Y HACIENDO UN ESFUERZO AL RESPECTO en el caso concreto, el reconocimiento y pago de la indemnización dada en favor del servidor que es despedido con responsabilidad patronal sin mediar justa causa a título de auxilio de cesantía, así como la posibilidad de que surja la obligación también jurídica en cabeza del servidor despedido de reintegrar lo que se le haya pagado bajo ese título en todo o en parte, tanto como la obligación jurídica que pesa en cabeza de la Administración Pública de que se trate de gestionar la recuperación de lo pagado, no guarda identidad según el análisis jurídico efectuado por esta Cámara de Juzgadores sobre la regulación comprendida en el Código de Trabajo, en ningún nivel guarda identidad con actividad administrativa discrecional, frente a la que, la conducta administrativa que adopte la administración pueda ser calificada de arbitraria y/o sorpresiva, sobre todo si se toma en cuenta que el presupuesto que genera la obligación de reintegro pende de una conducta cuya autoría corresponde exclusivamente al servidor o administrado, constituida conforme el del Código de Trabajo por la aceptación de un cargo remunerado dentro de la organización del Estado, luego de haber percibido el dinero que se le haga pagado por auxilio de cesantía, bajo las circunstancias a que refiere esa norma. No existe discrecionalidad alguna. Luego, en torno a la ponderación de los intereses en juego, estimamos que el interés patrimonial privado del servidor no se puede superponer por el interés público asociado a bienes que conforman la hacienda pública por razones que estimamos, resulta de perogrullo desarrollar (recursos públicos) frente al destino y uso eficiente de recursos que son fondos públicos por su naturaleza y origen, además, cuando se desvirtúa la finalidad de la cesantía en la medida que no sirve para la consecución de su finalidad, cual es indemnizar por el período en que el trabajador se encuentra cesante y por ende, sin percibir ingreso, salario o remuneración en consecuencia, no puede encontrar amparo en este principio de confianza legítima si el trabajador siguió percibiendo remuneración a título de salario. Sobre la razonabilidad de la obligación generada a partir de la violación del impedimento o prohibición a que refiere el del Código de Trabajo que insistimos, pende de una conducta cuya autoría corresponde al servidor que acepta contraviniendo la norma, un cargo remunerado sobreviniente dentro de la organización del Estado, debería bastar indicamos, con remitir nuevamente a lo determinado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su Voto citado y analizado atrás, identificado con el N° 2005-07180 de las 15:04 hrs. del 08 de junio del 2005, de donde admitir que en aplicación del principio de confianza legítima, el servidor que percibe este auxilio a título de indemnización por censantía cuando desaparece la causa jurídica del reconocimiento de este derecho continúe disfrutandolo, de entrada, resulta irracional, ilógico, contrario al principio de equidad, y violatorio de otros principios que también tienen raigambre constitucional, asociados al buen y eficiente manejo de la hacienda pública, a propósito de que en estos casos fue la Contraloría General de la República la que ordenó a la Administración Activa desplegar las gestiones necesarias para la recuperación de estos fondos públicos. Se podría continuar elencando presupuestos que derivados del fallo de la Sala Constitucional del que en parte hicimos cita no concurren en el caso concreto, mas, consideramos también a este punto suficiente con indicar que siempre en el entendido de que este análisis lo es a mayor abundamiento, considera esta Cámara que el principio de confianza legítima no puede ni debe ser aplicado en favor de los intereses del Administrado con ligereza, y en cada caso habrá de serlo ponderando otros ya no solo principios, sino normas expresas comprendidas en la Constitución Política y por tanto con el mismo nivel de rango, potencia y resistencia suprema, de modo sistemático y armónico, en un marco razonable de equilibrio. En este sentido y conforme en análisis efectuado por la Contraloría General de la República en su oficio identificado con el N° DFOE-DI-1941 que no ha sido ni es objeto de impugnación en la presente causa y explica porqué la Contraloría General de la República no es sujeto procesal pasivo en la misma, aún y excluyendo que la obligación de reintegro del auxilio de cesantía conforme el numeral 686 del Código de Trabajo no pende de una conducta administrativa, como sí de una cuya imputación corresponde al servidor, es claro que además del impedimento o prohibición contemplado en dicho Código, la misma normativa interna del Instituto Costarricense de Electricidad establecía el mismo o prohibición, de donde es dable afirmar aún y admitiendo que la actora inobservando la presunción constitucional conforme la que nadie puede alegar desconocimiento de la ley ( de la Constitución Política) lo que refuerza y califica que la actora -que no argumenta lo contrario- conocía o debió conocer por corresponder a su deber jurídico como funcionaria institucional que aceptar haya sido parte de un proyecto del Consejo Directivo del ICE o no, de modo sobreviniente un cargo remunerado después de haber percibido el auxilio de cesantía, tenía una consecuencia jurídica negativa a sus intereses. Tampoco la actora a alegado no haber comprendido adecuadamente la causa u origen jurídico y finalidad de este derecho indemnizatorio, lo que estimamos, excluye que haya actuado de buena fe, si se toma en cuenta además que según sus propias palabras conforme el escrito de demanda, afirmó en lo conducente que: "... la acción de despido con responsabilidad patronal de la actora como funcionaria del ICE y su recontratación inmediata como trabajadora del RACSA, empresa propiedad del Grupo ICE, obedeció a un plan empresarial ejecutado por las autoridades del ICE. La actora actuando de buena fe y confiando legítimamente en la propuesta que le propuso su patrono, aceptó ser liquidada como funcionaria del ICE con el pago de sus prestaciones para ser recontratada de forma inmediata como trabajadora de RACSA donde continuaría sus funciones como parte del personal del proyecto Mer- Link Gobierno Digital". Para este Tribunal es claro que admitiendo que la actora no faltó a la verdad en sus propias afirmaciones insistimos otra vez, a mayor abundamiento de razones, esta totalmente consciente de que ni su patrono ni ella tuvieron como motivación en lo actuado, dar términos a la relación jurídica laboral, como sí y en su lugar prolongar la misma, en el marco de su traslado de una empresa del mismo grupo a otra para realizar las mismas funciones incluso. Estimamos que acceder a sus pretensiones en aplicación de este principio de confianza legítima contravendría no solo principio, sino normas expresas comprendidas en la Constitución, así como frontal y de modo grosero, la ley laboral que siendo de orden público, no puede ser desaplicada singularmente, obviando el interés público superior asociado al bien y eficiente manejo y administración de aspectos asociados a la hacienda pública, que se superponen claramente al interés individual patrimonial y privado de la aquí accionante. Sin que resulte medular a los efectos del presente fallo en el ánimo de los Juzgadores que integramos esta Cámara, estimamos que no está por demás afirmar que la aplicación del principio de confianza legítima atendiendo un reproche como el formulado por la aquí actora bajo estas circunstancias, implicaría el desplazamiento antijurídico grosero de lo dispuesto en otro principio de igual rango constitucional, cual es el de legalidad según lo dispuesto por la Constitución Política en su artículo 11 frente al bloque de legalidad, en asocio con el 11, de la Ley General de la Administración pública en el marco de la moralidad administrativa a que refiere el ordinal 112, inciso 3 de esta mismo cuerpo normativo, así como cohonestar la franca y directa desaplicación y/o violación en su caso, no autorizada por el Legislador y Poder Constituyente de una norma expresa, con rango, potencia y resistencia de Ley de la República, en ese tanto de orden público asociado para el caso concreto a la hacienda pública, y un amparo ilegítimo a lo que claramente podría calificarse como un abuso del derecho o uso antisocial del mismo ( del Código Civil, normas pre constitucionales) así como y consecuentemente, alarma social.-

Sobre la alegada vulneración del derecho al salario. Para concluir, entiende esta Cámara haciendo un esfuerzo al respecto, que la actora considera que con lo actuado se viola su derecho a recibir salario siendo que constituye su medio de subsistencia y que de él depende el bienestar de la familia. A estos efectos invocó la observancia de lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Trabajo garantiza dispone según así lo afirmó la demandante, que: “Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural”. Explicó que esto se produce en el marco de sus circunstancias en el plano financiero, al afirmar que: "... no cuenta con ingreso económico adicional a su salario. Siendo esto así, la acción de cobro que está ejecutando el ICE en la forma en que lo pretende, supone una clara amenaza a su salarios lo que acarrea un daño directo e inminente para el bienestar de ella y de toda su familia". En su totalidad lo así alegado carece de interés si de la demostración de la existencia de un vicio sustancial en las conductas administrativas se trata, que imponga declarar su nulidad. Lo argumentado no solo es es ajeno a la validez de las conductas cuestionadas, sino que y además, no obstante conforme la prueba que obra en autos, luego de que frente a la primera intimación de cobro relacionada en el hecho probado anterior, la actora formuló argumentos en oposición al mismo, en los términos del oficio de la Coordinación de la dependencia del Instituto demandado identificada como "Clasificación Puestos y Sobresueldos, Servicios Institucionales, Dirección de Gestión Humana" del Instituto demandado, dirigido a la aquí actora con el N° 5316-92-2020 de fecha 20 de febrero del 2020, sus argumentaciones fueron rechazadas y se le realizó una segunda intimación de cobro, no sin antes indicarse lo que sigue: "Tal y como se detalló en el Acto Final, debe cancelar una suma líquida y exigible a la Institución, de ¢1.061.582,00 (un millón sesenta y unos (sic) mil quinientos ochenta y dos colones exactos) por el concepto indicado. Se le previene para que en un plazo de 3 días hábiles, realice el depósito correspondiente en las arcas institucionales en la cuenta corriente (...), o bien se presente a esta dependencia una propuesta de arreglo de pago. Si pasado el plazo no realiza ninguna gestión, se procederá a realizar las acciones judiciales respectivas dirigidas a la recuperación del dinero adeudado a la Institución". (Las imágenes 3830 y 3831 del expediente judicial). Como contrapartida, al no mediar prueba alguna que permita afirmar lo contrario, en la presente causa por resultar relevante se tiene que no se acreditó con total independencia de las circunstancias financieras que enfrente la actora que es la única parte accionante en este asunto, que haya gestionado ante el Instituto demandado alguna propuesta de arreglo de pago frente al cobro por devolución del monto que le fue cancelado a título de auxilio de cesantía en su oportunidad, sin perjuicio de que la deducción y/o arreglo para el pago en tractos de obligaciones como éstas, es perfectamente viable en criterio de la Sala Constitucional, conforme el ya citado atrás, Voto N° N° 2010009928 de las 15:00 hrs. del 09 de junio de 2010.-

Corolario.- No habiendo acreditado la actora ostentad derecho para acceder integralmente a lo que pretendió le sea concedido en sentencia, ya en lo que alegó la nulidad reprochada sobre la base de la caducidad (pretensión a) prescripción (pretensión 2), o sobre otras alegaciones esgrimidas sin éxito (pretensión 3), así como porque lo haya expresado así o no, la pretendida condena al pago de daños y perjuicios (pretensión 4) guarda identidad con una de corte accesorio a las improcedentes, anulatorias y que por ende, ha de correr su misma suerte, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos.-

Sobre las excepciones. La representación del instituto demandado opuso exclusivamente la excepción de falta de derecho, en relación a la que se reitera, por la forma en que ha sido fallado el presente asunto, no habiendo acreditado la actora ostentar derecho para acceder integralmente a lo que pretendió le fuese concedido en sentencia, se acoge.-

Sobre las costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La vencida en la presente causa lo ha sido la empresa actora, señora Karla Daniela Sáenz Valverde, sin que en criterio de este Tribunal haya mediando circunstancia o presupuesto alguno que justifique exonerarle de dicha condenatoria al amparo de los incisos a) y b), del numeral relacionado, tanto como al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, se condena a la actora al pago en favor del Instituto Costarricense de Electricidad de ambas costas, tanto procesales como personales generadas con ocasión de la tramitación de la presente acción. La determinación de lo correspondiente a las costas en cuanto a su importe se habrá de fijar por el juez competente en la fase de ejecución de sentencia a ruego de la parte vencedora.-

Se acoge la excepción de falta de derecho y en consecuencia, por improcedente se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada por la señora Karla Daniela Sáenz Valverde en contra del Instituto Costarricense de Electricidad. Se condena a la actora al pago de ambas costas en favor del Instituto demandado. La determinación de las costas en lo que refiere a su importe, se reserva para la fase de ejecución de sentencia a ruego de la parte vencedora.- NOTIFÍQUESE.- Felipe Córdoba Ramírez, Juez Ponente.- Judith Reyes Castillo, Jueza.- Elías Baltodano Gómez, Juez.-

- Código Verificador -Q0HDB43GMGTO61

Documento firmado por:FELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, JUEZ/A DECISOR/AJUDITH REYES CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/AELIAS BALTODANO GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A

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