Resolución 00604-2026 | Tribunal Contencioso Administrativo

Considerando III

ARGUMENTOS DE LAS CONTESTACIONES.

(i) MUNICIPALIDAD DE CARTAGO: La representación de la parte demandada en su oposición a la demanda refuta parcialmente los hechos y expone, en lo medular, que el propio actor cuando asumió interinamente las labores de "Comprador" carecía de experiencia específica en el puesto y que la vigencia de la prórroga de su nombramiento se supeditó al resultado del Concurso Interno RH-CI-64-2019, que en su momento se emitieron las correspondientes acciones de personal y que el nombre de la persona designada mediante concurso le fue comunicada al accionante. Se alega la existencia de un error material en la puntuación de la experiencia del codemandado González Monge, persona a quien se le adjudicó la plaza, y se alude a los documentos que evidencian que previamente ejerció labores de la misma clase que la correspondiente al puesto de "Comprador", asimismo que el único requisito legal definido para el puesto se refiere a la licencia de conducir tipo B-1 o superior, por ende es el único requisito para la admisibilidad de las ofertas en criterio de la entidad pública accionada, razón por la cual no se incluye en los factores de análisis que se ponderan o comparan, y expone que todos los concursantes comprobaron ese aspecto e indica que pese al error material antes aludido que afectó a la baja la nota del codemandado, los funcionarios Mora Loaiza (actor), Morales Martínez y González Monge (codemandado) calificaban como elegibles en la nómina, porque de acuerdo con el sistema o método técnico elegido por la Municipalidad de Cartago para establecer la idoneidad obtuvieron un porcentaje igual o mayor a 70%, con lo cual se cumple lo que establecen los numerales 139 y 140 del Código Municipal. También se rebate la existencia de adeudos al actor por rubros asociados a su salario y otros derechos legales como vacaciones que fueron disfrutadas en su totalidad, también se señala la presunta improcedencia del pago de preaviso y de auxilio de cesantía, en razón de haber ocupado el cargo de "Inspector" únicamente entre el 5 de febrero de 2020 y el 6 de mayo de 2020, y que el nombramiento como comprador feneció por causas no atribuibles a la Municipalidad de Cartago y por tal razón, su nombramiento posterior corresponde a un nuevo contrato. La excepción de falta de derecho se fundamenta en las consideraciones reseñadas y la inexistencia de una actuación antijurídica del ente accionado que fundamente el daño moral peticionado, porque el resultado del concurso interno que se impugna se apega a derecho, y cuando se accede a un cargo interino se sabe que puede designarse en propiedad a otra persona conforme a la ley, con lo cual no se generan daños a la persona interina que deban ser indemnizados. Se interpone la excepción de pago en razón de la cancelación de los salarios, aguinaldo y salario escolar, así como la inexistencia de vacaciones pendientes de disfrutar. En las conclusiones orales se reiteraron los argumentos de defensa (minuto setenta y seis de la grabación incorporada al escritorio virtual).

(ii) CODEMANDADO GONZÁLEZ MONGE: Expone en su escrito de contestación que fue nombrado en el puesto de comprador como resultado del Concurso Interno RH-CI-64-2019, que presentó su oferta y cumplió todos los requisitos atinentes, refuta carecer del requisito de experiencia en el puesto por cuanto desde 2016 desempeñó puestos administrativos en el ente accionado, por lo cual lo su calificación corresponde a un "error material involuntario de la Municipalidad de Cartago". Añade que su experiencia como funcionario administrativo municipal es inclusive más amplia que la del accionante y que no existe causa para accionar en su contra, si no fue ni su patrono ni le corresponde hacerle pago alguno. Las alegaciones señaladas fundamentan también la interposición de las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación pasiva. En las conclusiones orales se reiteraron los argumentos de defensa (minuto ochenta y uno de la grabación incorporada al escritorio virtual).

Considerando VI

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.

(i) Para emitir el pronunciamiento de fondo del presente asunto, estima conveniente este Tribunal fijar con claridad que el objeto del proceso radica en determinar si al amparo de la tesis de la parte accionante y de la prueba traída al proceso, se tiene por acreditada la existencia de un derecho del actor a ser nombrado e instalado con pago de ingresos salariales dejados de percibir (pretensión principal identificada como 1) y reconocimiento de daño moral (pretensión 3). En razón de la determinación de la competencia prevalente de este Despacho en razón del litigio planteado, aún si se considera valido el resultado del concurso e improcedente la nulidad y reinstalación del actor se debe valorar, con motivo de la pretensión subsidiaria planteada, si es conforme con el ordenamiento la negativa de reconocer en lo conducente extremos litigiosos al actor (preaviso y auxilio de cesantía) cuando meses después de adjudicado el concurso interno sobre el cual versa el proceso, concluye su relación laboral con la Municipalidad de Cartago (pretensión subsidiaria identificada como 2). Las pretensiones 4, 5 y 6 (respectivamente referidas a intereses legales, indexación y costas) rigen en relación con lo que se resuelva, tanto sobre la pretensión principal, como con respecto a la subsidiaria. Teniendo el claro el cuadro de análisis y realizado el estudio de los elementos de juicio traídos al proceso, que únicamente corresponden a prueba de carácter documental, se concluye que bajo las reglas de la sana crítica racional y el régimen de derecho aplicable e invocado por la parte actora, este Tribunal determina que la demanda debe ser declarada sin lugar en cuanto a la pretensión principal y sus extremos accesorios, bajo los razonamientos que se exponen a continuación, pero que sí procede acoger la petitoria subsidiaria para determinar los extremos que se le adeudan a la persona promovente en la fase de ejecución de sentencia, juntos con los respectivos intereses legales. Corresponde de seguido analizar uno a uno los diferentes elementos cuya convergencia se sostiene que podrían conllevar la admisión de las diversas pretensiones que plantea parte demandante.

ii.a. PRETENSIÓN PRINCIPAL. La pretensión identificada como número 1, subdividida en los puntos a, b y c, plantea que se declare nulidad del nombramiento como "Comprador" del codemandado, se instale al actor en dicho puesto y se ordene a la Municipalidad de Cartago cancelarle los salarios que no percibió desde el momento en que debió asumir el cargo por la vía concursal.

ii.b. A fin de abordar el fondo del asunto en su apartado principal, también es importante realizar algunas precisiones sobre el régimen de ingreso a la función pública en virtud de idoneidad comprobada que estipula el texto constitucional. El ingreso de personal al servicio, por cuenta y a nombre del Estado y demás instituciones que conforman la Administración Pública costarricense, puede operar por diferentes mecanismos, a saber, a partir de una elección popular, un nombramiento interino, por inopia o por tratarse de servidores de confianza o bien, a través de un mecanismo concursal que le permite la estabilidad laboral, tratándose de un nombramiento en una plaza por idoneidad comprobada que se encuentra contemplada como plaza permanente para el servicio o la gestión pública. Los presupuestos, requisitos y efectos de todos ellos difieren entre sí, y resulta de interés para la resolución del presente asunto señalar que la plaza objeto de este proceso, se encuentra estructural y presupuestariamente destacada de manera permanente en Municipalidad de Cartago, ello significa que se trata de una plaza que admite la realización de un nombramiento en propiedad que debe seguir las pautas propias de una designación por idoneidad comprobada, conforme lo dispone el de la Constitución Política. Es de suma importancia tener presente que por tratarse de una plaza en propiedad con la garantía de la estabilidad laboral, la Administración Pública debe respetar una serie de principios y pautas con el objetivo de cumplir con el fin público de rango constitucional perseguido: que el nombramiento recaiga sobre una persona oferente que califique como elegible en virtud de idoneidad para el puesto debidamente comprobada. A fin de dar cumplimiento al mandato constitucional, la Administración Pública se sirve de una serie de instrumentos técnicos para efectuar la selección de sus personas funcionarias o servidoras, entre ellos, los denominados Manuales para el Reclutamiento y Selección de Personal y también los Manuales de Puestos en los cuales se categorizan los perfiles ocupacionales y los requisitos para el ejercicio del cargo, en particular los obligatorios y evaluables. Estos manuales, funcionan como una herramienta administrativa que orienta el proceder de la Administración Pública en la adopción de la decisión administrativa y brindan un perfil del puesto y describen de manera estructurada las actividades, tareas o responsabilidades del mismo con el objetivo de garantizar la calidad de la prestación del servicio. De igual manera, recopilan protocolos elaborados por profesionales que contienen las mejores prácticas para que de forma sistemática, se elaboren los mecanismos de evaluación y selección del personal, conforme a los requerimientos legales y técnicos de un puesto, de suerte que están diseñados para cumplir de forma correcta una tarea esencial en la función pública, cual es, elegir a los servidores idóneos para un puesto y con ello, garantizar en buena medida la marcha eficiente y eficaz de la Administración Pública.

ii.c. Conforme a la tesis principal de la parte accionante, el nombramiento en favor del codemandado González Monge contraviene el principio constitucional de idoneidad para el ingreso a la función pública y los numerales pertinentes del Código Municipal que desarrollan ese postulado, por cuanto la única persona idónea para asumir sería el propio demandante. Argumento que se basa en que únicamente el señor Mora Loaiza puntuó en cada uno de los ítemes considerados en las condiciones del concurso. Consta en el expediente administrativo, y particularmente en el oficio RH-1163-2019 (imágenes 132 a 136 del expediente judicial), que contiene la evaluación de todas las personas participantes en el Concurso Interno RH-CI-64-2019, que los factores que se ponderan para calificar a las personas oferentes eran los siguientes:

Evaluación del Desempeño

20%

Antigüedad de laborar para la Municipalidad

20%

Record Académico

30%

Cursos atinentes al cargo (2% cada curso hasta 5 cursos)

10%

Experiencia

20%

La persona accionante enfatiza que no sólo obtuvo la calificación más alta entre los evaluados (96%), sino que fue el único que puntuó en cada uno de los ítemes, respectivamente: 20%, 20%, 30%, 6% y 20%. Por el contrario, señala, las otras dos personas que resultaron elegibles obtuvieron un 0% en experiencia, y el codemandado y finalmente designado para ocupar el puesto contó con 0% también en capacitación adicional o "Cursos atinentes al cargo...". La argumentación que sustenta la demanda no es aceptable. En primer lugar, en el caso concreto la elegibilidad para el puesto se rige por lo que estipula el numeral 140 del Código Municipal, que remite a una nota global mínima (igual o superior) a un 70% para resultar elegible y no establece mínimos en cada uno de los rubros. En criterio de este Tribunal las reglas del concurso pudieron fijar válidamente mínimos en una o varias categorías para alcanzar la elegibilidad, por ejemplo, un 10% mínimo en experiencia o un 4% en cursos atinentes al cargo, pero en el caso concreto no se estipuló nada en tal sentido, de modo que negar la elegibilidad o idoneidad con base en que no se puntuó en determinados rubros, pese a que se alcanzó la nota mínima legalmente establecida carece de asidero jurídico, y consecuentemente, rechazarse como vicio de la conducta impugnada. Por otra parte, y más allá de la consideración cuantitativa estricta, si se atiende a los requisitos cualitativos del puesto de comprador conforme al Manual Institucional de Clases y Puestos de la Municipalidad de Cartago, se observa que se exige para el desempeño del cargo ser "-Graduado de un colegio técnico profesional o Título de Bachiller en Educación Media y capacitación específica en técnicas propias de oficina o propias de la especialidad del puesto. / - Experiencia en labores de oficina y operación de microcomputadores. / -Preparación equivalente", y como "Requisito Legal": "- Poseer licencia para conducir del tipo B-1 o superior". La Municipalidad accionada indicó que por tratarse de un requisito legal no se otorgó puntaje a contar con la licencia requerida, pero que todos los oferentes lo cumplieron. En cuanto a los requerimientos referidos a formación o preparación o experiencia, se observa que los cinco requisitos establecidos en las condiciones del concurso se dirigen a su constatación o valoración, y que ninguno de ellos se subsume en una sola categoría. De forma que los ítemes de evaluación del desempeño, antigüedad en el servicio municipal y experiencia (en total 60% de la ponderación) se encuentran referidos a la experiencia, mientras que el record académico y los cursos atinentes al cargo (que suman 40% de la calificación) permiten constatar la preparación exigida y deseable para el cargo. Por ende, la no puntuación en un rubro determinado establecido en las condiciones del concurso no genera que se pueda hablar de incumplimiento de un requisito del puesto, conforme a las regulaciones propias del ente municipal accionado, y tampoco de una carencia de idoneidad. A mayor abundamiento, la persona accionante en su momento no objetó la estructura evaluativa del concurso, y al presentar su postulación aceptó dichas condiciones, con base el y los restantes participantes iban a ser evaluados. Por ende, este Tribunal no encuentra vicios en la definición de los requisitos de evaluación de las personas participantes en el Concurso RH-CI-64-2019, en la evaluación de las personas oferentes y determinación de quienes entre ellos resultaban elegibles, y tampoco en la designación de las persona que finalmente resulta nombrada en propiedad. Sobre lo último, médula del conflicto, nótese que la propia parte accionante señaló dentro de sus alegaciones que su teoría del caso no cuestiona la potestad de elección que discrecionalmente las autoridades municipales ostentan para nombrar en propiedad a cualesquiera de las personas concursantes que alcance la condición de elegibles, es decir, en este caso entre las tres personas que ostentan una nota igual o superior al 70%, sin importar si se trata de la persona con primer promedio o alguna de las que ostentan notas inferiores, por lo cual, no se discute ni se considera un vicio por sí mismo que el Alcalde, en virtud de la conducta que se pretende sea anulada, nombrara al concursante que ocupaba el tercer puesto en las calificaciones (codemandado González Monge), y no al actor Mora Loaiza, quien ostentaba el

Considerando PRIMERO

Cabe señalar también, que como el resultado de cero en alguna de los aspectos particulares sometidos a evaluación no se estableció como descalificante, ni determina por sí mismo la carencia de un requisito atinente a la idoneidad para el cargo, los alegatos sobre errores en la calificación del accionante, que ni se demuestra, ni fueron formalmente corregidos de existir, conforme a la documentación en autos, no son relevantes, ni determinantes, en la solución del litigio, porque existan o no tales errores, el codemandado González Monge, con un 70% de promedio, era elegible y por ende podía ser declarado válidamente como ganador del concurso y designado en propiedad como "Comprador", como en efecto lo fue por parte de la autoridad municipal, Alcalde, dotada de competencia, tal y como se prevé y autoriza el numeral 139, párrafo primero, del Código Municipal: "Como resultado de los concursos aludidos en los incisos b) y c) del artículo 137 de este Código, la Oficina de Recursos Humanos presentará al alcalde una nómina de elegibles, de tres candidatos como mínimo, en estricto orden descendente de calificación. Sobre esta base, el alcalde escogerá al sustituto" (el subrayado no es el original). En virtud de lo resuelto se debe coincidir con lo argumentado por el codemandado González Monge, quien sostuvo que conforme a la prueba documental su designación estuvo ajustada a derecho y que no existen concursantes ilegítimamente incluidos como elegibles, y en consecuencia designables en el puesto ofertado para nombramiento en propiedad. Se debe destacar, y la propia parte accionante lo reconoce en sus conclusiones, la autoridad municipal, Alcalde, goza de discrecionalidad para elegir entre las personas elegibles, sea la persona mejor calificada u otra dentro de la nómina elaborada.

ii.d. En conclusión, la designación del codemandado González Monge, en el puesto de "Comprador" con motivo del Concurso Interno RH-CI-64-2019, a través del oficio AM-TCI-02-01-2020, carece de vicios que afecten su validez y debe mantenerse incólume. En consecuencia, la pretensión principal (1.a, 1.b y 1c) debe ser declarada sin lugar, por cuanto al resultar plenamente válida la designación del concursante González Monge, no procede su remoción e instalación del actor Mora Loaiza, y tampoco el reconocimiento de salarios a este último desde la fecha en que debió resolverse el concurso realizado conforme a su tesis.

iii.a. PRETENSIÓN ACCESORIA: DECLARATORIA E INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE DAÑO MORAL. Conforme a la pretensión 3 de la demanda, la parte accionante solicita una indemnización de cinco millones de colones derivada de "... no haberme asignado la plaza y haberme despedido a pesar de ser el único que cumplía con todos los requisitos para ser nombrado en el puesto de comparador".

iii.b. El régimen de responsabilidad objetiva de la Administración Pública Costarricense se encuentra contemplado en términos generales en los y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, de cuyo texto se extrae el deber de indemnizar todos los daños y perjuicios originados con motivo de las conductas y omisiones de la Administración Pública. Esto es, la Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un

Considerando TERCERO

Desde esta perspectiva, bajo la premisa del deber de indemnización de la Administración, con independencia de criterios de valoración subjetiva -dolo o culpa-, en la actuación de sus servidores o agentes, en el país opera un régimen de responsabilidad preeminentemente objetiva, de toda suerte que el Estado debe indemnizar todo daño que el administrado o justiciable no se encuentre en la obligación de soportar, ya sea en su esfera patrimonial o extrapatrimonial y sin guardar relevancia para esa determinación su situación jurídica subjetiva. Es así, que la Administración Pública responde por su conducta lícita y normal, cuando dicta un acto administrativo sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico o bien ante la comisión mediante una actuación material permitida, ya sea de forma activa por omisión. Claro está, responde también el Estado por los daños que se generen en virtud de una conducta administrativa de carácter ilícita, anormal y formal cuando el acto administrativo es ilegal, y no formal, cuando estamos ante una actuación material no permitida o anormal. A partir de lo transcrito, se concluye que para la generación del régimen de responsabilidad preeminentemente objetiva del Estado se requiere la concurrencia de tres requisitos fundamentales: El primero, la existencia de una conducta administrativa ya sea activa u omisa, formal o material, lícita o ilícita, funcionamiento normal o anormal. El segundo requisito es la generación de un daño antijurídico, efectivo, evaluable e individualizable, que la víctima no tenga la obligación de soportar, sea en su esfera patrimonial o extrapatrimonial. El tercer requisito, de suma relevancia, es justamente que exista el nexo causal entre los dos requisitos anteriores, esto es, que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitime el perjuicio producido, sin causales de exclusión del nexo de causalidad, al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. (Para mayor abundamiento se remite a las resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: número 025-F-99 de las 14:15 horas del 22 de enero de 1999, número 589-F-99 de las 14:20 horas del 1 de octubre de 1999, y número 252-F-01 de las 16:15 horas del 28 de marzo del 2001).

iii.c. La pretensión que ahora se analiza, y las restantes de la demanda, a diferencia de la principal, se dirige exclusivamente contra la Municipalidad de Cartago, y sobre la misma, pese a la falencia en su enunciación no subsanada en la etapa de trámite, de no indicar y precisar si está referida a daño moral subjetivo, daño moral objetivo o ambos, se puede señalar que resulta improcedente, dado su carácter accesorio en relación con la pretensión principal, identificada como número

Considerando 1

Conforme a lo expuesto en el punto precedente, y lo resuelto sobre la pretensión principal, no existe acreditación de una conducta antijurídica, atribuible a la entidad accionada, requisito inicial e indispensable en el análisis del surgimiento de un deber indemnizatorio de una entidad pública, que se pueda considerar generadora total o parcialmente de una lesión moral a la persona accionante, su no designación en el concurso interno en el cual participó se encuentra ajustada a derecho, y consecuentemente, el cese del ejercicio interino de dicho puesto, que se da para que lo ocupe una persona nombrada en virtud de concurso, no puede generar tampoco un daño indemnizable, por cuanto por tratarse de un motivo jurídicamente válido para prescindir de sus servicios en ese puesto, conforme en reiterada jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa, debe ser soportada por la parte afectada con el corte en su nombramiento, independientemente que se reubique a la persona sin solución de continuidad, o no, en otra plaza. Si no existe conducta antijurídica generadora de una daño indemnizable, se torna ilógico e innecesario considerar el tercer presupuesto de la responsabilidad administrativa, la relación de causalidad, y procede señalar la total improcedencia de la pretensión indemnizatoria analizada.

iv.a PRETENSIÓN SUBSIDIARIA. La parte accionante sostiene que el cese de su relación laboral se genera con responsabilidad patronal, refuta los motivos presupuestarios aducidos y considera que fue producto de no ser designado el actor en la plaza de "Comprador". La Municipalidad accionada esgrime que el cese en virtud de motivos presupuestarios no genera responsabilidad patronal, por cuanto acontece en relación con un nuevo contrato. Ninguna de las partes refuta que el actor laboró para la Municipalidad de Cartago entre el tres de octubre de dos mil diecisiete y el seis de mayo de dos mil veinte (hecho probado número 15), relación que no se desarrolla en un solo puesto, por cuanto al menos entre el cinco de febrero de dos veinte y el seis de mayo de dos mil veinte (hechos probados números 6 y 10) el señor Mora Loaiza se desempeñó como "Inspector" en el mismo departamento (Proveeduría) en que antes fungió como "Comprador". Tampoco existe prueba que refute que al actor ya le fueron cancelados todos sus salarios, aguinaldo y salario escolar proporcionales, y que al cesar en sus labores no se le adeudaban vacaciones. La controversia entre partes incide en lo referente a los extremos de "preaviso" y "auxilio de cesantía".

iv.b. En primer lugar, es criterio de este Tribunal que cada nombramiento dentro de una misma entidad pública no genera relaciones de servicios separadas o contratos de trabajo diferentes, máxime cuando no existe una solución de continuidad que permita considerar extinto el nexo de servicio previo, lo cual en este caso no existió, porque el paso del cargo de "Comprador" al de "Inspector" no genera ninguna interrupción. En segundo lugar, la propia prueba aportada por la entidad accionada permite concluir que mucho antes de su cese, pese a la condición de interinidad, el actor adquirió estabilidad impropia, que obligaba a tener su relación laboral como una de tiempo indeterminado y conllevaba en caso de cese, salvo la hipótesis de despido justificado u otra que no genere responsabilidad de la parte empleadora, el pago de todos los extremos salariales adeudados, así como de los extremos de preaviso y auxilio de cesantía (numerales 28 y 29 del Código de Trabajo).

iv.c. En el caso concreto del actor, conforme a los hechos y pruebas antes reseñados, ya fuese que su cese del actor se produjera en virtud del resultado del concurso interno antes analizado, o como finalmente sucede, tres meses después cuando estaba nombrado en otro plazo y bajo el justificante de motivos presupuestarios (ver hecho probado número 12), se dan los requisitos para que el cese de la relación por plazo indeterminado genere responsabilidad patronal y el deber de sufragar los extremos previstos en los numerales 28 y 29 del Código de Trabajo, toda vez que la finalización de la relación de servicio se pueda imputar exclusivamente al último nombramiento en la Municipalidad de Cartago y que no deba considerar todo el tiempo acumulado, aunque fuese en puestos diferentes, dentro de esa entidad pública.

iv.d. En conclusión, sobre la pretensión subsidiaria, identificada como número 2, se debe acoger lo solicitado y ordenarle a la Municipalidad de Cartago el pago de los extremos de preaviso y auxilio de cesantía al actor, en virtud de la relación de servicio con esa entidad, iniciada el tres de octubre de dos mil diecisiete y concluida el seis de mayo de dos mil veinte. Asimismo, deberá cancelarle los intereses legales sobre dichas sumas, conforme a lo estipulado en el numeral 1163 del Código Civil, computados desde el seis de mayo de dos mil veinte y hasta el efectivo pago. En cuanto a la indexación de dichos extremos, se deniega, por cuanto por tratarse de una obligación monetaria no procede el reconocimiento simultáneo de los intereses legales y de la indexación pedida, porque los intereses legales conllevan implícito el reconocimiento de la pérdida del valor del dinero en el tiempo, y por ello, al conocederse éstos resultaría redundante otorgar al mismo tiempo otra compensación por dicha causa, ello en virtud del criterio de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el sentido que: “VI.- En el subjudice, el casacionista señala que hubo un error en la sentencia impugnada, por cuanto únicamente se otorgaron intereses legales y no se indexó la suma conferida, pese a que el numeral 123 del CPCA lo ordena y además expresamente se solicitó en la demanda. Tal como se explicó en el considerando anterior, este tipo de interés cubre un porcentaje por inflación y otro por rédito o beneficio puro. De este modo, con tales intereses se compensa la indisponibilidad del dinero por el tiempo que la parte no ha tenido acceso a aquél y, además, el efecto deflacionario que ha sufrido esa suma, es decir se trae a valor presente. En este caso, el Tribunal concedió intereses legales sobre el monto otorgado, por lo que cubrió no sólo indemnización por la indisponibilidad del monto principal, sino también actualización de su valor, cumpliéndose en tal caso con la disposición normativa del canon 123 citado. En otras palabras, la indexación estuvo inmersa dentro del interés legal concedido, por cuanto el índice inflacionario es un componente de aquella. Así, conceder intereses e indexación conjuntamente, como lo pretende el casacionista, resulta improcedente pues recibiría a su favor el cálculo del rubro inflacionario en partida doble, lo que apareja una ventaja económica indebida. Por lo anterior, el reparo deberá rechazarse.” (Resolución N° 00378-2018 de las catorce horas cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciocho).

Normativa citada · 4 artículos

Código Civil

Código Municipal

Constitución Política de la República de Costa Rica

Ley General de la Administración Pública

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