Resolución 00268-2026

CUESTIONES PREVIAS: Mediante manifestación apud acta, la señora [Nombre 003] junto con la abogada KATTIA MENA ABARCA, en fecha 29 de julio 2025 solicito medidas de protección a su favor en contra de [Nombre 002], [Nombre 005] (fallecido en fecha 09/09/2025), y [Nombre 004]; alegando que sufre agresión patrimonial -entre otras- de parte de estas personas.-

Por resolución de las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veintinueve de julio del año dos mil veinticinco, el juzgado de la primera instancia impuso medidas de protección a favor de la señora [Nombre 003] en contra de [Nombre 004], [Nombre 005] y [Nombre 002], a saber -y se citan- "Inciso J). Se le prohíbe a [Nombre 002], [Nombre 005] [Nombre 003], [Nombre 004] que agreda de cualquier forma (física, psicológica, patrimonial o sexual), insulte, amenace o perturbe personalmente o por medio de terceras personas a [Nombre 003].- Esto incluye hacerlo vía telefónica, por mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio. Inciso Q). Se emite una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de Seguridad Pública del vecindario de la parte solicitante, la cual será portada para poder acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión dentro o fuera de su domicilio.- No obstante, se hace ver a la Fuerza de Policía que con dicho oficio o sin él, es parte de sus atribuciones generales, el velar por la integridad personal, los derechos y los bienes de la ciudadanía de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Policía.- MEDIDAS ATÍPICAS: SE LE ORDENA A [Nombre 002], [Nombre 005] Y [Nombre 004] QUE DEBERÁN DESALOJAR EL [...] DE FORMA INMEDIATA Y QUE NO SE PUEDEN ACERCASE A DICHO HOTEL ASÍ COMO A LA DOMICILIO DE LA SEÑORA [Nombre 003]. LO ANTERIOR, POR QUE LA SOLICITANTE ES LA DUEÑA DEL NEGOCIO Y TIENE TODO EL DERECHO DE MANTENER EL CONTROL EN SU PROPIA EMPRESA".-

DECISIÓN EN ALZADA: El juzgado de la primera instancia, por sentencia de las diecisiete horas con treinta y un minutos del diecisiete de abril del año dos mil veintiséis, decidió MANTENER el inciso J en contra de [Nombre 002] a favor de [Nombre 003]; y LEVANTAR las medidas a favor de [Nombre 003] en contra de [Nombre 004].-

AGRAVIOS: Contra lo resuelto, apela y reclama nulidad concomitante la señora [Nombre 003] con el patrocinio letrado de la abogada DAYANA PÉREZ ANCHIA y el abogado RICARDO CHACÓN CUADRA.- Reclama la nulidad por la indefensión de celebrar la comparecencia sin considerar su situación de enfermedad y edad avanzada.- Reprocha que no requiere cumplir con el reglamento de incapacidades de la CCSS por cuanto ella no es trabajadora.- Alega indefensión al violentar el debido proceso y derecho de defensa, así como de escucha.- Peticiona se anule lo actuado a partir de la audiencia de prueba celebrada en autos.-

Se avala el elenco de hechos probados y no probados que desprende el fallo apelado. -

SOBRE EL REPROCHE DE ALZADA. - Por las razones que se expondrán, se deniega la nulidad reclamada, dejando incólume el fallo apelado.-

Estas son las razones:

(1) En todo proceso judicial, ambas partes asumen DEBERES y OBLIGACIONES que podrían afectar sus intereses procesales.- Por ejemplo, no contestar una demanda dentro del plazo otorgado, sugiere una contestación extemporánea junto con la prueba que pudiese haberse ofrecido con ella.- En esta materia, no hay contestación; pero sí hay deberes y obligaciones de ambas partes en atender el ritual procesal y la dirección de la persona juzgadora en el caso concreto.-

Este Tribunal con distintas integraciones pero de forma reiterada, ha sostenido que en materia de violencia doméstica, cuando las partes del proceso actúan sin representación letrada, surge una flexibilidad procesal atendible, para no afectar su acceso real y material a la justicia. - Empero, cuando las partes actúan con su debida representación letrada, opera aplicar el rigor procesal correspondiente.-

En este asunto, doña [Nombre 003] ha actuado desde el inicio con el patrocinio letrado de la abogada KATTIA y ahora de la abogada DAYANA y el abogado RICARDO. -

(2) De acuerdo con el numeral 19 de la Ley 7586, se aplica de forma supletoria el Código Procesal de Familia, en lo que dicha ley específica guarde silencio y le sea compatible. - Al respecto, el numeral 52 del Código Procesal de Familia, establece el DEBER de toda persona litigante en abogacía, de asistir a las audiencias.- Ese es un DEBER de la persona profesional en derecho que ejerce representación letrada en autos.-

En el caso de marras, a pesar de que doña [Nombre 003] cuenta con dos personas abogadas que le dirigen el presente asunto, NINGUNO de los dos, ni la abogada DAYANA ni el abogado RICARDO cumplieron con su deber de asistencia a la comparecencia ordenada en este asunto.- Dicha situación acarrea consecuencias procesales, tales como las establecidas en el numeral 86 del Código Procesal de Familia, el cual dicta que -y se cita- "Las resoluciones que se dicten de forma verbal en las audiencias se tendrán por notificadas en el acto a todas las partes, aunque no hayan comparecido. De esas resoluciones no podrá alegarse desconocimiento".- Es decir, una vez convocada la audiencia oral y privada, era DEBER de doña [Nombre 003] y de su patrocinio letrado (el cual goza de mandato por resorte del artículo 51 del CPF) apersonarse a dicha diligencia y procurar una diligente representación letrada.-

De la obligatoriedad. La afiliación al Seguro de Salud es obligatoria para todos los trabajadores asalariados, los trabajadores independientes y para los pensionados de los regímenes nacionales de pensión, en el territorio nacional, sin perjuicio de lo que dispone el artículo Nº 4 de la Ley Constitutiva de la Caja”. (El resaltado no pertenece al original).- Sumado a lo expuesto -y de fecha más reciente- la Procuraduría General de la República, en el dictamen N° C-330-2009 del 30 de noviembre del 2009, reiterado en el C-207-2014 del 26 de junio del 2014, indicó y citamos: “A partir de lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política, se reconocen los seguros sociales en beneficio de todos trabajadores, para protegerlos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez y muerte, y a la Caja Costarricense del Seguro Social como entidad encargada de la administración y gobierno de esos seguros. Es así como la seguridad social se establece en su doble dimensión de servicio público y derecho fundamental, obligando a la Caja a tomar todas las medidas necesarias para llevarlo a cabo en forma eficiente, a través de la creación de planes de salud, centros de asistencia, suministro de medicamentos, atención a pacientes, entre otros, para lo cual puede contar con el aporte económico que realiza una gran parte de la población con las cotizaciones para el sistema. Se trata de un sistema solidario y financiado en forma tripartita mediante la contribución forzosa de patronos, trabajadores y del Estado, motivo por el cual dicha contribución es esencial para la existencia misma del modelo” (Lo resaltado se suple).-

Como se puede notar, las personas que trabajan de forma independiente están obligadas a cotizar al seguro social, incluyéndose a profesionales liberales como las personas abogadas entre otras. Ante lo cual, y debiendo estar aseguradas, deben presentar una incapacidad formalmente emitida por la CCSS.- Si no se presenta dicha incapacidad, y se concede un certificado médico privado, éste debe cumplir con ciertos requisitos como el refrendo de acuerdo con la reglamentación respectiva.