Resolución 00003-2014

Tampoco la alegación en relación con la falta de asistencia a la audiencia por parte del demandado, tiene la virtud suficiente para revocar lo resuelto. El artículo 4.2.2. párrafo 2º de la Ley de Cobro Judicial dice: “Si el inasistente es el demandado, el juez dictará sentencia de inmediato, salvo que sea necesario practicar la prueba ofrecida por el actor, por tratarse de hechos no susceptibles de ser probados por confesión o que las pretensiones se refieran a cuestiones de orden público o derechos indisponibles.”. De la lectura de esa norma se concluye claramente, que el único efecto que tiene la incomparecencia del demandado es que se dicta la sentencia de inmediato. No dice, ni el sentido en que debe dictarse el fallo, ni le confiere efectos de rebeldía a la falta de asistencia de esa parte. Por ello no es aplicable el artículo 310 del Código Procesal Civil que invoca la apelante. Y es que el legislador no quiso establecer una sanción tan grave como tener por no hecha la oposición en caso de incomparecencia. Una sanción de esa naturaleza solo encontraba justificación en el derecho romano antiguo, en que existía la idea de la necesaria presencia de las partes para que se constituyera la relación procesal (sistema de la litiscontestatio). En esa época, en el tipo de proceso denominado ordo iudiciorum privatorum, en la etapa in iure, se requería la presencia de ambas partes ante el magistrado, con el fin de delimitar la controversia y expresar su sometimiento a la resolución judicial que emitiera el iudex. Sin ese convenio, esencia de la litiscontestatio, devenía imposible la celebración del juicio. En esa época, la incomparencia del demandado tenía consecuencias especialmente graves, incluso hasta la confiscación de sus bienes. (Ampliamente sobre el tema puede verse [Nombre1] , Lorena, La rebeldía en el proceso civil norteamericano y español, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 1994, pag. 152). Hoy, una sanción de esa naturaleza no encuentra justificación en la doctrina procesal y la legislación costarricense no la ha adoptado. Uno de los derechos fundamentales integrante del debido proceso, es el de contradicción, mismo que no puede verse disminuido por la inasistencia a la audiencia. Ello implicaría ignorar que los actos procesales de las partes producen inmediatamente la constitución de su derecho procesal y constitucional a ser oído y atendido en juicio ( del Código Procesal Civil).” (Voto 590-3U-2011). Por todo lo expuesto, se deberá confirmar la sentencia impugnada, en lo que fue objeto de protesta.”