Crea Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda

Para el cobro judicial o extrajudicial de los impuestos, tasas, contribuciones, derechos fiscales, rentas por arrendamiento de bienes del Gobierno no sujetos a leyes especiales, y de toda clase de créditos a favor de éste, créase la Oficina de Cobros dependiente de la Dirección General de Hacienda.

La Oficina de Cobros contará con el personal administrativo que requieran las necesidades del servicio; atenderá la organización del cobro de las obligaciones a su cargo. Los fiscales de cobro podrán disponer la cancelación de impuestos, tasas o créditos de cualquier clase a favor del gobierno, cuando los plazos de prescripción correspondientes hubieran vencido y se trate de cuentas o créditos incobrables. La resolución que así lo disponga deberá contar con la aprobación del director de la Dirección General de Hacienda y será puesta en conocimiento de los organismos correspondientes y de la Contabilidad Nacional, para que cancelen en sus registros o libros las cuentas o créditos respectivos.

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La oficina que controle ingresos o créditos del Estado de los indicados en el artículo 1º, tan pronto conste en sus libros o documentos que un contribuyente es moroso en su pago, preparará las certificaciones del pendiente de pago y ordenará retirar, en su caso, los recibos de los bancos y demás oficinas recaudadoras; esas certificaciones se enviarán de inmediato a la Oficina de Cobros para los efectos del respectivo cobro judicial o extrajudicial.

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Los fiscales de la Oficina de Cobros Judiciales gestionarán el pago de las sumas que deban cobrar por los medios legales que consideren convenientes. Deberán iniciar los trámites en sede judicial, a más tardar un mes después del recibo de los documentos correspondientes.

Las acciones cobratorias que tiene a su cargo la Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda, serán del conocimiento de las Alcaldías Civiles de Hacienda.

Establecida en forma la demanda, se procederá de acuerdo con las disposiciones establecidas por el código de Procedimientos Civiles para los juicios ejecutivos, con las modificaciones que a continuación se expresan.

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Tratándose de entidades no constituidas legalmente, o que hayan dejado de existir al momento de establecer la demanda, la acción se dirigirá contra quienes hayan firmado el documento, informe o declaración que haya servido de base para la determinación del impuesto o crédito cobrados, según los libros o documentos de la respectiva oficina. Para determinar el plazo de la responsabilidad de las personas citadas, regirán las disposiciones vigentes sobre responsabilidad de Gerentes o Apoderados después de cesar en sus mandatos.

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En los juicios establecidos por la Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda, los empleados y funcionarios del Poder Judicial deberán desempeñar el cargo de Juez Ejecutor en forma obligatoria, y la oficina no estará obligada a depósito alguno por honorarios de perito, de Juez Ejecutor, de pregón o de cualquier otro tipo, los cuales se girarán del producto de los bienes embargados, una vez cubiertos el crédito, los intereses y las costas. El Juez no levantará el embargo hasta tanto no estén cubiertos dichos honorarios. Cuando deba notificarse una resolución fuera del perímetro, dentro del cual la práctica de notificaciones debe realizarse gratuitamente, el Notificador estará obligado a hacerlo sin pago, y el honorario quedará a cargo de la parte accionada.

Servirá de base para el remate, el avalúo que tuvieren los bienes inmuebles para los efectos del impuesto territorial.

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Esta ley deroga cualquier disposición legal que se le oponga, y expresamente el artículo 4º de la ley N.° 1238 de 29 de noviembre de 1950 reglamentada por Decreto Ejecutivo N.° 1 de 13 de marzo de 1951.

Rige a partir de su publicación.

Los juicios pendientes ante los Tribunales Comunes, incoados por los Fiscales Específicos, seguirán su curso hasta su terminación. La Procuraduría General de la República y los Fiscales Específicos devolverán a la Tributación Directa, dentro del plazo de un mes, las certificaciones que tengan en su poder, que no hayan sido distribuidas, o cuyo cobro judicial no haya sido gestionado.

La actual Oficina de Cobros de la Tributación Directa y su personal pasará a formar parte de la Dirección General de Hacienda dentro del término de dos meses contados a partir de la vigencia de esta ley.