Resolución 01896

1.-

La representante de la sucesión accionante , en escrito presentado el

catorce de agosto de dos mil catorce, promovió la presente acción para que en

sentencia se declare que ha demostrado médica, documental y

testimonialmente que existió un error al momento de que el padre realizara el

reconocimiento, esto por su enfermedad mental que gravemente padecía para

el mes de agosto de dos mil doce; momento del reconocimiento y mucho

menos sabía de las implicaciones que traería el reconocimiento en dicho acto

en vida, mucho menos después de su muerte, ello por la implicación que

acarrea para ella y sus hermanos. Que se indique al Registro Civil donde se

anula el acto del reconocimiento erróneamente formulado por quién en vida fue

el padre [Nombre 001]. Que el menor lleve los apellidos [Nombre 004] y al pago

de las costas del proceso.

2.-

La apoderada especial judicial de la demandada contestó la acción en

el memorial de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce y opuso la

excepción de falta de derecho y falta de legitimación activa .

3.-

El Juzgado Segundo de Familia del Primer Circuito Judicial de San

José, por sentencia de las diez horas cincuenta y dos minutos del diecisiete de

agosto de dos mil dieciséis, dispuso

: "Se declara con lugar la excepción de

Falta de Legitimación Activa que interpone la parte demandada y, por carecer

de interés, se omite resolver sobre la Excepción de Falta de Derecho. Por

resultar irrelevante, se omite pronunciamiento en torno a la existencia de interés

actual. Consecuentemente, se declara sin lugar la presente demanda. Se

condena a la parte actora al pago de ambas costas (artículo 221 del Código

Procesal Civil). ". (Sic).

4.-

La albacea de la sucesión actora apeló, y el Tribunal de Familia del

Primer Circuito Judicial de San José , por sentencia de las once horas veintiún

minutos del veinte de marzo de dos mil diecisiete, resolvió

: "Se rechaza la

nulidad invocada y se confirma la sentencia recurrida". (Sic).

5.-

La parte actora formuló recurso para ante esta Sala, en escrito

presentado el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, el cual se fundamenta

en las razones que se dirán en la parte considerativa.

6.-

En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,

I.-

En su escrito de demanda, la albacea provisional

de la sucesión actora interpuso acción para que en sentencia se anule el acto

de reconocimiento del menor [Nombre 005] como hijo de [Nombre 001], ya que

est e último padecía de enfermedades mentales y físicas que le impedían tener

conocimiento de ese acto; y se declare que el menor debe llevar los apellidos

[Nombre 004]. Pidió, además, que se condene a la accionada al pago de

ambas costas del proceso. Como base de su petitoria, dijo que el 30 de

agosto de 2012 al ser las 10:00 horas, dicho señor se apersonó al Registro

Civil a reconocer como hijo suyo al menor, por lo que hoy día lleva los apellidos

[Nombre 005]. Resaltó que aquel reconocimiento se dio pese a un

padecimiento físico que le impedía desde el año 2004 engendrar; y sufrir una

demencia grave. Expuso que dentro del expediente n.° 13-000668-0186-FA, se

acreditó en un proceso de insania que el señor [Nombre 001] tenía

padecimientos mentales y físicos desde tres años antes al 17 de octubre de

2013, por lo que para el 30 de agosto de 2012, no estaba en condiciones de

realizar el reconocimiento. Expuso que la accionada en el expediente n.°

12-001746-0672-VD, tramitado en el Juzgado de Violencia Doméstica de San

José, dijo que el padre del menor era un trailero de Turrialba, lo cual conocía

[Nombre 001], pero aún así, él le reconoció como su hijo (folio s 204 a 213). La

apoderada especial judicial de la demandada contestó en los términos del

escrito presentado el 8 de diciembre de 2014, manifestando que el señor

[Nombre 001] tenía conocimiento de que el menor no es su hijo biológico, y aún

así lo reconoció como suyo. Interpuso las defensas de falta de derecho y falta

de legitimación activa. Solicitó que se declare sin lugar la demanda y se

condene a la sucesión actora al pago de ambas costas (folio 232 a 236). El

Juzgado, por sentencia n.° 733-2016 de las 10:52 horas del 17 de agosto de

2016, acogió la excepción de falta de legitimación activa, declaró sin lugar la

demanda y condenó a la parte atora al pago de ambas costas (folio s 300 a

302). La parte vencida apeló (folio s 307 a 312) y el Tribunal de Familia, por

sentencia n.° 242-2017 de las 11:21 horas del 20 de marzo de 2017, confirmó

lo resuelto (folio 333 a 336 vuelto).

AGRAVIOS: Recurre ante esta instancia la parte actora y describe

sus inconformidades de la siguiente forma:

Reclama que el Tribunal

confundió albacea con herederos e impugnación por falsedad o nulidad

absoluta de reconocimiento con su revocabilidad. Razona que si bien el

reconocimiento es irrevocable por quien lo hizo e incontestable por los

herederos, la ley contempla la anulación cuando fue realizado por falsedad o

error. En su criterio, la confusión que le achaca al Tribunal, le llevó a declararla

no legitimada para interponer la demanda y el pago de costas, lo que

considera arbitrario, pues le deja en estado de indefensión, con lo cual se viola

la lógica y la sana crítica racional. Considera que el ad quem violentó los

numerales 521, 548, 572 y siguientes, 835 y 837 del Código Civil así como 33,

39 y 41 de la Constitución Política.

En primer término, resalta que el artículo

521 del Código Civil establece que la sucesión comprende los bienes,

derechos y obligaciones del causante, pero no a sus herederos. Por otro lado,

resalta que el albacea es el administrador y representante de la sucesión con

facultades de mandatario con poder general, y los herederos son las personas

con derechos sobre los bienes de esta. Tilda de confuso el razonamiento del

Tribunal, pues para este, el albacea es el representante de los herederos y

estos son la sucesión, pues no fueron los herederos quienes impusieron el

proceso, si no la sucesión, representada por su albacea que considera tiene

intereses diferentes a los de los herederos, ya que su fin es la administración

de los bienes con independencia de quienes sean ellos.

Destaca que el

Código de Familia establece que el reconocimiento puede ser impugnado

cuando se haya hecho con falsedad o error, caso en el cual es absolutamente

nulo y puede declararse de oficio o a instancia de un interesado, sin importar si

es heredero o no. Asevera que en apariencia existe una contradicción entre el

numeral 87 del Código de Familia con el 86 del mismo cuerpo normativo y el

837 del Civil, más no es así, pues precisa que si el reconocimiento no se hizo

por falsedad o error, el que lo efectuó no puede solicitar al Registro Civil que lo

revoque o anule, la única forma de hacerlo es mediante un juez. Refiere que la

revocación del acto administrativo a que se refiere el numeral 87 del Código de

Familia, es en sede administrativa, por otro de igual naturaleza, ya que no

puede asegurarse que ese acto administrativo tenga autoridad de cosa

juzgada por no ser una sentencia judicial. Así las cosas, sostiene que el

Tribunal de Familia confundió la revocación en vía administrativa con una

nulidad absoluta o la revocación de un fallo por nulidad en sede judicial.

4.-

Reclama la existencia de buena fe en su proceder procesal, incluso en una

sentencia de primera instancia anulada se le otorgó la razón y el error de

haberse creído legitimada para impugnar el reconocimiento demuestra su

buena fe, por lo que la condena en costas resulta improcedente (folio s 345 a

351).

SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL MENOR Y LA FALTA DE

LEGITIMACIÓN DE LA ALBACEA DE LA SUCESIÓN PARA SOLICITAR LA

NULIDAD DE ESE ACTO JURÍDICO: Critica la recurrente en su calidad de

albacea de la sucesión, que el Tribunal, con base en el artículo 87 del Código

de Familia, declaró sin lugar la demanda por falta de legitimación. Considera

que lo resuelto por el ad quem se dio a causa de una confusión entre herederos

y sucesión, además de que la irrevocabilidad exaltada en aquel numeral es

administrativa, porque esos actos no pueden constituir cosa juzgada por no ser

una sentencia judicial. Los agravios no son de recibo. El artículo 84 del Código

de Familia establece el procedimiento para que los padres reconozcan a los

hijos habidos fuera del matrimonio. Una de las formas de hacerlo es mediante

gestiones realizadas ante el Registro Civil, como efectivamente lo hizo el señor

[Nombre 001], quien compareció ante la oficina correspondiente y mediante

acta de reconocimiento n.° 36575 (folio 3), expresó su voluntad y estableció de

ese modo la filiación del menor [Nombre 005] como su hijo. El reconocimiento

se puede efectuar ante el Registro Civil, el Patronato Nacional de la Infancia o

ante notario. No es un acto de la Administración, sino de un sujeto de derecho

privado que provoca después una actuación administrativa, disponiendo o no

su inscripción, tal y como lo establece el artículo 63 de la Ley n.° 3504 de 10 de

mayo de 1965, publicada en La Gaceta n.° 117 de 26 de mayo de 1965 (Ley

Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil) al

determinar: “ARTÍCULO

Los actos de legitimación, reconocimiento,

filiación, divorcio, separación judicial, nulidad de matrimonio, ausencia,

presunción de muerte, interdicción judicial, adopción, naturalización y opción

o cancelación de nacionalidad, se inscribirán de oficio, a solicitud del

interesado o de quien lo represente, o por mandamiento de la autoridad

competente y deben constar al margen del respectivo asiento”

. Al fallecer el

señor [Nombre 001], la albacea provisional de la sucesión impugnó el acto de

reconocimiento por incapacidad mental de quien lo hizo. Las reglas de los

numerales 86 y 87 del Código de Familia se refieren a la impugnación por

falsedad o error; pero en ellas no se contempla la incapacidad mental de quien

reconoce como causa de invalidez pues en este supuesto no existe falsedad o

error sino nulidad por inexistencia de voluntad para hacer el reconocimiento

(artículos 835 y 837 del Código Civil). En este sentido, tanto las sentencias de

primera como de segunda instancia confundieron las normas para la resolución

del caso, pero aun y suprimiendo ese error y aplicando las normas correctas, el

resultado del proceso es el mismo por las razones que se dirán. La actora en

su calidad de albacea de la sucesión reclama la anulación del reconocimiento,

por cuanto considera que el causante estando privado de lucidez en el

momento que consintió aquel acto, carecía de capacidad mental para entender

la trascendencia y consecuencias de su accionar. En este caso, las normas

que regulan la posible nulidad de ese acto, no son como se dijo, los numerales

86 y 87 del Código de Familia, sino las normas generales contenidas en el

Capítulo V del Título V del Código Civil, referentes a la nulidad y rescisión de

los actos y contratos. Según el numeral 835 de ese cuerpo normativo, se

indica: “ARTÍCULO 835.- Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: / 1º.-

Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para

su existencia. / 2º.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige

que en ellos interviene (sic). / 3º.- Cuando se ejecutan o celebran por

personas absolutamente incapaces” .

Sin entrar a analizar si efectivamente el

causante se encontraba o no dentro de alguna de las causales de nulidad del

reconocimiento, la actora, en su condición de albacea de la sucesión no se

encuentra legitimada para solicitarla, ya que conforme al artículo 837 de ese

Código carece de interés. La norma de comentario señala: “ARTÍCULO 837.-

La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella

y

debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la

aleguen: y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las

partes, ni por un lapso de tiempo menor que el que se exige para la

prescripción ordinaria” . (Lo resaltado es agregado). En el caso bajo análisis,

como se dijo, la actora interpone la demanda en su condición de albacea de la

sucesión (folio 204), quien doctrinariamente es concebida como la persona

designada por el testador o por el juez para cumplir las disposiciones

testamentarias, representar a la sucesión, administrar el patrimonio y liquidar y

dividir los bienes, de acuerdo con el testamento o lo que señale la legislación

ordinaria. Por lo anterior, un albacea no está legitimado para accionar en este

tipo de procesos, porque no es representante de los herederos, únicos

interesados respecto de los que el reconocimiento efectuado podría generar

efectos en su patrimonio, sino de la sucesión y como tal encargado de

“administrar” los bienes del difunto y representar a la sucesión tanto en juicio

como fuera de él (artículo 548 del Código Civil), hasta el momento en que se

entreguen a sus herederos y legatarios. Las facultades del albacea son las

mismas que las de un mandatario con poder general, con las restricciones que

enumera el artículo 549 del Código Civil. Conforme a estas disposiciones y el

numeral 1255 de aquel cuerpo normativo, las funciones del albacea están

limitadas a la administración del patrimonio del causante, por lo que legalmente

no se encuentra legitimado para impugnar, en nombre de la sucesión, el

reconocimiento de un menor que en vida hiciera aquella persona. Por

consiguiente, la decisión del Ad quem de declarar sin lugar la demanda por

falta de legitimación es correcta, aunque no amparada en las normas del

Código de Familia, sino en las del Código Civil citadas. La alegada confusión

entre herederos y sucesión carece de interés para efectos de este recurso,

pues es claro que la actuación de la recurrente a lo largo del proceso es en su

calidad de albacea de la sucesión, quien en el ejercicio de ese cargo se limita

a la administración del patrimonio del causante y a la representación de la

sucesión.

SOBRE LA CONDENA EN COSTAS: Solicita la recurrente se

exima del pago de costas a su representada, pues ha actuado a lo largo del

proceso con evidente buena fe, al considerar que estaba legitimada para

impulsar el reconocimiento, lo cual se refleja incluso en una primera sentencia

anulada, en la cual se le dio la razón. El agravio no es de recibo, pues la

exoneración, de conformidad con el artículo 222 del Código Procesal Civil se

trata del ejercicio de una facultad y si el Tribunal decidió no ejercerla, lo así

dispuesto escapa a cualquier control de legalidad (ver en igual sentido las

resoluciones de esta Sala números 951 de las 14:00 horas del 30 de junio de

2010, 411 de las 09:30 horas del 4 de mayo de 2012 y 1013 de las 09:50

horas del 15 de octubre de 2014).

CONCLUSIÓN FINAL: Conforme con lo que viene expuesto

procede declarar sin lugar el recurso, con las costas a cargo de quien lo

promovió (artículo 611 del Código Procesal Civil).