Resolución 01385

Mediante sentencia N° 2020-0770 de las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veinte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: "

II.E.5., II.E.6. y V.C. NOTIFÍQUESE. Rosaura Chinchilla Calderón Patricia Vargas González Kathya Jiménez Fernández Juezas. (sic) ".

Contra el anterior pronunciamiento el licenciado Segismundo Araya Zúñiga y el licenciado Carlos Meléndez Lugo, interpusieron recurso de casación.

Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.

En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa la Magistrada Solano Castro; y,

Mediante voto Nº 2020-01641, de las 18:55 horas, de 27 de noviembre de 2020, la Sala, admitió para estudio de fondo el primer motivo del recurso de casación planteado por el licenciado Segismundo Araya Zúñiga, en su condición de defensor particular del imputado [Nombre 001], y el primer alegato de casación por adhesión que formula el representante del Ministerio Público, licenciado Carlos Meléndez Lugo, contra la resolución Nº 2020-0770, de las 10:50 horas, de 18 de mayo de 2020, del Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, que por mayoría, declaró parcialmente con lugar los motivos primero y cuarto del recurso de apelación incoado por la defensa particular. Así las cosas, el ad quem mayoritariamente revocó del fallo N° 1355-2019, de las 17:00 horas, de 10 de diciembre de 2019, del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, sede oeste, el extremo de la condena, en lo siguiente: a.-) Los hechos probados configurativos de estafa de menor cuantía, enumerados como 3.4.D de fecha 22 de octubre de 2002, por la suma de $2000; 3.4.E del 4 de noviembre de 2002, por el monto de $3430; 4.5 de fecha 6 de enero de 2003, por $1100; 4.5 de 20 de enero de 2003, por la suma de $2532; 4.5 de 3 de febrero de 2003, por $900; 4.5 del 7 de febrero de 2003, por $1500; 4.5 de 10 de febrero de 2003, por $2352; 4.5 de 24 de febrero de 2003, por $3400; 4.5 de 3 de marzo de 2003, por el monto de $700; 4.5 de 4 de marzo de 2003, por $3000; 4.5 de 19 de marzo de 2003, por la suma de $1500; 4.5 de 24 de marzo de 2003, por $1900; 4.5 del 1° de abril de 2003, por $2100; 4.5 de 4 de abril de 2003, por $470; 4.5 de 7 de abril de 2003, por $2300; 4.5 de 8 de abril de 2003, por $2300; 4.5 de 28 de abril de 2003, por $3000; 4.5 de 6 de mayo de 2003, por $3000; 4.5 del 8 de mayo de 2003, por $1400; 4.5 de 13 de mayo del 2003, por $1800; 4.5 del día 16 de mayo de 2003, por el monto de $460; 4.5 de fecha 19 de mayo de 2003, por $1500; 4.5 de 27 de mayo de 2003, por la suma de $824, y 4.5 del 7 de julio de 2003, por $500. En consecuencia, acogió la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, y por mayoría, procede a absolver al endilgado de la sanción punitiva impuesta por el a quo. Por criterio unánime rechaza la excepción de prescripción en lo atinente a los restantes hechos de mayor cuantía y en torno al tema civil; b.-) Revoca además, la calificación jurídica de los hechos probados (“no prescritos penalmente”), contenidos en el acápite 3.4 A de fecha 2 de octubre de 2002 por $6500 (2397460 colones); B del 8 de octubre de 2002, por la suma de $4200 (1551312 colones), y C del 15 de octubre de 2002, por $5800 (2146464 colones), todos del caso Ext Promociones S.A.J; 4.5 acontecido el 14 de enero del 2003, por $5270 (3054386,60); el 4 de febrero de 2003 por $4500 (1719180,00), y el 26 de marzo de 2003, por la suma de $4000 (1550640,00), correspondiente del asunto Boulevard o La Esquina Ideal, y en el apartado número 5 de la resolución de primera instancia del 12 de noviembre del año 2002, por $6000 (2238850,00), caso Caramar, mismos que por mayoría, recalifica a siete delitos de estafa de mayor cuantía en modalidad de delito continuado (confrontar folios 1089 a 1154, y 1156 a 1159).

Recurso de Casación planteado por el defensor particular del imputado [Nombre 001]. Motivo admitido.

Quebranto al principio de imparcialidad. Arguye el patrocinio letrado de la persona imputada que, la resolución dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia, vulnera los preceptos 7, 35, 39, 41, 121, inciso 20, 152 y 153 de la Constitución Política; artículos 1, 3, 175, 178 incisos a), e inciso b) del numeral 468 del Código Procesal Penal, por cuanto, soslaya los principios de juez natural, imparcialidad y del debido proceso, puesto que con anterioridad a dirimir el recurso de apelación, la Jueza Penal Jiménez Fernández, “… había aperturado uno de los debates bajo esta misma causa; y en funciones de Juez de Juicio anuló el auto de apertura a juicio; deciden (sic) dictar el fallo que hoy cuestiono en esta vía…” (confrontar folio 1165 de Tomo III). En ese sentido, expone que en la apertura de juicio de fecha 4 de marzo de 2010, en la cual, se ordenó el reenvío de la causa a audiencia preliminar, con el propósito de subsanar defectos absolutos derivados “de la declaratoria de invalidez e ineficacia del referido auto de apertura a juicio” (confrontar folio 1166), Jiménez Fernández, integró el Tribunal Penal, junto con la licenciada Ramírez Angulo, identificada para aquel momento como Cinthya Angulo Angulo, quien dictó la sentencia condenatoria N° 1355-2019, de las 17:00 horas, de 10 de diciembre de 2019, del Tribunal de Juicio de Pavas. Detalla que, hasta la emisión del fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia impugnado, logra determinar que la jueza Cinthya Angulo Angulo, era la misma persona que la jueza Cinthya Ramírez Angulo, debido al cambio de nombre y de apariencia física de la juzgadora, así como el tiempo transcurrido, aunado a que dicha funcionaria no comunicó a las partes, en tal sumaria, su intervención previa que desde su perspectiva, era lo correcto. Aduce el licenciado Araya Zuñiga, que para el Tribunal de Apelación de Sentencia, el actuar de las juezas Jiménez Fernández y Ramírez Ángulo, en la apertura de debate del 4 de marzo del año 2010, no constituyó inconveniente para que la segunda, fungiera de nuevo como jueza de debate, y la primera, como jueza de apelación, puesto que según ese criterio jurídico, no externaron del caso, razones de fondo al anular el auto de apertura a juicio y disponer la realización de una nueva audiencia preliminar. En contraposición a esa tesis, indica el recurrente que al iniciarse el contradictorio, ya con la intervención de ambas administradoras de justicia, en virtud de la lectura a los hechos contenidos en la querella y en la pieza acusatoria, escucharon tanto, la estrategia o teoría de la defensa técnica, a su vez, la discusión surgida de evacuar prueba testimonial, e incluso, de la posibilidad de recalificar el cuadro fáctico reprochado (confrontar folios 1171 a 1172). A mayor abundamiento, señala que dichas juezas “…conocieron prueba, hechos, alegatos y hasta anularon un auto de apertura a juicio, indicando que (sic) hechos no estaban contenidos y que había errores en la calificación jurídica; y bajo pretexto de garantizar derechos del imputado, lo que hicieron fue remitir de nuevo a la audiencia preliminar para que subsanaran los defectos; función que no era propia del tribunal de Juicio porque estaban para juzgar lo judicializado; no ordenar remendar las piezas u omisiones…” (confrontar folio 1174). En ese orden de ideas, pretende que se analicen las actas de juicio, visibles de folios 506 a 508 de la sumaria, mismas que obedecen a la apertura de debate del mes de marzo del año 2010, en la que intervienen las juzgadoras Ramírez Ángulo y Jiménez Fernández (confrontar folios 1175 y 1208). Agrega que es de su interés, la valoración del audio de la apertura del juicio de fechas 4 y 5 de marzo de 2010, con la finalidad de acreditar que dichas funcionarias, se impusieron de los hechos propios del debate y resolvieron temas de fondo. Aspecto que, desde la óptica del impugnante, justificaba la inhibitoria, de ahí, el quebranto que reclama de los principios de juez natural y de imparcialidad (confrontar folio 1208). En respaldo de su argumento, invoca el voto N° 1954-2012 de la Sala de Casación Penal. Estima que el agravio surge ante el menoscabo del artículo 35 de la Constitución Política, al reflejar la indiferencia de garantizar “la investidura de los jueces”, por lo que surge un defecto absoluto, contemplado en el numeral 178 del Código Procesal Penal, circunstancia que visualiza como única solución. Solicita anular el fallo cuestionado. Pretende que se declare con lugar el motivo, y se anulen las resoluciones dictadas por el a quo y por el ad quem (confrontar folios 1180 y 1258 frente y vuelto del expediente, Tomo III). El motivo se declara sin lugar. Refiere la defensa técnica de la persona imputada, que en este proceso penal, ha surgido un defecto de carácter absoluto, ante el menoscabo de los principios de juez natural y de imparcialidad, pues, las Juezas Kathya Jiménez Fernández, y Cinthya Ramírez Ángulo, en fechas 4 y 5 de marzo del año 2010, conocieron de los hechos de la querella y de la pieza acusatoria, escucharon la teoría defensiva del caso, aunado a la posibilidad de evacuar prueba testimonial, e incluso, de la eventual circunstancia de recalificar el cuadro fáctico incriminado, así como, de imponerse de temas propios del juicio, y zanjar el fondo de la litis, particularidades que en el parecer del defensor privado, generarían la nulidad de la resolución N° 2020-0770, de las 10:50 horas, de 18 de mayo de 2020, emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. Al respecto, se infiere que el eje medular de su discurso lo enmarca a los acontecimientos que expresamente señala como verificables en las actas de juicio, de fechas 4 y 5 de marzo de 2010, visibles de folios 506 a 508 de los autos. Nótese en primer término, que del estudio de fondo a ese puntual ámbito temporal, se colige la gestión de protesta por actividad procesal defectuosa realizada por el licenciado Araya Zuñiga, bajo los siguientes consideraciones: i.-) Incumplimiento de requisitos en el poder especial concedido por la víctima, al licenciado Álvaro Rodríguez Alfaro, por lo que se enfatiza su falta de legitimación. ii.-) Ausencia de la declaración indagatoria de su representado, sobre los hechos contenidos en la acusación privada. iii.-) Ante el rechazo de la querella surgida en la audiencia preliminar, se debió tener como inexistente las circunstancias fácticas leídas al inicio del juicio, por el licenciado Rodríguez Alfaro, y declinarse su intervención en el debate. Extremos que fueron resueltos por el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sede Suroeste, a cargo de las Juzgadoras Gabriela Rodríguez Morales, Kathya Jiménez Fernández, y Cinthya Ramírez Ángulo, el día 5 de marzo del 2010, a las 10:20 horas, de acuerdo a las consideraciones que de seguido se detallan: “En primer término, cabe destacar que de la relación de los artículos 179, 422, 424 del Código Procesal Penal se extrae que las resoluciones y actuaciones serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidas, y “las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio (…)” Bajo esa premisa, y siendo que los argumentos del gestionante corresponden a valoraciones compatibles con motivos que fundamentarían entrar a conocer sobre vicios en el procedimiento procede el Tribunal a pronunciarse sobre los extremos planteados, en los siguientes términos: El Poder Especial Judicial otorgado por [Nombre 003] en calidad de denunciante, al Licenciado Álvaro Rodríguez Alfaro reúne las formalidades mínimas requeridas y en consecuencia la exigencia que establece el artículo 76 del Código Procesal Penal en el sentido de que… “el querellante deberá actuar con el patrocinio de un abogado. La querella podrá ser iniciada y perseguida por un mandatario, con poder especial para el caso.” Tal afirmación se extrae el Tribunal al examinar el Poder Especial Judicial visible en folio 30, fechado setiembre 2003, firmado por el denunciante y autenticado por la Licenciada Fiorella Flores Rivera. Nótese que específicamente en lo que interesa, señala: …para que actúe en mi nombre y representación en el presente proceso penal, con la facultad de denunciar, así como de actuar en todas las instancias, recursos ordinarios y extraordinarios, transigir, renunciar a cualquier trámite o audiencia, recusar funcionarios (…) Este mandato tiene vigencia hasta que la sentencia quede firme… Por otro lado, observa el Tribunal que el licenciado Rodríguez Alfaro ha venido actuando durante la fase preparatoria e intermedia (confrontar acta de audiencia preliminar de folio 391) en representación del poderdante sin que se haya planteado por el interesado alguna renuncia o protesta a que éste lo represente, e incluso se ha presentado a debate el día de hoy acompañado de su abogado. Así las cosas, no solo de la transcripción literal del documento permite establecer las facultades que como querellante ha otorgado el interesado al licenciado Rodríguez desde el inicio de la investigación, sino que se ha hecho representar o acompañar por él a lo largo del proceso. Bajo estas circunstancias se declara sin lugar la protesta y se mantiene como abogado del querellante al Licenciado Rodríguez Alfaro” (confrontar folio 507 frente y vuelto, Tomo II). (La mayúscula pertenece al texto original). Con relación al segundo acápite de la actividad procesal defectuosa, el a quo al resolverla, indica: “b) Respecto de la no indagatoria del acusado [Nombre 001] por los hechos de la querella, debe señalarse que efectivamente se incurrió en esa omisión por parte del Ministerio Público al no haber cumplido con la exigencia del último párrafo del artículo 300 del Código Procesal Penal. De acuerdo a las diligencias realizadas se determina que la indagatoria del acusado [Nombre 001] se practicó el 19 de abril de 2004, la querella se planteó el 08 de mayo de 2004 y la acusación fiscal fue formulada ante el Juez Penal el 3 de marzo de 2008 (confrontar 179 a 182 del Tomo I, folio 50 del legajo de querella, folio 339 vuelto del Tomo I) sin que se procediera a indagar al acusado por alguno de los hechos que no estaban contenidos en la acusación fiscal. No obstante, resulta un error en el procedimiento que ha sido subsanado a lo largo de la tramitación del proceso dado de las facultades de intervención que se otorgan a la Defensa. Es decir, a criterio del Tribunal pese a que se omitió un acto que bajo otras condiciones vulneraría el derecho de defensa, en este caso y de acuerdo a la relación de los artículos 91, 95, 300, 316 y 317 del Código Procesal Penal se estima que no se han limitado, disminuido o violentado las facultades de intervención del acusado y su defensa técnica. En primer lugar, para el momento que fue indagado se encontraba agregada prácticamente la totalidad de la prueba en la que se fundamenta tanto la acusación fiscal como la querella, se había presentado una denuncia (folio 1 a 29) tan detallada como la querella que se presentó posteriormente; por lo que no resulta sorpresivo para el acusado. En segundo término, de acuerdo al artículo 91 en relación con el 95 citados, el acusado tiene la posibilidad de declarar en cualquier fase del proceso y cuando lo estime indispensable, exigiéndose únicamente la presencia del defensor, defensa técnica que le ha acompañado durante toda la tramitación del proceso. Ha valorado además el Tribunal que, al ponerse en conocimiento de la Defensa y demás partes todas las actuaciones conforme el artículo 316 del Código Procesal según consta en acta de notificación de folio 341 practicada a las 16:37 horas del 10 de marzo de 2008; el acusado tuvo la posibilidad de manifestarse en relación con las mismas y conocerlas. Así se desprende de las gestiones de folio 343 y 347 realizadas por la anterior Defensora Particular del acusado, para ese momento también querellado, en las que hizo referencia a pruebas que se pusieron en conocimiento con la convocatoria de audiencia preliminar. Por último, tanto de los cinco días que señalaba el auto de las quince horas treinta minutos del diez de marzo de dos mil ocho como durante el desarrollo de la audiencia preliminar, el acusado tuvo la oportunidad de ejercer o solicitar cualquiera de las facultades concedidas por el artículo 317 del Código Procesal Penal. Bajo las circunstancias expuestas, al no observarse vulneración al Derecho Constitucional de Defensa consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política o 1, 30, 91, 93, 95 del Código Procesal Penal, se declara sin lugar la actividad procesal defectuosa incoada” (confrontar folios 507 vuelto a 508 frente, Tomo II). Por último, en lo que concierne al cuadro de hechos acusados y su tratamiento en la audiencia preliminar, dicha integración del Tribunal de Juicio de Pavas, determinó: “c) Examinado el auto de las quince horas del cuatro de agosto de dos mil ocho mediante el que se dispuso la Apertura a Juicio, considera el Tribunal que contiene vicios no susceptible de ser subsanados en esta instancia, pues el a quo incurre en serias contradicciones y omisiones que impiden determinar el cuadro fáctico sobre el que versará el juicio oral y público, y con ello no permite a la Defensa Técnica fijar su estrategia, dificulta al acusado conocer los hechos de los que se defenderá, confunde la posición del querellante debido a que lo admite como querellante y actor civil pero no le admite la acusación particular que presentó porque su criterio es imprecisa o poco clara, y además realiza una antojadiza recalificación de los hechos que no se ajusta a un análisis técnico. Específicamente, sobre la procedencia de la acusación y la querella el juez Juan José Solano Valverde indicó, erróneamente, que los hechos querellados son los mismos que los que acusa el Ministerio Público, afirmación que es totalmente falsa y se extraería de una simple lectura de ambas piezas. Por otro lado, señala que al no ser tan claros y concretos los hechos de la querella, solo se aceptan los hechos acusados por el Ministerio Público, pero manteniendo al Querellante como parte y le admite su prueba, rechazando la solicitud de declarar tácitamente desistida la querella y acción civil. Entonces, con una errada aplicación de la ley y de las facultades que le concede el artículo 319 del Código Procesal Penal, por un lado, admite la constitución del querellante, pero le rechaza la acusación que precisamente constituye la gestión que le lleva a ostentar esa condición y a legitimarlo para actuar. Por otro realiza una recalificación de los hechos, la cual, si bien no es definitiva, de aceptarse por el Tribunal y el Ministerio Público requeriría de una advertencia previa al acusado poniéndole en conocimiento que los hechos podrían ser calificados de otra manera. Así las cosas, si bien es cierto el espíritu de la legislación procesal no es retrotraer el proceso a estadios precluidos, el Tribunal estima que los errores contenidos en el auto de apertura a juicio no admiten ser subsanados por lesionar ampliamente el derecho de intervención de las partes, y en todo caso no corresponde al Tribunal fijar los hechos sobre los que él mismo realizará el juicio oral. En consecuencia, se declara ineficaz el auto de apertura a juicio dictado a las quince horas del cuatro de agosto del dos mil ocho así como la audiencia que le precedió. Se ordena nueva sustanciación por parte de Juez distinto al que decretó la apertura a juicio. En virtud de lo resuelto, se anula lo actuado en la audiencia del día de ayer cuatro de marzo de dos mil diez y se ordena remitir las diligencias al juez penal para que realice nuevamente la Audiencia Preliminar y disponga lo que corresponda” (confrontar folio 508 frente y vuelto, Tomo II). A modo de recuento, posteriormente, en auto de las 8:30 horas, del 11 de marzo de 2010, el Juzgado Penal de Pavas, señaló la audiencia preliminar para las 13:30 horas, de 11 de junio de 2010 (confrontar folio 509, Tomo II), reprogramada el 9 de junio de 2010, para el 14 de setiembre de 2010, misma que se suspendió para el análisis de eventuales medidas alternas, empero, surge un nuevo señalamiento para el 8 de febrero del 2011 (confrontar folios 547, 555, 563 y 564, 568 a 570. Tomo II). En consecuencia, mediante pronunciamiento de las 10:00 horas, del 16 de febrero del 2011, el Juzgado Penal de Pavas, por medio de la licenciada Nancy Fernández Rodríguez, resuelve las gestiones ventiladas de las partes en la audiencia preliminar y dicta el auto de apertura a juicio (confrontar folios 570 a 576, Tomo II), cuyo debate se celebra desde el 11 de noviembre del 2019, con la integración de la Jueza Cinthya Ramírez Ángulo, y de sus homólogos Pedro Méndez Aguilar, y Jhon Tapia Salazar (confrontar folios 839 frente y vuelto, 842 frente y vuelto, 874 a 875, 887 a 889). Queda claro de la valoración supra citada, que el Tribunal Penal interviniente, donde en su momento, figuran las Juezas Jiménez Fernández y Ramírez Ángulo, se limitó a enunciar las falencias y contradicciones de lo valorado por el Juez Penal en la audiencia preliminar, en torno al cuadro fáctico, del cual, se admitió el auto de apertura a juicio, y de la serie de vicisitudes, tanto sobre el rechazo de la querella y pese a eso, mantener al querellante como parte, estableciéndose que esos yerros, no eran factibles de ser subsanados ante la vulneración al derecho de intervención de las partes. Así, de forma atinada puntualizan ( Rodríguez Morales, Jiménez Fernández, y Ramírez Angulo), que no se encontraba entre las potestades del a quo estipular el cuadro fáctico del que dependía -para aquel contexto- la realización del debate oral y público. Por lo anterior, Jiménez Fernández, Ramírez Ángulo, y Rodríguez Morales, se decantan a la luz del principio constitucional del debido proceso, en decretar ineficaz el auto de apertura a juicio cuestionado por la defensa del imputado. Sobre el particular, y en virtud del examen integral del fallo de mérito, previsto en las disposiciones normativas 459, 462 y 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, se impuso en su totalidad, de las actuaciones ya evaluadas sobre el proceder de las Juzgadoras, y descartaron el advenimiento de algún vicio esencial, que en apego de los principios de objetividad e imparcialidad de Juzgador, hubiese afectado la validez de lo ordenado por la referida administración de justicia. Producto de la revisión cuidadosa de los autos, el ad quem, señala: “Como puede determinarse de lo transcrito, el pronunciamiento del órgano de juicio versó únicamente sobre temas formales y si bien en algún instante aludió a la pieza acusatoria y a su calificación, lo hizo únicamente en función de verificar si esta era clara y si, producto de la recalificación efectuada (pues en la querella se atribuían delitos de falsificación de documento y afines), se cumplía con el derecho de defensa, temas que, finalmente, quedaron subsanados en la siguiente audiencia preliminar y que no son los que aquí se reclaman, ni tienen relación con ellos, razón por lo que no existía impedimento alguno para que la jueza Jiménez Fernández integrara este tribunal que conoció la audiencia oral y se pronuncia (sic) sobre los recursos ni la hay, tampoco, desde la perspectiva del principio de imparcialidad del tribunal, para que la jueza Angulo Angulo o Ramírez Angulo (que es la misma persona) haya integrado aquel tribunal y, luego, formara parte del órgano jurisdiccional que resolvió el asunto en la sentencia de mérito” (confrontar folio 1092 frente). (Lo destacado con negrita no pertenece al texto original). Valga agregar sobre tal argumentación, que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, consideró en la audiencia oral, llevada a cabo el 22 de abril de 2020 (programada para escuchar a las partes sobre la apelación incoada por el licenciado Araya Zuñiga), la no objeción de la integración del tribunal de alzada (confrontar folio 1090 frente, Tomo III). Por lo expuesto, descarta que alguna de las Juezas intervinientes, hubiese adelantado criterio sobre aspectos de fondo, u otros temas pertinentes a la sentencia cuestionada. Posición jurídica que sin duda esta Sala, ratifica en un todo, porque el alegato que entraña el casacionista, sobre la supuesta vulneración a los principios de juez natural y del debido proceso de las Juzgadoras Jiménez Fernández, y Ramírez Ángulo, propio de lo resuelto en torno a los reclamos de la actividad procesal defectuosa (de escuchar tanto la estrategia de la defensa, la discusión ocasionada de evacuar prueba testimonial, de la posibilidad de recalificarse los hechos, y de incluso, proferir juicios de valor sobre el fondo), responde a un simple descontento con el fallo confirmado (confrontar folios 1257 a 1259 frente, Tomo III), propuesta que no logra alcanzar la esencialidad del vicio aludido, pues, el ineludible vínculo con la materialización de un agravio irreparable, según el artículo 439 del Código Procesal Penal, en este caso, es inexistente. En otras palabras, de acuerdo con la propuesta del impugnante y del análisis de los autos, no es posible evidenciar alguna duda de imparcialidad de las Juezas Jiménez Fernández, y Angulo Ramírez, frente a lo resuelto; es decir, se desapercibe en ellas, interés personal alguno, circunscribiéndose su desempeño, por el contrario, al ejercicio de genuinas funciones como depositarias de justicia, preservando la mayor objetividad sobre aspectos estrictamente formales, que dentro de un parámetro razonable, lejos de todo prejuicio, conllevó a la anulación del auto de apertura a juicio. Criterio tomado sin la inherencia propia o derivada de sus psiquis, en el desarrollo de juicios de valor hacia la condición jurídica del imputado (confrontar folios 506 a 508, Tomo II del expediente), siendo que dicho proceder, se encuentra apegado en el numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en los preceptos 34, 39 y 42 de la Constitución Política; y artículos 5 y 6 del Código Procesal Penal. Más aún, nuestra jurisprudencia ha enfatizado que no existe vulneración al principio de imparcialidad, si la persona juzgadora interviene como juez, en un proceso en el cual, no analizó prueba, ni realizó valoraciones de fondo, a mayor amplitud, se destaca: “ … En relación a la posibilidad material que tiene la persona juzgadora de iniciar el ejercicio intelectivo sobre la base de los hechos, evidencias o elemento de prueba que conoció previamente, la doctrina ha señalado lo siguiente: “La abstención y recusación se fundan –continúa diciendo- en la valoración del término medio de las energías psíquicas. Así –señala- cuando consten uno o más elementos que hagan sospechoso al juez como tipo humano medio, se lo debe excluir del proceso sin tener en consideración el grado particular de fuerza moral…” (Clariá Olmedo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Argentina, 1964, Tomo II, pág. 242). Por ello, la existencia del aspecto objetivo de la imparcialidad parte de una circunstancia constatable o averiguable que origina la duda sobre la objetividad del Juez, de tal forma que no cualquier intervención jurisdiccional en un acto previo, produce lesión al principio de imparcialidad desde la óptica objetiva. En relación al aspecto subjetivo del citado principio, la Sala Constitucional, en la resolución 05301-2005 del 4 de mayo de 2005, señaló lo siguiente: “Constituye una lesión al debido proceso el hecho de que los jueces que participan en el debate y dictan sentencia, hayan intervenido antes en el proceso con actuaciones que impliquen un análisis y valoración sobre el fondo del asunto o que, de forma similar, comprometan su imparcialidad, todo lo cual deberá constatar la autoridad consultante.” (El destacado no corresponde al original). En el mismo sentido, esta Cámara, en un caso similar al que se analiza, dispuso lo siguiente: “Esto evidencia que no se cuestionó en ningún momento su imparcialidad y esta no se ve comprometida por el hecho de que hayan escuchado dos veces al justiciable y a la ofendida (nótese que la restante prueba sólo la conocieron en el segundo juicio, que sí se completó). Ese es el único reproche que les hace la recurrente, pero adviértase que si no expresaron nunca opinión sobre los alcances de esas declaraciones, entonces no perdieron su condición de imparcialidad y no tenían razón alguna para no conocer.”. (Sala Tercera, resolución número 2007-00763, de las 9:15 horas de 27 de julio de 2007 (el destacado es suplido, integrado por: Arroyo, Chinchilla, Ramírez, Chaves y García)). Conviene reseñar que esta Sala de Casación, como la Sala Constitucional, han señalado por ejemplo, que el solo hecho de que un juzgador haya participado en resoluciones que impongan, prorroguen o confirmen una medida cautelar, no es, por sí sola, una circunstancia que implique vulneración al principio de objetividad que debe regir la función jurisdiccional. Siguiendo esta línea jurisprudencial, se puede sostener que tampoco se vulnera dicho principio si una persona juzgadora ha participado como juez en un proceso en el cual no valoró prueba, ni emitió criterio de fondo.” (Resolución N° 2021-01026, de las 12:35 horas, de 27 de agosto de 2021, Solano Castro, Ramírez Quirós, Burgos Mata, Alfaro Vargas, y Acón Ng, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Acorde con dicha línea interpretativa, en el voto N° 2021-01120, de las 11:29 horas, de 24 de setiembre de 2021, se afirma: “… la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ha mantenido el criterio de determinar, mediante el análisis del caso concreto, si existe la reprochada violación del principio de imparcialidad del juez. En esta línea argumentativa, ha considerado lo siguiente: “Tal como lo ha sostenido de manera reiterada esta Sala, la imparcialidad del Juez no se ve comprometida por el solo hecho de participar en las etapas previas del proceso, debiéndose analizar cuidadosamente cada caso en concreto a fin de verificar si la actuación previa exigía o contenía un análisis de los elementos probatorios, de forma tal que llevaran ineludiblemente a la formación de un criterio en cuanto al caso, o bien se enunciara por parte del juzgador, conclusiones o valoraciones en cuanto al fondo del asunto. Como se comprueba del análisis de sendas resoluciones, la imparcialidad del Juez no se vio comprometida ya que en ningún caso hubo necesidad de realizar un examen del sustento probatorio de la acusación, tampoco se observan afirmaciones en torno a la responsabilidad o culpabilidad del imputado, ni se abordaron aspectos del fondo del caso, de ahí que no existía impedimento alguno para que los referidos funcionarios integraran, como lo hicieron, el Tribunal sentenciador. Consecuentemente, no existía motivo para que la defensa objetara la conformación del Tribunal, ni se encuentra evidencia de deficiencias en la labor desempeñada por la licenciada Gutiérrez Sancho, que pudiesen generar un perjuicio al encartado, por lo cual se declara sin lugar el reclamo.” (Sala de Casación Penal, sentencia número 576-2010, de las 9:05 horas del 4 de junio de 2010). Resulta oportuno agregar, “… que la doctrina entiende que un juez imparcial es aquel que aplica la ley sin tender a un fin determinado, sea propio o ajeno (acá juega la independencia) y para esto tiene vedada la realización de actividades propias de las partes (acá juega la imparcialidad). La importancia de la imparcialidad judicial radica en la necesidad de su existencia para tener por configurado un proceso como debido. Y esto se justifica en la legitimidad que ella otorga al juez como tercero ajeno al litigio para resolverlo. Las partes solo pueden concebir la resolución de un conflicto intersubjetivo de intereses por un tercero si este actúa en base al respeto de los derechos de ambas, actor y demandado, llevando a cabo un proceso según constitución (...) La heterocomposición de los procesos contenciosos implica la necesidad de que sean resueltos por un tercero imparcial, ajeno a los intereses en conflicto. Esta imparcialidad, desde luego, no se equipara con la neutralidad, puesto que al Juez se le exige un compromiso con la verdad y la justicia, que a la postre se expresa en juicios de valor que cuestionan o contravienen la posición de las partes.” (PICADO VARGAS, El derecho a ser juzgado por un juez imparcial. En: Revista IUDEX, N°2, agosto 2014, pp. 38 y 39). De todo lo anterior se colige, la importancia que tiene en el sistema judicial el respeto al debido proceso, el cual se conforma de principios y garantías, dentro de las que se encuentran las aquí mencionadas de imparcialidad, objetividad y juez natural, que son determinantes para la justicia penal. Ahora bien, para que exista una vulneración del principio de imparcialidad del juez, se requiere, prima facie, llevar a cabo un estudio de las actuaciones jurisdiccionales en las cuales ha participado la persona juzgadora para determinar, en el caso concreto, si sus valoraciones han requerido un análisis de fondo respecto a cuestiones medulares de la imputación formulada y sobre las cuales emitió pronunciamiento, o bien, si el examen ha versado sobre aspectos de trámite o de cumplimiento de requisitos formales que conllevan una evaluación somera para decidir sobre un aspecto específico del procedimiento, que no contempla un escrutinio sustancial. Y, con respecto al juez natural, si este fue nombrado para el caso concreto, o bien, estaba dentro de sus funciones ordinarias para el nombramiento legal que desempeñaba …” (Solano Castro, Ramírez Quirós, Burgos Mata, Alfaro Vargas, y Segura Bonilla, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). (La Mayúscula y negrita pertenece al texto original). En virtud de las razones de hecho y de derecho planteadas, resulta inexpugnable aseverar el contenido recursivo que elige el litigante en su motivo, al desacreditarse la concurrencia de algún error judicial determinante y evidente en torno a una (especulativa) valoración de los elementos de prueba que hubiese afectado de forma sensible la objetividad e imparcialidad de la integrante del Tribunal de Pavas, y de la miembro del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, que coparticiparon en el juzgamiento y en la confirmación de la declaratoria de culpabilidad del aquí encartado (confrontar folios 890 a 966, y 1089 a 1154 del expediente, Tomo III), en detrimento de los derechos fundamentales del enjuiciado. Actuar recursivo, que por el contrario, refleja la promoción de la nulidad por la nulidad misma de la sentencia penal, y del voto de alzada. En todo caso, con base en el examen de fondo, se infiere como aspecto relevante que, de las incidencias acontecidas el día 4 de marzo de 2010 (confrontar folios 506 frente y vuelto), y resueltas el 5 de marzo de 2010 (confrontar folios 507 a 508 vuelto, Tomo II), donde intervienen las Juezas Jiménez Fernández y Ramírez Angulo, no surgen hechos averiguables que suscite dudas en relación a su imparcialidad, máxime que como se ahondará, para aquel entonces, no tuvieron el menor vínculo con el acervo probatorio. A contrario sensu, la responsabilidad penal -posteriormente- demostrada contra el justiciable, se funda en un iter lógico cuyo cuadro de hechos probados (confrontar folios 917 frente a 922 vuelto), es construido a partir de la concatenación razonada de juicios de valor asignados a cada uno de los elementos de prueba, evacuados en el contradictorio, a la luz de los principios de la oralidad, de inmediación, y de debido proceso, según las disposiciones normativas 180 a 184, 326, 328, 330, 333, 335, 341 a 343, 345, 349, 350 a 353, 356 a 358, 360 a 365, y 368 del Código Procesal Penal, a saber: testimonial de [Nombre 004] (confrontar folios 926 vuelto a 927 vuelto), [Nombre 005] (confrontar folios 927 vuelto a 930 vuelto), [Nombre 003] (confrontar folios 930 vuelto a 937 vuelto), y [Nombre 006] (confrontar folios 937 vuelto a 939 vuelto), en suma a la defensa material de [Nombre 001] (confrontar folios 923 a 926 vuelto); y a la prueba documental incorporada al juicio, visible de folios 939 vuelto a 942 frente); en estricta aplicación a las reglas del correcto entendimiento humano, que permitieron al Tribunal Colegiado, atribuir con certeza la responsabilidad del acusado (confrontar folios 942 a 953 vuelto), imponer la pena (confrontar folios 953 vuelto a 958 vuelto), dirimir cada uno de los cuestionamientos de la defensa relativo a las comunicaciones realizadas mediante correo electrónico, etc. (confrontar. folios 948 vuelto a 960), resolver el extremo de la acción civil resarcitoria (confrontar folios 961 a 962), y absolutorias por otras imputaciones (confrontar folios 963 a 966). Al respecto, según ese orden de ideas, el a quo, entre otros aspectos, concluye: “… El imputado procede a engañar a [Nombre 003] y simula la existencia de procesos judiciales, engaño que realiza de forma sumamente completa, pues mediante comunicaciones electrónicas va imponiendo al ofendido de actos procesales que deben realizarse los que supuestamente justificaban los depósitos que le solicitaba, incluso, procede a confeccionar supuestas resoluciones judiciales que justifican los inexistentes actos del proceso, para dirigir a error al ofendido y lograr la disposición patrimonial por medio del otorgamiento de los distintos depositos (sic) que realizo (sic). Como vemos se trata de una simulación o engaño en el que se procedió a hacer pensar al ofendido que se instauraron procesos judiciales para embargar propiedades que le permitieran al ofendido detener la venta de las mismas y posteriormente se posibilitara su adjudicación para posterior venta, pero en realidad estos procesos nunca fueron instaurados por esta persona, siendo todo ello parte del desarrollo de la actuación engañosa, donde se obtuvo los respectivos depositos (sic) de dinero a favor del imputado. Esta situación de engaño hizo incurrir al ofendido, indiscutiblemente, en error, el cual no podía ser percibido sencillamente debido al sofisticado y limpio artificio de simulación de una situación irreal para aparentar actos procesales que nunca se realizaron, generando al ofendido un perjuicio economico (sic) que ascendio (sic) a OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES (al tipo de cambio de hoy sería la suma de CINCUENTA MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS COLONES”). (confrontar folio 956 vuelto). (La Mayúscula pertenece al texto original). Por su parte, el ad quem en lo que atañe a la declaratoria de culpabilidad, la describe como consecuente de los alcances del contradictorio, verbigracia: “… la sentencia no se apoyó exclusivamente en los documentos, sean estos comunicaciones, fax o estados bancarios, sino que también el dicho del ofendido mereció credibilidad, tanto como el de los otros testigos (la pareja de este [Nombre 005] quien tuvo conocimiento directo de lo sucedido y Luis Alfredo Montes Solano, abogado contratado por el querellante para que investigara cómo iban los procesos judiciales que el endilgado le describía a este y que él determinó que no existían) y no tuvo el mismo trato (por razones ampliamente explicadas en la sentencia y que fueron correctamente derivadas por el tribunal) la tesis defensiva, expuesta por el encartado y quien fuera su asistente [Nombre 006] (que versó sobre el hecho de que entre el encartado y el perjudicado existió una relación amorosa y, en virtud de ella, este giró diferentes sumas de dinero a aquel, por liberalidades o préstamos y que el endilgado satisfizo sin dejar constancia de los pagos). Sin embargo, inclusive suprimida hipotéticamente toda la prueba documental, dada la libertad probatoria que rige el proceso penal y la contundencia del relato del denunciante frente a las incoherencias de la tesis defensiva, la determinación fáctica permanecería incólume, lo que significa que ninguna de las quejas expuestas es idónea para generar un perjuicio efectivo a los intereses defensivos” (confrontar folio 1131 frente y vuelto, Tomo III). Finalmente, con respecto al voto N° 2012-01954, de las 14:16 horas, de esta Sala, que evoca el litigante en apoyo de su motivo de casación, es importante aclarar que el supuesto por el cual, de oficio -en ese asunto- se anula la resolución del ad quem, gira en torno a un manifiesto quebranto al principio de imparcialidad del juez, al comprobarse la existencia de dos fallos de fondo esgrimidos por el mismo juzgador de alzada, donde en el primero, se anula la sentencia absolutoria y estipula el reenvío; y en el segundo, ratifica la condena y estima sin lugar el recurso de apelación de la defensa. Así, concluye la Sala, que, ante la doble intervención del Juez, en resoluciones que evaluaron de manera integral cada una de las actuaciones y pruebas sometidas al juicio, imperó un notable compromiso a los principios de imparcialidad y de objetividad que tienen que prevalecer en la función jurisdiccional (Ramírez Quirós, Chinchilla Sandí, Pereira Villalobos, Arias Madrigal, y Arroyo Gutiérrez, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Así las cosas, en el presente estudio, no existe defecto absoluto que afecte los derechos fundamentales del imputado. Se descarta el quebranto de los principios de objetividad y de imparcialidad que cita la defensa privada, por cuanto, como bien se expuso líneas atrás, la anulación del auto de apertura a juicio (confrontar folios 506 a 508, Tomo II del expediente), no implicó adelanto de criterio, en relación a temas de fondo, u otros aspectos sobre los que versa el fallo impugnado. En resumen, el motivo incoado debe declararse sin lugar.

Recurso de Casación formulado por el representante del Ministerio Público. Motivo admitido. Aplicación equívoca del precepto legal sustantivo 77 del Código Penal. Expone el impugnante que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, en su criterio de mayoría, aplica de manera errada la norma sustantiva, en lo que concierne a los alcances del delito continuado, al sostener dicho órgano jurisdiccional, que según el cuadro fáctico de marras, se trata de un concurso material, ante un conjunto de ilicitudes prolongadas en el tiempo, y bajo esa percepción, imperaba realizar el análisis de hechos de modo independiente. Así, refuta el proceder de realizar la sumatoria de cada una de las defraudaciones para considerar el perjuicio en un solo rubro, que -equívocamente- permite establecer la pena utilizada en el cómputo del plazo (confrontar folio 1216 vuelto). De lo decidido, advierte el casacionista, que lo correcto era interpretar de acuerdo al contexto fáctico, que el conocimiento y la voluntad del imputado, facultaba el enlace o la unión de las defraudaciones, puesto si bien, todas esas estafas o fraudes, constituían un delito, precisamente el dolo de [Nombre 001], las integraba en un único delito, debiéndose entender como una sola acción típica y antijurídica, por ende, no cabía la posibilidad de valorarse independientemente para el cálculo de prescripción. Concluye, que la decisión tomada, ocasiona un perjuicio, al mal interpretar la concurrencia de diversas acciones punibles atribuidas al sujeto activo en mención, de forma que, pese a lo invariable del extremo de la pena, la absolutoria emitida por distintas conductas por las cuales, la Fiscalía gestó la condena, directamente incide en la aplicación correcta de la ley penal sustantiva. Solicita anular la absolutoria y se proceda conforme a derecho corresponde (confrontar folios 1268 vuelto a 1270 y 1216 a 1217 frente). El motivo se declara con lugar. Afirma el recurrente que en el caso concreto, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, en decisión de mayoría, incurre en incorrecta aplicación del precepto legal 77 del Código Penal, que concierne a los alcances del delito continuado, al interpretar el cuadro fáctico específico como "una mera pluralidad de acciones, que fue prolongada en el tiempo, por lo que consideró, que cada acción fue distinta una de otra y por lo tanto, debió estudiarse su cuantía de forma independiente, para establecer la prescripción" (confrontar folio 1216 vuelto. Tomo III). En ese sentido, transcribe un segmento de la tesis mayoritaria, visible de folios 1118 y 1120, para de seguido, refutar la decisión de estipular que cada conducta defraudatoria debía concebirse de manera aislada del factor final, percibiéndose como acciones diferentes, sin detenerse en el plan de autor, que fue direccionado, como una sola estafa, permanente en el tiempo, que provocó un único perjuicio patrimonial a la víctima. Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes que consta en autos, en relación estricta al extremo que discute el impugnante, de lo examinado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, se desprende el siguiente cuadro fáctico acreditado: “C) Hechos probados. Así las cosas, dado que la sentencia también absolvió al encartado por unos eventos (y rige, al respecto, el principio de prohibición de reforma en perjuicio) es menester transcribir los hechos que se tuvieron por acreditados, para verificar, solo respecto de ellos (y sin perder de vista, tampoco, la calificación dada por el tribunal referente a la existencia de un delito continuado, aspecto que, en todo caso, se retomará en otros apartados de esta decisión), cómo fueron imputados y si la acción penal se encontraba vigente al hacer dicho pronunciamiento. Ese elenco es el siguiente: «1) El imputado [Nombre 001] y el ofendido [Nombre 003], se conocieron unos seis años antes de los hechos que posteriormente se indicarán, a través de amigos comunes que los presentaron, llegando el acusado a ganarse la confianza del ofendido, quien además acudió a él para que lo asesorara como abogado.

El aquí imputado (...) a sabiendas del carácter ilícito de sus actos, aprovechándose de la relación de confianza y amistad que mediaba con el ofendido (...) al ser abogado y notario de este último, y con el exclusivo fin de obtener un beneficio patrimonial antijurídico ideó y ejecutó un plan ilícito consistente en el ofrecimiento fraudulento de interponer demandas civiles y llevar los respectivos procesos judiciales a nombre del ofendido en casos donde el ofendido tenía diferendos mercantiles con algunos socios de empresas en las cuales éste tenía participación accionaria, todo lo anterior a cambio de que el ofendido le desembolsase al imputado (...) a título de honorarios y gastos procesales, altas sumas de dinero con el fin de hacerle frente a dichos procesos. Tales ofrecimientos eran totalmente falsos toda vez que los procesos judiciales a los que el encartado (...) hacía referencia eran inexistentes.

El ofendido (...) es dueño de veinticinco acciones de (...) E.X.T. Promociones Sociedad Anónima, (…) propietaria registral de la finca del Partido de San José, matrícula número 96926-000, ubicada en Escazú, con una medida de 8622.17 metros cuadrados, la cual es parte del haber social de dicha persona jurídica y se ubica casi contiguo a Hotel Real Intercontinental en las cercanías de Multiplaza. El capital social de dicha sociedad era la suma de cien mil colones, representado por cien acciones, correspondiendo el resto del capital social, sesenta acciones a la compañía Promociones JT S.A., y al señor [Nombre 007] otras quince acciones. 3.1 En virtud de una posible venta del inmueble de marras y sobre la posible exclusión del señor [Nombre 003] como socio de las ganancias que dicho negocio generara, por ser socio minoritario, sin precisar fecha exacta pero sí durante el mes de setiembre del año 2002 y antes del 10 de octubre del año 2002, éste comunicó de dicha situación a quien para la época era su abogado de confianza el aquí sindicado [Nombre 001]. 3.2 Acto seguido, el sindicado (...) a sabiendas de la ilicitud de sus actos, conforme al plan criminal descrito supra, aprovechándose de la ignorancia que en materia legal civil y mercantil tenía el ofendido, y con el fin de obtener un beneficio patrimonial antijurídico, siempre en el período precitado y en la residencia del señor [Nombre 003] en Escazú, le indicó a este de manera ajena a la verdad que lo recomendable era iniciar un proceso civil para "embargar" dicho inmueble e impedir que los socios de la sociedad dueña del inmueble lo pudieran vender. 3.3 Creyendo en la veracidad del dicho del encartado, el señor [Nombre 003] inducido a error le indica al justiciable (...) que inicie el mencionado proceso civil de "embargo" de dicho inmueble. 3.4 De esta manera, el encartado (...) aprovechándose de que para la fecha de los hechos que se dirán, el ofendido se encontraba en Suiza, como parte de su plan delictivo, comenzó a requerir al ofendido altas sumas de dinero en dólares vía correo electrónico, teléfono o fax, mismas que falsamente refería que eran para actos procesales, solicitando al ofendido el depósito de las mismas mediante transferencias bancarias a la cuenta del Banco Nacional de Costa Rica número 200-2-002-508984-2 de la sociedad FC Inmobiliaria Playa Negra Sociedad Anónima, de la cual el encartado [Nombre 001] es Apoderado Generalísimo, según el detalle que se dirá: A) En fecha 2 de octubre del año 2002, vía correo electrónico, el encartado [Nombre 001], requirió falsamente al ofendido la suma de seis mil quinientos dólares americanos ($6500) a efecto de poder trabar el embargo en la finca en cuestión, ante lo cual, el señor [Nombre 003], inducido en error y creyendo en la real existencia del proceso civil de marras, procede mediante transferencia electrónica, desde Suiza, a cancelar al encartado [Nombre 001], la suma de seis mil quinientos dólares americanos ($6500) a través de depósito hecho a la cuenta (...) de la sociedad FC Inmobiliaria Playa Negra Sociedad Anónima, de la cual el encartado [Nombre 001] es Apoderado Generalísimo. B) En fecha 8 de octubre del año 2002, vía telefónica, el encartado [Nombre 001], requirió falsamente al ofendido la suma de cuatro mil doscientos dólares americanos ($4200) a efecto de poder realizar un depósito judicial en el embargo que interponía contra la finca en cuestión, ante lo cual, el señor [Nombre 003], inducido en error y creyendo en la real existencia del proceso civil de marras, procede mediante transferencia electrónica, desde Suiza, a cancelar al encartado (…) la suma de cuatro mil doscientos dólares americanos ($4200) (...) C) En fecha 15 de octubre del año 2002, vía fax, el encartado [Nombre 001], requirió falsamente al ofendido la suma de cinco mil ochocientos dólares americanos ($5800) a efecto de poder garantizar el precio de la finca durante el embargo que tenía, ante lo cual, el señor [Nombre 003], inducido en error y creyendo en la real existencia del proceso civil de marras, procede mediante transferencia electrónica, desde Suiza, a cancelar al encartado (...) la suma de cinco mil ochocientos dólares americanos ($5800) (...) D) En fecha 22 de Octubre del año 2002, vía fax, el encartado (...) requirió falsamente al ofendido la suma de dos mil dólares americanos ($2000) a efecto de poder él contar con más dinero en caso de que el Juzgado que conocía del "embargo" requiriese más efectivo para el proceso judicial, ante lo cual, el señor [Nombre 003], inducido en error y creyendo en la real existencia del proceso civil de marras, procede mediante transferencia electrónica, desde Suiza, a cancelar al encartado [Nombre 001], la suma de dos mil dólares americanos ($2000) a través de depósito (...) E) En fecha 4 de noviembre del año 2002, vía fax, el encartado (...) requirió falsamente al ofendido la suma de tres mil cuatrocientos treinta dólares americanos ($3430) debido a que el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de San José había aumentado el monto de la garantía por el embargo preventivo que él había interpuesto, ante lo cual, el señor [Nombre 003], inducido en error y creyendo en la real existencia del proceso civil de marras, procede mediante transferencia electrónica, desde Suiza, a cancelar al encartado (...) la suma de tres mil cuatrocientos treinta dólares americanos ($3430) a través de depósito (...) 3.5 Con el fin de mantener en error al ofendido y así continuar con su matráfula, el justiciable (...) entregaba al señor [Nombre 003] colillas de depósito en las cuales falsamente se indicaba que los dineros a él confiados habían sido efectivamente depositados en el Juzgado Civil de Mayor Cuantía de San José, situación la cual era totalmente ajena a la verdad. 3.6 Sin precisar fecha exacta pero sí durante (...) julio del año 2003 y debido a que el ofendido comenzó a entrar en sospechas sobre la efectiva existencia del proceso civil en cuestión y sobre el "embargo" que presuntamente recaía sobre dicho bien, por averiguaciones propia entró en conocimiento sobre la falsedad del dicho del encartado (...) sobre la inexistencia del proceso civil en cuestión y sobre la falsedad de los datos, generándose consigo un perjuicio financiero para su persona por estos hechos en específico en la suma de veintiún mil novecientos treinta dólares americanos ($21930).

El ofendido [Nombre 003], tiene participación como socio dentro de (...) La Esquina Ideal Sociedad Anónima, propietaria registral del inmueble del Partido de San José, matrícula 1638-000, lote en el cual reside la propiedad condominal (…) Centro Comercial Boulevard, ubicado en Escazú, siendo la organización y distribución de locales comerciales en veinticuatro filiales o locales que tenían una administración propia diferente (…) 4.1 En virtud de una serie de diferendos que tenía el señor [Nombre 003] como socio de tal empresa en cuanto a su administración y manejo, sin precisar fecha exacta pero sí durante el mes de noviembre del año 2002 y antes del 4 de diciembre del año 2002, éste comunicó de dicha situación a quien para la época era su abogado de confianza el aquí sindicado (...) 4.2 Acto seguido, el sindicado (...) a sabiendas de la ilicitud de sus actos, conforme al plan criminal descrito supra, aprovechándose de la ignorancia que en materia legal civil y mercantil tenía el ofendido, y con el fin de obtener un beneficio patrimonial antijurídico, siempre en el período precitado y en la residencia del señor [Nombre 003] en Escazú, le indicó al ofendido (...) de manera ajena a la verdad que lo recomendable era iniciar un proceso civil para "embargar' dicho inmueble luego de lo cual y una vez "inmovilizado" tal bien, se abriría otro proceso civil en el cual también de manera falsa y totalmente alejado de la realidad, el encartado (...) le señaló al señor [Nombre 003] que él lograría entrar en la total administración del Centro Comercial y de la empresa en mención. 4.3 Creyendo en la veracidad del dicho del encartado, el señor [Nombre 003] inducido a error le indica al justiciable (...) que inicie el mencionado proceso civil de "embargo" de dicho inmueble. 4.4 De esta manera, siempre en la localidad de Escazú y dentro del período que de seguido se señalará, el encartado (...) como parte de su plan delictivo, comenzó a requerir al ofendido altas sumas de dinero en dólares, mismas que falsamente refería que eran para actos procesales y honorarios, solicitando al ofendido el depósito de las mismas mediante transferencias bancarias a la cuenta del Banco Nacional de Costa Rica número 200-2-002- 508984-2 de la sociedad FC Inmobiliaria Playa Negra Sociedad Anónima, de la cual el encartado (...) es Apoderado Generalísimo. 4.5 Así las cosas, el ofendido, inducido a error por la matráfula creada por el encartado (...) creyendo firmemente en la existencia del proceso civil de "embargo" contra la finca de marras y creyendo a su vez en la realidad de los costos, honorarios y actos procesales que como abogado del supuesto proceso exigía el sindicado (...) procedió a cancelar a éste los montos que de seguido se detallan:

Fecha de Pago

Medio

Motivo

Monto en $

5 de diciembre 2002

Orden pago mediante fax al B. Nal

Inicio del proceso civil de "embargo"

$ 7 000

6 de enero 2003

Orden pago mediante fax al B. Nal.

Adelanto de honorarios

$ 1 100

Expediente 03-001647-283-PE; página 15

Fecha de Pago

Medio

Motivo

Monto en $

14 de enero 2003

Cheque del B. Nal. No. 186-7

Aumento del Depósito para "embargo"

$ 5 270

20 de enero 2003

Cheque del B. Nal No. 190-4

Pago de ingenieros para peritaje

$ 2 532

3 de febrero 2003

Cheque del B. Nal. No. 193-3

Confección de trámite Planos Catastrados

$ 900

4 de febrero 2003

Cheque del B. Nal No. 194-4

Aumento de depósito para "embargo"

$ 4 500

7 de febrero 2003

Cheque del B. Nal. 197-9

Aumento de depósito para "embargo"

$ 1 500

10 de febrero 2003

Cheque del B. Nal. No. 198-5

Depósito a Municipalidad Escazú

$ 2 352

24 de febrero 2003

Orden pago mediante fax al B. Nal.

Aumento de depósito para el embargo

$ 3 400

3 de marzo 2003

Cheque del B. Nal. No. 199-1

Aumento de depósito para "embargo"

$ 700

4 de marzo de 2003

Orden pago mediante fax al B. Nal.

Depósito para trámites del proceso

$ 3 000

19 de marzo 2003

Transferencia por Internet

Depósito para trámites inscrip. Reg. Púb.

$ 1 500

24 de marzo 2003

Transferencia por Internet

Aumento de Depósito el "embargo"

$ 1 900

26 de marzo 2003

Transferencia por Internet

Aumento de Depósito para "embargo"

$ 4 000

1 de abril de 2003

Transferencia por internet

Pago a Colegio de Ingenieros

$ 2 100

4 de abril de 2003

Transferencia por Internet

Pago al Registro Público

$ 470

7 de abril de 2003

Transferencia por internet

Aumento de Deposito para "embargo"

$ 2 300

8 de abril de 2003

Transferencia por internet

Aumento de Deposito para "embargo"

$ 2 300

28 de abril 2003

Transferencia por internet

Aumento de depósito por "embargo"

$ 3 000

6 de mayo de 2003

Transferencia por internet

Depósito para pago sociedades anónimas

$ 3 000

8 de mayo de 2003

Transferencia por internet

Depósito para pago de timbres

$ 1 400

13 de mayo de 2003

Transferencia por internet

Adelanto pago para ingenieros de peritaje

$ 1 800

16 de mayo de 2003

Transferencia por internet

Depósito para pago sociedades anónimas

$ 460

19 de mayo de 2003

Transferencia por Internet

Depósito para pago sociedades anónimas

$ 1500

27 de mayo de 2003

Transferencia por internet

Depósito para pago de líneas telefónicas

$ 824

7 de julio del 2003

Transferencia por internet

Pagos para el Registro Nacional

$ 500

Total

$ 59 308

4.6 Sin precisar fecha exacta pero sí durante (...) julio del (...) 2003 y debido a que el ofendido comenzó a entrar en sospechas sobre la efectiva existencia del proceso civil en cuestión y sobre el "embargo" que presuntamente recaía sobre dicho bien, por averiguaciones propias entró en conocimiento sobre la falsedad del dicho del encartado (...) sobre la inexistencia del proceso civil en cuestión y sobre la falsedad de los datos, generándose consigo un perjuicio financiero para su persona por el monto ya indicado.

Asunto Caramar: Paralelamente a los fraudes mencionados en los puntos anteriores de esta querella, el día 11 de noviembre del año 2002, el imputado [Nombre 011] le envió al ofendido [Nombre 003] un fax a su casa en Suiza el cual tenía fecha 10 de noviembre del año dos mil dos, manifestándole que necesitaba su ayuda, dado que había ganado un juicio que le daba la posibilidad de cobrar honorarios por "ciento treinta y tres millones seiscientos cuarenta y seis mil quinientos sesenta y tres colones", que según lo que él establecía en el fax, a la fecha eran un poco más de cuatrocientos mil dólares. También manifestó el acusado [Nombre 011] en el fax que para cobrar esos honorarios le había embargado a sus clientes sendas fincas, a uno de ellos una finca de ochenta hectáreas toda sembrada en madera de teca y al otro cliente diez lotes en una urbanización ubicada en Playa Negra, denominada Caramar, diciendo además en ese documento que cada uno de esos lotes tenían un precio aproximado a los cincuenta mil dólares. En ese documento, el imputado manifestó que ese es un lugar donde tienen casas pensionados extranjeros, cuyo valor oscilaba entre los trescientos mil y cuatrocientos mil dólares. En el documento le dice que puede acceder una página de internet www.caramar, a la cual el ofendido ingresó y pudo corroborar la existencia del proyecto. En el fax enviado se le planteaba al ofendido [Nombre 003] que para mantener el embargo sobre los diez lotes propiedad de un norteamericano de nombre [Nombre 009], debía depositar la suma "dos millones doscientos mil colones", a favor del Juzgado, que en ese momento, según lo manifiesta el imputado, correspondía a la suma de "cinco mil novecientos diez dólares". El imputado le pidió al ofendido facilitarle ese dinero bajo el acuerdo de que si [Nombre 009] que es el norteamericano al que le tenía embargados los lotes le pagaba el ofendido se ganaría quince mil dólares. Si él no le cancelaba y debía recoger los lotes, entonces le daría uno de los lotes a su favor. Creyendo el ofendido erróneamente que lo manifestado por el acusado era cierto, y con el afán de ayudarlo, en fecha 12 de noviembre del año 2002 envió un fax al señor [Nombre 012], empleado del Banco Nacional, para que le transfiriera a la cuenta a la sociedad controlada por el imputado FC Inmobiliaria Playa Negra Sociedad Anónima la suma de seis mil dólares, dinero que nunca recuperó.

Como consecuencia del ilícito actuar del imputado (...) se le generó al ofendido [Nombre 003] un perjuicio total que se estipula en la suma de ochenta y siete mil doscientos treinta y ocho dólares.

Que a raíz de las estafas de las cuales fue víctima el ofendido [Nombre 003], por parte del imputado (...) sufrió un daño moral debido a la angustia, decepción y sufrimiento que ello le ocasionó.» (confrontar folios 917 frente a 922 vuelto. El texto es exacto en su contenido, pero se modifica la tipografía; se rectifican errores ortográficos o de digitación; se suprimen, mediante paréntesis y puntos suspensivos, partes reiterativas; se agrega el cuadro para el hecho 4.5 manteniendo la información presentada en texto y los destacados son suplidos)”. (confrontar folios 1094 vuelto a 1097 frente, Tomo III). (Lo resaltado con negrita pertenece al texto original). En virtud de dicho cuadro fáctico, se colige que al imputado [Nombre 001], se le incriminó y responsabilizó de haber desplegado en el período del mes de octubre del 2002, al mes de noviembre de 2003, una serie de conductas caracterizadas por un ardid previo mediante, el cual, ocasionó un perjuicio contra la víctima, al obtener ilícitamente diversos rubros de dinero en dólares, calificado como estafa, según el artículo 216 del Código Penal. Bajo esas circunstancias fácticas, en el criterio de mayoría, el ad quem incurre en un yerro en la interpretación de la ley sustantiva, referente al precepto 77 del código de rito, al afirmarse que según el marco de legalidad vigente, el delito continuado constituye un concurso material ante el advenimiento de una pluralidad de acciones, que se materializó en el tiempo, por lo que cada conducta debe concebirse como distinta una de otra, y de ahí la procedencia de analizar la cuantía de modo autónomo para los efectos de la prescripción (confrontar folios 1113 a 1120, Tomo III). Acorde a tal línea de pensamiento, el argumento mayoritario, indica: “En síntesis: de todo lo anterior se deriva que el delito continuado es un concurso material (pluralidad de acciones) en donde cada hecho debe valorarse de forma independiente para efectos de prescripción de la acción penal, pues a ello obliga al artículo 32 in fine del Código Procesal Penal. […] Ello implica que la pena a considerar es la del tipo penal y no la ampliación que estipula el numeral 77 del Código Penal….” (confrontar folio 1117 vuelto, Tomo III). (Lo subrayado y destacado con negrita pertenece al texto original). En igual sentido, arguyen: “E.6) En concreto, sobre la prescripción en esta causa (pronunciamiento de mayoría, con el voto disidente de la jueza Vargas González). Todo el panorama atrás ampliamente razonado permite extraer las premisas que deben usarse para resolver, en esta causa, el tema de la prescripción de la acción penal y que, en resumen son las siguientes: i) ha de tenerse en cuenta los hechos probados únicamente (no todos los acusados) del lapso entre octubre 2002 a noviembre de 2003 y deben ser considerados como delito continuado; ii) para ese lapso y hasta el 12 de octubre regía en el país el artículo 32 del Código Procesal Penal original, no reformado […] Eso hace que la prescripción deba iniciar su cómputo cuando cese cada permanencia de grupo de delitos, según la sentencia y, en el peor de los casos, en noviembre de 2003, en que se dio el último acto; iii) el delito continuado, en Costa Rica, es una especie de concurso material, con acciones independientes (no se trata de una sola acción). Por ende cada acción -como bien expone la parte recurrente- debe verse individualmente en su monto de defraudación y de sanción y en la fecha en que se produjo, siempre que esta sea posterior a noviembre de 2003 según lo dicho atrás. No es procedente, por ello, hacer una sumatoria de todas las defraudaciones para estimar el perjuicio en una cifra única que fije la pena usada para computar el plazo prescriptivo …” (confrontar folio 1118 frente, Tomo III). (La negrita no es suplida). Luego de la valoración de los actos procesales, fechas, vigencia de la ley y espacio temporal transcurrido, las Juezas Chinchilla Calderón y Jiménez Fernández, señalan: “Lo anterior implica que, al menos en tres ocasiones (cuatro si se partiera de la fecha de algunos hechos iniciales y no de la data final de los ilícitos que integran el delito continuado, según se interprete la reforma sufrida por el numeral 32 del Código Procesal), durante la tramitación del proceso se superó el plazo reducido entre una causal y otra, es decir, corrió más del año y seis meses entre causas interruptoras respecto a las estafas de menor cuantía, sin que sea posible sostener que, al no haberse detectado o alegado dicha situación oportunamente se convalidara, pues la prescripción solo puede renunciarse expresamente (artículo 35 del Código Procesal Penal). Eso permite concluir que todas las estafas de menor cuantía estaban prescritas cuando se dictó la sentencia y que, en efecto, la no existencia de un pronunciamiento al respecto generó un gravamen a la parte impugnante, pues es sabido que, para que pueda emitirse una decisión de fondo es imprescindible que la acción penal no se haya extinguido …” (confrontar folios 1120 frente y vuelto, Tomo III). (La negrita se contiene en el texto original). En contraposición a la postura de mayoría, del cuadro fáctico ya descrito, se constata que la conducta desarrollada por el encartado, pese a que por separado podrían estimarse ilícitas, al encontrarse vinculadas por el conocimiento y voluntad propia del agente, conforman un único delito (el continuado), por ello, precisamente esas diversas acciones unificadas por el actuar doloso del aquí encartado, no se encuentran prescritas. Véase que debido a la equívoca interpretación del derecho penal sustantivo que se efectúa en el voto mayoritario, en este asunto se avaló la pretensión de la defensa técnica de acoger la excepción de prescripción, dictándose la absolutoria del endilgado, al ponderarse desde la perspectiva de las Juzgadoras Chinchilla Calderón y Jiménez Fernández, que cada hecho tenía que prescribir de modo autónomo, indistintamente de si se trató de un delito continuo, situación que lleva aparejada la concurrencia de un perjuicio al tenor del ordinal 439 del Código Procesal Penal, al impedirse a la representación del Ministerio Público, ejercer la persecución penal. La jurisprudencia de casación penal, sobre el tópico recursivo referente a si las conductas ejecutadas de forma aislada o separadas en el tiempo, pueden estimarse delictivas encontrándose vinculadas por el conocimiento y la voluntad desplegada por el sujeto activo al integrar un único delito continuado, ha señalado: "..... Visto lo anterior, esta Sala de Casación procede a unificar el criterio sobre la posibilidad de juzgar el delito continuado en dos o más procesos separados en el tiempo, de la siguiente manera: el delito continuado, de conformidad con el artículo 77 del Código Penal, es una figura que para su aplicación, responde a tres características específicas: que se trate de delitos de la misma especie cometidos a lo largo del tiempo, que el autor persiga una finalidad común específica y que afecte bienes jurídicos de orden patrimonial. Con base en ello, tenemos que sin duda se está ante una pluralidad de acciones, que para efectos de pena, entran a calificar como delito continuado, lo que implica que el imputado, ante este instituto, se ve beneficiado al momento de la imposición de la sanción, pues para esos efectos “…se aplicará la pena prevista para el más grave, aumentada hasta en otro tanto…”. Se decanta esta Sala por afirmar que, bajo las características de esta figura y la garantía de una pena única para el conjunto de infracciones delictivas, cuando los hechos constitutivos de un delito continuado se juzguen y posteriormente se conozcan en sede judicial otro conjunto de hechos que pertenezcan al mismo, lo procedente es dictar también sentencia sobre los segundos, para que sobre los mismos pese la cosa juzgada cuando la sentencia se encuentre firme, pues aún tratándose de casos en los que se cuente con uno o varios ofendidos y la misma acusación fiscal, cada hecho es independiente en el tiempo y debe determinarse la autoría del acusado en los mismos. Aún cuando la requisitoria fiscal relate el modus operandi de los autores para obtener en forma ilícita los dineros de los ofendidos –como en este caso-, cada una de los ofendidos vio afectados sus bienes jurídicos patrimoniales por ese medio de acción y plan de autor allí descrito, por lo que no es factible afirmar que todos los hechos descritos en la acusación ya fueron juzgados si hubo un fallo previo que definió la situación jurídica solo para algunos de los ofendidos y no para la totalidad de ellos, no operando así el principio de non bis in idem y con ello la inexistencia de cosa juzgada. Esto, atendiendo también al principio de seguridad jurídica, pues las partes cuentan con el derecho a obtener una respuesta al conflicto que han planteado ante la Administración de Justicia, tanto en la parte penal, como en la parte civil, de haberse planteado los reclamos civiles respectivos. Sobre la penalidad. Esta Sala de Casación igualmente mantiene el criterio de mayoría establecido en la resolución N°444-F-96. La penalidad del delito continuado que se juzga en un segundo momento procesal y del que mana un segundo fallo, debe atenerse, ciertamente, a las reglas del artículo 77 del Código Penal, más procede unificar la misma, de manera retrospectiva con la sanción impuesta de previo, siempre y cuando no se hayan superado en la primera sentencia los máximos de pena que se señala el artículo 77 en cuestión, sea, “…la pena prevista para el más grave, aumentada hasta en otro tanto…”, y la unificación se dé dentro de éstos márgenes. Lo contrario – no penalizar el delito continuado en el segundo fallo condenatorio y determinar que existe cosa juzgada con respecto a la sanción impuesta en la primera sentencia-, dejaría en desaplicación la norma relativa al delito continuado ya indicada y se tornaría la figura en una doble garantía para el imputado, al que se le aplica, en el primer fallo, la sanción adecuada al delito continuado, la cual quedaría firme, sin importar cuántos otros hechos queden pendientes de juzgar y la posible pena a imponer ..." (La negrita pertenece al texto original). (Voto N° 2017-00374, de las 11:28 horas, del 28 de abril de 2017, Ramírez Quirós, Chinchilla Sandí, Arias Madrigal, Gamboa Sánchez y Desanti Henderson, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). (En similar sentido, sobre el delito continuando, pueden consultarse el voto N° 2012-001204, de las 11:26 horas, de 17 de agosto de 2012, Ramírez Quirós, Zúñiga Morales, Pereira Villalobos, Arroyo Gutiérrez, y Sanabria Rojas, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Así las cosas, en el asunto objeto de esta litis, lleva razón el recurrente, con base al estricto cuadro de hechos probados (confrontar folios 1113 vuelto a 1118 frente), y II.E.6 (confrontar folios 1118 frente a 1121 frente), las acciones exteriorizadas por el imputado, pese a estimarse de modo aislado como delictivas (que configuran el fundamento legal para imponer la penalidad del delito continuado), se encuentran en dichas circunstancias fácticas, unidas o vinculadas justamente por el conocimiento y la voluntad practicada por el encartado, integrando un único ilícito (el continuado). En consecuencia, es evidente la aplicación errónea del artículo 77 del Código Penal, así como de la fallida interpretación de las reglas contenidas en tal disposición normativa para el cálculo de la prescripción. Al respecto, para valorar si la acción penal se encuentra prescrita, el operador jurídico debe detenerse en la sanción que atañe al delito continuado, que es aquélla establecida para el delito más grave incrementada en otro tanto. Notése que con sustento en nuestro marco de legalidad, el descrito 77, en concordancia al inciso 2) del numeral 216 del Código Penal, cuyos rangos punitivos refieren una pena mínima de seis meses, y máxima de diez años (ante una defraudación superior de diez veces el salario base), en este caso, por la suma de los rubros defraudados de estafa de mayor cuantía (confrontar folios 1094 vuelto a 1098 frente), y debido a la duplicación de los citados extremos, la pena sería entre un año y veinte años de prisión (Resoluciones números 2003-673, de las 10:00 horas, de 7 de agosto de 2003 (Ramírez Q., González A., Castro M., Arroyo Gutiérrez y Dall´Anese R.), y 2004-007, de las 9:15 horas, de 16 de enero de 2004, Ramírez Q., González A., Castro M., Arroyo Gutiérrez, y Chirino S., Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). Por lo anterior, en apego a la legislación procesal penal, no ha operado la extinción de la acción penal por prescripción. En virtud del inciso a) del ordinal 31 del Código Procesal Penal, el plazo de prescripción de la acción penal, en la vigente casuística es de diez años, disminuido a la mitad, como lo preceptúa el párrafo primero del artículo 33 del código de rito, es de cinco años, de modo que, el delito continuado reprochado, que a la luz del escenario fáctico ya aludido, está conformado por diversas conductas unidas por [Nombre 001], quien quiso dolosamente (artículo 31 del Código Penal), la realización del hecho tipificado en el inciso 2) del 216, precepto sustantivo reiterado, que no ha prescrito. Valga decir, la recalificación puntual que efectúa el ad quem en su posición de mayoría, sobre los hechos acreditados a siete ilicitudes de mayor cuantía en modalidad de delito continuado, resulta desacertada por los aspectos de hecho y de derechos expuestos. En síntesis, se declara con lugar el único motivo admitido del recurso de casación formulado por el representante del Ministerio Público, se anula la resolución N° 2020-0770, de las 10:50 horas, de 18 de mayo de 2020, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, únicamente en cuanto a lo resuelto en criterio de mayoría, en el

II., puntos E.5., y II.E.6., y el acápite C) del Considerado V, pertinente a la absolutoria dictada respecto a la forma de aplicación del delito continuado. En consecuencia, sobre tales extremos revocados por el ad quem, de conformidad con el artículo 473 párrafo segundo, al haberse invocado el alegato de errónea aplicación de un precepto legal sustantivo, debe prevalecer incólume la sentencia N° 1355-2019, de las 17:00 horas, de 10 de diciembre de 2019, del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sede oeste, Pavas, Sección Vespertina.

II., puntos E.5., y II.E.6., y el acápite C) del Considerado V., pertinente a la absolutoria dictada respecto a la forma de aplicación del delito continuado. En consecuencia, sobre tales extremos revocados por el ad quem, se mantiene incólume la sentencia N° 1355-2019, de las 17:00 horas, de 10 de diciembre de 2019, del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sede oeste, Pavas, Sección Vespertina. Notifíquese.

Patricia Solano C.

Álvaro Burgos M.

Gerardo Rubén Alfaro

V.

Cynthia Dumani S.

Magistrado suplente

Rosa Acón Ng

Magistrada suplente

Int: 753-2/6-2-21

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