Resolución 00019-2026

Lleva razón la notaria Natalia Stephanie Martínez Ovares al hacer ver que la prueba testimonial evacuada en autos, fue recibida por una juez distinta a quien dictó la sentencia ahora venida en alzada.  No obstante, esa circunstancia no produce los efectos anulatorios que pretende, por lo que se dirá.

Observe la apelante, que en el voto 033-2023 de este Tribunal, que cita en apoyo de su tesis, no se dijo, (como ella interpreta) que ese principio es aplicable en esta sede, lo que se dijo, ante el agravio formulado, es que las normas del 9342, no podían ser motivo de nulidad por inobservancia, porque las actuaciones procesales fueron practicadas durante la vigencia del 7342.  Note también la apelante, que en ese voto se dijo que lo indicado era "sin perjuicio de que la normativa actual sí contiene reservas sobre el tema" las cuales no era importante abordar en aquella oportunidad, pero que sí son relevantes ahora.  El artículo 2.7 del Código Procesal Civil actual, establece: "2.7 Inmediación. Todas las audiencias serán realizadas por el tribunal que conoce del proceso, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EN CONTRARIO. Las sentencias deberán dictarse por el tribunal ante el cual se practicaron todas las pruebas. La utilización de medios tecnológicos que garanticen la relación directa con los elementos del proceso no implica ruptura del principio de inmediación." (resaltado es suplido); y la disposición legal en contrario está contenida en el Código Notarial, al establecer en el numeral 154 que: "Si el órgano competente lo estimare necesario, podrá comisionar a una autoridad judicial para la recepción de las probanzas." ; disposición que no fue derogada ni modificada por la ley 9342 y se mantiene plenamente vigente.   Recuérdese que de conformidad con el artículo 163 del Código Notarial, en esta jurisdicción la aplicación del Código Procesal Civil es supletoria "En lo que no resulte contrario a esta ley" , por lo que al ser el Código Notarial la norma especial, prima sobre la supletoria.  Conviene que en esta jurisdicción se mantenga la posibilidad de que un juez distinto a quien recibió la prueba, pueda dictar la sentencia, porque es una jurisdicción especializada, cuyo asiento se encuentra en el Primer Circuito Judicial de San José, pero tiene competencia territorial en todo el país.  Además, por la sensibilidad de la materia, existe un principio de gratuidad en la parte disciplinaria, por lo que los denunciantes no tienen la obligación de contar con patrocinio letrado y siendo que denunciantes y notarios pueden estar domiciliados en lugares muy lejanos al Primer Circuito Judicial de San José, asiento del Juzgado Notarial, de este Tribunal y de la Sala Primera de la Corte, debe mantenerse la posibilidad de la recepción de pruebas vía comisión, sin perjuicio, por supuesto, del uso de los medios tecnológicos cuando estén disponibles.  Todo lo anterior, también es aplicable al caso de que ambos jueces sean del Juzgado Notarial, pues si no hay nulidad en que un juez de otro despacho haya recibido la prueba, no tiene por qué haberla si lo hizo un juez del mismo Juzgado Notarial, pues como se sabe, modernamente la declaratoria de nulidad por la nulidad misma ha sido superada.  Corolario de lo expuesto, deberá denegarse este motivo de nulidad invocado.  Sobre los reproches acerca de la valoración de la prueba, éstos serán conocidos en el fondo del recurso.

Alegó la apelante "Falta de fundamentación de la sentencia, por omisión de motivar la resolución cuando concluye que la conducta objeto de sanción es "falta grave.  Preterición de los artículos 61.2.2, 61.2.3 del Código Civil (sic), y 139 del Código Notarial".  Dijo además que la fundamentación no sólo es errática, sino contradictoria.  La notaria Natalia Stephanie Martínez Ovares hizo de seguido una extensa transcripción de parte de la sentencia apelada y luego acusó ausencia de motivación de por qué el juzgador a quo calificó la falta como grave.  EL REPROCHE NO ES DE RECIBO:  De la propia transcripción hecha por la apelante, se extraen los elementos que dice echar de menos.  Allí, el juzgador a quo describió con claridad la falta cometida, sea, haber consignado una razón de autenticación y firma de la notaria, sin que conste en el documento la firma que se dijo autenticar, que esa conducta constituye una transgresión de lo establecido en el artículo 111 del Código Notarial referido a la potestad autenticadora de los notarios; que la transgresión a una norma legal y la forma en que deben ejercer la función notarial, constituye una falta grave, según la calificación que hace el artículo 139 del Código Notarial.  El juzgador a quo recorrió correctamente el iter para:

Determinar la existencia de la falta.

Calificarla; y

Determinar su gravedad.  Desde su contestación, la notaria Natalia Stephanie Martínez Ovares reconoció la comisión de un error, que es además clarísimo, pues aunque la entidad denunciante no lo detectó, NO SE TRATA DE UNA SOLA AUTENTICACIÓN EN BLANCO, FUERON DOS AUTENTICACIONES EN DOS DOCUMENTOS DISTINTOS (ver folios 01 y 13 del expediente físico) y así quedó claramente evidenciado en la recepción de prueba testimonial, en la que vale decir, el testigo ofrece una versión muy poco creíble de lo ocurrido y al tratar de construir una versión justificante de los hechos, cae en las contradicciones y oscuridades que protestó como vicio de nulidad la apelante.  Lo cierto es, que la notaria Natalia Stephanie Martínez Ovares puso dos razones de autenticación y su corrrespondiente firma, en dos documentos originales que no tenían la firma del señor Melvin Pereira.  Es lamentable que en su contestación, la denunciada admitió con gallardía su error y ahora, en esta apelación, hace uso de argumentos falaces para tratar de evadir su responsabilidad, cuando más bien ha salido beneficiada de la omisión de la entidad denunciante, y de que como muy bien indicó el juzgador a quo: "Note la notaria que aquí se le sanciona por omitir su deber de autenticar en la forma dispuesta por la ley y no se ahondó en el tema de la fe pública y la dación de fe de algo que no era cierto en el documento; por lo tanto se estima que el tratamiento disciplinario en este caso, donde se le impuso el mínimo por el incumplimiento a un deber legal, resulta ser más bien benigno entre los hechos acreditados".    Por último, no se estima que haya motivo de nulidad por quebranto al artículo 139 del Código Notarial.  Como ya se dijo, el juzgador a quo hizo un correcto análisis de la falta denunciada, la tuvo por acreditada y la sancionó, brindando la fundamentación suficiente para cada uno de esos elementos.  En cuanto a la sentencia 203-2020 que cita la apelante, se trata de un pronunciamiento emitido por una integración suplente, con una propia interpretación del artículo 139 que esta Cámara titular no comparte y no le es vinculante.   A mayor abundamiento, aunque se compartiera esa interpretación, no sería aplicable al sub judice en que sí se acreditó al menos una lesión al ordenamiento jurídico y a la fe pública, lo que se repite, califica la falta como grave.  Por lo dicho, este segundo reproche de nulidad también debe ser desestimado.-

IV.-