Resolución 00039-2026

La resolución bajo estudio fue dictada por la autoridad de primera instancia, con ocasión de lo resuelto por este órgano, mediante voto número doscientos setena y siete-dos mil veinticinco, de las diez horas y diez minutos del diecisiete de octubre del dos mil veinticinco. En esa oportunidad y ante las falencias procesales  que se detectaron y que no permitían conocer de la prescripción de la acción disciplinaria declarada por esa autoridad, en la resolución número ciento sesenta y nueve-dos mil veinticinco, de las once horas y veintidós de minutos del once de marzo del dos mil veinticinco, se  dispuso su anulación con el objeto de  que fueran atendidas. Y en cumplimiento de lo dispuesto, esa autoridad ordenó el proceso, determinando sus partes y naturaleza (señaló como único acusado al notario Edgar Luis Prendas Matarrida y estableció  el asunto como únicamente disciplinario).

Contra lo resuelto recurrió la parte quejosa, pues a su criterio, el juzgado notarial erró al tener a este asunto como disciplinario y no como resarcitorio y como fundamento de su reclamo indicó que la pretensión de anular las escrituras implica una pretensión resarcitoria.  Ese es el único agravio expuesto y conforme con las ordenanzas legales que regulan la materia recursiva solo a ese expreso argumento hará referencia este Tribunal.  Esto es así, porque siguiendo esas normas, no podrá enmendarse o revocarse la resolución en lo que no haya sido objeto de impugnación (artículos 65.5 y 65.6 del  Código Procesal Civil). Como reflejo del artículo 41 de la Constitución Política,  el artículo 151 del Código Notarial dispone que  quienes se consideren perjudicados por la actuación funcional de una persona notaria podrán reclamar, dentro del procedimiento disciplinario, los daños y perjuicios que les hayan causado y según el numeral 152 siguiente, deberán indicarse en qué consisten los daños y perjuicios y la estimación de cada uno de ellos. El Código Notarial prevé, entonces,una pretensión resarcitoria, destina a reparar o compensar la disminución patrimonial material o moral sufrida, que se ejerce junto con la acción disciplinaria. Por otra parte, la pretensión para que se anulen los distintos documentos notariales comprometidos supuesta y eventualmente viciados  por la acción cuestionada, tiene una naturaleza diferente y efectos diversos de  la citada pretensión resarcitoria, pues su objeto es que el documento no produzca efectos jurídicos. Ambas acciones pueden formularse, en otros ámbitos,  en forma independiente o bien, en forma conjunta, de tal forma que la anulación del  documento, tenga como consecuencia, la petición del resarcimiento de los daños producidos, pues lejos de ser excluyentes, son complementarias, eso si, el ejercicio de una no implica que de oficio tenga que concederse la otra, pues como reflejo del derecho dispositivo,  son interesados  a quienes les compete ejercer una u otra acción, o ambas,  de acuerdo con su conveniencia, y siguiendo los parámetros legales correspondientes, sin que pueda o deba entenderse que el ejercicio de una implica que la otra deba entenderse plantaeada oficionsamente (véase el artículo 2.4 del Código Procesal Civil).  De esta forma, el que se pida la anulación de un documento notarial, no genera necesariamente una acción resarcitoria y en esta materia, menos aún, pues  la anulación de los documentos notariales, implicaría tener por establecido el proceso contra otras personas demandadas  (partes o terceros), cuando el régimen, disciplinario y civil, solo puede ejercerse contra las personas notarias.

Como corolario de lo expuesto, dado que el único agravio expuesto, es el relacionado, al no haber sido protestados otros y teniéndose por convalidados los aspectos no reclamados, la resolución apelada debe ser confirmada en lo que fue motivo de recurso. Tome nota la autoridad de primera instancia que no ha sido resuelta en forma expresa la medida cautelar pedida por la parte.